José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y quien fue uno de los primeros condenados en el caso Odebrecht, recuperó su libertad.>>> Le puede interesar: Reforma al Sistema General de Participaciones: Senado limita transferencias a entes territorialesMelo fue acusado de haber autorizado los sobornos de Odebrecht para quedarse con la concesión de la construcción de la Ruta del Sol 2.El hombre fue capturado en el año 2017 y salió el pasado 26 de octubre de la cárcel La Picota, tras haber pagado gran parte de su respectiva condena de 11 años y 7 meses de prisión, según confirmó el INPEC, por orden del Juzgado 11 Penal del Circuito.La salida de Melo, una de las primeras figuras capturadas y sentenciadas por este escándalo de corrupción, aún no ha sido completamente explicada por las autoridades judiciales.Melo insiste en que es inocenteDurante todo el proceso, Melo había insistido en su inocencia, pues se le había señalado de haber participado en la entrega de los sobornos para que Odebrecht se quedara con esta concesión.En 2019, un juez de primera instancia encontró culpable a Melo por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2020. Fiscalía argumenta que sí está implicado en estos delitosDe acuerdo con el expediente, el exdirectivo autorizó un soborno de 6,5 millones de dólares entregado por Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, responsable del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en 2009, quien facilitó la adjudicación del contrato para construir el corredor vial Ruta del Sol II, un proyecto valorado en más de dos billones de pesos.La estrategia de defensa de Melo, no obstante, incluyó un recurso de casación ante la Corte Suprema en 2022, argumentando que desconocía los detalles específicos de los sobornos y que su interacción con Luiz Bueno, exrepresentante de Odebrecht en Colombia, no implicaba necesariamente su participación en actos de cohecho.La Fiscalía sostiene que Melo sí jugó un papel activo en la concertación delictiva, señalando que la coautoría no requiere la presencia en todas las reuniones ni el conocimiento de todos los involucrados, sino simplemente una colaboración efectiva en el propósito de obtener el contrato.Ahora lo que queda es observar el buen comportamiento de José Elías Melo ya en libertad, tras orden emitida por un juez de la República.>>> Puede leer: Petro respalda reforma a sistema de participaciones y minhacienda dice que es inviable
La justicia peruana condenó este lunes, 21 de octubre de 2024, a 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo, tras hallarlo culpable de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno (2001-2006).>>> Le puede interesar: Pepe Mujica reaparece con emotivo discurso: “Estoy peleando con la muerte”"Este colegiado asume el pedido hecho por la fiscalía de 20 años y 6 meses de prisión para el señor Alejandro Toledo Manrique", anunció la Corte Superior en una audiencia en la que estuvo presente el exmandatario de 78 años.La sentencia se leyó en una audiencia en el tribunal adyacente a la pequeña prisión para exmandatarios al este de Lima, donde Toledo está recluído 18 meses de forma preventiva desde que llegó extraditado de Estados Unidos en abril de 2023.El expresidente es sentenciado por corrupción La sentencia se basó en los cargos de colusión y lavado de activos. La Fiscalía presentó pruebas que indicaban que Toledo había recibido más de 30 millones de dólares de Odebrecht a cambio de facilitar la concesión del Proyecto Vial Interoceánica Sur, una ambiciosa carretera que conecta Perú y Brasil.Durante la audiencia final, el expresidente de 78 años se declaró inocente, insistiendo en que nunca había hecho acuerdos con Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú, ni había recibido sobornos. Además, apeló a la jueza por su delicado estado de salud, alegando problemas cardíacos y cáncer. “Quiero curarme o morir en mi casa”, imploró Toledo antes de escuchar el veredicto.El caso de Alejandro Toledo se remonta a 2016, cuando la constructora Odebrecht admitió públicamente haber pagado sobornos a políticos de toda América Latina para obtener lucrativos contratos de infraestructura. Toledo, quien fue extraditado desde Estados Unidos en 2023, es el primero de los cuatro expresidentes peruanos implicados en este escándalo en recibir una sentencia.Otros expresidentes como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y el fallecido Alan García también fueron investigados por recibir pagos irregulares de Odebrecht. Este último se suicidó en 2019 cuando las autoridades se disponían a arrestarlo.Las declaraciones de testigos clave como Josef Maiman, antiguo colaborador de Toledo, y Jorge Barata, fueron determinantes para el caso. Maiman confesó que Toledo utilizó cuentas suyas para recibir el dinero, mientras que Barata confirmó el pago de los sobornos a cambio de contratos.¿Qué fue el caso Odebrecht?El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. La empresa brasileña Odebrecht, una de las constructoras más grandes de la región, confesó haber pagado sobornos multimillonarios a funcionarios de varios países, desde Brasil hasta Perú, con el objetivo de asegurar contratos de obras públicas.Este esquema de corrupción se descubrió en el marco de la investigación Lava Jato, un caso judicial que desveló cómo Odebrecht y otras compañías usaron su influencia para manipular gobiernos y beneficiarse de grandes proyectos de infraestructura.Las investigaciones revelaron que la empresa utilizó un departamento especial para gestionar y ocultar estos pagos, afectando a decenas de políticos y empresarios en toda la región. En Perú, este escándalo ha involucrado a cuatro expresidentes, así como a varios altos funcionarios y empresarios.>>> Puede leer: Capturan en Venezuela a Pedro Tellechea, exministro de Industria y expresidente de PDVSA
Un juez de Funza determinó que la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol y testigo clave del caso Odebrecht, y su hijo Alejandro, no puede precluir.Caso Jorge Enrique Pizano: las pruebas de la defensa para argumentar que se trató de un asesinatoEl togado le ordenó a la Fiscalía General de la Nación que continúe con la investigación para establecer si la muerte de Jorge Enrique Pizano se trató de un asesinato.Ha dicho este juez que la conclusión de que Jorge Enrique Pizano falleció por causas naturales fue "apresurada", que los galenos que tuvieron a cargo la necropsia del testigo no abordaron otras tesis de muerte diferentes a esta razón.Además, el juez fue tajante en señalar que la necropsia no despejó las sospechas que se presentaron en el caso, el análisis toxicológico se hizo con muestras no adecuadas, el informe médico-legal no tuvo en cuenta todas las evidencias, que la botella incautada con el cianuro tenía muestras de ADN y existe posibilidad de que este frasco haya sido dejado por otra persona diferente a Jorge Enrique Pizano en la finca en donde fallecieron padre e hijo.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la Nación
La defensa de la familia de Jorge Enrique Pizano, quien fuera testigo clave en el escándalo de Odebrecht, asegura que Pizano fue envenenado con cianuro y no murió por un infarto. Sus representantes presentaron las pruebas ante un juez.Jorge Enrique Pizano: Fiscalía insiste en que muerte de testigo clave del caso Odebrecht fue natural“Este viernes, 24 de noviembre de 2023, no se puede descartar que la causa o lo que generó el infarto del miocardio como elemento objetivo fue la ingesta de cianuro”, expresó Miguel Ángel del Río, abogado de la familia Pizano.Para la familia Pizano, el cianuro fue la causa de la muerte de Jorge Enrique, el excontroller de la Ruta del Sol y quien descubrió irregularidades en contratos relacionados con la multinacional Odebrecht. Para tratar de sustentar su teoría, el abogado de la familia habló de errores en la necropsia que habrían impedido identificar el veneno.“El formol elimina el rastro de toxinas, por ejemplo, las de cianuro, e impide que cuando se hace un análisis del tejido se puedan identificar rastros de cianuro, pero eso no significa que en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano no hubiese cianuro”, acotó la defensa.También presentó como prueba el pedido de seguridad que hizo Jorge Enrique Pizano, como una demostración de las amenazas contra él y argumentó que no todo el círculo de trabajadores de la víctima era de confianza como lo aseguró la Fiscalía.A juicio, Cecilia Elvira Álvarez por presuntas irregularidades en contrato de Ruta del Sol II“Tres personas medianamente desconocidas estaban trabajando desde solo cuatro meses antes. Jorge Enrique solo se pasa presencialmente a la finca en la primera semana de octubre, es decir, Jorge Enrique no tenía mucha comunión con el señor Juan Acosta, con la señora Dignora y con la señora Leidy Viviana”, acotó Miguel Ángel del Río. Entre los testimonios presentados estuvo el de Juanita Pizano, hija del excontroller, quien contó presuntas irregularidades en la toma de las muestras de ADN, el hallazgo del cianuro en el baño de la casa y la facilidad que se tenía para ingresar al predio.Será el 8 de marzo del 2024 cuando se defina si el caso se cierra o si continúa la investigación.
Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas.Un narcotraficante condenado dijo que Profesionales de Bolsa, la sociedad que había canalizado coimas a través de contratos falsos, le había ayudado a lavar dinero.El capítulo colombiano del escándalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileña de ingeniería pagó alrededor de US$56 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos sólo en este país sudamericano para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros.En el último año, la Fiscalía ha imputado a un centenar de personas. El pasado agosto, el Grupo Aval y su fiduciaria Corporación Financiera Colombiana SA llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un “importante ardid de sobornos” en el caso de la Ruta del Sol II. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de información sobre los ilícitos posiblemente cometidos así como el pago de US$ 80 millones.A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aún no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer íntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigación transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OCCRP encontró un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotráfico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodístico revela vínculos de lobistas con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda además operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora.De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escándalo Lava Jato, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que al menos en este país, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compañía brasileña pasaron por el corazón del crimen organizado.El trabajo colaborativo hace parte del proyecto #Narco Files: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quiénes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación del mundo, quienes examinaron durante meses el material junto a cientos de otros documentos judiciales, estatales y privados; numerosas bases de datos privadas y públicas; y realizaron entrevistas múltiples con protagonistas, fuentes confidenciales, expertos e investigadores, entre otros.Un sobornador que cuidaba su reputaciónEl sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht movió el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros países, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, éstos le ayudaban a “bajarlo” a los países y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dónde llegó la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. Quería ganar contratos rápidamente, pero a la vez mantener su reputación de ser una eficaz firma internacional de ingeniería sin tacha.Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil, según relató a este equipo periodístico una autoridad brasileña que estuvo muy cerca de la investigación.En Colombia, según dijeron ante las autoridades los confesos lobistas, los ejecutivos de Odebrecht solían imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la Fiscalía que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedía proponer “empresas serias, o empresas con trayectoria” porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a través de ellas. [Declaración jurada de Federico Gaviria Velásquez ante la Fiscalía General, el 27 de octubre de 2017]Dibujo Federico GaviriaIlustración: Miguel MéndezMientras esto exigían, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. José Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que había conseguido pasar por ganadero legítimo por dos décadas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y confesó que había mantenido relaciones comerciales con ambos. [Preacuerdo de José Byron Piedrahita Ceballos con la Fiscalía General el 5 de agosto de 2019]Dibujo Otto BulaIlustración: Miguel MéndezEn 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a través de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venía trabajando con la multinacional desde años atrás y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezó la investigación de los sobornos que la multinacional había pagado en el país. Gaviria probó ser un asesor y lobista efectivo por sus contactos empresariales y políticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercía esa labor, Gaviria también pagó sobornos para quedarse con un contrato por 67.000 millones de pesos con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según él mismo admitió ante la justicia.Clic a PDF de conexiones¿Por qué la multinacional, que quería preservar su imagen, eligió trabajar con estos personajes?Este equipo periodístico envió preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptó Odebrecht) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondió que “no comenta sobre el contenido de la información proporcionada de forma confidencial en el ámbito de los procedimientos realizados por las autoridades públicas en Colombia”. Reiteró, además “que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, la compañía y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicción colombiana, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a hacer claridad sobre materias de interés investigativo”.En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estándares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, señaló a la empresa “como líder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (compliance)”.Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenían acceso a políticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, había salido elegido al Senado en fórmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Éste había sido gran aliado político de su primo Álvaro Uribe Vélez en su primer período en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresó al país a buscar contratos, después de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cómplice del paramilitarismo que asoló el país entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo dejando millones de víctimas de masacres, despojo y otros crímenes.Una fuente vinculada a la empresa y que acompaña el caso en Colombia, y quien pidió no ser identificada, indicó que nunca hubo ninguna intención de aproximación a personas u organizaciones para vincular a la empresa más allá del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el país. Aseguró que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y también en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.La falsa compra de Villa EstherA comienzos de 2013, Odebrecht necesitaba mover fondos ilegales para pagar sobornos a congresistas y funcionarios por haber conseguido que el gobierno firmara con la multinacional, un contrato de “estabilidad jurídica”, que les congeló las condiciones fiscales durante la construcción de la Ruta del Sol II, haciéndola más rentable.Según dijo Bula a la Fiscalía, Odebrecht le pidió una cuenta en el exterior para poder efectuar el pago por la "eficiente gestión". Por esa razón acudió al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, un ganadero amigo de Mario Uribe, que tenía una empresa offshore en Panamá llamada New Com Int.A esa empresa entraron en febrero de 2013, US$2,5 millones (equivalentes a 4.000 millones de pesos de la época). Según la contabilidad secreta de Odebrecht, quien transfirió ese dinero fue Klienfeld Services, una sociedad offshore en Antigua y Barbuda que la multinacional usó como pantalla para repartir sobornos en varios países. Y desde New Com Int, se giraron los dineros a Colombia mediante consignaciones a la empresa Comunicar y Transmitir, de la que Restrepo fue fundador, como quedó documentado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una vez los fondos estuvieron en Colombia, fueron entregados en varios cheques a Otto Bula, quien los hizo llegar hasta los bolsillos de los lobistas que habían hecho posible el contrato de “estabilidad jurídica” tan requerida por Odebrecht. [Declaración jurada de Otto Nicolás Bula Bula, en la Sentencia contra Bernardo Miguel Elías Vidal, el 29 de julio de 2021]El día 14 de ese mismo mes se firmó una promesa de compraventa en Colombia [Expediente senador Bernardo Elías Vidal, Corte Suprema de Justicia, 8 de noviembre de 2017] por la cual el mismo Restrepo Osorio se comprometía a vender su finca en el municipio antioqueño de La Estrella, llamada Villa Esther, por 12 mil millones de pesos. Según el documento, la finca tenía 20 hectáreas, pero sólo seis hectáreas se estaban comprometiendo en la venta, que incluían una casona, una piscina, un establo y un kiosko. Como comprador aparecía Klienfeld Services Ltd, y José Antonio Bonnet Llinás, ex compañero de trabajo y conocido de muchos años de Federico Gaviria, según éste dijo a los fiscales, se presentó como su apoderado. Esta alianza envió preguntas a Bonnet Llinás para saber desde cuándo había sido nombrado apoderado de la empresa extranjera y bajo qué circunstancias a dos empresas en las que aparece como gerente, pero hasta el cierre de esta historia no había respondido.Clic a PDF contrato promesa de compraventa Villa EstherSin embargo, conforme al certificado de tradición y libertad, el traspaso real del inmueble que estaba previsto para diez días después de firmar la promesa de compraventa, nunca sucedió. Para lo que parece haber servido esta falsa operación inmobiliaria fue para camuflar la traída al país de al menos 2,5 millones de dólares y legitimarla ante los bancos.Restrepo aseguró que prestó sus cuentas para traer el dinero a Colombia porque le habían dicho que se trataba de una transacción legal. Incluso, dijo que Bula lo llevó a dos reuniones con Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Pero que, a último momento, la negociación cambió de rumbo y no incluyó el intercambio de la finca. “Lo único que hice fue dar mis coordenadas de la cuenta y ellos transfirieron en dos partes”, detalló.Después de haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias, relata Restrepo, recibió un reclamo de Bula por los fondos que le habían girado. “Necesito que me pague”, le pedía el exsenador. Aunque Restrepo asegura que no era lo que habían convenido, finalmente aceptó entregarle los fondos al lobista.Al final, los dos ganaron: Bula movió el dinero hacia Colombia y, a cambio, Restrepo le retuvo el monto correspondiente a una vieja deuda de Bula, según declararon ambos a la Fiscalía.Los sobornos pagados a parlamentarios por lograr la aprobación de la “estabilidad jurídica” en el Congreso ha sido el capítulo central de varias sentencias judiciales: la del lobista Otto Bula, la del exsenador Bernardo Miguel Elías y la del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por mencionar algunas. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el ingreso de los 2,5 millones de dólares a Colombia aún no han sido esclarecidas del todo, ni tampoco la responsabilidad de quienes participaron en la transacción.Restrepo aseguró que se había reunido con el director jurídico de la multinacional Yesid Arocha, y que en esas reuniones habían acordado la transacción en dólares y el negocio de la finca. No obstante, nadie de Odebrecht ha reconocido hasta el momento la existencia de este contrato simulado de promesa de compraventa. En las declaraciones de Otto Bula tampoco aparece mención alguna a esta compraventa y su firma no aparece en el documento, a pesar de ser la persona que supuestamente iba a comprar la finca. Y esta alianza periodística no encontró requerimiento judicial alguno para que Bonnet Llinás explique cómo llegó a firmar la falsa compraventa y confirme su calidad de representante legal en Colombia de una empresa que era usada por Odebrecht para mover la plata ilegal de las coimas.Pero la historia de Hernando Mario Restrepo con la justicia es mucho más amplia. Es amo y señor de su Caramanta natal (fue presidente del concejo municipal), un pueblo de 5000 habitantes donde es gran propietario. La Tesalia SA, su compañía familiar, compró 75 inmuebles en ese municipio desde 1995 hasta la actualidad. Su influencia creció hasta codearse con la clase dirigente de la región, como cuando se fotografió en una boda junto con Mario Uribe y su mujer.La riqueza repentina de Restrepo cernió una sombra sobre su origen, como explicó a la Fiscalía un testigo de la municipalidad de Caramanta, que dijo que en el pueblo se relacionaba su fortuna con presuntos vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, el poderoso narcotraficante líder del Cartel del Norte del Valle y preso en Estados Unidos desde 2007.Cuando Restrepo dijo que se reunió, en 2013, con el ejecutivo de Odebrecht, su apellido ya había sido vinculado públicamente con la mafia colombiana. El periodista Daniel Coronell había publicado en 2005 en Semana una columna que lo señalaba como integrante del cartel liderado por “Chupeta”. La acusación fue ratificada por el jefe paramilitar Juan Carlos Ramírez Sierra, alias “El Tuso”, que volvió a vincularlo con este narcotraficante en 2010. “Restrepo fue el contador, el que le manejaba las finanzas toda la santa vida a Chupeta”, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia. Según su testimonio, el empresario es propietario de “numerosas propiedades” a nivel departamental, nacional e internacional. [Declaración de Juan Carlos Sierra Ramírez ante la Corte Suprema de Justicia, el 7 de junio de 2010]Los archivos secretos de un computador de Chupeta, a los que tuvo acceso esta alianza periodística, que permitieron a las autoridades reconstruir su economía ilegal y esclarecer decenas de asesinatos, muestran anotaciones que podrían interpretarse como una referencia a Restrepo. Entre los documentos revisados aparece un alias “006” de nombre “Hernán Mario Restrepo” y otras menciones a “Mario” o “Hernando”.Años más tarde, las acusaciones contra Restrepo se concretaron en expedientes. Documentos judiciales prueban que desde diciembre de 2021 pesa contra el empresario una acusación de la Fiscalía por financiar y abastecer, junto con su hermano Fabián Oswaldo, al bloque suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operó en la zona de Antioquia. La misma estructura ilegal que, según la Fiscalía y una sentencia de Justicia y Paz, se asentaba en fincas del exsenador Mario Uribe. Consultada por esta alianza, la Fiscalía respondió que el proceso contra Restrepo por presuntos vínculos con paramilitares está en etapa de juicio y que otra rama especializada adelanta una investigación para esclarecer el origen de la riqueza de Restrepo.Esta alianza periodística envió un cuestionario a Restrepo para preguntarle tanto por su participación en la falsa operación inmobiliaria por la finca Villa Esther como por sus vínculos con el paramilitarismo, pero el empresario no respondió las consultas.Si Odebrecht miró para otro lado con Restrepo, la elección de Bula como lobista es más difícil de explicar para la compañía, porque este exsenador mantuvo constante relación con los directores brasileños a cargo de las operaciones en Colombia. Bula llegó a la alta política mientras se relacionaba con el crimen organizado. El narcotraficante Piedrahita dijo a la Fiscalía que, como parte de su esquema de lavado, realizó intercambios comerciales con Bula desde 2004, que incluyeron entregas mutuas de dinero en efectivo, dos fincas y negocios con ganado por 5000 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$ 1,8 millones de la época. Odebrecht debía conocer su prontuario, pero igual usó sus servicios para aceitar el mecanismo de pagos ilegales.Bula también quedó bajo la lupa de la justicia por una supuesta relación con la Oficina de Envigado, una estructura de cobro de deudas creada por Pablo Escobar Gaviria, que luego pasó a dirigir actividades criminales en Medellín. En junio de 2014, según documentos que forman parte de la filtración #NarcoFiles, mientras Bula movía las maquinarias en el Congreso en favor de Odebrecht, las autoridades colombianas encontraron en la escena del crimen de Wilmer Alexis Metaute, uno de los jefes la Oficina, una carta en que decía que Macario Guillermo Arango de León le debía a Bula 5.540 millones de pesos -equivalentes a unos US$3 millones de la época. [Sentencia en el proceso de extinción de dominio contra Otto Nicolás Bula Bula, Carmen Luz Hoyo Abad, Agropecuaria El Central SA y Porto Lagonteries Ltda., el 4 de agosto de 2020]. Esta prueba motivó una investigación judicial para determinar si el exsenador tendría relación con estos dos individuos vinculados a la Oficina de Envigado. Esta alianza consultó a la Fiscalía por este expediente judicial y otros que involucran a los lobistas de Odebrecht. En una detallada respuesta de siete páginas, la entidad aseguró que la información requerida “no es susceptible de suministrar a los periodistas” pues existen restricciones legales que no le permiten hacerlo.Bula también fue contactado por esta alianza periodística, pero el exsenador no respondió las preguntas.La finca Paraná de PiedrahitaVilla Esther no fue la única finca que enredó a Odebrecht con un personaje bajo la sombra mafiosa. El confeso narcotraficante Piedrahita declaró ante la justicia una historia que lo conecta con la escandalosa saga de sobornos que la constructora brasileña repartió en Colombia. Dijo que Federico Gaviria, otro lobista clave de la compañía, junto a otros dos socios le compraron su hacienda Paraná en 2014 en Planeta Rica, un municipio del Caribe colombiano. La finca para ceba de ganado la había recibido el mismo Piedrahita en 2012, como pago por el millón de dólares que le había prestado a un narcotraficante, para pagar su defensa en Estados Unidos.En los papeles de la hacienda, el nombre de Gaviria no figura. Sin embargo, Piedrahíta ratificó ante los fiscales que él sí fue clave en el negocio. “Se vendió el 10 de septiembre de 2014 a Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria una finca llamada Paraná, que se encuentra ubicada en Planeta Rica (…) figurando como comprador Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, empresa de propiedad de Profesionales de Bolsa, que fue creada solamente para celebrar este negocio”, dijo Piedrahita.El registro oficial ratifica esa versión: la finca pasó de manos de Comercializadora Troppo S.A., una sociedad de Piedrahita, a la empresa Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, una compañía que había sido creada recientemente por Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón, Gustavo Adolfo Torres Forero y Teresita Arango Arango. [Acta de constitución de la sociedad Gestoría Profesional Agroindustrial, 14 febrero de 2014] Ellos eran además accionistas de una firma de corredores de la Bolsa de Bogotá, Profesionales de Bolsa S.A. Ésta sociedad también fue intermediaria de pagos ilegales en la compleja trama que aún hoy, casi una década después de que estallara, no termina de esclarecerse.Piedrahita dijo que, en total, la operación pactada fue por 6153 millones de pesos colombianos –equivalentes a unos US$2,6 millones de la época– y que se firmó oficialmente por 4000 millones de pesos colombianos -U$1,6 millones-; es decir, por casi un millón de dólares menos. Consultado por esta alianza periodística, el abogado tributarista, Federico Lewin, explicó que “no es inusual en Colombia que las compras de tierras se registren por menor valor para evadir impuestos, una práctica que puede acarrear sanciones tributarias o incluso penales”.Sin embargo, en este caso particular, hay una coincidencia notable: la adquisición de la finca, según el certificado oficial, se concretó el 26 de enero de 2015. Es decir, diez días después de que Profesionales de Bolsa recibiera el pago de una factura por 2.695 millones de pesos -equivalentes a US$ 1 millón de la época- de parte de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que Odebrecht era socio principal. [Sentencia contra Federico Gaviria Velásquez, Gabriel Alejandro Dumar Lora y Gustavo Adolfo Torres Forero, el l 10 de junio de 2022]La justicia determinó que este desembolso junto a otros tres giros que recibió Profesionales de Bolsa por parte de la Concesionaria –y que sumaron 8.376 millones de pesos– fueron pagos ilegales que se ocultaron bajo la fachada de un contrato ficticio. De esta plata, según las sentencias judiciales, Gaviria se quedó con 4.379 millones de pesos como pago por sus gestiones ilegales y 1.962 millones de pesos fueron a Profesionales de Bolsa, razón por la cual su representante Gustavo Adolfo Torres fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito.No se puede afirmar que la finca Paraná fue comprada precisamente con esos dineros girados por la Concesionaria. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, montos y la confesión de Piedrahita levantan una sospecha de que la comisión ilegal, al comprarle un bien a un narcotraficante, pudo haber servido para lavar dinero. Asimismo, en 2017 Otto Bula aseguró que alertó a los investigadores de la Fiscalía sobre las irregularidades que pudieron haber rodeado la finca Paraná: “Me entero (del negocio) por el señor Gustavo Torres o por el señor Federico Gaviria. Se la compraron al señor José Piedrahita, pero no sé ni cuánto costó ni cómo lo pagaron”.Esta alianza periodística intentó comunicarse con Gaviria para preguntarle por distintos hechos mencionados en esta investigación, pero el ingeniero no respondió las consultas.Piedrahita fue condenado por este y otros casos de lavado de dinero. La Fiscalía aseguró a esta alianza que actualmente ni la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ni el Grupo de Persecución de Bienes adelantan investigaciones sobre la finca Paraná. Esto a pesar de que en la apertura de una investigación preliminar de el 31 de enero de 2019 la misma Fiscalía planteaba "si Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria, Profesionales de Bolsa, al registrar la compra de la finca Paraná por un valor inferior al pagado en efectivo a través de una empresa constituida solo para ese efecto, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, incurrieron al parecer en el delito de lavado de activos".De la confesión Piedrahita se pudo reconstruir no sólo el origen ilícito de su fortuna, sino también su red de relaciones, entre ellas con Profesionales de Bolsa, una sociedad que fue clave tanto para la adquisición de la finca Paraná como para toda la trama de pagos ilegales de Odebrecht en Colombia.Nacida a finales de los años ochenta en Bogotá, esta firma se especializaba en ofrecer oportunidades de inversión en mercados de capitales, así como en el negocio ganadero. [Documento “Kardex - Matrícula 00310791 - LB 09 - Registro 00300696 - Caja 4744 - Año 1998 - Tramite.tif”, del expediente de la sociedad Profesionales de Bolsa, en la Cámara de Comercio de Bogotá] Tras el escándalo, Profesionales de Bolsa entró en liquidación voluntaria y la Superintendencia Financiera ordenó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores en diciembre de 2018. [Resolución 1769 del 13 de diciembre de 2018 de la Superintendencia Financiera]Piedrahita hizo énfasis en su relación con este agente de bolsa al recordar que, cuando estalló el escándalo que lo complicó judicialmente desde 2008, a raíz de una publicación periodística, se le cerraron muchas puertas de entidades financieras como el BBVA y el Banco de Bogotá, “pero eso no ocurrió con Profesionales de Bolsa, que siguieron respaldándome comercial y financieramente”, señalan los documentos. Este equipo periodístico envió consultas al abogado de Mayorga Pachón, Torres y Arango, que fueron accionistas de Profesionales de Bolsa, pero hasta el momento de la publicación no fueron respondidas.La Cubana de los herederos de Cifuentes VillaTras lograr la aprobación de la leyes que le aseguraron a Odebrecht la “estabilidad jurídica” en febrero de 2013, Bula y Gaviria ya sabían que sus honorarios estaban próximos a llegar, según relató el propio Gaviria a la Fiscalía. Aseguró que Bula le propuso entonces a su compañero hacer un negocio ganadero juntos: comprar La Cubana, una antigua finca en Cáceres (Antioquia) de 1200 hectáreas.Tres fuentes independientes consultadas por esta alianza periodística, aseguran que la hacienda había pertenecido al narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, más conocido como Pacho Cifuentes, asesinado en 2007, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. Según las fuentes consultadas, Cifuentes consideraba a la hacienda como uno de sus tesoros y dijeron que, tras su muerte, había quedado en cabeza de sus herederos.La Cubana volvió a quedar bajo la lupa cuando, ya después de haber sido condenado por el caso Odebrecht, Gaviria entregó a la justicia un lote de esta finca como parte de la compensación económica exigida en los tribunales. Predios sobre los que el Grupo de Persecución de Bienes no tiene ninguna investigación en curso para esclarecer si tienen vínculos con grupos organizados al margen de la ley, según informó la Fiscalía como respuesta a un cuestionario de esta alianza.El trato que hicieron Gaviria y Bula –según la versión del primero- fue que el exsenador aportaría la finca y el ingeniero, junto a su socio y cuñado Mauricio Londoño, se encargarían de acondicionar el predio para su uso ganadero y también administraría el negocio. Para este fin, crearon la sociedad El Dorado Cáceres SAS, que concretó la compra en junio de 2014 a Agropecuaria LSA SAS.Bula finalmente decidió no participar: "Al principio pensé hacer un negocio con esa finca pero la iba a cambiar por propiedades. En esa finca estaban unos herederos, después hubo una diferencia y una cosa ahí entonces yo dije: ‘yo no hago ese negocio’", explicó Bula a la Fiscalía.Hubo dos intermediarios -según Gaviria- para formalizar la adquisición de la hacienda: un hombre llamado Felipe Gómez y Juan Fernando Ramón Zapata, hermano del extraditado narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias “El Médico”. Juan Fernando estuvo casado por varios años con Sara Carolina Cifuentes Gómez, una de las hijas del capo Pacho Cifuentes. Las fuentes consultadas coincidieron en que este hermano de ‘El Médico’ participó en esa operación inmobiliaria en representación de los herederos del capo Cifuentes. Según los registros de la Rama Judicial, Juan Fernando radicó la demanda de divorcio de Sara Carolina en 2022.“Se acordó como pago de los ‘intermediarios inmobiliarios’ la suma de 5000 millones de pesos”, indicó Gaviria, y luego explicó que los desembolsos por el valor de la hacienda se hicieron entre 2014 y 2016. El lobista aceptó que el dinero de la finca, procedente de sus honorarios de Odebrecht, había sido pagado a través de varias sociedades, entre ellas, Profesionales de Bolsa, Coast Helicopter, Helicontinente, Grupo Mundial de Ingenieros y Consultores Unidos.En la sentencia judicial contra Gaviria, la mayoría de los destinatarios de este dinero no aparecen plenamente identificados, sin embargo, esta alianza pudo corroborar que al menos dos pagos que suman 216 millones de pesos fueron girados directamente a nombre de Ángela María Gómez de Cifuentes, ex esposa del capo asesinado. Estos pagos fueron hechos a través de Grupo Mundial de Ingenieros y de la empresa Aldepósitos. [Sentencia contra Eduardo Zambrano Caicedo y Federico Gaviria Velásquez, emitida por el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá, D.C. el 7 de abril de 2021]La operación de la que hizo parte Aldepósitos para mover los fondos de Odebrecht fue orquestada por otro lobista de renombre en esta trama: Eduardo Zambrano Caicedo. Este ingeniero, asesor de la constructora brasileña, suscribió un contrato ficticio con Aldepósitos para hacer llegar el dinero opaco a Colombia. No fue la única operación que ordenó. Zambrano confesó haber movido 12,509 millones de pesos (equivalente a unos US$5,1 millones al cambio de la época) a través de la empresa Consultores Unidos. Zambrano jugó un papel decisivo como intermediario para canalizar el pago de 650 millones de pesos a Roberto Prieto, el gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014. Según la sentencia judicial de Prieto, así se le recompensó al gerente de esa campaña por haber gestionado un contrato para Zambrano, representante de Consultores Unidos, dentro de las obras de la Ruta del Sol 3, a cargo de otra concesionaria llamada Yuma, cuyo socio principal era la empresa italiana Impregilo. [Sentencia en contra de José Roberto Prieto Uribe, emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, el 30 de mayo de 2019] El dinero, dice el fallo del juez, se tramitó con el pretexto de "tapar los huecos financieros" de la campaña de reelección presidencial. Eduardo Zambrano también fue pieza clave en el caso contra el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, a quien señaló de recibir pagos de la multinacional Odebrecht disfrazados como contratos. “Lo que a mí me consta es que Odebrecht, a través de Consultores Unidos, mi empresa, le pagó unos dineros durante el año 2012 y 2013 (...) a Daniel García Arizabaleta”, explicó Zambrano a la Fiscalía. Como soporte de su versión, entregó 13 cheques cobrados por García Arizabaleta y que suman alrededor de 280 millones de pesos.García Arizabaleta hoy está negociando con la justicia para recibir inmunidad penal a cambio de su delación en contra del candidato presidencial que enfrentó a Santos en la segunda vuelta en 2014. García dijo que Odebrecht le había pagado al publicista Duda Mendonça (ya fallecido) para que asesorara la campaña de Oscar Iván Zuluaga.Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, el ingeniero recibió inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Quedó en libertad a finales del año pasado.No parece haber tenido injerencia alguna en la decisión de otorgarle inmunidad, el hecho de que Zambrano hubiera estado prófugo de la justicia en dos ocasiones anteriores. Y no por delitos menores. En 1982, las autoridades bancarias comprobaron una estafa a los ahorristas del Banco del Estado en la cual Zambrano, entonces vicepresidente de la entidad, fue protagonista. Luego huyó del país.En Brasil intentó infructuosamente conseguir trabajo, e hizo contacto con unos empresarios de Medellín a quienes les comenzó a manejar sus inversiones, según su propio relato. En febrero de 1983 compró un apartamento en Río de Janeiro que pagaba cuentas de teléfono millonarias. Pronto consiguió la residencia en ese país.En 1984, las autoridades de Panamá, presionadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, luego del asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, desmontaron la construcción incipiente de un laboratorio para producir cocaína en el Darién e incautaron decenas de tanques de éter. La pesquisa los llevó a Zambrano, quien declaró ante la policía panameña como informante bajo el nombre de José Caicedo (su segundo nombre y su segundo apellido).Allí contó que él había hecho un pago de 200 mil dólares a la campaña presidencial del panameño Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno –o la vista gorda – del gobierno de ese país para montar un laboratorio de producción de cocaína en las selvas del Darién. El ingeniero colombiano contó que él mismo había estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del jefe de la fuerzas de defensa panameñas, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas sería de 4 millones de dólares más otros 200 dólares por kilo de cocaína producido. Esperaban producir 5 mil kilos mensuales. Así podrían montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y éter (precursores químicos para procesar la coca). No obstante, por la presión estadounidense, no les cumplieron el trato.La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dólares de esa época (unos 32 millones de dólares de hoy). Varias facturas tenían como beneficiario a Vicente Wilson Rivera González, quién luego fue identificado como jefe de un cartel en la Amazonía entre Colombia y Brasil.Zambrano fue expulsado de Panamá, pero la policía brasileña, que también había desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendían montar sus laboratorios en la Amazonía de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubrió que éste usaba el departamento de Río que figuraba a nombre de Zambrano.En abril de 1987, el Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Rivera, Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber “implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, a través de la adquisición de sustancias químicas éter y acetona, con vistas a la producción, refinamiento y distribución, a gran escala, del enervante para diversos países”. También le quitaron el apartamento por considerarlo fruto de dinero ilícito. El juez federal Helio de Matos los condenó diez años después, en 1997. A Zambrano le impuso cuatro años de prisión, pero como tampoco se había presentado ante la justicia, y pasó tanto tiempo entre la acusación y la condena, el juez declaró la “punibilidad extinta” de su caso.Un voluminoso expediente de la justicia brasileña, de más de 800 páginas, consultado por esta alianza periodística, revela esos capítulos desconocidos de Panamá y de Brasil, en la larga historia delictiva de Zambrano. Este equipo envió preguntas a Zambrano a través de uno de sus hijos y de su abogado para tener su versión tanto su participación en el caso Odebrecht como la relación que tuvo con el narcotráfico, pero no hubo respuesta.Zambrano regresó a Colombia y se reinventó como socio de Consultores Unidos, la empresa que luego involucró en pagos ilegales para Odebrecht. Sus vínculos con el narcotráfico pasaron al olvido, salvo por el periodista Alberto Donadío que citó en su libro Nobelbrecht y en una columna de opinión, que el nombre de Zambrano había salido en la prensa en los ochentas asociado al Cartel de Medellín. Esta investigación corrobora esa versión con el expediente original del caso en Brasil.Aún así, la Fiscalía no parece haber atado ningún cabo.A partir de distintas confesiones, como la de Piedrahita, pero también de las otras investigaciones aquí mencionadas, la Fiscalía ha acumulado en sus escritorios pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. Aún así, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboración a varios de ellos, aunque no parecen haber confesado la parte más oscura de sus operaciones ilegales. En menos de siete años, casi todos ellos lograron recuperar su libertad y otros ni siquiera han sido procesados.Las sentencias de los jueces en el caso Odebrecht tampoco ahondan en estas conexiones de lobistas e intermediarios con el crimen organizado.*Esta investigación tuvo el apoyo de OCCRP, IDL-Reporteros (Perú) y La Prensa (Panamá)
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, quien fuera su gerente en 2014, por hechos relacionados con la financiación de su campaña con dineros de la constructora brasileña Odebrecht.En contexto: Óscar Iván Zuluaga, en medio de escándalo por dinero de Odebrecht, renuncia al Centro DemocráticoSegún el ente acusador, el exministro Zuluaga “sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht. Así obtuvo por concepto de reposición de votos más de 25.291 millones de pesos”.Así mismo, indicó que Óscar Iván Zuluaga y su hijo “indujeron en error al CNE (Consejo Nacional Electoral)”, tras rendir declaraciones “en las que omitieron información sobre los aportes de la multinacional”, razón por la que el organismo de control “cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera”.Caso Óscar Iván Zuluaga: los magistrados que votaron por cierre de la investigación del CNE en 2017“Para la Fiscalía, se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Adicionalmente, se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’”, precisó el ente acusador en un comunicado.Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusa a Óscar Iván Zuluaga “por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares. A Zuluaga Martínez (su hijo) le atribuye un evento de fraude procesal”.En julio pasado, ni el excandidato presidencial ni su hijo aceptaron los cargos imputados.En esa audiencia, el fiscal Andrés Palencia señaló que Óscar Iván Zuluaga engañó a su hijo: “Usted sabía que al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara, no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”.“Usted, señor Óscar Iván Zuluaga, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga y a Víctor Manuel Poveda, como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y segunda vuelta presidencial”, agregó.Puede ver: ¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan
Este jueves 26 de octubre, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, gerente de su campaña en 2014, serán llamados a juicio por la supuesta financiación ilegal por parte de Odebrecht, la multinacional brasileña inmersa en escándalos.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la NaciónÓscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga deberán responder por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Se prevé que la próxima semana quede radicado el escrito de acusación.En la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el 10 de julio de 2023, la Fiscalía señaló que Zuluaga había engañado a su hijo. “Usted sabía que, al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral, necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”, expresó el fiscal Andrés Palencia.En medio de dicha diligencia, los Zuluaga no aceptaron cargos.Los audios sobre Odebrecht que salpicaron a Óscar Iván ZuluagaEl excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga quedó en el ojo del huracán luego que, a través de unos audios, presuntamente aceptara la financiación de dinero ilícito proveniente del caso Odebrecht para su campaña. El material fue aportado por el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta.En los audios, revelados por revista Semana, Zuluaga habla de destrucción de evidencia y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014.En las conversaciones, que llegaron a manos de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de su campaña, que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le habría contado toda la verdad.Óscar Iván Zuluaga: “Yo fui y le dije: 'Padre, dígame una cosa, ¿yo qué debo hacer?'”.Daniel García Arizabaleta: ¿Le contó toda la historia?Óscar Iván Zuluaga: Sí, le dije: 'padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.En medio de la conversación, Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia, esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial y hoy es también investigado por fraude procesal.Óscar Iván Zuluaga: “Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Si yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo lo asumo porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese y pienso también es que, si el día de mañana tengo que asumir una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos”.¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen, “como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña–Gamarra al proyecto vial”, señaló el ente acusador en un comunicado.Jorge Enrique Pizano: Fiscalía insiste en que muerte de testigo clave del caso Odebrecht fue naturalDe acuerdo con la información revelada por el ente investigador, “un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen, como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña–Gamarra al proyecto vial”.Caso Odebrecht: Germán Vargas Lleras dice que no estaba en el gobierno cuando se firmó el otrosíA consideración de la Fiscalía General de la Nación, “la exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado”.Asimismo, señala que Cecilia Elvira Álvarez “no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”.La Fiscalía General de la Nación imputará a la exministra de Transporte por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.“La audiencia de acusación será programada en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia”, agrega.En agosto pasado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga y anunció 55 nuevas imputaciones, después de 6 años de iniciado el escándalo.Detrás de este entramado está la cúpula de la multinacional, citada ahora a imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos son:Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional entre 2008 y 2015.Eder Paolo Ferracuti, presidente de la concesión Ruta del Sol 2.Eleuberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, quien intentó un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero nunca se avaló por un juez.Luiz Antonio Mameri.Estas personas confesaron los pagos en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. A pesar de eso, solo hasta ahora en Colombia son llamados a imputación.Caso Odebrecht: ¿por qué pasaron seis años para realizar nuevas imputaciones?
Avanza la audiencia donde se definiría si se precluye o no el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía insiste en que el ingeniero falleció por causas naturales.En otras noticias: Ya hay fecha para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación de las ternas para fiscalLa Fiscalía argumentó que la muerte de Jorge Enrique Pizano, dada el 9 de noviembre de 2018, se dio por causas naturales y no por un suicidio con cianuro."Esas causas quedaron debidamente consignados en un protocolo de necropsia del patólogo Pedro Emilio Morales, el cual reza que el deceso del señor Jorge Enrique Pizano se debió a una arritmia cardiaca secundaria a hipertrofia concéntrica", comentó Carlos Mauricio Escobar, fiscal del caso.El ente investigador también señaló que la necropsia de Jorge Enrique Pizano mostró que el exauditor de la Ruta del Sol II tenía un cáncer linfático y antecedentes de enfermedades cardiacas, pero no se encontraron rastros de cianuro.Sin embargo, en la audiencia también se planteó una contradicción, pues el fiscal Escobar dijo que en la boca de la botella que contenía el cianuro se encontraba el ADN de Jorge Enrique Pizano.Durante la audiencia, el fiscal expresó: "En la boca de la botella marca Omi saborizada que se encontraba en la habitación principal del ático, se detectó ADN del señor Jorge Enrique Pizano".Para la defensa, las pruebas habrían sido alteradas, por lo cual presentaron evidencias y testimonios que darían cuenta de estas presuntas manipulaciones.En temas relacionados: Caso Odebrecht: Germán Vargas Lleras dice que no estaba en el gobierno cuando se firmó el otrosí
Las recientes declaraciones del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, sobre el escándalo Odebrecht, generaron reacciones. También hubo cuestionamientos y dudas sobre la imputación a 55 personas por parte de la Fiscalía.Caso Odebrecht: ¿por qué pasaron seis años para realizar nuevas imputaciones?José Elías Melo, quien fuera presidente de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, y quien hoy paga una pena de 11 años y 9 meses de prisión por el escándalo Odebrecht, decidió romper su silencio. Lo hizo desde su celda en la cárcel La Picota.Habló con la Revista Cambio de sus antiguos jefes, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, a quienes señaló de haber ordenado buscar un socio para poder participar en la licitación del proyecto Ruta del Sol II. Una búsqueda que terminó con la brasilera Odebrecht.De hecho, señaló a las directivas del Grupo Aval de haber participado del acuerdo que concretaba la sociedad con Odebrecht.En la misma entrevista habló sobre el acuerdo al que ese conglomerado económico llegó con la justicia de Estados Unidos para cesar las acciones en su contra por el escándalo de los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht a cambio de contratos.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la NaciónSobre ese aspecto, José Elías Melo dijo no saber quién es el funcionario que en el año 2014 habría sido clave para lograr que Odebrecht supuestamente diera aportes a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos a cambio de lograr la adición al contrato de la Ruta del Sol en el tramo Ocaña- Gamarra.Mencionó al mismo expresidente Santos, a su exvicepresidente y a quien fuera secretaria general de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, hoy presidenta de Corficolombiana.La respuesta de Germán VargasAnte estos señalamientos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que en lo que a él respecta, no hay, ni ha habido, elemento alguno que lo vincule con la polémica adición de ese contrato por una sencilla razón: para la época en que se firmó el otrosí con la multinacional brasileña, él estaba fuera del gobierno.Según Vargas Lleras, el contrato original era del año 2010. El otrosí del contrato del tramo Ocaña - Gamarra se firmó en marzo del 2014.Caso Odebrecht: Petro dice que Fiscalía "les permitió irse" a responsables de sobornosVargas Lleras había renunciado y estaba fuera del gobierno en ese momento y solo regresó en agosto del 2014, seis meses después de esa firma, cuando fue elegido como vicepresidente para el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Asegura que no tuvo en ese momento nada que ver con el tema de la infraestructura en Colombia.Voceros del gobierno de Juan Manuel SantosSobre la mención de un supuesto aporte a la campaña de Juan Manuel Santos, fuentes cercanas al exmandatario le aseguraron a Noticias Caracol que ese señalamiento se basa en testimonios de personas que han mentido y se han contradicho sobre el tema y que tienen certeza de que no hay una sola prueba que demuestre que hubo tal aporte de Odebrecht.De hecho, esas mismas fuentes le dijeron a Noticias Caracol que el asunto ya ha sido investigado, como el de la entrada de un aporte en camisetas y afiches por parte de Odebrecht a la campaña del 2010 y que por ese caso ya hubo condena y se establecieron las responsabilidades.Sobre si hubo aportes en la segunda campaña advierten que, además de no existir prueba alguna, a la multinacional brasileña no se le dio contrato alguno, ni la favorecieron en ninguna de sus reclamaciones al Estado en esa época.Sobre el otrosí al contrato de la Ruta del Sol en el tramo Ocaña - Gamarra, esas mismas fuentes del gobierno Santos aseguraron que las razones para otorgarlo tuvieron que ver con la necesidad de restablecer la comunicación en esa zona del país. María Lorena Gutiérrez, hoy presidenta de Corficolombiana también se pronunciará en las próximas horas sobre afirmaciones de José Elías Melo. Según conoció Noticias Caracol, su posición se centrará en demostrar que no tuvo que ver en este entramado de corrupción.A estas respuestas sobre las revelaciones e imputaciones que hizo la Fiscalía se suma un artículo del diario El Espectador del sábado en el que se hace un análisis de esas decisiones y se advierte que se trata de medidas basadas en declaraciones de testigos que habían sido cuestionados y en lo que denominan viejas líneas de investigación que ya habían sido exploradas en el pasado.
