El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
Mateo Pérez Rueda nació en Yarumal, Antioquia. Desde pequeño su vida giró en torno a las letras, aunque inicialmente lo hizo a través de la poesía. Su padre, Carlos Pérez, lo recordó en Los Informantes como un joven que transformaba cualquier evento en una oportunidad para escribir: “Él se dio a conocer porque llegaba, por ejemplo, una fiesta familiar, un evento de un cumpleaños, y él sacaba algo escrito y ese era el regalo de él. Sacaba todo lo bueno de la persona y se lo leía”.Sin embargo, esa sensibilidad literaria pronto se transformó en una vocación periodística sagaz y punzante. Mateo Pérez, influenciado por el hábito de su padre de leer la prensa cada mañana, decidió que su camino era informar sobre la realidad de su región, un territorio históricamente asolado por grupos ilegales. Así nació El Confidente, un medio que comenzó de forma impresa gracias al patrocinio de una papelería local y que luego migró al entorno digital.El reportero que no conocía el temorEn entrevista con Los Informantes, su padre aseguró que a Mateo “no le daba miedo de nada. El pealo’ como que nació sin miedo”.Esa falta de temor lo impulsó a realizar denuncias que incomodaban a los poderes locales. Mateo no era un periodista de escritorio, su método era el de la vieja escuela: conseguir pruebas, visitar las fuentes y tener "barro en los zapatos". Investigaba a políticos y documentaba hechos con rigor, apoyado en derechos de petición y visitas constantes a la Fiscalía y la Policía. “Salía a investigar, a buscar informes y a documentarse para poder escribir. Él no escribía sin pruebas”, relató su padre sobre la disciplina del joven, quien además estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín.Para sostener su labor periodística, que realizaba de forma solitaria y sin recursos, Mateo vendía jugos y ensaladas de frutas en el garaje de su casa, además de trabajar como mensajero. En su casa, en donde vivía con sus padres en Yarumal, su cuarto sigue intacto y allí el computador da cuenta del temor que ya sentía por los trabajos que había hecho: mantenía el equipo con la cámara tapada por miedo a ser espiado o "chuzado".Briceño, el último viajeEl lunes 4 de mayo comenzó para él y para su familia lo que terminó en una tragedia. Mateo, de 24 años, decidió viajar a Briceño, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Yarumal, donde se libraba una cruenta disputa territorial entre el Clan del Golfo y diversas facciones de las disidencias de las FARC. A pesar de los riesgos, el joven periodista quería cubrir un consejo de seguridad y buscar entrevistas con cabecillas de los grupos armados.Su padre recuerda la última conversación y la advertencia que le hizo ante la peligrosidad de la zona: “Por qué vas para Briceño, eso como está de peligroso por allá. ¿Es que no ha escuchado las noticias?”. Sin embargo, Mateo, confiado en su rol como comunicador, respondió que el evento estaría resguardado por el Ejército. Al salir de casa, su padre le dio la bendición en silencio: “El último recuerdo que yo tengo él es cuando él salió y me dio la espalda y apenas yo vi que él se fue a ir yo ahí mismo así por detrás (seña de darle la bendición) pero ni siquiera fue de frente, sino por detrás”.Al llegar a Briceño, Mateo se hospedó en un hostal y, al día siguiente, se internó en la vereda Palmichal. Iba desarmado, protegido únicamente por su carné de periodista y su celular. No obstante, en una zona donde los forasteros son vistos con sospecha, su presencia fue malinterpretada. Fue interceptado por hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Chalá.Tortura y un final estremecedorLos detalles de su muerte, relatados por su padre según la información recibida de la región, son desgarradores. Mateo fue acusado de ser informante y sometido a suplicios antes de ser asesinado. “Le pegaron cinco tiros en los pies para que no corriera. Y ahí donde empezaron a como a torturarlo, a pedirle que dijera algo que él no sabía. Le dieron un tiro por acá (en la cara), otro por acá (en el abdomen) y el mortal (en la frente), ese fue el que lo mató”, narra Carlos Pérez con una entereza que estremece.Para la familia, el dolor de la pérdida se mezcla con el alivio amargo de saber que uno de esos tiros terminó con su sufrimiento: “Me imagino cómo sería el dolor que sentía y cómo pensaría, por ejemplo, en nosotros, sobre todo en mí, cuando le decía que no se fuera a ir por allá. Pues a Dios gracias, cuando me dijeron que el tiro que lo había matado, que le había dado en la cabeza, pues siquiera lo mataron de una, no lo dejaron ahí sufriendo y torturándolo. Ese tiro es un alivio”, comentó su padre. El editorial premonitorioUno de los aspectos más impactantes de la historia de Mateo Pérez es un editorial que escribió en 2021 para El Confidente. En ese texto, el joven reflexionaba sobre el asesinato de otros jóvenes en Yarumal, sin saber que sus palabras describirían, años después, la realidad de su propia familia.En aquel escrito, Mateo cuestionaba: "La sangre será limpiada, las honras fúnebres serán pagadas y la vida en el planeta seguirá como si nada. Pero, ¿quién borrará los traumas de los familiares? ¿Cómo le explicas a la madre que su hijo o hija se ha ido para siempre y que tendrá que vivir con ese vacío lo que le resta de vida?".Un llamado a la justiciaTras el asesinato, la familia denunció haber recibido amenazas y advertencias para que dejaran de buscarlo. Aunque John Edison Chalá, señalado como uno de los responsables, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio y tortura, otros implicados siguen libres.Los padres de Mateo atribuyen la tragedia a la falta de control estatal en las regiones: “La institucionalidad del país que permite que estos grupos al margen de la ley hagan lo que les da la gana, porque ellos están teniendo actualmente una libre actuación, un libre albedrío, ellos se mueven por donde quieren”, denuncia su mamá, Gloria Rueda, quien clama por una justicia que no sea laxa: “Esperaría yo que la justicia nos responda y que en realidad paguen por sus crímenes, porque no es solamente el asesinato de mi hijo, son muchas otras cosas... Son muchas familias que están en este momento sufriendo la ausencia de sus seres queridos”.Mateo Pérez Rueda se convirtió en uno de los nueve periodistas asesinados en Colombia desde 2022, dejando un vacío inmenso en Yarumal y un legado de valentía en un oficio que, en las regiones, se ejerce bajo la sombra de las balas.
El 25 de abril de 2024, la comunidad de la parroquia María Auxiliadora de Pereira encendió las alarmas cuando el padre Darío Valencia Uribe, de 59 años, no asistió a un almuerzo programado ni a la misa de ese día. El sacerdote era reconocido por ser una persona extremadamente puntual.Tras su desaparición, una serie de evidencias revelaron una traición por un amigo cercano al religioso. El periodista Diego Guauque, de El Rastro, recorrió los últimos pasos del sacerdote y reveló quién estaba detrás del crimen.Camioneta del religioso fue pieza clave en la investigaciónLa última comunicación del sacerdote fue un mensaje de WhatsApp a las 9 de la mañana dirigido a Julián Eduardo Cifuentes, un hombre de 40 años que se hizo amigo del sacerdote años atrás.Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos abordaron la camioneta del sacerdote, una Nissan color gris. Poco después, el vehículo fue visto en una estación de servicio y posteriormente en un lavadero en Caldas, donde los empleados notaron una actitud sospechosa en el conductor.En el lavadero, los trabajadores reportaron que la camioneta tenía varias manchas de sangre y que la persona que iba conduciendo se notaba nerviosa. Al inspeccionar el vehículo, los investigadores hallaron muestras de sangre abundante, cuatro vainillas de pistola y un impacto de bala en el tablero.Mientras las autoridades procesaban la escena, Julián Cifuentes logró salir del país desde el aeropuerto El Dorado con destino a París, Francia.Señalado huyó a Francia: ¿quedó en libertad?La captura de Cifuentes en París se produjo pocos días después de la desaparición del sacerdote, pero su extradición enfrentó un vacío legal debido a un tratado entre Colombia y Francia, firmado en 1850, pues no contemplaba el delito de desaparición forzada. Además, como aún no había sido encontrado el cuerpo del padre Darío, no era posible sustentar la extradición por homicidio.Ante el riesgo de que el caso quedara impune, el fiscal Andrés González, designado para liderar la investigación, viajó a Francia en septiembre de 2024 con una misión clara: obtener la confesión de Julián Cifuentes, pero también llevaba un as bajo la manga que podría ser clave para hacerlo confesar.Cartas de familiares y una fría confesiónAunque inicialmente Cifuentes se negó a hablar, el fiscal le entregó, en un gesto de solidaridad, unas cartas que sus familiares le habían enviado desde Colombia. El gesto logró conmoverlo y, después de leerlas, decidió confesar el crimen. El Rastro conoció esa confesión.“Tuvimos una reunión el sacerdote y yo. 15 minutos después tengo la sangre fría. Pido disculpas por lo que voy a decir: ‘lo miré a los ojos y le disparé cuatro veces. Estaba en la furgoneta, él era el que conducía”, confesó Julián Cifuentes sobre lo ocurrido ese día.Además, aseguró que le disparó al sacerdote por la espalda mientras este descansaba. Al ser interrogado por el móvil del crimen, inicialmente dijo: “¿Es él o yo?".El hallazgo del cuerpo mediante una señal "milagrosa"Durante cinco meses, la búsqueda del cuerpo en zonas boscosas del Eje Cafetero resultó infructuosa, incluso con el apoyo de Darcy, una canina de la Fiscalía experta en búsqueda de restos humanos. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, un evento inesperado permitió localizar los restos.Mientras un investigador se desplomaba por agotamiento, la perrita Darcy se internó en zona boscosa por más de una hora. Al seguir sus ladridos, los agentes descendieron a un abismo donde la canina estaba sentada frente al cráneo de un ser humano.La identidad del sacerdote fue confirmada mediante su carta dental. Además, los restos fueron hallados con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, una evidencia que permitió corroborar que se trataba de él.Una condena en ColombiaLos investigadores determinaron que el asesinato fue motivado por una deuda económica. La fiscal Deisy Jaramillo explicó que el padre Valencia le había entregado a Cifuentes una camioneta valorada en "120 millones de pesos". El día de los hechos, Cifuentes le había prometido un abono a la deuda, pero su intención era "quitarle la vida al sacerdote para no pagar ese dinero".Julián Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia en noviembre de 2025. Tras ser procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de elemento material probatorio, la justicia colombiana lo condenó a 27 años de prisión, una pena reducida gracias a su colaboración con las autoridades.El Rastro solicitó una entrevista a Julián Cifuentes en la cárcel modelo de Bogotá, pero el confeso asesino se negó a hablar.“Él fue el amigo que luego lo vendió, fue el amigo que luego lo entregó y fue el amigo que en algún momento le quitó la vida”, dijo José Gutiérrez, amigo del sacerdote, al establecer una similitud entre la traición de Judas a Jesús y la de Julián Cifuentes al padre Darío Valencia.
El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
En el escrito de acusación de la Fiscalía contra los Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, destinó más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.En el escrito, de 287 páginas, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfuncionarios del Gobierno Petro. “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”, se lee en el documento.En otro de los puntos, el ente investigador señaló que “ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”.En la acusación, además, reiteraron que “consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”. En el texto además se aseguró que, al parecer, entregaron a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos.Para la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”, en la que se “plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”.Ricardo Bonilla, en libertadEl Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad este martes por vencimiento de términos al exministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril."Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.La Fiscalía los acusa de haber liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 166 millones de dólares de hoy) para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.La magistrada que ordenó su detención señaló en diciembre que pese a que los exministros ya no ocupan cargos públicos, persisten los riesgos para el proceso penal, al considerar que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.“Un mal día en el avance de este caso”De otro lado, Hernando Herrera, director de Excelencia por la Justicia, dijo en Noticias Caracol que el caso de la UNGRD es "uno de los peores escándalos de corrupción que se han presentado en las últimas décadas en el país". Describió el entramado como una estructura para el "saqueo de una entidad pública para además comprar eventualmente votos en el Congreso".Consideró que los recientes sucesos, como la libertad de Bonilla por vencimiento de términos, representan "un mal día en el avance de este caso y en hallar a los responsables para efectos de sancionarlos debidamente". Explicó que lo ocurrido con Bonilla fue producto de una "diferencia conceptual en materia de interpretación" entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá sobre el momento exacto en que empezaba a correr el plazo para radicar el escrito de acusación.Herrera aclaró que la libertad del exministro Bonilla "no genera impunidad" y tampoco implica que "se haya declarado su inocencia", ya que el procesado seguirá vinculado al juicio. Aprovechó para señalar que en el país "se nos ha ido la mano en gabelas innecesarias frecuentes y permanentes para los delincuentes".NOTICIAS CARACOL
