
Este lunes 2 de junio la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ordenó la captura de Iván Velásquez, exministro de Defensa, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Ambos son exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La detención fue emitida por el tribunal que tiene a su cargo el escándalo de corrupción de Odebrechty la orden incluye a varios exfuncionarios y abogados de la Cicig. El fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, indicó, por su parte, que ambos los colombianos están implicados en el caso denominado “Acuerdos Fraudulentos” y obedece a supuestas irregularidades en el trabajo de Velásquez y Camargo, quienes ejercieron como comisionados e investigadores de la entidad en las estructuras de corrupción.
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A través de un comunicado divulgado horas después del anuncio, el gobierno de Guatemala expreso su rechazo ante la solicitud de la Sala de Apelaciones local. El Ejecutivo del país suramericano, que preside el mandatario Bernardo Arévalo de León, señaló que la decisión no cuenta "con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional", por lo que manifestó su rechazo "enfáticamente" a la misma.
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"Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)", expuso el Gobierno. Desde el texto se añadió que "ya está en contacto con las autoridades del hermano país de Colombia" para las "aclaraciones diplomáticas correspondan".
¿Por qué Guatemala pide captura del exministro Iván Velásquez y fiscal general Luz Adriana Camargo?
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Pese a las declaraciones del gobierno, la detención, planteada por el Ministerio Público. pidió también la activación de una alerta roja internacional de la Interpol para la captura de los connacionales por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, y obstrucción de justicia y colusión.
De acuerdo con la justicia de dicho país, se determinó que una "estructura criminal, encabezada por el excomisionado de la Cicig Iván Velásquez Gómez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales".
Conforme con la acusación, el exministro de la cartera de Defensa habría permitido la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de la constructora en el 2017. Estas acciones se dieron, presuntamente, mientras fue jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.
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La Fiscalía de Guatemala afirmó que tiene pruebas de los nexos de Velásquez y Camargo con varios implicados en el mediático caso de corrupción. Se debe destacar que, desde el año 2017, el entonces presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión del exministro colombiano y se le declaró como persona 'non grata'.
Esta no es la primera vez que la entidad de acusación actúa contra el actual embajador designado de Colombia en el Vaticano, de hecho, en 2023, el ministerio ya había anunciado que emprendería acciones legales en su contra por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht y la misma advertencia se extendió a Luz Adriana Camargo.

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El exministro colombiano Velásquez denuncia "persecución" de la Fiscalía: así reaccionó
El exministro de Defensa y embajador designado de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, aseguró este lunes que él y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, son víctimas de "persecución" por parte de la Fiscalía de Guatemala.
"Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal (Rafael) Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí", escribió Velásquez en X.
El exministro expresó su "solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio". Velásquez publicó este mensaje poco después de que se conociera que la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco ordenó su captura y la de Camargo.

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Se debe destacar que dicha Sala ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
De igual forma, la cúpula, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023. Zamora Marroquín y Campo son considerados como "presos políticos" por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.
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Desde Estados Unidos, el tribunal además había sido sancionado bajo señalamientos de corrupción y por intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.
¿Qué viene para el exministro Iván Velásquez y fiscal general Luz Adriana Camargo tras la orden de captura?
Por lo pronto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que las órdenes de la corte guatemalteca "carecen de sustento jurídico" y "constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional".
"Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales", denunció la Cancillería a través de un comunicado. El Gobierno colombiano también expresó su "profunda preocupación y enérgico rechazo" a la decisión e insistió que "la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso".

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Ante la situación, el Ministerio informó que se activaron los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente su rechazo: "El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto y derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad".
Se debe tener presente que, como había recordado de la ONU en 2024 a las autoridades de Guatemala, los funcionarios extranjeros que formaron parte de la entidad señalada siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.
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En ese momento, el portavoz Farhan Haq subrayó que, bajo los términos del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala por el que se creó la Cicig, el personal internacional de la comisión anticorrupción tiene “privilegios e inmunidades”. “Su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”, afirmó Haq.
*Con información de EFE
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA
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