La situación de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro, acaba de dar un giro tras la orden del Tribunal Superior. La corporación judicial determinó que el exfuncionario vinculado al escándalo de corrupción en la Ungrd saldrá en libertad. La decisión fue conocida este 5 de noviembre en medio del proceso que continúa contra Velasco, quien se encontraba en detención domiciliaria, hasta que quedó recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali.
La Corte Suprema ya había dejado en libertad a Velasco el pasado 6 de agosto a raíz de una tutela que se le presentó a la Sala de Casación Penal del alto tribunal.
¿Por qué Fernando Velasco salió en libertad?
La defensa de Velasco y la Procuraduría General de la Nación presentaron una apelación contra la decisión proferida el pasado 19 de agosto, que ordenaba la detención preventiva del procesado mientras continúa abierto el expediente por el caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El recurso fue aceptado por la corporación y hoy surgió la decisión que le devuelve al exministro su condición de libertad.
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Según el Tribunal Superior, no es necesario que Velasco permanezca recluido, ya que no ocupa un cargo como exministro que pueda incidir en la investigación y tampoco representa un peligro para la sociedad. Y es que, a ojos de la corporación, Velasco ya no tiene influencias políticas que puedan afectar el proceso en su contra.
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¿Qué pasará con el proceso contra Fernando Velasco?
El expediente de Fernando Velasco en el caso de la Ungrd continuará abierto, solo que el procesado podrá defenderse en libertad. Hay que recordar que el exministro del Interior se defiende de los señalamientos de la Fiscalía, que indicó que él sería uno de los presuntos líderes o determinadores de una red de corrupción política dentro del Gobierno.
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En su paso por el despacho, Velasco habría participado en una estructura ilegal orientada a comprar apoyos políticos a partir de intercambios de favores por medio de la entrega de jugosos contratos de proyectos a congresistas para asegurar el respaldo a las iniciativas que el Gobierno Nacional tramitaba en Senado y Cámara. Por estas acciones, el ente judicial le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (sobornos) e interés indebido en la celebración de contratos.
María Paula Rodríguez Rozo
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