La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel Germán Alberto León Durán a 5 años, 9 meses y 1 día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas en Casanare y Boyacá.
El caso hace parte de los llamados falsos positivos y es la primera vez que el alto tribunal impone “una sanción alternativa para un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación de la JEP, pero que después, en etapa de juicio, decidió hacerlo”, indicó el despacho.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, explicó que “este mecanismo se diferencia de la justicia ordinaria porque no se limita a la aceptación de cargos para obtener una rebaja de pena. En la JEP, el reconocimiento de responsabilidad debe estar acompañado de aportes efectivos a la verdad y de un diálogo directo con las víctimas, quienes ocupan el centro del proceso judicial y restaurativo”.
“Las víctimas no buscan únicamente una aceptación formal de los hechos, sino conocer la verdad sobre lo ocurrido”, precisó.
Durante la lectura del fallo, se determinó que los hechos son crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, y crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. (Lea también: "Son muchos más de 10.000 casos de ejecuciones": presidenta de MAFAPO sobre 'falsos positivos')
¿Quiénes eran las víctimas de estos falsos positivos?
El presidente de la JEP, junto con el magistrado Gustavo Salazar y la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, nombraron a las personas asesinadas:
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Siervo Fernández Cuervo, Bautista Leguizamón Riaño, Luis Antonio Gavidia Jiménez, Silverio Rodríguez Camacho, Carlos Alfonso Fonseca Romero, Armando Collazos Vásquez, Javier Eduardo Garcés Guacarapare, Bernardo Ramos Espinel, Hermes Pedraza Rojas, Giovanny Arias Sánchez, José Rubiel Llano Arias, Edilson Mendoza Soto, Gustavo Adolfo Wilkin Correa, Luis Carlos Peña Martínez, Luis Uriel Caciano Murillo, Joel Bernal Barrera, William Salamanca Cruz, René Geofrey Ojeda Escobar, José Manuel Montoya Beltrán, Hugo Ricardo Díaz Camacho, José Hember Leonel Guzmán, Héctor Elí Contreras Gutíerrez.
Hay otras víctimas del caso que aún permanecen sin identificar.
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Estos falsos positivos ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando miembros del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional, “perpetraron una cadena sistemática de asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles inocentes en Casanare y Boyacá”, indicó la JEP.
Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander, algunos de los cuales fueron trasladados mediante engaños y falsas ofertas de trabajo.
“Otras fueron estigmatizadas con reportes falsos y antecedentes fabricados, ejecutadas y posteriormente desaparecidas para impedir que sus familias las encontraran”, señaló el alto tribunal.
“No se trató de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de un patrón criminal deliberado y continuado, respaldado mediante órdenes operacionales, sistemas de incentivos y mecanismos de encubrimiento”, agregó.
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