En el piso octavo del edificio Saint Etienne, en el barrio El Poblado de Medellín, vive desde hace casi 20 años el excongresista Mario Uribe Escobar. Es un apartamento de 342 metros cuadrados y cuatro parqueaderos en la zona con el metro cuadrado más caro de Medellín.
El precio de venta de esta propiedad es de aproximadamente 1.400 millones de pesos, dinero que debería estar siendo usado para reparar a las víctimas de los paramilitares del bloque Héroes de Granada. Pero el Estado no ha podido recuperarlo.
La primera vez que el apartamento 802 del edificio Saint Etienne apareció en el radar de la justicia fue por la declaración que rindió el narco Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio de 2010.
"El apartamento en que Mario Uribe actualmente vive es el apartamento número 802 del edificio Saint Etienne, en la loma los González en El Poblado de Medellín. Ese apartamento se lo vendí yo y parte del pago se lo regalé", dijo en su declaración.
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Las declaraciones de ‘el Tuso’ Sierra provocaron escándalo por las presuntas relaciones turbias entre la clase política y los narcoparamilitares en Antioquia. El cacique político Mario Uribe fue el capítulo central de la versión que rindió el narco.
"Con él tuve negocios. Yo le compré unas propiedades, le patrociné campañas políticas, le di plata, le ayudé a sus hermanos, concretamente al menor, a Víctor Horacio Uribe. Yo tuve prebendas y tuve favores de Mario", dijo.
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‘El Tuso’ confesó ser el dueño de tres apartamentos en el edificio Saint Etienne: el 401, que lo ocupaba él; el 802, que ocupó Mario Uribe, y el 1101, que se lo vendió al confeso narco Dagoberto Giraldo, alias ‘Percherón’.
En total, Sierra le habló a la corte de al menos 15 valiosas propiedades en Antioquia que supuestamente hicieron parte de reconocidos negocios del exsenador. Varios de estos predios, según dijo, habrían sido negociados con paramilitares y narcos.
Sin embargo, de todo lo dicho por ‘el Tuso’ Sierra solo dos propiedades pasaron a ser parte del listado de bienes con los que se pretende reparar a las víctimas del conflicto, según lo ordenaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín. Uno es el apartamento en El Poblado, donde vive Mario Uribe, y otro es un penthouse en Andes, Antioquia, que el excongresista le entregó a ‘el Tuso’ en parte de pago en ese negocio.
Él me dice que le ayude a conseguir un apartamento en Saint Etienne y yo viendo que él nos estaban ayudando y yo ayudándole, yo me le ofrezco a que yo tengo un apartamento allá, que yo le recibo su apartamento donde vive y que me dé la diferencia en dinero; él me dice que no le quite plata que él necesita plata, que le reciba el apartamento de Andes, yo le recibo el apartamento de Andes, le recibo ese apartamento y la diferencia, una parte él la abona a una constructora que se llama la Constructora Umbral.
Noticias Caracol consultó las matrículas inmobiliarias de estos predios y encontró que, a pesar de las declaraciones del año 2010, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín tardó casi una década en ordenar el secuestro de los bienes. El de El Poblado fue el 28 de noviembre de 2019 y el de Andes, Antioquia, fue el 18 de enero de 2021. La orden de los magistrados se dio con base a información que entregó años más adelante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, uno de los jefes máximos de las extintas autodefensas.
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El Fondo de Reparación a Víctimas realizó el 17 de febrero de 2020 la diligencia de secuestro del apartamento. Los funcionarios fueron atendidos por el hijo de Mario Uribe, a quien se le notificó:
"Se le informa al señor Esteban Uribe, quien atiende la diligencia en representación de su padre, que a partir de la fecha el Fondo de Reparación a Víctimas queda a cargo de la administración de los inmuebles de la referencia, por lo tanto, se deja bajo la figura de comodato precario por el término máximo de 60 días, con el fin de legalizar la situación por medio de contrato de arrendamiento", dice el acta.
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Un equipo de Noticias Caracol en Medellín buscó a Mario Uribe y a su familia para saber por qué pese a la orden de los magistrados siguen ocupando el apartamento. Aunque no quisieron dar declaraciones ante la cámara, Esteban Uribe entregó correos electrónicos que intercambió con una funcionaria del fondo. Allí consta que enviaron la documentación para arrendar el apartamento en una cifra aproximada de $4.825.000.
Por obvias razones, el fondo no puede arrendar una propiedad a las mismas personas a las que se les está quitando.
“Ellos nos pasaron unos documentos a nombre de una empresa. Determinamos que la empresa es de estas mismas personas por lo cual nunca se hizo contrato de arrendamiento. La unidad para las víctimas y el Fondo para la Reparación no tiene ningún contrato de arrendamiento con estas personas”, dijo Avendaño.
Es decir, ni arriendan ni desalojan. Por eso, el director del Fondo anunció que se inició una demanda para que un juez ordene que el apartamento sea restituido a las víctimas. “La unidad ya hizo ese proceso. Mientras no se pronuncie un juez de la República para que haya restitución del bien nosotros no lo podemos sacar porque no tenemos funciones de Policía Judicial, pero la Unidad y el Fondo ya hicieron todo el procedimiento necesario para sacarlo, que nos devuelvan el bien y nosotros arrendarlo”, señaló.
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En cuanto al penthouse ubicado en el municipio de Andes, un acta del Fondo de Reparación del 18 de marzo de 2021 dejó constancia de que el predio está siendo ocupado por la señora María Eugenia Mejía Restrepo, con quien intentamos comunicarnos, pero no respondió.
"Se procede a designar como secuestre al fondo para reparación a las víctimas", dice el documento oficial. El fondo informó que a hoy este predio también registra una ocupación no autorizada.
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Las indemnizaciones a las víctimas del país cuestan alrededor de 3,5 billones de pesos, que deberían ser cubiertas con los bienes de los paramilitares. Pero las propiedades no solo no alcanzan para pagar la deuda, sino que hay bienes por más de 500.000 millones de pesos que no han podido ser recuperados por ocupaciones no autorizadas, como la del exsenador Mario Uribe. Y si la plata para pagarles a las víctimas no aparece quienes responden son los colombianos.