Los funcionarios del Inpec que están siendo investigados por la controversial fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí, que fue denunciada en abril de 2026, aceptaron su responsabilidad en el caso ante la Procuraduría General de la Nación, órgano que adelanta la investigación disciplinaria. Los guardias se acogieron a un principio de derecho para que se les reduzca la sanción a imponer una vez el ente de control la determine.
Se trata de los guardias Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Ambos reconocieron ante el órgano de control que omitieron realizar las anotaciones y registros que tenían que hacer en los libros del centro penitenciario el 8 de abril, cuando se presentó el cantante vallenato Nelson Velázquez. Este reconocimiento hace parte de la decisión que tomaron los investigados de acogerse al beneficio de confesión, con el que podrían lograr la reducción de hasta el 50 % de la sanción a imponer. Se suponía que los funcionarios tenían que controlar el ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que ingresaron al establecimiento carcelario.
¿Qué pasará con los funcionarios del Inpec?
El caso disciplinario que lleva el ente de control pasará ahora a la etapa de juzgamiento. Así las cosas, en un plazo máximo de 45 días, se espera que se conozca la sanción que proferirá la Procuraduría. Los dos funcionarios podrían ser destituidos, suspendidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que el órgano considere necesario.
Entre tanto, las investigaciones sobre la realización del polémico evento continúan para establecer responsabilidades adicionales y aclarar las condiciones en que se habría permitido el ingreso y la celebración dentro del centro de reclusión.
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Cabe decir que en este proceso que adelanta la Procuraduría quedó vinculado el director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, quien fungía como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público. Pero el caso también investiga a 12 funcionarios, entre los que figuran dragoneantes, tenientes y un inspector jefe, que fueron suspendidos durante tres meses sin remuneración mientras se adelantaba la investigación. La suspensión fue prorrogada el pasado 18 de julio, fecha en la que culminaría el primer plazo, para extender la medida hasta octubre de 2026.
María Paula Rodríguez Rozo
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