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) fue dejado en libertad por vencimiento de términos por parte de la magistrada Isabel Álvarez en una audiencia que se llevó a cabo este martes 7 de abril.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)¿Por qué dejaron libre a Ricardo Bonilla?De acuerdo con la magistrada, al exfuncionario se le concedió la libertad porque la Fiscalía General de la Nación radicó tarde el escrito de acusación con el que se le iba a llevar a él a juicio junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.La magistrada señaló que el escrito de acusación tenía que ser radicado previo al inicio de la audiencia, la cual fue a las 10:00 de la mañana de este martes. La Fiscalía, a través de su delegado, reconoció que el escrito no había sido radicado aún y que esa diligencia se iba a realizas a las 11:09 de la mañana, por lo que el ente acusador se quedó sin tiempo para llevar a cabo este importante proceso.Además, la magistrada reiteró que el tiempo de vencimiento de términos comenzó a correr desde el inicio de la audiencia que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2025, por lo que la Fiscalía tuvo desde ese día y hasta este martes 7 de abril para radicar el escrito de acusación.¿Qué pruebas hay contra Ricardo Bonilla?Entre las pruebas contra el exministro Ricardo Bonilla figuran labores de seguimiento, comunicaciones vía WhatsApp, correos electrónicos y registros de cámaras de seguridad, incluso instaladas en oficinas del Ministerio de Hacienda. A esto se suman testimonios considerados clave por los investigadores, como el de Alejandra Benavides, quien se desempeñó como asesora del entonces ministro Bonilla.En el marco del proceso, la fiscal del caso UNGRD, María Cristina Patiño, aseguró que “el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría, entre comillas, comprado a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, está ahí las comillas, a fin de lograr sacar avante los empréstitos de la nación y los proyectos de ley que la comisión adelantará a cambio de la asignación de proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.Dentro del material probatorio presentado contra Bonilla se encuentran conversaciones sostenidas por chat con Sneyder Pinilla, en las que se habrían impartido supuestas instrucciones relacionadas con contratos. Dichos mensajes coincidirían con la versión entregada por Pinilla en sus declaraciones ante la Fiscalía. A estas pruebas se agregan también las declaraciones rendidas por Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia.Por su parte, María Alejandra Benavides aportó detalles sobre la presunta forma en la que habría actuado Ricardo Bonilla y el rol que, según su testimonio, le correspondió desempeñar. “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, señaló Benavides durante su declaración.Sin embargo, la investigación no se sustenta únicamente en testimonios. Esas versiones fueron contrastadas con documentos recopilados por los investigadores en el propio Ministerio de Hacienda, así como con grabaciones de video en las que se observa a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ingresando a reuniones en dicha entidad. Estas imágenes coinciden con las fechas mencionadas por los testigos, la posterior asignación de contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Arauca, Córdoba y Bolívar, y el respaldo otorgado por los congresistas a los créditos promovidos por el Gobierno.El exministro Ricardo Bonilla ha negado de manera reiterada las acusaciones sobre una supuesta compra de congresistas, como lo expresó en una entrevista concedida a Noticias Caracol: “Nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas”.Finalmente, la fiscal del caso precisó que “se extrajeron de los dispositivos de almacenamiento digital documentos, archivos, información, fotos, registros, ubicaciones, datos de contacto, cronogramas, conversaciones”. Se espera que en las próximas horas el Tribunal Superior de Bogotá anuncie la fecha y la hora en que se llevarán a cabo estas diligencias, así como el nombre del magistrado que estará a cargo del proceso.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Se dieron a conocer las primeras fotos de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, luego de que se legalizara su captura por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Bonilla fue capturado en Bogotá, al finalizar la audiencia a la que asistió y en la que se ordenó cárcel contra él y Velasco, quien estaba conectado virtualmente desde Cali (Valle del Cauca). Este último, como lo indicó en la diligencia, se entregó hacia las 11:00 de la noche del jueves 18 de diciembre. La defensa de ambos exministros solicitó que fueran llevados a una guarnición militar. Tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía, que los señaló de concierto para delinquir, celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer, después del escándalo que se destapó en 2024 gracias a investigaciones periodísticas sobre presuntos sobrecostos en la compra de unos carrotanques de la UNGRD. El caso salpica a altos funcionarios, congresistas, contratistas y exdirectivos de la unidad.¿De qué acusan a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco?Según la fiscal María Cristina Patiño, los exministros "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas". Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del Gobierno a cambio de darles algunas de estas contrataciones, según la acusación."Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo", indicó la Fiscalía en un comunicado.El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas. Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en UNGRD), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. Siete de ellos se concretaron y "fueron orientados de acuerdo con sus intereses".Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar), por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas invlucrados deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno Nacional.Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas cercanas un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Leonor Oviedo, con función de garantías, legalizó las capturas de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Bonilla fue capturado en Bogotá, al finalizar la audiencia a la que asistió y en la que se ordenó cárcel contra él y Velasco, que estaba conectado virtualmente desde Cali. Este último, como lo indicó en la diligencia, se entregó hacia las 11:00 p.m. del jueves 18 de diciembre. (Lea también: Luis Fernando Velasco se defiende en caso de UNGRD: “No soy un peligro”)La magistrada Oviedo decidió este viernes “primero, declarar legal la captura por orden judicial de los ciudadanos Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, conforme a las razones ya anotadas. Segundo, librar boleta de encarcelación en contra de Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, dirigidas al complejo carcelario penitenciario de alta, mediana y mínima seguridad de Bogotá. Incluye reclusión especial en La Picota o al establecimiento que designe el Inpec”.Los abogados, tanto de Bonilla como de Velasco, solicitaron que sus defendidos fueran trasladados a una guarnición militar.Ni la defensa ni la Fiscalía presentaron algún tipo de apelación.La Fiscalía había pedido prisión domiciliaria para ambos, pero la magistrada Aura Alexandra Rosero consideró insuficiente la solicitud y dictó prisión preventiva como una medida "necesaria y proporcional", teniendo en cuenta la magnitud del caso, el rol dominante de los funcionarios y su cercanía con el poder.El presidente Gustavo Petro aseguró que Bonilla "ha sido extorsionado y es víctima". "Lo conozco de años y sé que es inocente", escribió el mandatario en X. "No interfiero en la justicia y ella determinará", añadió.¿De qué señalan a Bonilla y Velasco?Según la fiscal María Cristina Patiño, los exministros "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas".Los contratos investigados provenían de 79 proyectos de la UNGRD y de Invías, por un valor de más de 163 millones de dólares. Solo siete fueron ejecutados, según el ente acusador.Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del Gobierno, según la acusación.El caso forma parte del entramado de desvío de fondos de la UNGRD, que se destapó en 2024, cuando investigaciones periodísticas señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua a La Guajira.El escándalo salpica a altos funcionarios, congresistas, contratistas y exdirectivos de la unidad.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP
Luego de que la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenara enviar a prisión a los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el escándalo de la UNGRD, miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación hicieron efectiva la captura de Bonilla, a quien se lo llevaron en un búnker y le harán unos chequeos médicos. Este viernes se definirá a qué centro de reclusión será llevado, y su defensa pide que sea una guarnición militar o de Policía.(Lea también: Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones)A Bonilla lo detuvieron en Bogotá, tras la audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento en un centro carcelario contra los exfuncionarios, negándoles la posibilidad de tener casa por cárcel."Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo", indicó la Fiscalía.Velasco se conectó virtualmente a la diligencia, pese a que le indicó a la magistrada que “si usted me señala que es ante el Inpec, yo me presentaré de inmediato allá, no necesitan venir a mi hogar, yo voy y me presento”. (Lea también: Luis Fernando Velasco se defiende en caso de la UNGRD: “No soy un peligro”)La defensa del exministro pidió que este fuera recluido en una guarnición militar, teniendo en cuenta que "es exministro de Estado, expresidente del Congreso, condición que lo expone a riesgos objetivos y diferenciados en una población carcelaria". Lo anterior, dijo, con el fin de "garantizar su seguridad personal, su integridad física, un trato digno".Los dos rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía, que los señaló de concierto para delinquir, celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer.“Detención domiciliaria no resulta idónea”La magistrada indicó que la “Fiscalía ha dejado constancia que la red criminal investigada no ha sido desarticulada en su totalidad, que existen otros sujetos presuntamente involucrados que aún no han sido judicializados, que algunos permanecerían activos, aunque no estén en la comisión de cabecillas. Esta circunstancia refuerza aún más el pronóstico de riesgo y evidencia que el escenario actual no es estático ni cerrado, sino dinámico y en desarrollo”.Es por eso que “la detención no ofrece garantías suficientes de eficacia y control ni permite asegurar de forma razonable la protección de los fines constitucionales, razón por la cual se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad, acorde con la gravedad concreta del caso y del riesgo institucional aún latente”, añadió. Para la togada, “la detención domiciliaria no resulta idónea ni adecuada para neutralizar las amenazas institucionales que se desprenden de este caso”. Cabe resaltar que el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas. Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en UNGRD), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. Siete de ellos se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno Nacional.Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a quien la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó enviar a prisión junto al ex jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción de la UNGRD, ejerció su defensa material.Afirmó que expondrá pruebas con la que espera convencer, “si no a usted (magistrada), a otros jueces de que soy inocente”.“Hoy siento que no tengo las garantías”Al inicio de su intervención, Luis Fernando Velasco dijo sentir, “con todo respeto magistrada, que usted cambió la teoría del caso de la Fiscalía”.Consideró “que no tengo las garantías. Siento que usted estaba ordenando la teoría del caso que en su momento no ordenó bien la Fiscalía”, añadiendo a la togada que “mantiene una tesis, señora magistrada, que no comparto, (…) que soy un peligro para la sociedad”, cuando “la propia Fiscalía reconoce que no hemos hecho absolutamente nada para afectar el proceso”.“No hay un chat, no hay una reunión, no hay nada que me vincule con uno solo de los contratistas”, dijo el exministro Velasco durante su intervención, negando haber ofrecido dinero a cambio de que fueran aprobados proyectos del Gobierno en el Congreso, recalcando que “la reforma a la salud nunca llegó a la plenaria del Senado”.Indicó que en “la reunión del 27 de noviembre se hizo una exposición magistral, no una orden, frente a cómo comprar congresistas”.Sobre las citaciones que hacían a reuniones, Luis Fernando Velasco cuestionó que “absolutamente todos, en una reunión de 9 personas, 8 dicen algo y una persona, porque va a negociar con la justicia, dice algo totalmente distinto ¿y esa es la persona que dice la verdad?”.“Nosotros no nos apropiamos de un solo centavo”, sostuvo al referirse a él y a Ricardo Bonilla, y apuntó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD, aseverando que “esa gente ha mentido varias veces y nosotros en nuestro enfrentamiento probatorio lo vamos a mostrar”.Velasco aseguró que “no soy un peligro. Soy un hombre que está dedicado a mi familia. Me he retirado de la esfera de lo público”. (Lea también: Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones)Aunque manifestó que “respeto la justicia, porque el debate que voy a dar lo voy a dar con pruebas”, expresó que “hoy siento que no tengo las garantías. Siento que usted estaba ordenando la teoría del caso que en su momento no ordenó bien la Fiscalía”.Finalmente, sobre la orden de captura en su contra, manifestó que no esperará a que los miembros del CTI vayan por él: “Saldré a buscar a una autoridad para decirle ‘acá estoy’”.“Termino esta intervención y me presento ante las autoridades”, concluyó.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, deberán ir a prisión por el escándalo de la UNGRD, según determinó la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, descartando otorgarles casa por cárcel.Los delitos imputados, “por su naturaleza, gravedad y afectación a la administración pública excluyen legalmente cualquier forma de sustitución” de detención en centro carcelario, dijo la togada durante su intervención.Por eso, ordenó para los dos exministros la detención preventiva en establecimiento carcelario, como presuntos autores del delito de concierto para delinquir, determinadores en el punible de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y coautores del ilícito de cohecho por dar u ofrecer, conforme a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación.¿Por qué no se les concedió casa por cárcel?La magistrada Rosero manifestó que “la detención domiciliaria no resulta idónea ni adecuada para neutralizar las amenazas institucionales que se desprenden de este caso”.