El anhelo de mejorar su movilidad se convirtió en el inicio de una tragedia familiar en el departamento de Santander. Daisy Paola Duarte, una ingeniera en salud ocupacional de 36 años y madre de tres hijos, recibió de parte de su esposo un regalo que había esperado con ilusión: un ciclomotor eléctrico. Sin embargo, el entusiasmo por el nuevo vehículo duró apenas 72 horas. Séptimo Día conoció su caso.
Mauricio Duarte, hermano de la víctima, relata con dolor los momentos previos al fatal desenlace: “Tenía como tres días, él le compró la moto a ella. Eso fue un sábado y ellos estuvieron practicándola, andándola”. La familia recuerda que el domingo y el lunes Daisy continuó practicando en su nuevo transporte, sin imaginar que ese último día de marzo su vida se apagaría de forma instantánea.
El accidente ocurrió en la vía que conduce de Barrancabermeja al centro, en las inmediaciones del cementerio de la Resurrección. En un video grabado por uno de sus hijos minutos antes del siniestro, se observa a Daisy conduciendo con aparente normalidad, mientras su esposo y sus hijos la seguían de cerca en un automóvil. Mauricio Duarte describe la escena del impacto según el relato del esposo: “Él venía escoltándola. Él venía con los niños en el carro e iba a la parte de adelante y él dice que iba bien y pum se cayó”.
El último recorrido: "Amor, levántese, vamos"
La fatalidad ocurrió al llegar a una curva pronunciada. Daisy perdió el control del vehículo y su cuerpo impactó violentamente contra el pavimento. Las autoridades de tránsito que atendieron la emergencia confirmaron que el deceso fue inmediato debido a la magnitud del golpe en su rostro.
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El testimonio del esposo de Daisy, recogido por su hermano, describe la angustia del momento en que intentó auxiliarla tras la caída: “Él dice, 'Yo vi que cuando ella se cayó. Yo vi que ella se quedó ahí'. Él la llamaba, ya ella no se movía ni nada. Él también entró en shock, le decía, 'Amor, levántese, vamos, vamos'. No se movía”.
Fiber Jiménez, el agente judicial de tránsito encargado de la inspección técnica del cadáver, planteó una hipótesis sobre el accidente basada en el diseño del vehículo y las condiciones del terreno. Según el agente, la inestabilidad del ciclomotor en zonas no urbanas fue un factor determinante: “El tipo de vehículo en que venía es un vehículo para la ciudad, no para la zona rural en una vía con alto tráfico, bastante flujo vehicular”.
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Jiménez añadió que la víctima pudo haber perdido el equilibrio al intentar regresar a la calzada: “Ella posiblemente en su velocidad pierde el control y cae”.
El debate sobre la seguridad
La muerte de Daisy Duarte ha puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad de estos vehículos, que a menudo son comercializados como alternativas de transporte inofensivas. Para las autoridades de Barrancabermeja, el hecho de que se trate de máquinas pequeñas y de baja potencia genería una falsa sensación de seguridad tanto en compradores como en conductores.
“Es una muerte absurda, digámoslo así, porque es un vehículo pequeño, es algo que usted lo ve inofensivo, que usted no va a superar un límite, una velocidad exuberante. No son estables, son pequeños, son de calle, de ciudad más que todo”, explicó el agente Jiménez. A esto se suma el hecho de que Daisy no contaba con formación previa para conducir este tipo de máquinas: “No tenía licencia”, confirmó su hermano Mauricio.
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A diferencia de las motocicletas convencionales de combustión, que exigen cursos de conducción, exámenes médicos y licencias específicas, los ciclomotores eléctricos de baja potencia están exentos de estos requisitos bajo la normativa vigente en Colombia. Mauricio Duarte reflexiona sobre este vacío con una frase que resume la tragedia: “El sueño de ella era eso, comprar la motico. Ese sueño le costó la vida”.
El vacío legal en este tipo de vehículos
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La investigación sobre el caso de Daisy revela que su vehículo forma parte de una categoría que la Ley 2486 de 2025 ha dejado en un limbo regulatorio. Al no superar ciertos límites de potencia y velocidad, estos ciclomotores no requieren placa, SOAT ni revisión tecnicomecánica. Esta falta de exigencias ha disparado las ventas, pero también la desinformación en los puntos de venta.
'Andrés', jefe de ventas de una marca nacional que prefirió reservar su apellido, denunció ante medios de comunicación prácticas comerciales engañosas que afectan la seguridad vial. Según su testimonio, muchos establecimientos venden ciclomotores, que requieren ciertas normas según su potencia, como si fueran simples bicicletas eléctricas para evitar controles: “Les dicen que pueden andar siempre en las ciclorrutas”.
Esta confusión técnica es vital: una bicicleta eléctrica requiere pedaleo asistido, mientras que un ciclomotor, como el que conducía Daisy, tiene un acelerador independiente. Al ser operados por personas sin pericia ni conocimientos en normas de tránsito, el riesgo de accidentes fatales aumenta exponencialmente. Un usuario de monociclos eléctricos de alta potencia, coincide en la necesidad de regulación: “Básicamente me han dado respuestas como eso es un juguete, pues para mí no lo es”.
Un panorama nacional de víctimas silenciosas
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El caso de Daisy Duarte no es un hecho aislado. Estadísticas de Medicina Legal entregadas recientemente revelan que entre 2020 y 2025 han fallecido al menos 20 personas en accidentes relacionados con vehículos eléctricos livianos en el país. No obstante, las autoridades advierten que las cifras podrían ser mayores debido a la falta de sistematización de estos siniestros en los registros oficiales.
En ciudades como Bogotá, la problemática se manifiesta de otras formas. Mientras en Santander la víctima fue la conductora, en la capital el peligro recae sobre los peatones. Paola Cuervo, madre de un niño de 5 años que sufrió una fractura de fémur tras ser arrollado por una patineta eléctrica en una ciclovía, relató la impotencia de no poder identificar al responsable por la falta de placas: “Como las patinetas esas no tienen placas... De verdad es un irresponsable. Es una persona muy egoísta”.
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El Ministerio de Transporte tiene el reto de reglamentar la ley antes de mediados de julio de 2026. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen mayores controles. Por ahora, los tres hijos de Daisy intentan asimilar la pérdida. Su hijo de 4 años, según relata su tío, le dice cada noche: “Mi mami se convirtió en una estrella”.