Miguel Quintero Calle fue imputado por los delitos relacionados con el caso de presunta corrupción en los contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los cargos por los que se le señala a Quintero son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El procesado se declaró inocente en el marco de la audiencia de imputación que continuó este martes 15 de septiembre. El ente judicial solicitará medida contra el procesado este miércoles al juez de control de garantías. Dos personas más fueron imputadas por su eventual participación individual.
Quintero y cuatro personas más estarían involucradas en el proceso por el posible direccionamiento de seis contratos se habrían apropiado de recursos públicos por una cuantía superior a los 2.400 millones de pesos, de acuerdo con el ente investigador. Los hechos tienen origen entre 2019 y 2023, cuando se celebraron los acuerdos que tenían el propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En el marco de la investigación por presunto detrimento patrimonial, se conoció que la contratación se hizo de forma directa y sin cumplir los requisitos legales. Además quedaron al descubierto presuntos sobrecostos en los kits para pandemia y pagos que corresponden servicios de transporte y recargas de celulares que fueron prestados.
Miguel Quintero Calle entró al caso porque, sin ser funcionario público, habría intervenido para que nombraran a Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad. Al parecer, la presión habría tenido el propósito de ejercer control sobre la contratación de las dos entidades durante la adminsitración de su hermano Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín.
Según la Fiscalía, Miguel Quintero habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos para beneficiar al gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados.
Los otros imputados fueron Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo, abogada contratista de la AMVA que realizó los estudios previos de los contratos comprometidos, y Sebastián de Dios Ortega Urán, quien es señalado de recibir dinero en efectivo que presuntamente entregó a Quintero. Cada uno fue imputado, según su supuesta participación individual, , por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados
María Paula Rodríguez Rozo
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