“Debe resaltarse que la propia Fiscalía ha dejado constancia que la red criminal investigada no ha sido desarticulada en su totalidad, que existen otros sujetos presuntamente involucrados que aún no han sido judicializados, que algunos permanecerían activos, aunque no estén en la comisión de cabecillas. Esta circunstancia refuerza aún más el pronóstico de riesgo y evidencia que el escenario actual no es estático ni cerrado, sino dinámico y en desarrollo”, dijo.Es por eso que, añadió, “la detención no ofrece garantías suficientes de eficacia y control ni permite asegurar de forma razonable la protección de los fines constitucionales, razón por la cual se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad, acorde con la gravedad concreta del caso y del riesgo institucional aún latente”, recordando los casos de César Manrique y Carlos Ramón González, también vinculados al escándalo de la UNGRD, que están prófugos de la justicia. (Lea también: Petro pide renuncia de responsables de fiesta en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González)Sobre los argumentos expuestos por los exministros, la magistrada expresó que “no se acreditó una condición médica grave” en el caso de Bonilla y, en cuanto a Velasco, dijo que “no se fundamentó lo relacionado a ser jefe de hogar”.Asimismo, señaló que existió una empresa delictiva liderada por Bonilla y Velasco, quienes presuntamente usaron las instituciones públicas como caja menor.Las defensas de los exministros del Interior y de Hacienda dijeron que apelarán la decisión. La orden de captura se haría efectiva de forma inmediata, por lo que Bonilla, que está presente en la audiencia, sería detenido.Entretanto, Velasco, quien se encuentra en Cali, le digo a la magistrada: “Si usted me señala que es ante el Inpec, yo me presentaré de inmediato allá, no necesitan venir a mi hogar, yo voy y me presento”.Los otros implicados en caso UNGRDSon varios los exfuncionarios del actual gobierno que han sido salpicados en este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.Entre los detenidos hasta el momento están Olmedo López y Sneyder Pinilla, los delatores de este entramado. Luego está Sandra Ortiz, exconsejera presidencial señalada como la mensajera que habría entregado los sobornos a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, también en prisión por presuntamente recibir un soborno de 4.000 millones de pesos.Los congresistas investigados por parte de la Corte Suprema de Justicia son: Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz. Son señalados por supuestamente pactar contratos por más de 90.000 millones de pesos a cambio de gestionar créditos internacionales para la nación.Además de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, también han mencionado al exministro de Hacienda Diego Guevara.Los prófugos del entramado de corrupción son Carlos Ramón González y César Manrique, ambos hombres de confianza del presidente Gustavo Petro.González fue director del Dapre y recientemente se le vio en una fiesta promovida por la embajada colombiana en Nicaragua.César Manrique, exdirector de función pública, supuestamente recibió un soborno de 3.000 millones de pesos para direccionar de manera indebida un contrato.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL
La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, dictó medida de aseguramiento carcelario contra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda por el escándalo de corrupción la UNGRD. (Lea también: Cancillería se pronuncia por fiesta de Embajada en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González)La Fiscalía General de la Nación los imputó por los delitos de concierto para delinquir, cohecho para dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no aceptaron.Para el ente investigador, los exministros Velasco y Bonilla serían los cerebros del entramado criminal que habría sobornado, con recursos de la Ungrd, a varios congresistas a cambio de impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso.¿Por qué se descartó casa por cárcel para los exministros?De acuerdo con la magistrada, “la detención domiciliaria no resulta idónea ni adecuada para neutralizar las amenazas institucionales que se desprenden de este caso”.“La detención no ofrece garantías suficientes de eficacia y control ni permite asegurar de forma razonable la protección de los fines constitucionales”, manifestó en la lectura de su decisión, recordando los casos de César Manrique y Carlos Ramón González, también vinculados al escándalo de la UNGRD, que están prófugos de la justicia.Según la togada, para los exministros es necesario imponer una “medida de aseguramiento de mayor intensidad”. Añadió que existió una empresa delictiva liderada por Bonilla y Velasco, a quienes señaló de usar las instituciones públicas como caja menor.Las defensas de los exministros del Interior y de Hacienda dijeron que apelarán la decisión. La orden de captura se haría efectiva de forma inmediata, por lo que Bonilla, que está presente en la audiencia, sería detenido. Velasco, quien se encuentra en Cali, dijo que se presentará voluntariamente ante las autoridades.Los señalamientos de la Fiscalía contra los exministros Bonilla y VelascoLos exfuncionarios "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval en los actos legislativos en los que el Gobierno nacional tuviera interés", dijo la fiscal María Cristina Patiño durante la imputación.Los contratos "ilícitos" provenían de 79 proyectos de la UNGRD y del Invías por un valor de más de 163 millones de dólares. Solo siete fueron ejecutados, según la Fiscalía.Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del Gobierno, según la acusación."Nunca he tenido un peso de actividad ilícita", se defendió Bonilla, de 76 años, a quien el presidente Gustavo Petro pidió su renuncia en diciembre de 2024 cuando se filtró que el exministro tenía conocimiento del desvío de unos 200.000 dólares en tres de estos contratos. Velasco salió del Gobierno en junio de ese mismo año en uno de los numerosos cambios ministeriales de Petro. Tampoco aceptó los cargos imputados.Este caso forma parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se destapó en 2024, cuando investigaciones periodísticas acusaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira. Salpica a altos funcionarios, congresistas y directivos de compañías tras las confesiones a la Fiscalía de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD."Las personas asociadas criminalmente decidieron hablar", apuntó la fiscal Patiño.En mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de los legisladores Iván Name y Andrés Calle por recibir estos sobornos y bajo investigación por los delitos de cohecho y peculado. Bonilla y Velasco podrían enfrentar entre 17 y 45 años de prisión por los delitos imputados.EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exmnistro de Hacienda y uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, fueron imputados por tres delitos dentro del escándalo de corrupción la UNGRD. Para la fiscalía, los exfuncionarios deben responder por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interes indebido en celebración de contratos. Según el ente investigador, Velasco y Bonilla serían los cerebros del entramado criminal que habría sobornado a varios congresistas a cambio de impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso. Los exministros, contra quienes se pidió casa por cárcel, no aceptaron cargos este lunes.Mientras en Bogotá Bonilla llegó en taxi al Tribunal Superior, Velasco se conectó virtualmente a la audiencia desde Cali. Una vez instalada la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño detalló cómo en más de un año de investigación concluyó que los exministros serían los lideres de un plan criminal con el propósito de comprar congresistas."Ustedes, Luis Fernando Velasco y Bonilla González lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas", afirmó la fiscal, quien explicó que los dos exministros gestionaron roles de personas como Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides para corromper al Congreso."Corrompió a Olmedo, a