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Según testimonios recogidos por la JEP, Mario Montoya ordenaba recurrente a sus hombres el reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre.
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Esta determinación fue tomada por la sala de reconocimiento de verdad de la JEP. Él deberá responder por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia mientras era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
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Ante la JEP, uno de los exintegrantes de las FARC se refirió a lo ocurrido con el subintendente Luis Peña. Dijo que "la decisión no fue liberarlo" y que la "salud mental" del uniformado "fue empeorando". ¿Qué otras revelaciones hicieron?
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Así las cosas, la JEP dejó sin efecto los beneficios que Alexánder Farfán, alias Gafas, había adquirido tras la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Su proceso se enviará a la justicia ordinaria.
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Según el escrito de acusación: el coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía "ideó, diseñó y ejecutó... un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate".
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Por medio de una carta, Simón Trinidad manifestó su “interés para ser oído por la Jurisdicción Especial para la Paz” y le pidió al canciller Álvaro Leyva su mediación ante el gobierno de Estados Unidos, país donde está encarcelado, para poder acceder a dicho tribunal.
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La oficina del alto comisionado de la Paz anunció que activará todos los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar la extradición hacia Colombia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, designado como gestor de paz.
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El sometimiento de los sargentos (r) Bernardo Garzón y Gustavo Arévalo y el mayor (r) Óscar Vázquez fue rechazado por la JEP porque no aportaron información extraordinaria sobre la toma del Palacio de Justicia.
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El nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz ha generado opiniones divididas en el panorama nacional. En Sala de Prensa, expertos políticos analizan la decisión y el alcance de la misma.
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La JEP citaría dentro del caso de falsos positivos, en calidad de testigos, a agentes de Estado que hicieron parte del gobierno entre los años 2005 y 2008. Allí estarían incluidos el expresidente Álvaro Uribe y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
