El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
Mateo Pérez Rueda nació en Yarumal, Antioquia. Desde pequeño su vida giró en torno a las letras, aunque inicialmente lo hizo a través de la poesía. Su padre, Carlos Pérez, lo recordó en Los Informantes como un joven que transformaba cualquier evento en una oportunidad para escribir: “Él se dio a conocer porque llegaba, por ejemplo, una fiesta familiar, un evento de un cumpleaños, y él sacaba algo escrito y ese era el regalo de él. Sacaba todo lo bueno de la persona y se lo leía”.Sin embargo, esa sensibilidad literaria pronto se transformó en una vocación periodística sagaz y punzante. Mateo Pérez, influenciado por el hábito de su padre de leer la prensa cada mañana, decidió que su camino era informar sobre la realidad de su región, un territorio históricamente asolado por grupos ilegales. Así nació El Confidente, un medio que comenzó de forma impresa gracias al patrocinio de una papelería local y que luego migró al entorno digital.El reportero que no conocía el temorEn entrevista con Los Informantes, su padre aseguró que a Mateo “no le daba miedo de nada. El pealo’ como que nació sin miedo”.Esa falta de temor lo impulsó a realizar denuncias que incomodaban a los poderes locales. Mateo no era un periodista de escritorio, su método era el de la vieja escuela: conseguir pruebas, visitar las fuentes y tener "barro en los zapatos". Investigaba a políticos y documentaba hechos con rigor, apoyado en derechos de petición y visitas constantes a la Fiscalía y la Policía. “Salía a investigar, a buscar informes y a documentarse para poder escribir. Él no escribía sin pruebas”, relató su padre sobre la disciplina del joven, quien además estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín.Para sostener su labor periodística, que realizaba de forma solitaria y sin recursos, Mateo vendía jugos y ensaladas de frutas en el garaje de su casa, además de trabajar como mensajero. En su casa, en donde vivía con sus padres en Yarumal, su cuarto sigue intacto y allí el computador da cuenta del temor que ya sentía por los trabajos que había hecho: mantenía el equipo con la cámara tapada por miedo a ser espiado o "chuzado".Briceño, el último viajeEl lunes 4 de mayo comenzó para él y para su familia lo que terminó en una tragedia. Mateo, de 24 años, decidió viajar a Briceño, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Yarumal, donde se libraba una cruenta disputa territorial entre el Clan del Golfo y diversas facciones de las disidencias de las FARC. A pesar de los riesgos, el joven periodista quería cubrir un consejo de seguridad y buscar entrevistas con cabecillas de los grupos armados.Su padre recuerda la última conversación y la advertencia que le hizo ante la peligrosidad de la zona: “Por qué vas para Briceño, eso como está de peligroso por allá. ¿Es que no ha escuchado las noticias?”. Sin embargo, Mateo, confiado en su rol como comunicador, respondió que el evento estaría resguardado por el Ejército. Al salir de casa, su padre le dio la bendición en silencio: “El último recuerdo que yo tengo él es cuando él salió y me dio la espalda y apenas yo vi que él se fue a ir yo ahí mismo así por detrás (seña de darle la bendición) pero ni siquiera fue de frente, sino por detrás”.Al llegar a Briceño, Mateo se hospedó en un hostal y, al día siguiente, se internó en la vereda Palmichal. Iba desarmado, protegido únicamente por su carné de periodista y su celular. No obstante, en una zona donde los forasteros son vistos con sospecha, su presencia fue malinterpretada. Fue interceptado por hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Chalá.Tortura y un final estremecedorLos detalles de su muerte, relatados por su padre según la información recibida de la región, son desgarradores. Mateo fue acusado de ser informante y sometido a suplicios antes de ser asesinado. “Le pegaron cinco tiros en los pies para que no corriera. Y ahí donde empezaron a como a torturarlo, a pedirle que dijera algo que él no sabía. Le dieron un tiro por acá (en la cara), otro por acá (en el abdomen) y el mortal (en la frente), ese fue el que lo mató”, narra Carlos Pérez con una entereza que estremece.Para la familia, el dolor de la pérdida se mezcla con el alivio amargo de saber que uno de esos tiros terminó con su sufrimiento: “Me imagino cómo sería el dolor que sentía y cómo pensaría, por ejemplo, en nosotros, sobre todo en mí, cuando le decía que no se fuera a ir por allá. Pues a Dios gracias, cuando me dijeron que el tiro que lo había matado, que le había dado en la cabeza, pues siquiera lo mataron de una, no lo dejaron ahí sufriendo y torturándolo. Ese tiro es un alivio”, comentó su padre. El editorial premonitorioUno de los aspectos más impactantes de la historia de Mateo Pérez es un editorial que escribió en 2021 para El Confidente. En ese texto, el joven reflexionaba sobre el asesinato de otros jóvenes en Yarumal, sin saber que sus palabras describirían, años después, la realidad de su propia familia.En aquel escrito, Mateo cuestionaba: "La sangre será limpiada, las honras fúnebres serán pagadas y la vida en el planeta seguirá como si nada. Pero, ¿quién borrará los traumas de los familiares? ¿Cómo le explicas a la madre que su hijo o hija se ha ido para siempre y que tendrá que vivir con ese vacío lo que le resta de vida?".Un llamado a la justiciaTras el asesinato, la familia denunció haber recibido amenazas y advertencias para que dejaran de buscarlo. Aunque John Edison Chalá, señalado como uno de los responsables, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio y tortura, otros implicados siguen libres.Los padres de Mateo atribuyen la tragedia a la falta de control estatal en las regiones: “La institucionalidad del país que permite que estos grupos al margen de la ley hagan lo que les da la gana, porque ellos están teniendo actualmente una libre actuación, un libre albedrío, ellos se mueven por donde quieren”, denuncia su mamá, Gloria Rueda, quien clama por una justicia que no sea laxa: “Esperaría yo que la justicia nos responda y que en realidad paguen por sus crímenes, porque no es solamente el asesinato de mi hijo, son muchas otras cosas... Son muchas familias que están en este momento sufriendo la ausencia de sus seres queridos”.Mateo Pérez Rueda se convirtió en uno de los nueve periodistas asesinados en Colombia desde 2022, dejando un vacío inmenso en Yarumal y un legado de valentía en un oficio que, en las regiones, se ejerce bajo la sombra de las balas.
El 25 de abril de 2024, la comunidad de la parroquia María Auxiliadora de Pereira encendió las alarmas cuando el padre Darío Valencia Uribe, de 59 años, no asistió a un almuerzo programado ni a la misa de ese día. El sacerdote era reconocido por ser una persona extremadamente puntual.Tras su desaparición, una serie de evidencias revelaron una traición por un amigo cercano al religioso. El periodista Diego Guauque, de El Rastro, recorrió los últimos pasos del sacerdote y reveló quién estaba detrás del crimen.Camioneta del religioso fue pieza clave en la investigaciónLa última comunicación del sacerdote fue un mensaje de WhatsApp a las 9 de la mañana dirigido a Julián Eduardo Cifuentes, un hombre de 40 años que se hizo amigo del sacerdote años atrás.Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos abordaron la camioneta del sacerdote, una Nissan color gris. Poco después, el vehículo fue visto en una estación de servicio y posteriormente en un lavadero en Caldas, donde los empleados notaron una actitud sospechosa en el conductor.En el lavadero, los trabajadores reportaron que la camioneta tenía varias manchas de sangre y que la persona que iba conduciendo se notaba nerviosa. Al inspeccionar el vehículo, los investigadores hallaron muestras de sangre abundante, cuatro vainillas de pistola y un impacto de bala en el tablero.Mientras las autoridades procesaban la escena, Julián Cifuentes logró salir del país desde el aeropuerto El Dorado con destino a París, Francia.Señalado huyó a Francia: ¿quedó en libertad?La captura de Cifuentes en París se produjo pocos días después de la desaparición del sacerdote, pero su extradición enfrentó un vacío legal debido a un tratado entre Colombia y Francia, firmado en 1850, pues no contemplaba el delito de desaparición forzada. Además, como aún no había sido encontrado el cuerpo del padre Darío, no era posible sustentar la extradición por homicidio.Ante el riesgo de que el caso quedara impune, el fiscal Andrés González, designado para liderar la investigación, viajó a Francia en septiembre de 2024 con una misión clara: obtener la confesión de Julián Cifuentes, pero también llevaba un as bajo la manga que podría ser clave para hacerlo confesar.Cartas de familiares y una fría confesiónAunque inicialmente Cifuentes se negó a hablar, el fiscal le entregó, en un gesto de solidaridad, unas cartas que sus familiares le habían enviado desde Colombia. El gesto logró conmoverlo y, después de leerlas, decidió confesar el crimen. El Rastro conoció esa confesión.“Tuvimos una reunión el sacerdote y yo. 15 minutos después tengo la sangre fría. Pido disculpas por lo que voy a decir: ‘lo miré a los ojos y le disparé cuatro veces. Estaba en la furgoneta, él era el que conducía”, confesó Julián Cifuentes sobre lo ocurrido ese día.Además, aseguró que le disparó al sacerdote por la espalda mientras este descansaba. Al ser interrogado por el móvil del crimen, inicialmente dijo: “¿Es él o yo?".El hallazgo del cuerpo mediante una señal "milagrosa"Durante cinco meses, la búsqueda del cuerpo en zonas boscosas del Eje Cafetero resultó infructuosa, incluso con el apoyo de Darcy, una canina de la Fiscalía experta en búsqueda de restos humanos. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, un evento inesperado permitió localizar los restos.Mientras un investigador se desplomaba por agotamiento, la perrita Darcy se internó en zona boscosa por más de una hora. Al seguir sus ladridos, los agentes descendieron a un abismo donde la canina estaba sentada frente al cráneo de un ser humano.La identidad del sacerdote fue confirmada mediante su carta dental. Además, los restos fueron hallados con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, una evidencia que permitió corroborar que se trataba de él.Una condena en ColombiaLos investigadores determinaron que el asesinato fue motivado por una deuda económica. La fiscal Deisy Jaramillo explicó que el padre Valencia le había entregado a Cifuentes una camioneta valorada en "120 millones de pesos". El día de los hechos, Cifuentes le había prometido un abono a la deuda, pero su intención era "quitarle la vida al sacerdote para no pagar ese dinero".Julián Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia en noviembre de 2025. Tras ser procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de elemento material probatorio, la justicia colombiana lo condenó a 27 años de prisión, una pena reducida gracias a su colaboración con las autoridades.El Rastro solicitó una entrevista a Julián Cifuentes en la cárcel modelo de Bogotá, pero el confeso asesino se negó a hablar.“Él fue el amigo que luego lo vendió, fue el amigo que luego lo entregó y fue el amigo que en algún momento le quitó la vida”, dijo José Gutiérrez, amigo del sacerdote, al establecer una similitud entre la traición de Judas a Jesús y la de Julián Cifuentes al padre Darío Valencia.
El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció sobre la propuesta que hizo Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, para agilizar los trámites judiciales. El futuro jefe de la cartera consideró que se podría eliminar la audiencia de imputación de cargos. En una entrevista con Caracol Radio expresó que “si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, que hace parte de otros planteamientos que sugeriría para hacer “mucho más efectiva y tranquila” la justicia en Colombia.En Noticias Caracol, Cancino aseguró que presentarán una reforma la justicia “y va a ser consensuada. En su momento haremos el anuncio de cuáles son los puntos que nos interesan”, además de buscar “cerrar la brecha para que todos los colombianos tengan acceso a la justicia desde las casas de justicia hasta las altas cortes en todas las jurisdicciones y ramas del derecho y partes del país” para “mejorar todos los aspectos que se puedan frente al sistema acusatorio”. (Lea también: Megacárceles y futuro de JEP: habla Iván Cancino, ministro de Justicia designado por De la Espriella)La reacción de la fiscal a las propuestas del minjusticiaCamargo señaló “que coincido en varios de los planteamientos que realizó (Cancino), entre ellos este de si podríamos pensar en la eliminación de las audiencias de imputación. Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito del ministro, que es un buen conocedor del sistema penal colombiano, es ver cómo agilizamos el procedimiento, y es un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”.La fiscal hizo estas declaraciones durante una visita que hizo a Barranquilla, recalcando que aún no conoce “al presidente electo Abelardo De La Espriella. Estamos efectivamente generando un espacio de encuentro con él para hacerlo, para que conozca nuestro equipo y contarle los planes que trazamos para los próximos cuatro años al frente de la Fiscalía. Esperamos entregarle una entidad más sólida en lo jurídico, más técnica en lo investigativo, más estratégica en lo procesal”.Al ser preguntada sobre si renunciaría a la Fiscalía General de la Nación, respondió con contundencia “no, es totalmente falso. No tengo intenciones de presentar esta renuncia ni se me ha insinuado, ni se me ha pedido ni tengo ese propósito. Fui elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que inició el 23 de marzo del año 2024 y que concluirá el 23 de marzo del año 2028”. (Lea también: La fiscal general reasignó un caso de terrorismo en Bogotá a un grupo que investiga protesta social)NOTICIAS CARACOL
La fiscal general de la Nación anunció la fecha en que se imputarán cargos contra alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc, por lo hallado en los archivos que dio a conocer la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.La decisión de la directora del ente acusador se origina por los archivos que se encontraron en las USB incautados en medio de una caravana interceptada por las autoridades en junio del año 2024. En ese entonces, el disidente fue dejado en libertad por la designación del gobierno como gestor de paz.En dichos documentos se evidencia la de las disidencias en las principales instituciones del Estado, como en la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia.Tras lo revelado por Noticias Caracol, el propio ente acusador desmontó cualquier intento de calificar la información como falsa. La fiscal Camargo incluso declaró en medios que lo que había en esos archivos “tiene que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura”. (Lea también: Revelan nuevos chats que demostrarían cómo alias Calarcá sigue delinquiendo)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué delitos le imputarán a alias Calarcá?La fiscal general informó que se fijó para el 5 de mayo la fecha en que le imputarán cargos al disidente.Sobre los delitos que deberá responder, Camargo señaló que se contemplan “desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado”.Asimismo, dijo que ya le solicitó al presidente Gustavo Petro que “defina la permanencia de esta persona en esa negociación, junto con la permanencia indiscutible de cuatro integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc en Catatumbo, que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad. Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición, está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo”.Cabe recordar que, a comienzos de marzo, tres miembros de ese grupo ilegal se conectaron a una audiencia desde una zona selvática en la que fueron imputados por más de 150 delitos.Por su parte, la fiscal general ha enviado dos comunicaciones al presidente de la República. En una de ellas hacía énfasis sobre las pruebas encontradas contra alias Calarcá en las que mencionaba una masacre, ataques a la fuerza pública y asesinatos de líderes sociales. (Lea también: Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno)NOTICIAS CARACOL
En su entrevista con el diario El Espectador, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que, tras cuatro meses de investigación, se logró corroborar la veracidad y gravedad del contenido de los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, y a sus hombres en un retén a mediados del 2024, información que fue revelada a finales del año pasado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.(Lea también: Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno).En varios correos que fueron incautados en una caravana a las disidencias, se hace referencia a dos funcionarios: el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía. Los archivos de 'Calarcá' que permanecían guardados en la Fiscalía demostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tiene este grupo armado ilegal en las principales instituciones del Estado, como en la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia. Ahora bien, en la entrevista de El Espectador, la fiscal Camargo asegura que el contenido de los dispositivos incautados es uno de los motivos para solicitar la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá y para abrir una investigación, que avanza en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, en contra del general Huertas y Mejía."Lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana. Fue la queja que sale en el canal Caracol: que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es una investigación que está trabajando la delegada ante la Corte", indicó la funcionaria.Según Camargo, los investigadores de la Fiscalía volvieron a examinar la información de los dispositivos y encontraron que 'Calarcá' y el grupo de disidencias que lidera aprovecharon el proceso de negociación con el Gobierno para cometer graves crímenes: "Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias 'Calarcá' que, de hecho, algunos de ellos, fueron revelados por ese medio de comunicación en ese informe especial (...) Tienen que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición".Uno de los casos particulares a los que se refirió la fiscal en la entrevista con El Espectador fue el asesinato de un líder social ordenado por 'Calarcá'. Este crimen, así como el reclutamiento de menores de edad y otros delitos, hizo parte de la investigación revelada de Noticias Caracol. "Hay un caso en particular que está manejando la Unidad Especial de Investigación que tiene que ver con el homicidio de un líder social. La orden para ejecutarlo aparece ahí en los chats y luego aparece la evidencia de su asesinato y cómo se le reporta a alias Calarcá", aseguró. Cuando estalló el escándalo, el presidente Gustavo Petro, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía atacaron la denuncia periodística y la calificaron como un "montaje". Hoy la fiscal general confirma su veracidad.UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, habló con Ricardo Ospina, director del sistema informativo de Blu Radio, sobre la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc con quien el Gobierno nacional adelanta diálogos.La funcionaria reveló que se contempla volver a emitir una orden contra el criminal tras lo revelado, en noviembre de 2025, por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que evidenciaría nexos del grupo ilegal con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía. (Lea también: Los archivos secretos de alias Calarcá)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Cuándo se emitiría la nueva orden de captura contra alias Calarcá?La fiscal Camargo dijo que, tras ese informe periodístico, “hicimos el rastreo, como tuvimos ocasión de mencionarlo, y encontramos que había unos dispositivos que se habían aprehendido en ese famoso retén donde estaba alias Calarcá y donde estaban integrantes de su grupo armado, que hacían parte algunos de la mesa de negociación y otros que no hacían parte de esa mesa”.“Como yo lo anuncié en ese momento que fue en noviembre, publicada esa información decidimos buscar dónde estaban esos dispositivos y los encontramos aún en la Dijín, no habían sido entregados a la Fiscalía. Ahí se había presentado un tema y era que había habido… digamos no demora, sino que había llevado bastante tiempo extraer la información de esos dispositivos; eran teléfonos, memorias, computadores que se aprehendieron ahí en ese momento y no teníamos toda la información completa. La decisión que se tomó en ese momento, noviembre del año pasado, fue hacer una un reexamen de todos esos dispositivos electrónicos y se volvió a hacer no solo el proceso de extracción, sino también el proceso de análisis”.Lo que reveló esa extracción fue “una serie de conversaciones que dentro de ese informe se mencionan como de alias Calarcá, que corresponden en realidad a dos de sus lugartenientes y no propiamente a Calarcá. Pero en cambio sí encontramos otra serie de información, que haciendo cruces entre conversaciones y haciendo un buen ejercicio de análisis sí podemos ubicar como de alias Calarcá, donde hay evidencia cierta de la comisión de delitos muy graves después de haber sido nombrado vocero en esa mesa de negociación, lo cual desdice del compromiso que tienen que tener los voceros frente a la paz”, indicó.“Encontramos uno que tal vez había mencionado en ese reportaje que tiene que ver con el asesinato de un líder social, y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado. Es una investigación que está en poder actualmente de la Unidad Especial de Investigación”, añadió.Sobre la orden de captura, la fiscal general informó que ha “sostenido al menos dos reuniones con la oficina del consejero comisionado, explicándole la necesidad de que se adopte esa decisión. Igual tendría que extenderse esa misma decisión hacia los integrantes del Frente 33 de las Farc allá del Catatumbo que, como todo el país vio, imputamos por delitos de lesa humanidad, por delitos gravísimos hace poco menos de un mes y que ellos comparecieron desde la selva; tienen suspendidas las órdenes de captura”.“Creemos que hemos informado de estas de estas situaciones al gobierno porque creemos que siendo el gobierno el que convoca a esos voceros, él sería el llamado a solicitar esas suspensiones, visto que no hay una voluntad de paz. Y estamos en un compás de espera, esperando que el comisionado adopte esa decisión, que de no hacerse la adoptará la Fiscalía por su propia cuenta”, que sería “esta semana”, sostuvo.NOTICIAS CARACOL
Varias autoridades colombianas anunciaron la apertura de múltiples investigaciones tras las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado con las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) informó que activó "todas las acciones necesarias" para garantizar "total claridad y transparencia" frente a supuestas comunicaciones que vinculan al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, con jefes de las disidencias. El servicio de inteligencia negó, sin embargo, que existan "órdenes" o "trazabilidad" que relacionen a Mejía con reuniones en Venezuela o contactos con grupos armados ilegales.En tanto, la Procuraduría General abrió otras dos investigaciones: una contra el general retirado Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y otra contra Mejía por sus presuntos vínculos con miembros de las disidencias. El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, por su parte, anunció que realizará investigaciones "de rigor en articulación con las autoridades competentes" y reiteró la política de "cero tolerancias a la ilegalidad".(Le puede interesar: Archivos secretos de ‘Calarcá’: la charla con ‘Mordisco’ y señalamientos a campaña Petro presidente)Fiscalía: “Existencia de información de la mayor gravedad”En la noche de este lunes, la Fiscalía publicó un largo comunicado refiriéndose a las revelaciones de este medio de comunicación. Primero, explicó los hechos registrados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las Farc, en la que transitaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Erlinson Echavarría Escobar; Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez; María Alejandra Ojeda Londoño; Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver; y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu. A ellos les fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos.“Sometido a cadena de custodia el material incautado, este fue debidamente legalizado ante los jueces de la República y dos equipos forenses adscritos a la Dijín de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales se presentó el pasado 26 de junio a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Medellín que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos”, detallaron.(Además: Mindefensa tras denuncia de supuesta infiltración de disidencias: "Ordené adelantar investigación")Sobre estos documentos, el ente investigador informó que se encuentran en verificación teniendo en cuenta la gran cantidad de información hallada. Añadieron que los elementos incautados han servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia. Además, tres de los integrantes de la caravana fueron judicializados así: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el que aceptaron cargos y fueron condenados cumpliendo actualmente pena de prisión. Y Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, por el de homicidio por el cual ya se radicó escrito de acusación y quien también permanece privado de la libertad.También reiteraron que ese día no fueron capturados alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, porque previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra.En uno de los puntos clave del comunicado, la Fiscalía detalló que los archivos incautados a ‘Calarcá’ no le fueron entregados a ninguna dependencia de la entidad. Informó que, luego de las verificaciones realizadas Medellín, se revela “la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas”.El ente detalló que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.En el comunicado señalan que la fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.NOTICIAS CARACOL
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevos detalles sobre los presuntos implicados en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que continúa en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe tras recibir un disparo en la cabeza. (Lea también: Exclusivo: los carros, las motos y los cómplices que rodean el atentado contra Miguel Uribe Turbay)Además del adolescente 15 años señalado de dispararle al político, el jueves 12 de junio fue capturado Carlos Eduardo Mora González, quien se habría presentado voluntariamente ante las autoridades, las cuales ya tenían un paquete de pruebas contundentes en su contra, lo que facilitó su judicialización por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos, cargos que no aceptó.El papel de Mora González en el ataque a Miguel Uribe TurbayDe acuerdo con la información que reveló la fiscal Luz Adriana Camargo, el sujeto fue el encargado de “realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente estaría involucrado en la organización de la logística y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay”.El hombre, además, tendría un expediente abierto en Caquetá desde 2024 por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, y fue capturado y vinculado a un proceso en el año 2011, en un juzgado de Bogotá, por los delitos de tráfico de estupefacientes, del cual se detalló en documentos judiciales una posterior absolución.Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Por ahora, permanecerá en el búnker de la Fiscalía.Otras dos personas se presentaron ante la FiscalíaEl mismo jueves, en el búnker, se presentó el hombre que, según las autoridades, habría prestado un servicio de transporte en moto al sicario hasta el lugar donde arrancó el plan criminal. Se presentó acompañado, aunque no se especificó de quién se trataba.La fiscal Camargo detalló que, en este caso, se “realizó diligencias de interrogatorio a indiciado a otras dos personas que se presentaron”, pero no se les ha vinculado formalmente en la investigación.Este sujeto, según muestran las cámaras de seguridad, fue quien dejó al menor de edad en una esquina del barrio Modelia, en Bogotá, a casi cinco cuadras del lugar a donde llegaría el senador Miguel Uribe para una concentración política.En las imágenes se observa cuando el adolescente se baja de la moto, se quita el casco y se pone una gorra. Posteriormente, el conductor desciende de la moto y ambos conversan brevemente.¿Qué dijo la fiscal respecto a que una comisión internacional investigue el atentado a Miguel Uribe Turbay?“Respecto a la solicitud del presidente de la República para que permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe sino contra todos los líderes políticos y sociales que han sido asesinados en la historia de Colombia, debo precisar que la Fiscalía General de la Nación tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los demás casos de su competencia”, dijo la directora del ente investigador.Recalcó que el atentado ocurrió hace pocos días “y a la fecha se cuenta con importante evidencia derivada de pruebas técnicas e información legalmente recogida que ya está permitiendo la judicialización de los partícipes”.Precisó que “aunque la labor de la Fiscalía se encuentra en el centro de la polarización que enfrenta a varios sectores políticos, que de un lado y de otro la cuestionan, la entidad realiza diariamente su tarea de manera rigurosa y no enfrenta los retos que llevaron a la conformación de una Comisión Internacional de las Naciones Unidas en Guatemala”.“El país debe tener tranquilidad y confianza en el trabajo independiente, objetivo, decidido y constante del equipo especializado de fiscales, investigadores, analistas, peritos y profesionales del Cuerpo Técnico de Investigaciones destacados para realizar las actividades de investigación y acusación que la Constitución Política nos confía”, finalizó.POR SANDRA SORIANO SORIANOPERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
Un cuerpo especial de la Fiscalía y la Policía adelantan a contrarreloj las investigaciones para conocer quiénes son los autores materiales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado el pasado sábado y tras más de 40 horas del ataque su evolución ha sido escasa, según confirmó la Fundación Santa Fe.Mientras cientos de personas se han acercado a las instalaciones de esa clínica para orar por la salud del precandidato a la Presidencia del Centro Democrático, la fiscal Luz Adriana Camargo reveló nuevos detalles de la investigación por el atentado. Uno de los elementos que ha llamado la atención es qué pasó con el celular del menor de edad aprehendido por el hecho.De acuerdo con la Fiscal, se han recolectado más de 1.000 videos que muestran el desplazamiento del joven, de 14 años, desde su vivienda hasta el parque donde atacó a Uribe Turbay con un arma Glock 9 mm. En una parte de esas imágenes se le ve con un celular, afirmó Camargo.No obstante, como mencionó en una rueda de prensa, al momento de la persecución y aprehensión, no se halló ningún celular en su poder. En ese momento, el menor repitió que daría “números”.“En el lugar de los hechos no existía un celular (…). En el momento de la aprehensión al menor no le fue recuperado un celular. Sin embargo, estamos haciendo un rastreo porque en unas imágenes anteriores al atentado a él se le ve un celular”, añadió Camargo.Por eso, una de las prioridades de la Fiscalía es identificar “quién o en poder de quién pudo quedar el celular”. Sobre las existencias de unos supuestos chats, la funcionaria dijo que es información falsa y que no tiene que ver con este hecho. “Se revuelven cosas ciertas con cosas falsas. Eso no le ayuda a la investigación”, añadió sobre esa situación.En otro de los puntos de la rueda de prensa, manifestó que este domingo se realizaron dos allanamientos a viviendas donde viven familiares del menor de edad para indagar sobre posible material de evidencia que ayude a esclarecer el atentado. De hecho, dijo, uno de los elementos que están siendo evaluados por peritos son las redes sociales del joven, con quién se relacionaba o cómo pudo haber sido captado por bandas dedicadas al sicariato.En cuanto al proceso judicial contra el señalado, en la tarde del domingo se puso en disposición de un juez de control de garantías para la legalización de captura, la cual terminó al amanecer de este lunes. "Tenemos la continuación de esa audiencia a las 3 de la tarde", informó y puso en consideración que los adolescentes pueden ser amparados por un principio de oportunidad.El general Carlos Triana, director de la Policía, explicó entre tanto que están en una etapa del proceso donde las autoridades recopilan gran cantidad de información y elementos que pueden confundir la investigación. Por eso se están adelantando entrevistas con testigos del caso, para elaborar un paso a paso de lo ocurrido en el parque del barrio Modelia.Otro de los puntos claves que están indagando expertos es la procedencia del arma Glock 9 milímetros usada por el menor de edad en el ataque. El mismo general Triana explicó que se está revisando cómo ingresó al país y si ha sido utilizada en otros hechos de violencia, lo que podría determinar si tiene relación con alguna banda delincuencial y si esta fue la que captó al joven para cometer el atentado a Uribe Turbay. En la escena también fueron recogidas doce vainillas que están siendo sometidas a estudios balísticos. CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZNOTICIAS CARACOL
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, tiene prohibido entrar a Colombia por orden del presidente Gustavo Petro, después de que la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco emitiera una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado ante el Vaticano, Iván Velásquez."No entra (Porras) a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana, se le prohíbe la entrada a Colombia. Eso lo quiero para mañana (este miércoles)", le pidió el presidente Petro a la canciller Laura Sarabia, en una alocución el pasado martes 3 de junio. La solicitud de detención contra Camargo y Velásquez fue planteada por el Ministerio Público de Guatemala por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales. Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, cuando Velásquez estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que también trabajó Camargo, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht, en 2017.¿Quién es Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala?Porras, de 71 años, es una abogada guatemalteca nacida en el municipio de Chimaltenango, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad San Carlos. Según el medio local Prensa Libre, tiene una larga trayectoria profesional, ya que ha trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, Supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo. Antes de asumir su cargo como fiscal general en 2018, fue candidata para este puesto en dos ocasiones anteriores, en 2009 y en 2014.Sin embargo, pese a su experiencia, ha sido señalada en diversas ocasiones por su presunta participación en hechos de corrupción dentro de su país. En septiembre de 2021, Porras fue incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de Estados Unidos. Meses después, en mayo de 2022, el país norteamericano la designó, por lo que ni ella ni nadie de su familia directa puede entrar a territorio estadounidense. "Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción", escribió el Departamento de Estado de EE. UU. Tras el anuncio del presidente Petro, Porras escribió lo siguiente en su cuenta de X: "A quienes nos acusan desde el extranjero: Guatemala es una nación soberana que no tolerará injerencias ni chantajes. La ley se aplica sin distinción".Los cuestionamientos a la Sala Tercera de Apelaciones de GuatemalaLa Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco ha sido señalada por expertos judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra. También ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.Asimismo, con respecto a la detención contra Camargo y Velásquez, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró este martes que ambos gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Cicig, por lo cual la orden de detención carece de validez."(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión", indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL *Con información de EFE
El presidente de la República, Gustavo Petro, prohibió la entrada a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, luego de que la justicia de esa nación emitió una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado ante el Vaticano, Iván Velásquez. "Usted tiene que expedir el acto administrativo, que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y de sus amigos mafiosos", le dijo Petro a la canciller Laura Sarabia durante un consejo de ministros televisado en la noche.El mandatario agregó: "No entra (Porras) a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana, se le prohíbe la entrada a Colombia. Eso lo quiero para mañana (este miércoles)".La orden de detención contra los dos funcionarios colombianos fue emitida por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que dio luz verde a la solicitud de detención contra Camargo y Velásquez planteada por el Ministerio Público de ese país por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales. Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, cuando Velásquez estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que también trabajó Camargo, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por expertos judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra. También ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró este martes que Velásquez y Camargo gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Cicig, por lo cual la orden de detención carece de validez."(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión", indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.Petro: Fiscalía guatemalteca "obedece al crimen"En 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya anunció que emprendería acciones legales contra Velásquez y Camargo por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht.Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países pues el presidente Petro advirtió entonces que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa. Petro afirmó este martes que la Fiscalía de Guatemala "obedece al crimen" y comparó la situación también con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo.EFEEDITADOR POR WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ, COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Luz Adriana Camargo, fiscal general, se refirió en una rueda de prensa a la orden de captura emitida por Guatemala por supuestas irregularidades cuando era funcionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y mencionó que es dañino infundir rumores y dejar un manto de duda sobre su conducta que “ni es esa época ni ahora pueden ser cuestionadas”. “La inmunidad no significa impunidad. Claro es que yo puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional”, añadió en sus declaraciones.La respuesta de la funcionaria se da luego de que la Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó la detención de los abogados colombianos y exmiembros de Iván Velásquez, exministro de Defensa, y Luz Adriana Camargo, en una decisión que generó el rechazo del propio gobierno guatemalteco.Para Camargo, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país ha generado un contraataque sin precedente contra los servidores de la entidad y contra ella misma, como fiscal general, señalando que la decisión de la justicia de Guatemala “es una más de estas manifestaciones”.Nombró que la misma Onu había alertado sus preocupaciones sobre el liderazgo de la fiscal general de Guatemala por el presunto abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas en casos de corrupción, derechos humanos y justicia de transición. También señaló que desde esa entidad denunciaron que desde ese organismo guatemalteco estaría acallando la voz de quienes cuestionan los poderes establecidos.Respecto a su caso puntual, dijo que la decisión “constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo entre la Onu y el Gobierno de Guatemala relativo a la creación de la Cicig”, de la cual hizo parte entre el 2014 y 2017. Señaló que los acuerdos establecen que los comisionados tienen inmunidad penal, civil y administrativa. Además, incluye inmunidad de arresto, detención personal o acción judicial respecto a actos realizados en el desempeño de la misión.“Se desconoce los parámetros del derecho internacional y derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias”, mencionó.Lo que dijo Camargo sobre OdebrechtLa orden de detención contra la fiscal Camargo se da luego de supuestas irregularidades en las investigaciones contra la multinacional brasileña Odebrecht. Sobre este punto, la funcionaria manifestó que las actuaciones de la Ciceg rastrearon las rutas del dinero entregado como soborno por la construcción a altos funcionarios del Estado guatemalteco.“El rigor y la solidez de esa investigación generaron la reacción de los corruptos involucrados que pretenden desprestigiarla. Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional, que no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición de Ministerio Público de ese país, me cobija a mi la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, manifestó.En cuando a supuestos correos y reuniones, Camargo dijo que fueron la base para los términos de colaboración eficaz a los que se sometieron los altos directivos de Odebrecht y la colaboración para conocer a los receptores de coimas pagadas. Estos acercamientos también sirvieron, añadió, para el compromiso que la multinacional asumió como indemnización, con el Estado de Guatemala, de 16.5 millones de dólares por los actos de corrupción que promovió.La fiscal Camargo insistió que no hay orden de captura internacional, pues no fue expedida, y esa decisión es solo para Guatemala.CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZNOTICIAS CARACOL
Al menos tres campesinos resultaron heridos en un bombardeo ejecutado en la madrugada de este martes contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, informó la Defensoría del Pueblo."Entre las personas heridas se encuentran tres civiles campesinos, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy", señaló la Defensoría en un comunicado, en el que indicó que sus equipos en la zona acompañan a los afectados.El organismo señaló que el bombardeo tuvo lugar en la aldea El Sinaí, en el municipio de San Calixto, que hace parte de la región del Catatumbo, una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Según la Defensoría, los hechos también provocaron desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra, donde las autoridades verifican la situación para constatar posibles afectaciones a la población civil. "Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna", advierte la entidad.El bombardeo es el primero realizado durante el Gobierno del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien en la medianoche del lunes anunció que había terminado una reunión con la cúpula militar en la que había ordenado una operación que, según afirmó, traería "muy buenas noticias para el país". De la Espriella anunció tanto en su discurso de investidura como antes de posesionarse una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales y aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales emprendidas por varios de sus antecesores. “La era del ‘tigre’ será contundente y certera contra el crimen”, anticipó en su primer discurso. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las Fuerzas Militares ejecutaron 25 bombardeos. Para sus primeros 90 días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales. EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes un programa de subsidios de alquiler para las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país. "Desde el día de ayer se activó por parte del Gobierno nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo" para cerca de 1.150 familias que perdieron su vivienda en Manizales, dijo el mandatario durante una visita a esta ciudad, capital del departamento de Caldas.En ese departamento del centro del país fallecieron seis personas por el terremoto y no hay personas atrapadas bajo los escombros, según el mandatario. El Gobierno también ha dispuesto ayudas para las familias damnificadas de Risaralda, otro de los departamentos afectados por el sismo por su cercanía al epicentro y donde las autoridades locales han reportado miles de viviendas afectadas."Vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos", dijo el mandatario tras visitar Pereira, capital de Risaralda, departamento en el que han fallecido al menos 90 personas.Colombia recibirá ayuda internacional para responder a la emergencia por el terremotoEntre tanto, Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país y que deja al menos 240 muertos según el balance de autoridades departamentales."Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", dijo este martes el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.La situación contrasta con la incertidumbre que había rodeado hasta ahora la llegada de asistencia internacional, ya que Naciones Unidas señaló que no había recibido una solicitud oficial de Colombia."El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre", señaló por su parte la Cancillería en su cuenta de X.La Cancillería, por instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales."Los países del mundo se han pronunciado", señaló Restrepo, quien mencionó entre ellos a Suecia, Turquía, Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil y Suiza.Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.Por su parte, Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú anunció un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.El Banco Mundial destinó 200.000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto, así como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -, que anunció una contribución de 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo."Es una demostración de que el mundo hoy (...) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en medio de esta tragedia", afirmó Restrepo.El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda.El Gobierno elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos.De la Espriella ha visitado algunas de las zonas del país más afectadas, como Quibdó, capital del Chocó, y Cali, a donde fue ayer, mientras que este martes se desplazó a Pereira y Manizales para conocer de primera mano la situación y coordinar la respuesta del Gobierno.EFE
Miles de apostadores en toda Colombia consultan el reporte oficial de las urnas para confirmar si su apuesta fue la afortunada en la jornada de este popular juego de azar. El sorteo de Super Astro Luna ofrece importantes premios diarios combinando cuatro cifras con un signo del zodiaco, consolidándose como una de las opciones más jugadas del país.¿Qué número cayó en el Super Astro Luna? El reporte oficial entregado por los operadores autorizados y supervisado por las autoridades de juegos de suerte y azar presenta las cifras de la jornada:Número ganador: 9939Signo zodiacal: EscorpiónPlan de premios: ¿cuánto se puede ganar con el Super Astro Luna? La estructura de premiación de este juego novedoso depende del nivel de coincidencia que logre el comprador y del monto apostado en el formulario oficial. Los valores a entregar se calculan multiplicando el valor apostado por un factor determinado según las reglas vigentes:Acierto de cuatro cifras más el signo zodiacal: Otorga el premio mayor de la jornada, pagando hasta 42.000 veces el valor total apostado en la casilla.Acierto de tres cifras más el signo zodiacal: Genera un pago equivalente a 1.000 veces la suma jugada en el tiquete.Acierto de dos cifras más el signo zodiacal: Devuelve un total de 100 veces el valor depositado en la apuesta.El monto mínimo de apuesta por tiquete es de $500 pesos y el valor máximo por combinación asciende a $10.000 pesos colombianos, permitiendo adaptar la participación según el presupuesto de cada usuario.Procedimiento para reclamar un premio de juego de azar en ColombiaSi la combinación jugada resulta ganadora tras la transmisión en directo, el usuario debe seguir una serie de pasos institucionales y legales para formalizar el cobro del dinero:Conservación del boleto: Presentar el tiquete físico original en perfecto estado de conservación. No se aceptan formularios con tachaduras, enmendaduras o roturas que impidan validar adecuadamente el código de barras impreso.Identificación oficial: Presentar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia ampliada al 150 %.Puntos de atención: En el caso de montos menores (inferiores a 48 Unidades de Valor Tributario - UVT), la reclamación se realiza de manera inmediata en la red de distribuidores autorizados como SuRed o SuperGIROS.Trámite de cuantías mayores: Cuando la suma supera las 182 UVT, el ganador debe acercarse a la sede administrativa del concesionario autorizado para diligenciar los formularios de control de activos (SIPLAFT) y coordinar el desembolso correspondiente por medio de cheque de gerencia o transferencia bancaria.Es sumamente importante recordar que el derecho a cobrar cualquier incentivo económico en juegos de suerte y azar en el territorio nacional caduca legalmente en un plazo de 365 días calendario, contados a partir de la fecha oficial de realización del sorteo.Impuestos y retenciones de ley sobre premiosTodos los premios obtenidos en los juegos de azar en Colombia están regidos por las disposiciones del Estatuto Tributario. Al momento de realizar la liquidación de la suma entregada, la entidad operadora aplica los descuentos legales correspondientes:Retención por ganancia ocasional: Se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto del premio a todos los montos que igualen o superen el tope legal de 48 UVT.Descuento directo: La empresa distribuidora descuenta dicho porcentaje en la fuente antes de girar los fondos al ganador, garantizando el cumplimiento de la norma fiscal nacional.Apuesta legal: la importancia de verificar ante ColjuegosParticipar en modalidades autorizadas garantiza la transparencia en la realización de la tómbola, la seguridad en el desembolso de los recursos y el aporte directo al sistema de salud de los colombianos. La empresa concesionaria de este juego cuenta con la debida autorización de Coljuegos, empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar en Colombia.Adquirir boletos exclusivamente en agencias oficiales, plataformas web autorizadas o redes físicas reconocidas previene fraudes e impide la proliferación de apuestas ilegales que distorsionan el sector y defraudan el patrimonio público destinado al bienestar social.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El subintendente Ronald García de la Policía Nacional estaba patrullando en el barrio Capri de Cali cuando unos vecinos lo alertaron sobre vida bajo los escombros. Sin esperar hacer parte de una heroica labor que dio esperanza, este uniformado de la Policía Nacional colaboró en el rescate de un bebé recién nacido, llamado Salomón.García relata que en el momento del terremoto estaba en plena vía pública. Una vez finalizó el evento sísmico, unos ciudadanos los abordaron para pedirles ayuda después del colapso de una estructura. “Cuando llegamos al lugar encontramos una escena de polvo, ruinas, un olor a gas impresionante”, recordó García con un panorama igual a sus espaldas. El subintendente estaba con su compañero, el intendente Sebastián Daza. Ambos, sin pensarlo, pusieron manos a la obra y subieron a las ruinas del edificio recién destruido. “Bajamos a un hueco que observamos, encontramos llantos, escuchamos llantos, quejidos”, dijo el subintendente, que para él y su compañero fue un signo de seguir excavando con más ahínco.Ambos policías escarbaron con insistencia al escuchar los quejidos del bebé. “Uno que es padre de familia, yo que tengo una hija de cuatro años (...) Uno con la angustia y la desesperación… sin pensarlo”, explicó para revivir lo que sintió en ese momento. Capa por capa, los uniformados lograron escuchar los llantos más fuerte. Pero el bebé estaba bajo una cantidad considerable de escombros. Los vecinos del lugar también fueron clave para excavar. Finalmente, después de tanto esfuerzo, lograron ver la cabeza del recién nacido, que estaba en brazos de su papá Juan David. Lograron sacarlo sano y salvo para dárselo a los rescatistas.El subintendente García dice que se sentía desesperado de no poder sacar los escombros más rápido mientras que seguía escuchando el llanto del bebé. Así duró de 10 a 20 minutos. Cuando finalmente los vieron, el subintendente tuvo al recién nacido en sus brazos y vio su cuerpo con sangre, por lo que lo limpió. El padre del bebé solo pedía que no dejaran morir a su hijo. Los oficiales preguntaron por la mamá del niño, llamada Valentina, a lo que el ciudadano indicó que la mujer seguía entre las ruinas del edificio. “Dios quiera que esté con vida”, agrega el subintendente.Salomón y su padre Juan David fueron encontrados en el edificio Torres de Limonar y los trasladaron hasta la Fundación Valle del Lili. Pero la familia de ellos sigue preocupada porque la mamá del niño, Valentina, y el tío seguirían atrapados en los escombros de la residencia. Según dijo Juliana Velázquez, prima de Valentina, los dos estarían en el primer piso o en la portería del lugar. Esperan que estén con vida: “Ha sido un proceso muy, muy tortuoso, muy demorado. No tenemos una certeza del lugar en el que se encuentran. Todavía no sabemos nada”.De acuerdo con el balance de Asocapitales, Cali (con corte a las 4:00 p. m. del 11 de agosto) tiene a 239 personas atrapadas entre escombros y 180 desaparecidas, lo que la configura como la ciudad con mayor afectación humana entre las capitales de Colombia.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Una carnicería que se desplomó en la ciudad de Pereira por el terremoto de magnitud 7,4 este lunes, 10 de agosto de 2026, se convirtió en un problema de salud pública sin atender para los vecinos del barrio Corocito, que entre malos olores temen que se propaguen enfermedades con el paso de los días.La comunidad se siente agradecida de que a pesar de los estragos del sismo, que derrumbó varias casas, ninguna persona murió ni desapareció. Sin embargo, el caso de la carnicería se ha convertido en un problema porque las autoridades están centradas en atender las zonas donde cree que hay sobrevivientes o víctimas mortales."Ellos han tratado desde el temblor de sacar la carne para evitar contaminación, pero ha sido imposible y difícil porque eran tres pisos que se vinieron abajo. Necesitamos ayuda para quitar los escombros para que ellos puedan botar eso", afirmó a EFE Ana, una vecina del sector.La mujer relató que los bomberos les advirtieron de la necesidad de sacar la carne, pero no les ofrecieron ninguna solución, sino que simplemente les dijeron que si no ocurría nada tendrían que abandonar la zona. "Solo vinieron a ver si había personas fallecidas y ya. Pero nosotros necesitamos ayuda con eso porque ya huele a carne podrida, porque el calor que ha hecho ayer y hoy ha sido insoportable", manifestó Ana.María Angélica Herrera tuvo grandes pérdidas en su casa, que está inhabitable en este momento, pero logró salvar a los tres gatos con los que vive. Para la joven, el problema no sólo está en lo que ocurre en la carnicería sino también en que necesitan ayudas porque les faltan agua, comida y ropa.El terremoto ha causado cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el Gobierno informó que las personas fallecidas son 190 hasta el momento. Pereira, capital del departamento de Risaralda, en la turística región del Eje Cafetero, ha sido una de las ciudades más afectadas con al menos 90 de las víctimas mortales. "Muchas personas, como ven, nos quedamos sin con qué vestir", añadió Herrera, quien reveló además que está durmiendo en la calle por los graves daños de su vivienda.Hallan con vida a dos argentinos reportados como desaparecidosCarlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, se encontraban en las localidades de Dosquebradas y Pereira, respectivamente, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana de este lunes. Desde entonces, sus familiares no habían recibido noticias de ellos hasta que este martes lograron establecer contacto y confirmar que están con vida."Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar", dijo Carla Cáceres, hija de Carlos Cáceres, en declaraciones al canal Todo Noticias. "El lugar en el que está todavía no hay luz, siguen sin electricidad. Lo contactamos gracias a alguien que vio las noticias", añadió la mujer. Por su parte, Carlos Ricchetti, que reside en Pereira, logró contactarse con su hermana, Roxana, en la tarde de ese martes."El lunes, cuando quise comunicarme, ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien", contó Roxana al canal Todo Noticias. "Hablé con la cuñada de mi hermano y hablé con él. No me contó muchos detalles, me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación", añadió.EFEÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL