El caso de una presunta agresión sexual masiva en una fraternidad de la prestigiosa universidad de la Ivy League sacude a Estados Unidos. Tras la presentación de una demanda civil de más de 100 páginas y una ola de indignación pública, los fiscales del estado de Nueva York han decidido reabrir la investigación penal para llevarla ante un gran jurado y analizar una vez más este ataque que generó debate e indignación.
¿Qué se sabe sobre el caso?
Los hechos denunciados se remontan a la noche del 19 de octubre de 2024 en la sede de la fraternidad estudiantil Chi Phi, ubicada en el campus de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. La víctima fue una estudiante que en ese momento tenía 20 años y cuya identidad se mantiene protegida bajo el seudónimo de 'Jane Doe', quien sostiene que fue agredida sexualmente por un grupo de siete estudiantes, miembros de dicha fraternidad.
De acuerdo con la demanda civil presentada a mediados de septiembre de 2026, la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue presionada por un amigo y otro sujeto para consumir ketamina. La querella señala que la estudiante quedó completamente incapacitada para otorgar su consentimiento, rechazó los avances iniciales y perdió el conocimiento mientras los abusos se prolongaron durante horas.
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Lo más perturbador del caso y que genera indignación internacional es la revelación de una captura de pantalla de un chat grupal en Snapchat en la demanda civil de 101 páginas. En dicha conversación, un participante invitaba a otros integrantes de la fraternidad a unirse al abuso sexual utilizando expresiones extremadamente vulgares como "free pussy"; se dice que en el chat habían más de 40 integrantes, de los cuales ninguno reaccionó dando aviso a las autoridades. La agresión fue denunciada formalmente ante la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024.
Desafortunadamente, en noviembre de 2024 el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, determinó no presentar cargos penales contra los sospechosos. En aquel momento, la fiscalía consideró que la declaración inicial dada por Jane Doe a las autoridades del campus no alcanzaba el umbral legal necesario para probar la falta de consentimiento o el uso forzado de drogas. Según Van Houten, en el testimonio de 2024 la joven describió el consumo de sustancias y las relaciones como un acto consciente y voluntario.
Pero la actuación del Ministerio Público dio un giro significativo el 28 de septiembre de 2026, cuando el fiscal Van Houten anunció oficialmente la reapertura de la investigación penal con la intención de someter el caso ante un gran jurado para determinar la presentación de cargos. El fiscal aclaró que la credibilidad de la víctima nunca estuvo en duda y calificó la conducta de los hombres como "asquerosa y moralmente reprensible", pero enfatizó que cualquier imputación formal debe basarse en evidencias sólidas. Asimismo, reconoció que las víctimas de agresiones sexuales suelen requerir un prolongado proceso terapéutico para procesar y comprender plenamente el trauma experimentado.
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Por su parte, la defensa legal de la víctima, encabezada por el abogado Thomas Giuffra, rechazó firmemente la postura de la fiscalía sobre las supuestas contradicciones en el relato original y explicó que en los días posteriores al ataque, la estudiante se encontraba profundamente traumatizada, en shock y en estado de supervivencia, incapaz de procesar la magnitud de lo sucedido. El abogado defensor cuestionó severamente la labor policial inicial, señalando que la joven nunca fue entrevistada nuevamente por los investigadores tras su reporte preliminar.
¿Qué pasó con los estudiantes involucrados y qué dice la Universidad?
En el ámbito institucional, la Universidad de Cornell sostiene que actuó de manera contundente desde el momento en que se conoció la denuncia en noviembre de 2024. La universidad suspendió y vetó el capítulo local de la fraternidad Chi Phi del campus e inició investigaciones internas y bajo el Título IX (normativa federal contra la discriminación e inequidad de género). Respecto a las sanciones aplicadas a los siete acusados, la universidad informó que un panel compuesto por profesores y personal capacitado dictó medidas disciplinarias que incluyeron suspensiones y expulsiones definitivas de la institución.
Por el lado de los imputados, el abogado Jeremy Saland, representante de uno de los hombres nombrados en la demanda, negó enfáticamente la participación de su cliente en cualquier agresión física, contacto sexual o consumo de ketamina. Aunque reconoció que el estudiante realizó un comentario "inmaduro" en la plataforma Snapchat, sostuvo que no cometió ningún delito.
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*con información de EFE y AFP
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co