La investigación por la presunta liberación irregular de un ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico tuvo un nuevo avance en Bogotá. Una jueza de control de garantías fue enviada a prisión luego de ser señalada por haber participado en un supuesto acuerdo por más de 1.200 millones de pesos para conceder la libertad de un extranjero que era solicitado en extradición. Se trata de Miryam Alcira Martínez López, quien se desempeñaba como jueza 77 de control de garantías de Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la funcionaria habría aceptado una promesa de pago y posteriormente recibido dinero para favorecer a un ciudadano neerlandés que permanecía vinculado a un proceso relacionado con narcotráfico. La decisión de enviarla a un centro carcelario se conoció durante las audiencias de judicialización, en las que también fueron vinculados una abogada y un funcionario de la Rama Judicial. Los dos son investigados por su presunta participación en las gestiones que habrían permitido que la solicitud de libertad llegara al despacho de la jueza.
¿Cómo habría funcionado el acuerdo para liberar al ciudadano neerlandés?
La Fiscalía intenta establecer cómo se habría organizado el procedimiento que terminó con la libertad del extranero. Según la hipótesis de los investigadores, el presunto acuerdo económico habría involucrado a tres personas: la jueza, una abogada y un funcionario del Centro de Servicios Judiciales. Dentro de la investigación, el funcionario Waldo Garavito Mejía habría tenido un papel en la coordinación de la radicación de una acción de hábeas corpus, gestión que habría permitido que la solicitud llegara al despacho de Martínez López, quien finalmente tomó la decisión de ordenar la libertad inmediata del extranjero.
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Uno de los aspectos que analiza la Fiscalía tiene que ver con la manera en que se tramitó la petición. De acuerdo con la información expuesta durante las audiencias, el procedimiento habría presentado irregularidades en la asignación del turno judicial. La hipótesis del ente acusador apunta a que se habría modificado el orden habitual de reparto para que la solicitud fuera conocida durante el fin de semana del 13 de junio. Esta actuación habría facilitado que el caso quedara en manos de la jueza investigada y que la decisión se produjera sin despertar sospechas sobre una posible intervención irregular. Para la Fiscalía, esa determinación no habría respondido únicamente a una valoración jurídica del caso, sino que estaría relacionada con el supuesto pago de una suma superior a los 1.200 millones de pesos.
Los delitos que les imputó la Fiscalía
La investigación no se concentra exclusivamente en la actuación de la jueza. La Fiscalía también identificó a otras dos personas que, presuntamente, habrían intervenido en las gestiones necesarias para concretar la liberación del ciudadano neerlandés. Una de ellas es una abogada, a quien los investigadores señalan de haber servido como intermediaria en el supuesto acuerdo. El otro procesado es Waldo Garavito Mejía, funcionario de la Rama Judicial, quien habría coordinado la radicación de la acción de hábeas corpus y su llegada al despacho de Martínez López.
En el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A estos señalamientos se suma el delito de prevaricato por acción, que también le será atribuido a la jueza Miryam Alcira Martínez López.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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