
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó este miércoles la liberación de los dos topógrafos colombianos que habían sido retenidos desde el 12 de agosto por la Marina de Guerra del Perú en la isla Santa Rosa, una zona fronteriza en el río Amazonas. Los ingenieros, que se encontraban adelantando labores de medición y reconocimiento de terreno, serán trasladados a territorio colombiano tras gestiones oficiales y permanecen bajo acompañamiento de las autoridades nacionales.
“Sabemos que ya hoy han sido liberados, ellos están desde el 12 de agosto, según las autoridades peruanas estaban siendo intervenidos, para nosotros en una detención, y hoy han sido liberados aproximadamente a las cinco, cinco y media de la tarde”, señaló en una declaración a medios de comunicación. De acuerdo con Rojas, los topógrafos permanecen aún en territorio peruano y se espera su pronto regreso a Colombia. “Ellos están en Caballococha en este momento, y calculamos que hacia las 4 de la mañana se ven tomando una lancha hacia la ciudad de Leticia”, afirmó.
Se debe destacar que la detención de los dos colombianos en la isla Santa Rosa de Perú generó una crisis diplomática entre Bogotá y Lima en los últimos días. Los trabajadores, que se encontraban realizando estudios técnicos para la ampliación de un muelle en Leticia, habían sido acusados por autoridades peruanas de presunta violación de soberanía en zona fronteriza.
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La jefe de Cartera precisó que, pese a la liberación, los equipos técnicos utilizados para los estudios siguen en poder de las autoridades peruanas. Indicó que eran dos equipos de GPS utilizados en "estudios de batimetrías que se hacen en los cuerpos de agua, porque estaban trabajando en la ampliación del muelle Victoria Regia de la ciudad de Leticia". "Esos equipos siguen retenidos, y ya será un tema del contratista, la empresa contratista, que pueda realizar las labores para su recuperación. Pero lo importante es que están ya libres, y pues estarán llegando nuevamente a nuestro país”, manifestó al respecto.
En medio de la tensión, familiares de los detenidos también se pronunciaron sobre el caso. Gilberto Amia, padre de John Willington Amia, explicó en diálogo con W Radio que su hijo no tenía relación con los hechos políticos ocurridos en la frontera amazónica. “Ellos no tienen nada que ver con el problema que hay con la frontera, lo tenían retenido porque decían que eran ayudantes de Daniel Quintero, que fue izar la bandera de Colombia en Santa Rosa, eso es falso, él no tiene nada que ver con eso”, aseguró.
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El padre subrayó que las labores que realizaban correspondían únicamente a trabajos técnicos. “Como aquí todos andan en botes, ellos estaban haciendo la medida del muelle hasta Santa Rosa, para ver qué tanto podían aumentar el muelle"
Agregó que sus actividades habían sido malinterpretadas por algunos vecinos de la zona. “Ellos andaban los dos y haciendo las medidas de aquí, del muelle hacia Santa Rosa para ver cuánto tienen, qué tanto pueden aumentar el muelle. Ese era el trabajo de él. Ahí, pues, lo miraron la gente. Los vecinos de allá miraron qué es lo que estaban haciendo, después denunciaron a la policía y por eso es que lo cogieron. Pero ellos no estaban haciendo nada mal, sino trabajando. Porque mucha gente dice que ellos estuvieron allá en Santa Rosa, no sé, haciendo qué. No, ellos estaban trabajando, sino que la gente... Los denunciaron que ellos estaban haciendo una medida en el río”.
Defensoría del Pueblo pidió garantías para los detenidos
El 19 de agosto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la detención de los dos colombianos en la isla de Santa Rosa. “Expresamos nuestra preocupación por la situación que enfrentan los dos ciudadanos colombianos, identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López, quienes fueron detenidos por autoridades peruanas en la Isla Santa Rosa bajo señalamientos relacionados con la presunta violación de la soberanía extranjera”, señaló el organismo en el Comunicado 33.
Según la información recopilada, los connacionales “se encontraban realizando labores técnicas en el área fronteriza cuando fueron privados de la libertad y trasladados ante la Fiscalía Provincial Penal del Perú para el inicio de investigaciones judiciales”.
La Defensoría pidió la intervención urgente de la Cancillería y de las instancias consulares: “Solicitamos (…) que se adelanten las gestiones necesarias de asistencia y acompañamiento a estos ciudadanos, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos, el acceso a la debida defensa y condiciones dignas durante su permanencia en el exterior, así como su retorno a Colombia”.
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Finalmente, hizo un llamado a la prudencia: “Hacemos un llamado a la prudencia y responsabilidad de las autoridades y de las personas con visibilidad pública al referirse a temas sensibles en zonas de frontera. Estas situaciones deben canalizarse a través de los mecanismos diplomáticos y de los tratados internacionales vigentes”.
La detención ocurrió el 12 de agosto, cuando las autoridades peruanas arrestaron a los dos topógrafos en el distrito de Santa Rosa de Loreto. El 14 de agosto, la Cancillería colombiana calificó la decisión judicial peruana de mantenerlos bajo arresto como “irregular” y exigió su liberación inmediata.
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“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Gustavo Petro también se pronunció en duros términos contra la detención. “La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro”, afirmó el mandatario el 13 de agosto en su cuenta de X.
Las declaraciones presidenciales respondieron a la decisión de un juez peruano de ordenar la detención preliminar por siete días de los colombianos, bajo investigación por el presunto delito de “atentado contra la soberanía nacional”. Según la fiscalía peruana, los trabajadores habrían utilizado equipos de georreferenciación satelital sin autorización en territorio de ese país.
LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.