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Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, deberán ir a prisión por el escándalo de la UNGRD, según determinó la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, descartando otorgarles casa por cárcel.
Los delitos imputados, “por su naturaleza, gravedad y afectación a la administración pública excluyen legalmente cualquier forma de sustitución” de detención en centro carcelario, dijo la togada durante su intervención.
Por eso, ordenó para los dos exministros la detención preventiva en establecimiento carcelario, como presuntos autores del delito de concierto para delinquir, determinadores en el punible de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y coautores del ilícito de cohecho por dar u ofrecer, conforme a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación.
La magistrada Rosero manifestó que “la detención domiciliaria no resulta idónea ni adecuada para neutralizar las amenazas institucionales que se desprenden de este caso”.
“Debe resaltarse que la propia Fiscalía ha dejado constancia que la red criminal investigada no ha sido desarticulada en su totalidad, que existen otros sujetos presuntamente involucrados que aún no han sido judicializados, que algunos permanecerían activos, aunque no estén en la comisión de cabecillas. Esta circunstancia refuerza aún más el pronóstico de riesgo y evidencia que el escenario actual no es estático ni cerrado, sino dinámico y en desarrollo”, dijo.
Es por eso que, añadió, “la detención no ofrece garantías suficientes de eficacia y control ni permite asegurar de forma razonable la protección de los fines constitucionales, razón por la cual se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad, acorde con la gravedad concreta del caso y del riesgo institucional aún latente”, recordando los casos de César Manrique y Carlos Ramón González, también vinculados al escándalo de la UNGRD, que están prófugos de la justicia. (Lea también: Petro pide renuncia de responsables de fiesta en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González)
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Sobre los argumentos expuestos por los exministros, la magistrada expresó que “no se acreditó una condición médica grave” en el caso de Bonilla y, en cuanto a Velasco, dijo que “no se fundamentó lo relacionado a ser jefe de hogar”.
Asimismo, señaló que existió una empresa delictiva liderada por Bonilla y Velasco, quienes presuntamente usaron las instituciones públicas como caja menor.
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Las defensas de los exministros del Interior y de Hacienda dijeron que apelarán la decisión. La orden de captura se haría efectiva de forma inmediata, por lo que Bonilla, que está presente en la audiencia, sería detenido.
Entretanto, Velasco, quien se encuentra en Cali, le digo a la magistrada: “Si usted me señala que es ante el Inpec, yo me presentaré de inmediato allá, no necesitan venir a mi hogar, yo voy y me presento”.
Son varios los exfuncionarios del actual gobierno que han sido salpicados en este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Entre los detenidos hasta el momento están Olmedo López y Sneyder Pinilla, los delatores de este entramado. Luego está Sandra Ortiz, exconsejera presidencial señalada como la mensajera que habría entregado los sobornos a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, también en prisión por presuntamente recibir un soborno de 4.000 millones de pesos.
Los congresistas investigados por parte de la Corte Suprema de Justicia son: Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz. Son señalados por supuestamente pactar contratos por más de 90.000 millones de pesos a cambio de gestionar créditos internacionales para la nación.
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Además de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, también han mencionado al exministro de Hacienda Diego Guevara.
Los prófugos del entramado de corrupción son Carlos Ramón González y César Manrique, ambos hombres de confianza del presidente Gustavo Petro.
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González fue director del Dapre y recientemente se le vio en una fiesta promovida por la embajada colombiana en Nicaragua.
César Manrique, exdirector de función pública, supuestamente recibió un soborno de 3.000 millones de pesos para direccionar de manera indebida un contrato.
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL