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El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó este viernes la libertad condicional que le había sido concedida en abril pasado por una jueza de Barranquilla a Emilio Tapia, el llamado "zar de la contratación", y ordenó su captura inmediata. El contratista, cerebro detrás del caso de corrupción de Centros Poblados en el Gobierno del expresidente Iván Duque, había llegado a un preacuerdo con la justicia -aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado- en el que, a cambio de colaborar con la investigación por ese entramado de corrupción, obtuvo una rebaja en su pena a seis años y cuatro meses de prisión. La jueza que le concedió ese beneficio hoy está siendo investigada.
Se espera que en las próximas horas se registre su captura y se determine posteriormente el lugar donde deberá continuar cumpliendo su pena por hechos de corrupción. "Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec", se lee en la decisión del juzgado.
Tapia, hasta ese momento, el 11 de abril de este año, estuvo recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, donde permaneció 48 meses y 10 días. En ese entonces, la Procuraduría apeló la decisión de la jueza, "al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida, con base en varias normas" y que "las entidades públicas perjudicadas frente a delitos como los endilgados al contratista, se deben constituir en parte civil dentro del proceso".
El contratista es señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción conocido como Centros Poblados, que involucró al Ministerio de las TIC en el año 2021. Tapia presentó garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados y, de ese modo, se aseguró un anticipo de 70.000 millones de pesos en recursos públicos, de los cuales 5.063 millones fueron usados para adquisiciones personales como obras de arte, vehículos y pago de honorarios legales. El objetivo de esos contratos era, en principio, llevar conectividad a zonas rurales del país, pero el proyecto terminó interrumpido por el escándalo que desató.
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En 2021, Tapia replicó un esquema similar al conformar un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos de Emcali destinados a obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por 3.798 millones y 2.414 millones de pesos colombianos. En el caso de esos contratos, falsificó pólizas que garantizaban el cupo de crédito, en indujo a error a funcionarios de Emcali que aprobaron la contratación.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARADOL DIGITAL