Capturan al exministro Ricardo Bonilla en Bogotá por caso UNGRD: no aceptó los cargos

Luego de que la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenara enviar a prisión a los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el escándalo de la UNGRD, miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación hicieron efectiva la captura de Bonilla, a quien se lo llevaron en un búnker y le harán unos chequeos médicos. Este viernes se definirá a qué centro de reclusión será llevado, y su defensa pide que sea una guarnición militar o de Policía.

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A Bonilla lo detuvieron en Bogotá, tras la audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento en un centro carcelario contra los exfuncionarios, negándoles la posibilidad de tener casa por cárcel.

"Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo", indicó la Fiscalía.

Velasco se conectó virtualmente a la diligencia, pese a que le indicó a la magistrada que “si usted me señala que es ante el Inpec, yo me presentaré de inmediato allá, no necesitan venir a mi hogar, yo voy y me presento”. (Lea también: Luis Fernando Velasco se defiende en caso de la UNGRD: “No soy un peligro”)

La defensa del exministro pidió que este fuera recluido en una guarnición militar, teniendo en cuenta que "es exministro de Estado, expresidente del Congreso, condición que lo expone a riesgos objetivos y diferenciados en una población carcelaria". Lo anterior, dijo, con el fin de "garantizar su seguridad personal, su integridad física, un trato digno".

Los dos rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía, que los señaló de concierto para delinquir, celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer.

“Detención domiciliaria no resulta idónea”

La magistrada indicó que la “Fiscalía ha dejado constancia que la red criminal investigada no ha sido desarticulada en su totalidad, que existen otros sujetos presuntamente involucrados que aún no han sido judicializados, que algunos permanecerían activos, aunque no estén en la comisión de cabecillas. Esta circunstancia refuerza aún más el pronóstico de riesgo y evidencia que el escenario actual no es estático ni cerrado, sino dinámico y en desarrollo”.

Es por eso que “la detención no ofrece garantías suficientes de eficacia y control ni permite asegurar de forma razonable la protección de los fines constitucionales, razón por la cual se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad, acorde con la gravedad concreta del caso y del riesgo institucional aún latente”, añadió. Para la togada, “la detención domiciliaria no resulta idónea ni adecuada para neutralizar las amenazas institucionales que se desprenden de este caso”.

Cabe resaltar que el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas. Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en UNGRD), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. Siete de ellos se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.

Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno Nacional.

Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.

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