Dineros del narcotráfico contaminan comicios regionales en el Perú

El alcalde que ha gobernado dos periodos en este Arizola, un distrito agrícola pobre ubicado en una región productora de cocaína donde los Andes se juntan con la Amazonia, es uno de los cientos de candidatos para los comicios locales y regionales del domingo que supuestamente han recibido financiamiento de narcotraficantes.

Manuel Gambini, de 43 años, ex cocalero, figura entre al menos siete candidatos a presidencias regionales --una cuarta parte de las 24 regiones de Perú-- a los que se investiga por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.

"Nosotros somos ahora un vil espejo de lo que fue Colombia como lo dije y de lo que es México hoy en día", dijo Sonia Medina, la procuradora antidrogas de Perú.

El dinero del narcotráfico amenaza con secuestrar la democracia en esta nación que en 2012 se convirtió en el mayor productor de cocaína en el mundo. La infiltración de dineros calientes en varias campañas peruanas es tan descarada y generalizada, que podría compararse con las condiciones que antecedieron a las matanzas que enrarecieron el ambiente político en México y Colombia.

Perú registra muchísima menos violencia que esos países, pero han aumentado los asesinatos relacionados con el tráfico de narcóticos.

Uno de cada tres electores peruanos vive en alguna región cuyos candidatos son investigados, enjuiciados o recibieron alguna sentencia por algún delito relacionado con las drogas. Medina dijo que su despacho ha identificado a 700 candidatos que se encuentran en tal situación.

En su búsqueda de la gobernación del estado selvático de Ucayali, el alcalde Gambini ha aprovechado los elogios recibidos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) porque promovió el cultivo del cacao en lugar de la hoja de coca.

Sin embargo, Gambini se ha enriquecido junto con parientes y "cercanos vinculados al tráfico ilícito de drogas", según la apertura de una investigación preliminar de ocho páginas emitida el 29 de agosto.

Según la pesquisa, después de que Gambini se convirtiera en alcalde en 2007 "simples agricultores por más de 10 y 20 años han pasado a ser potentados económicamente".

Un allegado de Gambini, que recibió una condena por tráfico de cocaína, se ha postulado a la alcaldía en lugar de Gambini. El hombre fue nombrado tesorero del distrito en 2009.

Según documentos adicionales, Gambini adquirió personalmente 10.000 hectáreas (38 millas cuadradas) de tierra, parte de la cual podría tener cocales, y dos casas por 180.000 dólares. Como alcalde, tiene un sueldo menor al equivalente de 2.000 dólares.

Durante un acto político celebrado la semana pasada y en el que se regaló cerveza fría con hielo, Manuel Gambini refutó las acusaciones en su contra y las describió como mentiras inventadas por sus enemigos políticos.

Dijo que es propietario de 130 hectáreas (media milla cuadrada) y que antes de ser alcalde tenía un aserradero. Afirmó que dejó de cultivar coca en 2003 con el apoyo de la USAID.

Los detractores afirman que los legisladores peruanos han convertido intencionalmente el sistema político en campo fértil para el dinero sucio mediante la inacción o la creación intencional de lagunas jurídicas.

Gambini, por ejemplo, no menciona sus ingresos ni propiedades en la biografía oficial que entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ni en la que está difundida en internet. No es obligatorio.

De los aproximadamente 126.000 candidatos, apenas el 11% hizo públicos esos detalles, según la asociación civil independiente Transparencia, que trabaja en colaboración con el ciberportal de noticias Utero.pe para comparar las biografías oficiales con diversas bases públicas de datos.

Entre ambas descubrieron a 1.395 delincuentes que recibieron condenas, incluidos 13 narcotraficantes.

En Perú, quienes reciban alguna sentencia condenatoria no quedan inhabilitados de aspirar a algún cargo de elección si algún tribunal ordena su rehabilitación política.

Otra laguna corresponde al reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. La pena por no informar de un donativo de campaña es la pérdida del financiamiento público, pero éste no existe.

Una década después de que la USAID propusiera a Gambini y otros campesinos locales cultivar cacao y palma africana en lugar de hoja de coca, el distrito de Irazola se convirtió en el principal productor de cacao. Esta situación acredita bastante al alcalde.

En 2008, la agencia del gobierno estadounidense le pagó los gastos para que participara en una conferencia de alcaldes del continente americano en Miami.

En marzo de 2011, Gambini asistió a una reunión con la entonces embajadora estadounidense Rose Likins y el gobernador de Ucayali en tanto que la USAID renovó un compromiso hacia una región en la que había invertido más de 50 millones de dólares en 15 años.

Un año más tarde, la USAID ensalzó a Gambini como un "socio nuevo y dinámico".

La embajada de Estados Unidos en Perú dijo que ningún financiamiento estadounidense fue directamente para Gambini.

Activistas locales denunciaron judicialmente a Gambini al que acusaron de conceder a allegados contratos de proyecto que nunca fueron concluidos o que fueron ejecutados de manera deficiente.

En un caso, Gambini gastó más de cuatro millones de dólares de recursos públicos para llevar electricidad, agua potable y drenaje a la comunidad de Neshuya, de 400 familias. Después ayudó a preparar la venta de la tierra a un allegado, que intentó vender a la gente las parcelas que éstas tenían bajo de sus casas  a precios inflados, dijo el ex dirigente comunitario Eugenio Longa. Gambini rechaza que tenga alguna responsabilidad en estos hechos.

Longa afirmó que el tráfico de narcóticos no se ha reducido durante el periodo en el que Gambini ha sido alcalde.

En marzo, la policía se incautó 28 kilogramos de cocaína sin refinar en una motocicleta taxi, pero el fiscal local no hizo nada, dijo Longa.

Un grupo de lugareños presentó de inmediato una queja ante el fiscal superior de Pucallpa, la capital regional, donde los fiscales afirman que el asunto continúa en investigación.

Cuando se le preguntó sobre el decomiso de la droga, Gambini dijo que no estaba enterado de nada. "Yo ya no podría responder nada de eso, porque ese ya no es competencia del alcalde", apuntó.

¿No debería estar enterado un alcalde de un decomiso de cocaína en su distrito?

"No, no, cuando hay ese tipo de investigación, de incautación, la policía lo hace en forma discreta y de eso ya no sabe el alcalde", afirmó.

Frank Bajak / El investigador Carlos Neyra contribuyó a este despacho.