"Son muchos más de 10.000 casos de ejecuciones": presidenta de MAFAPO sobre 'falsos positivos'

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha actualizado una de las cifras más dolorosas del conflicto armado colombiano. Lo que inicialmente se documentó como 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos", ha ascendido ahora a 7.837 víctimas. Este incremento de 1.435 nuevos casos no es solo un ajuste estadístico, sino el resultado de un exhaustivo proceso de contraste de datos y el clamor persistente de las familias que buscan justicia.

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Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este aumento responde al cruce de bases de datos que no se habían incluido inicialmente, como las de la Procuraduría General de la Nación, y a la recepción de casi 1.000 nuevos informes presentados por las víctimas. Además, la magistratura decidió ampliar el periodo de investigación, abarcando ahora desde el año 1990 hasta el 2016, lo que ha permitido identificar crímenes que antes quedaban fuera del radar judicial.

Para las familias, esta noticia tiene un sabor agridulce. Jacqueline Castillo, presidenta de la asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), señaló en entrevista con Noticias Caracol que la nueva cifra no les sorprende. "Nosotras ya veníamos hablando de más de seis mil crímenes de lesa humanidad; de hecho, los comparecientes ante la JEP han mencionado que la barbaridad podría superar los 10.000 casos". Castillo advirtió que departamentos como el Putumayo aún no han sido plenamente priorizados, lo que sugiere que el conteo seguirá creciendo a medida que avance la verdad.

La investigación de la JEP ha revelado que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática bajo una presunta política de Estado. Según Castillo, aunque el pico más alto ocurrió entre 2002 y 2008 con 6.402 casos, el fenómeno tiene raíces que se remontan a 1983. El incentivo económico y la presión por mostrar "resultados excelentes" frente a la guerrilla, impulsados en parte por recursos del Plan Colombia, habrían fomentado este patrón de conducta criminal en el seno del Ejército Nacional.

Uno de los puntos más polémicos revelados por las víctimas es la existencia de la denominada "prima del silencio". Según el testimonio de un coronel ante la JEP, se trataría de una bonificación económica institucional que reciben los altos mandos y que, en la práctica, funcionaría como un incentivo para no confesar la realidad de las órdenes impartidas. "Por esa razón, los generales nunca van a decir la verdad", lamentó Castillo, refiriéndose a la presunta responsabilidad de figuras como el general Mario Montoya, cuyas audiencias han sufrido múltiples aplazamientos.

Detrás de cada número hay una historia de vida truncada. Castillo compartió el desgarrador caso de su hermano, Jaime, quien desapareció en Bogotá y fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate en Ocaña, Norte de Santander. El horror de Jacqueline se profundizó recientemente al descubrir que el cuerpo que enterró podría no ser el de su hermano, debido al hallazgo de un platino quirúrgico en los restos que Jaime nunca tuvo.

Esta actualización de la JEP representa un paso crucial hacia la reparación de las víctimas, quienes por años fueron tildadas de querer lucrarse del Estado. Hoy, la evidencia institucional les da la razón: sus hijos, hermanos y padres no eran combatientes, sino ciudadanos víctimas de un engranaje de violencia que el país apenas comienza a dimensionar en toda su magnitud. La búsqueda de los verdaderos responsables, incluidos los altos mandos militares y políticos de la época, sigue siendo la deuda pendiente de la justicia transicional en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL