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La Fiscalía General de la Nación radicó este viernes, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, una solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
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Según el ente acusador, sería el responsable de proferir actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de la licitación pública cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica".
A finales de 2023 Leyva, entonces canciller, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque a ese contrato le quedaban todavía tres años.
Por esta misma razón, en septiembre de este año, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años a Leyva "por desconocer los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes". El Ministerio Público ratificó que "la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado".
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En su decisión, la Procuraduría añadió que Leyva desconoció con su actuación "los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó su falta disciplinaria de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo".
En julio de 2025, el Gobierno decidió que la fabricación de pasaportes pasaría a realizarse por la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, lo cual desató varias críticas. Por ejemplo, Laura Sarabia, quien fue canciller después de Leyva, mencionó que la Imprenta carece de capacidad técnica para producir los documentos de viaje. Además, la Procuraduría anunció que iba a investigar a la canciller Rosa Villavicencio por supuestas irregularidades en el manejo del contrato de más de 1,3 billones de pesos.
El pasado 16 de octubre, la Procuraduría solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declare la nulidad absoluta del contrato que se hizo con la Casa de la Moneda de Portugal, indicando que se suscribió sin “cumplirse los presupuestos normativos, se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”.
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Mientras tanto, el Gobierno firmó con la empresa Thomas Greg & Sons una prórroga por ocho meses, hasta el 30 de abril de 2026, del contrato para la fabricación de pasaportes, con lo cual se evita la escasez de esos documentos de viaje.
LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL