El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien quedó vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD, queda en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras la decisión adoptada en una acción de tutela presentada por el exfuncionario ante la Sala de Casación Penal de la corporación. De todas formas, seguirá vinculado el caso.
Velasco quedó vinculado a este polémico caso ya que es señalado de presuntamente gestionar y modificar contratos a favor de congresistas para asegurar respaldos desde las cámaras a las reformas del Gobierno nacional de turno, que se configura en los delitos de presunto concierto para delinquir e interés ilícito en celebración de contactos. A pesar del fallo, el exministro sigue ligado al proceso penal para definir su responsabilidad.
Velasco estaba recluido en una guarnición militar de Cali. La última vez que el Tribunal Superior había dejado en firme la medida de aseguramiento data del 30 de abril del presente año, cuando la magistrada encargada del caso determinó que Velasco podría influir en el proceso de investigación sobre el polémico entramado que involucró recursos de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres.
¿Cuál es el argumento de la Corte Suprema de Justicia para esta decisión?
El fallo de la Sala está amparando el derecho fundamental al debido proceso de Velasco, basándose en que se configura un defecto sustantivo por la falta de aplicación de algunos apartes fijados en el Código de Procedimiento Penal. Y es que el alto tribunal determinó que hubo una violación cuando un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento e invadió facultades exclusivas de la Fiscalía, que como ente acusador solicitó la detención domiciliaria.
¿Qué pasará con Luis Fernando Velasco y su papel en el proceso?
El fallo ordena a una magistrada con función de control de garantías que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva determinación sobre la solicitud de medida de aseguramiento que había elevado la Fiscalía, atendiendo las consideraciones que puso la Corte en la providencia.
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Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quien fue ministro de Hacienda, fueron señalados por la Fiscalía de haber sido las cabezas de un “pacto criminal” al intentar hacer pasar las reformas por el Congreso a cambio de ofertas de 79 proyectos de la Ungrd e Invías, que rondaban el medio billónde pesos. Solo siete de ellos fueron ejecutados. En palabras de la magistrada Alexandra Rosero, que envió a los ex altos funcionarios a la cárcel, “habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública".
María Paula Rodríguez Rozo
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