Las tiendas de Lili Pink y YOI fueron escenario de allanamientos de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional por los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando desde el pasado 27 de abril. Un fiscal impuso medidas cautelares de suspensión sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Debido al reconocimiento del que goza esta marca a nivel nacional, muchos se han preguntado qué pasará con estos establecimientos.
Y es que la imagen recurrente en las fachadas de los locales de Lili Pink durante la jornada del lunes fue la de funcionarios del ente judicial y del Gaula frente a los establecimientos de ropa interior femenina sosteniendo un cartel que dice “bien ocupado con fines de extinción de dominio”.
Según la Fiscalía, los almacenes de ropa serían una fachada para un conglomerado empresarial que habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país. Según el ente judicial, detrás de estos comercios habría un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Así, se habrían distribuido productos para dar una apariencia de legalidad.
- (Conozca más del caso: Así funcionaría red que presuntamente involucra a Lili Pink en lavado de activos y contrabando)
¿Qué pasará con los almacenes Lili Pink?
Con el nuevo contexto de la extinción de dominio, los locales de Lili Pink pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ya que la Fiscalía no tiene potestad para administrarlos legalmente. Así las cosas, los locales seguirán funcionando y las tiendas se mantendrán abiertas. Tampoco habrá despidos de empleados por el momento. Sin embargo, cuando un juez especializado tome este caso específico y se extinga el bien en un caso hipotético, cambiarían las circunstancias.
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Las investigaciones por parte de fiscales permitieron documentar que el supuesto lavado de activos tendría una cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones de pesos.
Paula Rozo
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