Sneyder, simplemente con la evaluación de contratos de preventas contractuales, sino que también como el mismo defensor lo declara se extendió al presidente del Senado, se extendió al presidente de la Cámara de Representantes. En realidad lo que revela es que sí había una apuesta común para corromper el Legislativo", dijo la fiscal Patiño.Entre las pruebas que presentó la Fiscalía hay conversaciones de WhatsApp, correos electronicos, videos de camaras de seguridad del Ministerio de Hacienda -lugar donde se habrían realizado las reuniones para concretar los beneficios para los congresistas- e incluso grabaciones de las plenarias donde se debatían en su momento las reformas pensional y de salud y por las cuales se habría ofrecido contratos a aforados. Tambien testimonios claves, para la Fiscalía, fue determinante el de la exasesora Alejandra Benavides, quien manifestó que el ministro Bonilla la había usado."Plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República o de su concurrencia, quórum, deliberación y votación a los proyectos de endeudamiento de la nación que cursaban en la comisión interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público", señalan desde la Fiscalía.Según la fiscal, la investigación arrojó que otras entidades del Gobierno habrían sido usadas para conseguir el favor de los congresistas atraves de la asignación de contratos a dedo.Los exministros no aceptaron los cargos, y rechazaron los señalamientos de la Fiscalía. "Yo llevo medio siglo trabajando en entidades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. Eso lo conocen en la Fiscalía, lo tiene que conocer porque ya me esculcó. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias", manifestó el exministro Bonilla."En el momento en el que escuchen mis palabras, mis pruebas, mis argumentos muy seguramentela visión del país era otra, no acepto cargas, no tengo nada que negociar con la Fiscalía", dijo, por su parte, el ministro Velasco.La Fiscalía, por lo pronto, pidió para los dos exministros una detención domiciliaria preventiva. Hacia las 7 p.m. se suspendió la audiencia. La solicitud de medida de aseguramiento seguirá el 15 de diciembre a las 9 a.m.NOTICIAS CARACOL
La Fiscalía General de la Nación radicó la imputación de cargos contra los exministros del Gobierno nacional Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La medida que solicitará la Fiscalía será privativa de la libertad en centro carcelario.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)Un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia fue el que radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá las audiencias de solicitud de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en contra de los exministros, quienes hicieron parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.Los delitos que les imputarán a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.Noticias Caracol conoció que la Fiscalía solicitará que la privación de la libertad de los exministros se dé en un centro carcelario.Las pruebas contra Ricardo Bonilla en caso UNGRDDentro de las pruebas que han sido validadas y legalizadas ante el Tribunal Superior de Bogotá se encuentran seguimientos, comunicaciones por WhatsApp, correos electrónicos, cámaras de seguridad, incluso en las oficinas del Ministerio de Hacienda, además de testimonios que fueron determinantes como el de Alejandra Benavides, quien fue asesora del exministro Bonilla.María Cristina Patiño, fiscal del caso UNGRD, manifestó que “el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría, entre comillas, comprado a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, está ahí las comillas, a fin de lograr sacar avante los empréstitos de la nación y los proyectos de ley que la comisión adelantará a cambio de la asignación de proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.Entre las pruebas legalizadas contra Bonilla están los chats con Sneyder Pinilla, donde se da supuestas instrucciones sobre los contratos y que coinciden con la versión del mismo Pinilla en las declaraciones ante la Fiscalía, pero también están las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema.María Alejandra Benavides, por su parte, fue quien dio detalles de la forma de cómo habría actuado Ricardo Bonilla y lo que supuestamente le correspondió hacer a ella. “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, fue uno de los testimonios de Benavides.Pero no solo fueron testimonios, esas declaraciones se cruzaron con documentos recolectados por los investigadores en el mismo Ministerio de Hacienda y por grabaciones de videos en las cuales se observa a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ingresando a reuniones en esa oficina y que coinciden con fechas dadas en las declaraciones de los testigos, la asignación de los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo en tres regiones: Arauca, Córdoba y Bolívar, pero también con el visto bueno de los congresistas a los créditos que buscaban el Gobierno.El exministro Bonilla ha negado la supuesta compra de congresistas, como lo hizo en entrevista en Noticias Caracol: “Nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas”.La fiscal del caso indicó que "se extrajeron de los dispositivos de almacenamiento digital documentos, archivos, información, fotos, registros, ubicaciones, datos de contacto, cronogramas, conversaciones". Se espera que en las próximas horas el Tribunal Superior de Bogotá dé a conocer el día y la hora de estas diligencias, además del nombre del magistrado que las va a liderar.Pruebas contra Luis Fernando Velasco en caso UNGRDSegún las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco habría pedido el direccionamiento de un contrato por 35.000 millones de pesos. El ente investigador aseguró que Olmedo López y el senador Julio Elías Chagui se habrían reunido en el hotel Tequendama para ejecutar parte del entramado que en principio sería gestionado, al parecer, por el Invías, lo cual finalmente no se logró.Según la Fiscalía, el 6 de diciembre del 2023 al mediodía, en el café Bienes, ubicado en el hotel Tequendama, Olmedo López se reunió con el parlamentario Julio Elías Chagui con el fin de materializar la supuesta instrucción del exministro Luis Fernando Velasco de entregar contratos de la UNGRD por un valor de 35.000 millones de pesos y acordó con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sahagún, Córdoba. En ese encuentro, según el ente investigador, el congresista Chagui le informó a Olmedo López que los contratos se gestionarían por la UNGRD porque en Invías no había sido posible.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El terremoto de 7,4 que golpeó a San José del Palmar, Chocó, dejó daños en viviendas, instituciones educativas y diferentes edificaciones de la ciudad de Manizales. Entre las imágenes que comenzaron a circular después del movimiento sísmico estuvo la del desplome del edificio Santo Domingo, ubicado en el sector de la Universidad Católica. Dentro de esa estructura se encontraba Ana Sofía Manios, una deportista que estaba sola en el lugar cuando empezó el movimiento. La joven relató que en cuestión de segundos pudo observar cómo la estructura comenzaba a ceder mientras en las calles las personas intentaban reaccionar ante el terremoto. "Yo me preparaba para una práctica deportiva que tenía a esa hora. Básicamente, vi que todo se empezó a caer en el edificio, todo empezó a temblar", al recordar los primeros segundos de la emergencia. La joven explicó que alcanzó a mirar hacia la calle y vio que los vehículos se detenían debido al movimiento de la tierra. Poco después, el edificio se inclinó y ella terminó cayendo junto con la estructura. "Vi hacia la calle cómo todos los carros se paraban, todo estaba temblando. El edificio se fue hacia adelante, yo me fui con él y caí boca abajo", relató. La caída dejó a Ana Sofía atrapada bajo los restos de la construcción. En medio de la confusión, un colchón terminó sobre ella y ayudó a protegerla de parte del material que cayó desde la estructura. "Tenía un colchón encima, que fue como el que me protegió", explicó. Según su relato, algunos escombros "habían caído en mi cabeza, afortunadamente también cayó un pantalón", recordó.La nadadora estuvo cuatro horas esperando ser escuchadaAna Sofía quedó en una situación en la que tenía poco margen para moverse. Sus brazos eran prácticamente las partes del cuerpo que podía utilizar para intentar pedir ayuda y llamar la atención de quienes estaban trabajando entre los restos del edificio. La joven calcula que permaneció aproximadamente cuatro horas bajo los escombros. Su ubicación hacía todavía más difícil el rescate, pues se encontraba en lo que había sido el quinto piso del edificio. "Lo demás estaba cubierto de escombros. Los brazos era lo que más podía mover. Yo estuve cuatro horas debajo de los escombros y me encontraba en un quinto piso", señaló. Durante ese tiempo, Ana Sofía intentó mantener la esperanza de que alguien pudiera encontrarla. Gritó repetidamente para advertir a los equipos de rescate que seguía con vida."Yo trataba de gritar en todo momento, pues inclusive cuando yo sentía que la gente me pasaba encima, yo gritaba en ese momento", contó. Sin embargo, durante varios momentos nadie respondía a sus llamados. "Yo trataba de gritar en todo momento. Inclusive, cuando sentía que la gente me pasaba encima, yo gritaba", dijo la deportista. La situación cambió cuando una bombera logró escucharla. Ese momento marcó el comienzo de la operación para sacarla de los restos del edificio. "Afortunadamente fue al final que una bombero me escuchó y ella fue como la que básicamente me ayudó"."Ella me dijo como, '¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes?' Me dijo que todo iba a estar bien", relató la joven. Pero el rescate todavía representaba un riesgo. Ana Sofía fue informada de que tenía varios bloques y dos varillas sobre ella, una situación que comenzó a aumentar su preocupación al comprender el peso que soportaba. En ese momento, la joven reconoció que comenzó a sentir mayor desesperación. "Me dijo que tenía tres bloques encima y dos varillas. Yo no era consciente del peso que tenía. En ese momento fui consciente y empecé a desesperarme", contó."Uno nunca sabe hasta cuando se le da la vida"Sin embargo, detrás del rescate también quedaron pérdidas materiales. Ana Sofía perdió sus implementos deportivos y su apartamento, elementos relacionados con su vida cotidiana y con la actividad deportiva que practica. A pesar de esas pérdidas, su mensaje después de sobrevivir estuvo relacionado con la necesidad de valorar las cosas que muchas veces parecen rutinarias. "La verdad, disfrutar cada momento que tengan, disfrutar con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos. Cada momento, un logro pequeño o grande que sea, disfrutárselo al máximo, porque uno nunca sabe cuándo se le da la vida", expresó. Ahora, mientras Manizales avanza en la recuperación de los sectores afectados, Ana Sofía también intenta retomar sus proyectos.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir, generó polémica al llamar públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, en un pódcast publicado en las últimas horas con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja. "Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.Ben Gvir, que ni siquiera realizó el servicio militar por su vinculación al movimiento extremista Kach, declarado terrorista en Israel, abogó por la "migración masiva de palestinos" en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de "limpieza étnica". Expresó: "Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen; y para los terroristas nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno", afirmó quien es una de las figuras más influyentes de Israel en la actualidad. Testimonios de este tipo, que han sido vertidos con anterioridad por Ben Gvir y otros representantes públicos israelíes, han sido presentados ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una "intención genocida" de Israel en Gaza que sus gobernantes niegan. Ben Gvir, también colono israelí en Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como ministro de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura. Además, desde su llegada al Gobierno en 2022 el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su ministerio, ha aumentado un 126 %. Aunque protagoniza escenas de desprecio contra población palestina cada semana, el episodio que volvió a situarle en el centro de la polémica internacional ocurrió en mayo de 2026, cuando humilló a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel. Por entonces difundió un video en el que aparecía sonriente, ondeando una bandera israelí y dando la bienvenida a los activistas mientras estos permanecían esposados, hacinados y arrodillados en el suelo.Conversaciones con HamásEn este pódcast, titulado '8 de octubre', Ben Gvir, que no tiene potestad sobre el Ejército israelí para ordenar ataques, confirmó que no está de acuerdo con la decisión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de haber reducido los ataques en Gaza para avanzar con el 'plan de paz' impulsado por el presidente de EE. UU., Donald Trump. (Lea también: Hamás confirma acuerdo para desarmarse anunciado por Trump, pero exige que Israel abandone Gaza)Hamás dijo este 16 de agosto que elevó un pedido a la Junta de Paz para que obligue a Israel a aceptar el plan para un alto al fuego en Gaza, según un comunicado del movimiento islamista. Planteó el pedido tras un encuentro en Egipto con el enviado estadounidense Jared Kushner. El grupo señaló que había llamado a la Junta y a los países mediadores a que "obliguen a la ocupación (...) a aprobar la hoja de ruta de la segunda fase del plan" auspiciado por Estados Unidos.AGENCIA EFE/AFPEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En medio de la emergencia que atraviesa Pereira y otras ciudades del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, una escena de alegría se vivió en un hospital de campaña instalado en la ciudad. Una revelación de género, realizada en medio de la atención médica, permitió cambiar el dolor y la incertidumbre por aplausos, sonrisas y la expectativa por la llegada de un bebé.La escena fue registrada y compartida en redes sociales por la ginecobstetra Salomé Hinojosa, quien con su iniciativa ha realizado jornadas de atención para mujeres embarazadas en medio de la emergencia. En las imágenes se observa el momento en que se conoce el sexo del bebé y cómo quienes estaban presentes reciben la noticia.La madre había contado que, si el bebé era niña, su nombre sería Antonella, mientras que si era niño se llamaría Esteban. Finalmente, la noticia llegó: “Es un Esteban”, se escuchó en el lugar. y fue recibida entre aplausos y sonrisas, en un momento que la propia especialista resumió al señalar que “la alegría invadió la carpa”.La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varias personas destacaron el momento y enviaron mensajes de cariño a la familia y a los profesionales que han continuado prestando atención durante la emergencia.Uno de los mensajes publicados tras conocerse la noticia expresó: “Que la llegada de Esteban nos llene a todos de valentía, justicia y fortaleza espiritual qué lindo trabajo doc”.La historia también despertó entre usuarios la intención de buscar ayudas para la madre y para Esteban, quien todavía no ha nacido, pero ya recibió muestras de afecto de personas que, aunque solo saben su nombre, han expresado su deseo de acompañarlos en este momento.La iniciativa de una ginecobstetra embarazadaEn conversación con este medio, la doctora Salomé Hinojosa explicó que su iniciativa surgió también desde su experiencia personal. La especialista tiene seis meses de embarazo y relató que tras el terremoto esperaba poder ingresar a su edificio para realizarse una ecografía y comprobar que su bebé estuviera bien.“Gestando, uno ve las pacientes diferente, me identifico en cada una de ellas”, contó.La situación la llevó a pensar en las mujeres embarazadas que, como ella, necesitaban comprobar el estado de sus bebés después del terremoto.“Yo entiendo, porque estoy embarazada y uff, calma mucho ver al bebé bien, así sea verlo mover”, explicó.A partir de allí realizó una convocatoria a través de sus redes sociales. La información también fue compartida en grupos de WhatsApp de médicos, lo que permitió que otros profesionales se sumaran a la atención.Según explicó, en la jornada participaron alrededor de cinco ginecólogos y la atención se desarrolló en el coliseo de Dosquebradas. La convocatoria estuvo dirigida a mujeres de diferentes condiciones económicas, teniendo en cuenta las dificultades que dejó la emergencia para acceder a los consultorios.“Muchos de los ginecólogos que estamos, nos quedamos sin consultorio. Las sedes de Idime están destruidas”, señaló la especialista.La doctora indicó que estaba evaluando la continuidad de estas jornadas por una fecha más, debido a la respuesta que tuvo la convocatoria.Mientras esta historia deja un momento de alegría en medio de la emergencia, en Pereira continúan las necesidades de muchas familias afectadas por el terremoto. Algunas personas perdieron sus viviendas y pertenencias, por lo que las donaciones y ayudas siguen siendo necesarias para atender las necesidades que persisten tras la emergencia.Lea además: Terremoto en Colombia: los puntos habilitados para donar en las principales ciudades del paísHEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La tragedia que golpeó a Pereira y otros municipios del Eje Cafetero dejó viviendas destruidas, edificios con daños estructurales y miles de familias afectadas tras el terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, el pasado lunes. Entre las historias milagro que deja el movimiento telúrico, está la de William Ramírez, su esposa Doris, sus hijos y su mascota Lulú, quienes se encontraban en un edificio del centro de Pereira cuando comenzó el movimiento.Así se salvaron los Ramírez del terremoto en ColombiaLa familia estaba en el quinto piso cuando la estructura empezó a ceder. Las escaleras dejaron de ser una vía de salida y William terminó cayendo al vacío. "Cuando fui a bajar las escaleras, las escaleras colapsaron, ya no había escaleras", relató el hombre a Noticias Caracol. En medio de la caída, consiguió sujetarse de unos cables, algo que atribuye a un hecho que todavía no logra explicar. "Yo quedé en el vacío", contó. "Yo pensé que básicamente no tenía oportunidad de nada y que eso era mi último día". La familia considera que lo ocurrido fue un milagro. William también lo relacionó con la fe que ha acompañado a sus seres queridos durante estos días. "Yo sé que la Virgencita nos ayudó y nos tiene vivos. Es un milagro", expresó.Mientras William consiguió sobrevivir, Doris tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario San Jorge. La mujer permanece en una unidad de cuidados intensivos debido a las lesiones que sufrió durante el colapso. Presenta fracturas graves en las dos piernas y heridas en la cabeza. Por eso, la primera solicitud de la familia está relacionada con su recuperación. William pidió a quienes conozcan su historia que se unan en oración por su esposa. "Que por favor hagamos su cadena de oración por mi esposa. Ella ahorita los necesita, esa fuerza", manifestó.La familia Ramírez lo perdió casi todo en el terremotoAdemás de enfrentar la hospitalización de Doris, la familia debe asumir ahora la pérdida de parte de sus bienes y encontrar la manera de recuperar su vivienda y sus pertenencias. William también hizo un llamado para recibir ayuda económica que permita cubrir algunas de las necesidades que surgieron después de la emergencia. La familia explicó que requiere apoyo para recuperar parte de lo perdido. La situación de los Ramírez se suma a la de otras familias de Pereira que permanecen fuera de sus viviendas debido a los daños registrados en diferentes sectores de la ciudad. Autoridades anunciaron que realizarían una revisión extraordinaria de las edificaciones que presentan problemas estructurales. En municipios del Quindío, como Montenegro, Quimbaya, Circasia, Armenia y otras localidades, las comunidades también comenzaron a enfrentar los daños en viviendas, comercios e instituciones. En Montenegro, las autoridades reportaron afectaciones en miles de familias. Además, varias instituciones educativas presentaron daños importantes; las clases presenciales fueron suspendidas en los establecimientos que presentan daños, mientras las autoridades buscan alternativas para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas sin exponerse a estructuras que todavía no han sido evaluadas.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La música latinoamericana se une este domingo 16 de agosto en una jornada de solidaridad con las personas afectadas por los terremotos registrados recientemente en Colombia y Venezuela. Se trata de ‘Unidos por los nuestros’, un concierto benéfico que reúne a más de 30 artistas y que también permitirá realizar donaciones durante la transmisión.El evento se desarrolla en el Kaseya Center de Miami y cuenta con la participación de reconocidos artistas de la música latina. La jornada está destinada a recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos en ambos países.¿A qué hora es el concierto?La transmisión de ‘Unidos por los nuestros’ comienza hoy a las 5:00 de la tarde, después de la emisión de La Red, programa de Caracol Televisión.El concierto podrá seguirse a través de Caracol Televisión y también mediante Ditu, la plataforma de streaming. De esta manera, quienes quieran acompañar la jornada podrán acceder a la transmisión desde estas plataformas.Durante el evento también estarán habilitados mecanismos de donación en pantalla para quienes quieran realizar un aporte a la iniciativa.Estos son los artistas que participanLa jornada reúne a más de 30 artistas, quienes hacen parte del cartel del concierto benéfico. Entre los nombres anunciados se encuentran:ChayanneChino y NachoCorina SmithElena RoseFeidFree CoverGente de ZonaGilberto Santa RosaIsadoraJay WheelerJerry DiJonathan MolyJorge Luis ChacínLassoLuis FonsiManu ManzoMarc AnthonyMau y RickyMicro TDHNellaNorehOlga TañónPiso 21Ricardo MontanerSanLuisSilvestre DangondZhamira¿Cómo apoyar durante la transmisión?Además de la presentación musical, uno de los componentes centrales de ‘Unidos por los nuestros’ será la recaudación de fondos para las personas afectadas por los terremotos.Según la información entregada durante la promoción del evento, durante la transmisión aparecerán en pantalla diferentes mecanismos para realizar donaciones. Los espectadores podrán utilizar estas opciones para contribuir a la iniciativa mientras siguen el concierto.La jornada busca reunir aportes destinados a las familias que enfrentan las consecuencias de las emergencias ocasionadas por los movimientos sísmicos en Colombia y Venezuela.En el caso de Colombia, el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en diferentes departamentos y continúa generando labores de atención y recuperación.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co