La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una investigación y llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en dos masacres cometidas en la década de 1990 en Antioquia, la de El Aro (1997) y La Granja (1996), “en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado”.
La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales. (Lea también: Así fueron las masacres de El Aro y La Granja por las que investigarán a Álvaro Uribe)
La Fiscalía ya anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre, y en esos años el político era el gobernador.
Respecto al crimen de Jesús María Valle, se trataba de un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas de más duras de violencia del conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte. Lo asesinaron el 27 de febrero de 1998 por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las dos citadas masacres. Uribe precisó que este líder perdió la vida después de que él dejó la Gobernación de Antioquia.
El exmandatario, que ordenó una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, los cuales siempre ha negado.
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En agosto de 2025 fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por presuntamente sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con ellos, aunque un tribunal de Bogotá revocó la pena y el caso quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía investiga a Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida por "presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada" que "habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".
“Suplicio a pocas horas de elecciones”
A través de redes sociales y el pódcast Los Cuchos, Álvaro Uribe aseguró que “la señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”.
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Añadió que debe “enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, sosteniendo que “es una trama electoral”.
“Esta persecución judicial contra mí ha tenido mentiras evidentes de la Fiscalía que las ha recogido una juez de la República”, aseguró el expresidente, quien recordó que durante su gobernación “me tocaron más de 90 masacres, entonces debería ser condenado por omisión en las 90 masacres, ¡qué infamia esta!”, afirmando que durante el Gobierno de Gustavo Petro “el año pasado tuvo 87 masacres, este año lleva 66”.
A principios de este mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, por crear y financiar el grupo paramilitar Los doce apóstoles.
La Corte ratificó que el hermano del expresidente cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de Los doce apóstoles, un grupo paramilitar que nació en Yarumal (Antioquia), y también de estar implicado en el asesinato en 1994 en esa población de un hombre identificado como Camilo Barrientos.
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POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
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