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La historia de José Benjamín Sánchez y María Felisa Mosquera, ambos de 82 años, representa uno de los matices más crueles del desamparo en la vejez: el abuso económico por parte de parientes cercanos. Tras compartir casi medio siglo de vida, esta pareja regresó a Colombia buscando tranquilidad, pero terminó enfrentando la indigencia. Séptimo Día los conoció.Su unión comenzó en 1980, cuando se conocieron y decidieron, según palabras de María Felisa, unirse "para siempre". Durante décadas, la pareja se estableció en Venezuela, donde construyeron un patrimonio fruto de su trabajo. Él se desempeñó como conductor y ella como costurera, logrando adquirir una vivienda y vehículos. Sin embargo, en 2019, la combinación de una crisis económica profunda y el deterioro en la salud de ambos, ella sufrió una trombosis que le quitó la vista y él enfrentó dos infartos, los obligó a venderlo todo para buscar refugio en Bogotá.El robo de su sobrina que los dejó en la calleAl llegar al barrio Venecia, en el sur de Bogotá, José Benjamín portaba el capital de toda su vida, una suma cercana a los 90.000 dólares. Con la intención de no estar solos y contar con apoyo familiar, invitaron a una sobrina de María Felisa a vivir con ellos. Lo que esperaban que fuera un acto de acompañamiento se transformó en el inicio de una pesadilla.José Benjamín relata con amargura el momento del robo: "Alquilé un apartamento ahí, pues había un familiar de ella por allá y nos lo trajimos para que nos acompañara, pero resulta que la señora nos robó, se llevó la platica, quedamos pues prácticamente sin nada"Esta traición no solo les arrebató su seguridad financiera, sino que los dejó en una situación de vulnerabilidad extrema. Según sus propias palabras, la decisión de confiar en su pariente fue "una perdición más grande" que los dejó "con una mano adelante y otra atrás".El dolor del desamparo durante su vejezA diferencia de otros casos de abandono donde existen hijos que se desentienden de sus padres, José Benjamín y María Felisa enfrentan la soledad de no haber tenido hijos. Esta ausencia de una red de apoyo hizo que, tras el robo, no hubiera nadie que pudiera responder por sus necesidades básicas.Al ser consultado sobre si existían otros familiares que pudieran auxiliarlos, José Benjamín explicó la distancia y la imposibilidad de sus otros parientes: "Somos muy, muy distantes, ya los hermanos míos pues son más viejos que yo, entonces ya ellos viven de los hijos, de los nietos. Yo pienso que ellos pues a la hora de la verdad ellos no tienen con uno"Ante esta difícil situación, el Estado colombiano debió intervenir para evitar que la pareja terminara viviendo en las calles, una realidad que afecta a miles de adultos mayores en el país.El dolor de la separación institucionalLa entrada al sistema de protección trajo consigo un nuevo desafío emocional. Inicialmente, al no existir protocolos que permitieran el ingreso conjunto inmediato, la pareja fue separada por primera vez en 46 años. María Felisa recuerda el impacto psicológico de ese momento: "No, yo me puse a llorar porque, ¿cómo es posible que me van a llevar a mí sola por allá y me separaron de Benjamín?".Durante dos meses, los adultos mayores vivieron en centros distintos, enfrentando la incertidumbre y la tristeza de la soledad. No fue sino hasta su traslado a la Comunidad de Cuidado Bello Horizonte, gestionada por la Secretaría de Integración Social en Bogotá, que lograron reencontrarse. José Benjamín describe el alivio de volver a estar juntos: "Pues sentimos alegría porque duramos dos meses distanciados, entonces que nunca nos había tocado y llegamos a este lugar y estamos junticos, pues estamos felices".Abandono y justicia: el marco legal en ColombiaEl caso de esta pareja hace parte de una problemática nacional creciente. Según datos oficiales, en el año 2024 se registraron más de 1.000 denuncias que involucraban a 2.000 ancianos abandonados en el país. En Bogotá, el costo de atender a un adulto mayor en estas comunidades de cuidado asciende a los $7 millones mensuales por persona, recursos que provienen del erario público cuando las familias no responden.La legislación colombiana, a través de la Ley 1850 de 2017, tipifica el abandono como un delito que puede acarrear penas de 4 a 8 años de prisión y multas económicas de hasta cinco salarios mínimos. Esta ley no solo castiga el desamparo físico, sino que también busca proteger a los adultos mayores de la violencia económica y el maltrato intrafamiliar. Expertos señalan que "es un delito dejar a una persona mayor pariente en una situación de abandono", una advertencia que cobra relevancia ante el envejecimiento acelerado de la población.Actualmente, José Benjamín y María Felisa residen en Bello Horizonte, donde reciben alimentación y atención interdisciplinaria costeada por el Estado. Aunque han recuperado la estabilidad, su historia permanece como un testimonio del riesgo que enfrentan los adultos mayores ante la falta de redes de apoyo sólidas y la fragilidad de los vínculos familiares frente al interés económico.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.

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