El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
¿Qué responsabilidades tiene un hijo con un padre que nunca respondió por él? Desafortunadamente, esa es una pregunta que en Colombia ha llegado con varios casos a los estrados judiciales, luego de que padres biológicos que nunca reconocieron ni estuvieron para sus hijos aparecieran cuando estos ya son mayores de edad, exigiéndoles que los mantuvieran. Ese es el caso de Lina Paola Vásquez, quien nunca conoció a su padre y vio sufrir a su madre tratando de sacarla adelante completamente sola.Gracias al esfuerzo de Yolanda Vásquez, su mamá, Lina Paola logró convertirse en la primera profesional de su familia y en una mujer trabajadora que quería retribuirle a su progenitora todo su esfuerzo. Sin embargo, eso se vio truncado cuando el banco le avisó que su sueldo había sido embargado por cuenta de una demanda por alimentos en su contra, la cual interpuso Jesús Carranza, el hombre que embarazó a su mamá y las abandonó a su suerte, quien ahora exige que ella responda por él como su hija a pesar de que nunca la reconoció.“Yo no puedo creer que una persona que yo no conozco me esté demandando por alimentos”, recordó la profesional que está a la espera de que la justicia revise el caso y falle a su favor, reconociendo que el lazo sanguíneo con el hombre que se negó toda su vida a ejercer como su papá no la obliga a apoyarlo económicamente ahora que es mayor.La abandonó siendo una bebéYolanda Vásquez recordó que a los 18 años conoció a Jesús Carranza, de 33, y se “descrestó” con sus promesas de amor. Después de varios meses saliendo y compartiendo, se enteró que estaba embarazada a los 19 años, una situación que causó caos en su casa, de donde sus padres la echaron por “descarada”. Decidió que iba a tener al bebé y empezó a trabajar en un local de venta de loza en el centro de Bogotá, donde además le permitieron quedarse a dormir; mientras tanto, angustiada llamaba al número que Jesús le había dejado de su casa en Santa Lucía para darle la noticia, pero él nunca contestaba.Jesús Carranza apareció de nuevo en su vida cuando ella ya tenía cuatro meses de embarazo, cuando ella le dio la noticia de que estaban esperando un hijo. Lo que no se esperaba es que el hombre, 15 años mayor que ella, le daría una noticia peor. “Me dijo: ‘le voy a decir la verdad, yo soy casado y tengo un hijo de 10 años’”. Ella continuó sola con su embarazo hasta dar a la luz a su hija y en todo este tiempo el papá de la bebé no dio “ni un pañal”.Yolanda señaló con dolor que Jesús vio por única vez a Lina Paola, su hija, cuando esta apenas tenía poco más de un mes de nacida. Por ese entonces, ella le pidió que la acompañara a registrarla, lo que implicaba que Carranza le diera su apellido y la reconociera como su hija. “No apareció, se perdió”, recordó y, desde entonces, se convirtió en una de las millones de madres solteras que hay en el país.La infancia de Lina Paola Vásquez transcurrió en un entorno de escasez y humillaciones a ella y a su madre. “Había días difíciles, que a uno un hijo le diga: ‘mamá, tengo hambre’ y uno sin ni siquiera para un bus, pero yo buscaba la manera de darle de comer a mi hija”. En todos esos años, Jesús Carranza nunca apareció, a pesar de que Yolanda intentó buscarlo hasta por vías legales. “Yo lo demandé cuando Paola tenía seis años, él nunca apareció”, además señaló que los abogados terminaron engañándola y se cansó de ese proceso.Lina logró graduarse de bachillerato y, por su cuenta, empezó a trabajar y a estudiar de noche. Madre e hija empezaron a llevar una vida más tranquila y cómoda, no solo porque se tenían la una a la otra, sino porque a la ecuación se había sumado William, la nueva pareja sentimental de Yolanda, quien vio crecer a su hija y a quien ella llama ‘papá’.El regreso del padre biológicoCuando la vida de Yolanda y Lina Paola Vásquez parecía tranquila, después de haber superado juntas tantas situaciones, una notificación judicial nubló el panorama: Jesús Carranza había demandado por alimentos a Lina Paola y exigía una pensión mensual para su sustento. Esto, amparado en la sentencia 12488 del 2025,en la que la Corte Suprema dice que los hijos tienen obligaciones con sus padres y que, por ende, los adultos mayores pueden reclamar a sus hijos una cuota alimentaria para garantizar su sostenibilidad.Yolanda reconoció que ese día, después de tantos años, volvió a contactar a Jesús Carranza, pero esta vez no para pedirle ayuda, sino “para decirle hasta de qué se iba a morir”, porque la indignación era grande. “Un tipo que nunca le dio nada y viene ahora a que le dé mi hija. Por alimentos, si cuando yo lo demandé a él por alimentos Paola era una bebé, Paola no podía trabajar ni hacer lo que hace ahora. ¿Cómo va a demandar a mi hija?”.La indignación de madre e hija se disparó cuando el bando le notificó a Paola que su sueldo quedaba embargado. “Él me empieza a citar en comisarías, a pedirme plata, a llamarme. Que yo le tenía que dar, porque si no le daba me iba a dejar en la calle, que me iba a hacer sacar de mi trabajo, que me iba a quitar mi casa, mi carro”. Para empeorar todo, en las audiencias se enteraron que Jesús Carranza tiene otros dos hijos que sí reconoció, pero a los que no demandó porque “no quiere tocar” su dinero.Yolanda y Lina Paola han llegado a la conclusión de que la acción de Jesús Carranza está basada en una venganza por las acciones legales que Yolanda levantó contra él cuando Paola era una niña. “Estoy manteniendo a alguien que no conozco y, peor aún, alguien que no tiene la necesidad, sino que lo hace por pura maldad. Tiene una pensión, tiene unos inmuebles, tiene trabajo y tiene una esposa”.Actualmente, el embargo está suspendido, pero la justicia no ha dado una determinación final sobre su caso. De hecho, por este caso y otros similares que han surgido en los tribunales colombianos, recientemente se dio un fallo que determina que ningún hijo biológico, adoptivo o de crianza está obligado a pagarle cuota alimentaria a sus padres si fue víctima de maltrato físico o psicológico. Lina Paola espera que la justicia la deje libre de responsabilidades con un hombre que nunca ejerció como su papá.
En Colombia, la entrega de apartamentos en obra gris ha impulsado a miles de ciudadanos a buscar empresas de remodelación con la esperanza de terminar su hogar ideal. Sin embargo, lo que para muchos comenzó como un proyecto de vida, terminó convirtiéndose en un calvario financiero y hasta emocional revelado en esta investigación de Séptimo Día."Te prometían entregarte el apartamento espectacular”, “Como que te venden la experiencia de que tú te desentiendes y pues te lo van a entregar superbonito", comentaron algunas de las afectadas. Son decenas de familias las que en Bogotá y el Valle del Cauca denuncian que recibieron sus casas en ruinas.¿Falsas promesas de diseño?En Bogotá, varios propietarios señalaron a la empresa Vivvidero (Vivi SAS), representada legalmente por Santiago Zúñiga Ramírez. Los afectados aseguran que, tras entregar millonarias sumas de dinero, las obras nunca avanzaron según lo pactado.Clara Liliana Gómez, quien contrató la remodelación de su apartamento en diciembre de 2025, relató su experiencia: "En el contrato me especificaban que me entregaban el apartamento el 26 de marzo... No me lo entregaron en esa fecha. Los pagos no estaban amarrados al avance de obra”.El patrón de incumplimiento parece repetirse con otros clientes. Juan Felipe Guzmán, quien pagó cerca de 23 millones de pesos, se encontró con una escena desoladora: "Cuando miré el apartamento sin nada, ni un avance, cosa que yo quedé super preocupado y dije ‘no puede ser’". Por su parte, Miguel Solanilla, quien afirma haber pagado el 99% de la obra, denunció la presión para realizar los pagos bajo amenazas de perder beneficios: "No movían un tornillo, pero a la par te decían ‘si usted no paga, le quitamos el descuento’". Al ser consultado, Santiago Zúñiga se limitó a decir: "Se puede estar hablando de más sin conocer el otro lado de la historia". Aunque inicialmente accedió a una entrevista, terminó cancelándola.Incendios y obras que "destruyeron" hogaresLa situación de los clientes de Celico, que está bajo la representación de Brandon Steven Ocampo Acevedo, también es dramática. Cristina Martínez denunció que, tras siete meses de espera, recibió su vivienda en condiciones deplorables: "Él lo que hizo fue comenzar a destruir la casa. Dejaron una colilla de cigarrillo dentro de todos los escombros y la casa se me incendió. Unas ruinas completas lo que ellos habían dejado en mi casa".Otros afectados, como la pareja conformada por Andrés Cristancho y Luz Mery Ruiz, invirtieron todos sus recursos sin ver resultados: "El dinero se perdió, los ahorros porque tanto él como yo sacamos absolutamente todos los recursos, ahorros, préstamos, tarjetas". Según la denuncia colectiva presentada por el abogado Sergio Urrea, las víctimas de esta empresa superan las 20 personas y el monto de la supuesta estafa ascendería a más de 400 millones de pesos.Ante los señalamientos, Brandon Ocampo admitió fallas administrativas: "La empresa colapsó. Nosotros tomamos malas decisiones administrativamente, porque yo no estaba ganando nada... Ellos no logran entender que la empresa quebró". Además, reconoció su falta de experiencia previa: "Yo cero conozco administración, bueno, no sabía nada de temas contables... Eso colapsó fue después".La pesadilla de un sueño en el Valle del CaucaEn Cali y municipios aledaños como Jamundí y Yumbo, la empresa Inmoacabados, representada por Diego Alejandro Muñoz Ibarra, de tan solo 20 años, enfrenta denuncias similares. Enrique Varón, quien ahorró durante 26 años trabajando en Estados Unidos con la esperanza de jubilarse en Colombia, vio su sueño estancarse: "Yo les di 28 millones y el avance de la obra era muy pequeño. Eso sí me llamaban, me recordaban y que si yo no pagaba tenía que pagar una multa".Wilson Rendón, otro afectado en Yumbo, denunció que, tras un año de haber firmado el contrato, sigue pagando arriendo porque su casa es inhabitable: "Hasta la fecha ha pasado un año y un mes... espero, pero nunca como tal cumplen con terminar lo que se contrató".El representante de la empresa, Diego Muñoz, reconoció que tiene "aproximadamente entre 30 a 35 clientes" en espera y admitió no tener el dinero para responderles en este momento. No obstante, negó ser un estafador: "Yo no soy ningún ladrón, ningún estafador... Si fuera una estafa, yo no les estaría dando la cara".Que no le pase: recomendaciones de expertosDe acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre enero de 2022 y mayo de 2026 se han registrado 75 denuncias por incumplimiento en remodelaciones de vivienda en el país. Para evitar caer en estas situaciones, expertos sugieren pasos fundamentales antes de entregar cualquier adelanto.Fabiola Ortiz, de la Lonja de Propiedad Raíz en Cali, recomienda: "Verificar que estén debidamente registrados en un directorio de contratistas de gremio, que eso es una garantía".Asimismo, enfatiza la importancia de las pólizas de seguro de cumplimiento, las cuales garantizan que el contratista "va a atender lo que se compromete a hacer en el servicio, que lo va a terminar y que va a ser de una calidad específica".
A sus 23 años, Catherine Sánchez creyó haber logrado su sueño de ser reina cuando fue invitada a participar en el Reinado Nacional de Belleza de 1993 representado al Amazonas, pese a que había nacido en Caldas, Antioquia. Su paso por este concurso fue polémico y terminó hasta en una fuga de película la noche antes de la coronación. Más de 30 años después, Los Informantes habló con ella sobre lo ocurrido y lo que pasó en su vida luego del escándalo.En el año en que Colombia pasaba por uno de sus momentos más álgidos por la persecución a Pablo Escobar y al narcoterrorismo y la selección Colombia se jugaba las eliminatorias para el Mundial de Fútbol del 94, era furor el Reinado Nacional de la Belleza, al que Catherine Sánchez llegó a participar casada por la iglesia y con dos meses de embarazo, desafiando las estrictas reglas que tenía el concurso. Además, representaba a un departamento al que solo había ido un par de veces: el Amazonas. Sin embargo, uno de los jurados la daba como favorita y la expectativa era total.Catherine Sánchez se casó en 1992 con el piloto David Francisco Quiñonez en una gran ceremonia y tan enamorada que hasta dejó de lado sus estudios de Derecho para trasladarse a Bogotá. En la capital se inscribió a una escuela de modelaje y un día la invitaron a participar en el Reinado Nacional y ahí empezó lo que fue una verdadera travesía para cumplir su sueño de ser reina. Pese a que entró muy fácil al concurso, la noche anterior a la coronación pasó de todo y hasta se tuvo que fugar del hotel en el que se hospedaban todas las participantes.Los secretos salieron a la luzDías antes habían empezado los murmullos sobre su estado civil y los periodistas de la época investigaron hasta encontrar al cura que la había casado; fue él quien lo confirmó todo presionado por las preguntas de los reporteros. Entonces el escándalo estalló y el hotel se llenó de prensa que esperaba por sus declaraciones.“El hermano de la señorita Boyacá, la compañera de la habitación, me dijo ‘yo te ayudo’ y me tocó salir por detrás del Hilton, porque cómo salía normal. Se desdibujó lo que era el Reinado Nacional de Belleza y era Cathy Sánchez en una percusión”, recuerda la protagonista de esta historia casi de película. Salió el hotel como pudo rumbo al aeropuerto de Cartagena para salirle al paso a todos los seguidores y periodistas que la perseguían.Una avioneta la esperaba en el aeropuerto sin apagar sus motores y, según cuenta, “la gente se tiró a la plataforma, los periodistas corrían a coger el avión, que porque supuestamente yo me había ido de viaje a una isla escondida…puff, yo llegué a Bogotá, a Catam”, todo justo un día antes de la coronación en la que Carolina Gómez fue elegida reina.¿Qué ocurrió después del escándalo?Catherine Sánchez pasó de ser la favorita para coronarse como Miss Colombia a estar señalada por haber violado las reglas reales que imponía el concurso en aquellos años. Pasó por depresiones y tristezas profundas y hasta se dijo que los mafiosos de la época habían apostado por ella. Sin embargo, ella le salió al paso al escándalo, tuvo a su hija, luego a su hijo, se separó y hoy tiene cinco nietos y hace comidas para vuelos privados.“Me dedico a empresas de lujo, privadas, he trabajado con grandes artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, futbolistas...”, contó.
La justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura del fallo, que puso fin a más de tres años de audiencias contra el exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016."Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva", dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.El fiscal del caso, Germán Juárez, manifestó a la prensa su satisfacción con la decisión judicial "que ha sido desde el punto de vista del debido proceso, con objetividad y con imparcialidad”.Escándalo de Odebrecht en PerúEl entramado de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina y Odebrecht reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Este último fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno. (Lea también: Las últimas declaraciones que Alan García dio en público antes de suicidarse)Prisión para la esposa de HumalaNadine Heredia también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura, ya que no asistió a la lectura de la sentencia.La Fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.La Fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por "compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht". La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil "era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala".En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió "el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak".
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y quien fue uno de los primeros condenados en el caso Odebrecht, recuperó su libertad.>>> Le puede interesar: Reforma al Sistema General de Participaciones: Senado limita transferencias a entes territorialesMelo fue acusado de haber autorizado los sobornos de Odebrecht para quedarse con la concesión de la construcción de la Ruta del Sol 2.El hombre fue capturado en el año 2017 y salió el pasado 26 de octubre de la cárcel La Picota, tras haber pagado gran parte de su respectiva condena de 11 años y 7 meses de prisión, según confirmó el INPEC, por orden del Juzgado 11 Penal del Circuito.La salida de Melo, una de las primeras figuras capturadas y sentenciadas por este escándalo de corrupción, aún no ha sido completamente explicada por las autoridades judiciales.Melo insiste en que es inocenteDurante todo el proceso, Melo había insistido en su inocencia, pues se le había señalado de haber participado en la entrega de los sobornos para que Odebrecht se quedara con esta concesión.En 2019, un juez de primera instancia encontró culpable a Melo por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2020. Fiscalía argumenta que sí está implicado en estos delitosDe acuerdo con el expediente, el exdirectivo autorizó un soborno de 6,5 millones de dólares entregado por Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, responsable del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en 2009, quien facilitó la adjudicación del contrato para construir el corredor vial Ruta del Sol II, un proyecto valorado en más de dos billones de pesos.La estrategia de defensa de Melo, no obstante, incluyó un recurso de casación ante la Corte Suprema en 2022, argumentando que desconocía los detalles específicos de los sobornos y que su interacción con Luiz Bueno, exrepresentante de Odebrecht en Colombia, no implicaba necesariamente su participación en actos de cohecho.La Fiscalía sostiene que Melo sí jugó un papel activo en la concertación delictiva, señalando que la coautoría no requiere la presencia en todas las reuniones ni el conocimiento de todos los involucrados, sino simplemente una colaboración efectiva en el propósito de obtener el contrato.Ahora lo que queda es observar el buen comportamiento de José Elías Melo ya en libertad, tras orden emitida por un juez de la República.>>> Puede leer: Petro respalda reforma a sistema de participaciones y minhacienda dice que es inviable
La justicia peruana condenó este lunes, 21 de octubre de 2024, a 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo, tras hallarlo culpable de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno (2001-2006).>>> Le puede interesar: Pepe Mujica reaparece con emotivo discurso: “Estoy peleando con la muerte”"Este colegiado asume el pedido hecho por la fiscalía de 20 años y 6 meses de prisión para el señor Alejandro Toledo Manrique", anunció la Corte Superior en una audiencia en la que estuvo presente el exmandatario de 78 años.La sentencia se leyó en una audiencia en el tribunal adyacente a la pequeña prisión para exmandatarios al este de Lima, donde Toledo está recluído 18 meses de forma preventiva desde que llegó extraditado de Estados Unidos en abril de 2023.El expresidente es sentenciado por corrupción La sentencia se basó en los cargos de colusión y lavado de activos. La Fiscalía presentó pruebas que indicaban que Toledo había recibido más de 30 millones de dólares de Odebrecht a cambio de facilitar la concesión del Proyecto Vial Interoceánica Sur, una ambiciosa carretera que conecta Perú y Brasil.Durante la audiencia final, el expresidente de 78 años se declaró inocente, insistiendo en que nunca había hecho acuerdos con Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú, ni había recibido sobornos. Además, apeló a la jueza por su delicado estado de salud, alegando problemas cardíacos y cáncer. “Quiero curarme o morir en mi casa”, imploró Toledo antes de escuchar el veredicto.El caso de Alejandro Toledo se remonta a 2016, cuando la constructora Odebrecht admitió públicamente haber pagado sobornos a políticos de toda América Latina para obtener lucrativos contratos de infraestructura. Toledo, quien fue extraditado desde Estados Unidos en 2023, es el primero de los cuatro expresidentes peruanos implicados en este escándalo en recibir una sentencia.Otros expresidentes como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y el fallecido Alan García también fueron investigados por recibir pagos irregulares de Odebrecht. Este último se suicidó en 2019 cuando las autoridades se disponían a arrestarlo.Las declaraciones de testigos clave como Josef Maiman, antiguo colaborador de Toledo, y Jorge Barata, fueron determinantes para el caso. Maiman confesó que Toledo utilizó cuentas suyas para recibir el dinero, mientras que Barata confirmó el pago de los sobornos a cambio de contratos.¿Qué fue el caso Odebrecht?El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. La empresa brasileña Odebrecht, una de las constructoras más grandes de la región, confesó haber pagado sobornos multimillonarios a funcionarios de varios países, desde Brasil hasta Perú, con el objetivo de asegurar contratos de obras públicas.Este esquema de corrupción se descubrió en el marco de la investigación Lava Jato, un caso judicial que desveló cómo Odebrecht y otras compañías usaron su influencia para manipular gobiernos y beneficiarse de grandes proyectos de infraestructura.Las investigaciones revelaron que la empresa utilizó un departamento especial para gestionar y ocultar estos pagos, afectando a decenas de políticos y empresarios en toda la región. En Perú, este escándalo ha involucrado a cuatro expresidentes, así como a varios altos funcionarios y empresarios.>>> Puede leer: Capturan en Venezuela a Pedro Tellechea, exministro de Industria y expresidente de PDVSA
Un juez de Funza determinó que la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol y testigo clave del caso Odebrecht, y su hijo Alejandro, no puede precluir.Caso Jorge Enrique Pizano: las pruebas de la defensa para argumentar que se trató de un asesinatoEl togado le ordenó a la Fiscalía General de la Nación que continúe con la investigación para establecer si la muerte de Jorge Enrique Pizano se trató de un asesinato.Ha dicho este juez que la conclusión de que Jorge Enrique Pizano falleció por causas naturales fue "apresurada", que los galenos que tuvieron a cargo la necropsia del testigo no abordaron otras tesis de muerte diferentes a esta razón.Además, el juez fue tajante en señalar que la necropsia no despejó las sospechas que se presentaron en el caso, el análisis toxicológico se hizo con muestras no adecuadas, el informe médico-legal no tuvo en cuenta todas las evidencias, que la botella incautada con el cianuro tenía muestras de ADN y existe posibilidad de que este frasco haya sido dejado por otra persona diferente a Jorge Enrique Pizano en la finca en donde fallecieron padre e hijo.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la Nación
La defensa de la familia de Jorge Enrique Pizano, quien fuera testigo clave en el escándalo de Odebrecht, asegura que Pizano fue envenenado con cianuro y no murió por un infarto. Sus representantes presentaron las pruebas ante un juez.Jorge Enrique Pizano: Fiscalía insiste en que muerte de testigo clave del caso Odebrecht fue natural“Este viernes, 24 de noviembre de 2023, no se puede descartar que la causa o lo que generó el infarto del miocardio como elemento objetivo fue la ingesta de cianuro”, expresó Miguel Ángel del Río, abogado de la familia Pizano.Para la familia Pizano, el cianuro fue la causa de la muerte de Jorge Enrique, el excontroller de la Ruta del Sol y quien descubrió irregularidades en contratos relacionados con la multinacional Odebrecht. Para tratar de sustentar su teoría, el abogado de la familia habló de errores en la necropsia que habrían impedido identificar el veneno.“El formol elimina el rastro de toxinas, por ejemplo, las de cianuro, e impide que cuando se hace un análisis del tejido se puedan identificar rastros de cianuro, pero eso no significa que en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano no hubiese cianuro”, acotó la defensa.También presentó como prueba el pedido de seguridad que hizo Jorge Enrique Pizano, como una demostración de las amenazas contra él y argumentó que no todo el círculo de trabajadores de la víctima era de confianza como lo aseguró la Fiscalía.A juicio, Cecilia Elvira Álvarez por presuntas irregularidades en contrato de Ruta del Sol II“Tres personas medianamente desconocidas estaban trabajando desde solo cuatro meses antes. Jorge Enrique solo se pasa presencialmente a la finca en la primera semana de octubre, es decir, Jorge Enrique no tenía mucha comunión con el señor Juan Acosta, con la señora Dignora y con la señora Leidy Viviana”, acotó Miguel Ángel del Río. Entre los testimonios presentados estuvo el de Juanita Pizano, hija del excontroller, quien contó presuntas irregularidades en la toma de las muestras de ADN, el hallazgo del cianuro en el baño de la casa y la facilidad que se tenía para ingresar al predio.Será el 8 de marzo del 2024 cuando se defina si el caso se cierra o si continúa la investigación.
Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas.Un narcotraficante condenado dijo que Profesionales de Bolsa, la sociedad que había canalizado coimas a través de contratos falsos, le había ayudado a lavar dinero.El capítulo colombiano del escándalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileña de ingeniería pagó alrededor de US$56 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos sólo en este país sudamericano para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros.En el último año, la Fiscalía ha imputado a un centenar de personas. El pasado agosto, el Grupo Aval y su fiduciaria Corporación Financiera Colombiana SA llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un “importante ardid de sobornos” en el caso de la Ruta del Sol II. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de información sobre los ilícitos posiblemente cometidos así como el pago de US$ 80 millones.A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aún no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer íntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigación transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OCCRP encontró un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotráfico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodístico revela vínculos de lobistas con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda además operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora.De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escándalo Lava Jato, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que al menos en este país, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compañía brasileña pasaron por el corazón del crimen organizado.El trabajo colaborativo hace parte del proyecto #Narco Files: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quiénes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación del mundo, quienes examinaron durante meses el material junto a cientos de otros documentos judiciales, estatales y privados; numerosas bases de datos privadas y públicas; y realizaron entrevistas múltiples con protagonistas, fuentes confidenciales, expertos e investigadores, entre otros.Un sobornador que cuidaba su reputaciónEl sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht movió el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros países, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, éstos le ayudaban a “bajarlo” a los países y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dónde llegó la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. Quería ganar contratos rápidamente, pero a la vez mantener su reputación de ser una eficaz firma internacional de ingeniería sin tacha.Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil, según relató a este equipo periodístico una autoridad brasileña que estuvo muy cerca de la investigación.En Colombia, según dijeron ante las autoridades los confesos lobistas, los ejecutivos de Odebrecht solían imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la Fiscalía que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedía proponer “empresas serias, o empresas con trayectoria” porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a través de ellas. [Declaración jurada de Federico Gaviria Velásquez ante la Fiscalía General, el 27 de octubre de 2017]Dibujo Federico GaviriaIlustración: Miguel MéndezMientras esto exigían, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. José Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que había conseguido pasar por ganadero legítimo por dos décadas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y confesó que había mantenido relaciones comerciales con ambos. [Preacuerdo de José Byron Piedrahita Ceballos con la Fiscalía General el 5 de agosto de 2019]Dibujo Otto BulaIlustración: Miguel MéndezEn 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a través de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venía trabajando con la multinacional desde años atrás y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezó la investigación de los sobornos que la multinacional había pagado en el país. Gaviria probó ser un asesor y lobista efectivo por sus contactos empresariales y políticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercía esa labor, Gaviria también pagó sobornos para quedarse con un contrato por 67.000 millones de pesos con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según él mismo admitió ante la justicia.Clic a PDF de conexiones¿Por qué la multinacional, que quería preservar su imagen, eligió trabajar con estos personajes?Este equipo periodístico envió preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptó Odebrecht) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondió que “no comenta sobre el contenido de la información proporcionada de forma confidencial en el ámbito de los procedimientos realizados por las autoridades públicas en Colombia”. Reiteró, además “que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, la compañía y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicción colombiana, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a hacer claridad sobre materias de interés investigativo”.En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estándares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, señaló a la empresa “como líder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (compliance)”.Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenían acceso a políticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, había salido elegido al Senado en fórmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Éste había sido gran aliado político de su primo Álvaro Uribe Vélez en su primer período en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresó al país a buscar contratos, después de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cómplice del paramilitarismo que asoló el país entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo dejando millones de víctimas de masacres, despojo y otros crímenes.Una fuente vinculada a la empresa y que acompaña el caso en Colombia, y quien pidió no ser identificada, indicó que nunca hubo ninguna intención de aproximación a personas u organizaciones para vincular a la empresa más allá del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el país. Aseguró que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y también en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.La falsa compra de Villa EstherA comienzos de 2013, Odebrecht necesitaba mover fondos ilegales para pagar sobornos a congresistas y funcionarios por haber conseguido que el gobierno firmara con la multinacional, un contrato de “estabilidad jurídica”, que les congeló las condiciones fiscales durante la construcción de la Ruta del Sol II, haciéndola más rentable.Según dijo Bula a la Fiscalía, Odebrecht le pidió una cuenta en el exterior para poder efectuar el pago por la "eficiente gestión". Por esa razón acudió al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, un ganadero amigo de Mario Uribe, que tenía una empresa offshore en Panamá llamada New Com Int.A esa empresa entraron en febrero de 2013, US$2,5 millones (equivalentes a 4.000 millones de pesos de la época). Según la contabilidad secreta de Odebrecht, quien transfirió ese dinero fue Klienfeld Services, una sociedad offshore en Antigua y Barbuda que la multinacional usó como pantalla para repartir sobornos en varios países. Y desde New Com Int, se giraron los dineros a Colombia mediante consignaciones a la empresa Comunicar y Transmitir, de la que Restrepo fue fundador, como quedó documentado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una vez los fondos estuvieron en Colombia, fueron entregados en varios cheques a Otto Bula, quien los hizo llegar hasta los bolsillos de los lobistas que habían hecho posible el contrato de “estabilidad jurídica” tan requerida por Odebrecht. [Declaración jurada de Otto Nicolás Bula Bula, en la Sentencia contra Bernardo Miguel Elías Vidal, el 29 de julio de 2021]El día 14 de ese mismo mes se firmó una promesa de compraventa en Colombia [Expediente senador Bernardo Elías Vidal, Corte Suprema de Justicia, 8 de noviembre de 2017] por la cual el mismo Restrepo Osorio se comprometía a vender su finca en el municipio antioqueño de La Estrella, llamada Villa Esther, por 12 mil millones de pesos. Según el documento, la finca tenía 20 hectáreas, pero sólo seis hectáreas se estaban comprometiendo en la venta, que incluían una casona, una piscina, un establo y un kiosko. Como comprador aparecía Klienfeld Services Ltd, y José Antonio Bonnet Llinás, ex compañero de trabajo y conocido de muchos años de Federico Gaviria, según éste dijo a los fiscales, se presentó como su apoderado. Esta alianza envió preguntas a Bonnet Llinás para saber desde cuándo había sido nombrado apoderado de la empresa extranjera y bajo qué circunstancias a dos empresas en las que aparece como gerente, pero hasta el cierre de esta historia no había respondido.Clic a PDF contrato promesa de compraventa Villa EstherSin embargo, conforme al certificado de tradición y libertad, el traspaso real del inmueble que estaba previsto para diez días después de firmar la promesa de compraventa, nunca sucedió. Para lo que parece haber servido esta falsa operación inmobiliaria fue para camuflar la traída al país de al menos 2,5 millones de dólares y legitimarla ante los bancos.Restrepo aseguró que prestó sus cuentas para traer el dinero a Colombia porque le habían dicho que se trataba de una transacción legal. Incluso, dijo que Bula lo llevó a dos reuniones con Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Pero que, a último momento, la negociación cambió de rumbo y no incluyó el intercambio de la finca. “Lo único que hice fue dar mis coordenadas de la cuenta y ellos transfirieron en dos partes”, detalló.Después de haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias, relata Restrepo, recibió un reclamo de Bula por los fondos que le habían girado. “Necesito que me pague”, le pedía el exsenador. Aunque Restrepo asegura que no era lo que habían convenido, finalmente aceptó entregarle los fondos al lobista.Al final, los dos ganaron: Bula movió el dinero hacia Colombia y, a cambio, Restrepo le retuvo el monto correspondiente a una vieja deuda de Bula, según declararon ambos a la Fiscalía.Los sobornos pagados a parlamentarios por lograr la aprobación de la “estabilidad jurídica” en el Congreso ha sido el capítulo central de varias sentencias judiciales: la del lobista Otto Bula, la del exsenador Bernardo Miguel Elías y la del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por mencionar algunas. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el ingreso de los 2,5 millones de dólares a Colombia aún no han sido esclarecidas del todo, ni tampoco la responsabilidad de quienes participaron en la transacción.Restrepo aseguró que se había reunido con el director jurídico de la multinacional Yesid Arocha, y que en esas reuniones habían acordado la transacción en dólares y el negocio de la finca. No obstante, nadie de Odebrecht ha reconocido hasta el momento la existencia de este contrato simulado de promesa de compraventa. En las declaraciones de Otto Bula tampoco aparece mención alguna a esta compraventa y su firma no aparece en el documento, a pesar de ser la persona que supuestamente iba a comprar la finca. Y esta alianza periodística no encontró requerimiento judicial alguno para que Bonnet Llinás explique cómo llegó a firmar la falsa compraventa y confirme su calidad de representante legal en Colombia de una empresa que era usada por Odebrecht para mover la plata ilegal de las coimas.Pero la historia de Hernando Mario Restrepo con la justicia es mucho más amplia. Es amo y señor de su Caramanta natal (fue presidente del concejo municipal), un pueblo de 5000 habitantes donde es gran propietario. La Tesalia SA, su compañía familiar, compró 75 inmuebles en ese municipio desde 1995 hasta la actualidad. Su influencia creció hasta codearse con la clase dirigente de la región, como cuando se fotografió en una boda junto con Mario Uribe y su mujer.La riqueza repentina de Restrepo cernió una sombra sobre su origen, como explicó a la Fiscalía un testigo de la municipalidad de Caramanta, que dijo que en el pueblo se relacionaba su fortuna con presuntos vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, el poderoso narcotraficante líder del Cartel del Norte del Valle y preso en Estados Unidos desde 2007.Cuando Restrepo dijo que se reunió, en 2013, con el ejecutivo de Odebrecht, su apellido ya había sido vinculado públicamente con la mafia colombiana. El periodista Daniel Coronell había publicado en 2005 en Semana una columna que lo señalaba como integrante del cartel liderado por “Chupeta”. La acusación fue ratificada por el jefe paramilitar Juan Carlos Ramírez Sierra, alias “El Tuso”, que volvió a vincularlo con este narcotraficante en 2010. “Restrepo fue el contador, el que le manejaba las finanzas toda la santa vida a Chupeta”, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia. Según su testimonio, el empresario es propietario de “numerosas propiedades” a nivel departamental, nacional e internacional. [Declaración de Juan Carlos Sierra Ramírez ante la Corte Suprema de Justicia, el 7 de junio de 2010]Los archivos secretos de un computador de Chupeta, a los que tuvo acceso esta alianza periodística, que permitieron a las autoridades reconstruir su economía ilegal y esclarecer decenas de asesinatos, muestran anotaciones que podrían interpretarse como una referencia a Restrepo. Entre los documentos revisados aparece un alias “006” de nombre “Hernán Mario Restrepo” y otras menciones a “Mario” o “Hernando”.Años más tarde, las acusaciones contra Restrepo se concretaron en expedientes. Documentos judiciales prueban que desde diciembre de 2021 pesa contra el empresario una acusación de la Fiscalía por financiar y abastecer, junto con su hermano Fabián Oswaldo, al bloque suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operó en la zona de Antioquia. La misma estructura ilegal que, según la Fiscalía y una sentencia de Justicia y Paz, se asentaba en fincas del exsenador Mario Uribe. Consultada por esta alianza, la Fiscalía respondió que el proceso contra Restrepo por presuntos vínculos con paramilitares está en etapa de juicio y que otra rama especializada adelanta una investigación para esclarecer el origen de la riqueza de Restrepo.Esta alianza periodística envió un cuestionario a Restrepo para preguntarle tanto por su participación en la falsa operación inmobiliaria por la finca Villa Esther como por sus vínculos con el paramilitarismo, pero el empresario no respondió las consultas.Si Odebrecht miró para otro lado con Restrepo, la elección de Bula como lobista es más difícil de explicar para la compañía, porque este exsenador mantuvo constante relación con los directores brasileños a cargo de las operaciones en Colombia. Bula llegó a la alta política mientras se relacionaba con el crimen organizado. El narcotraficante Piedrahita dijo a la Fiscalía que, como parte de su esquema de lavado, realizó intercambios comerciales con Bula desde 2004, que incluyeron entregas mutuas de dinero en efectivo, dos fincas y negocios con ganado por 5000 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$ 1,8 millones de la época. Odebrecht debía conocer su prontuario, pero igual usó sus servicios para aceitar el mecanismo de pagos ilegales.Bula también quedó bajo la lupa de la justicia por una supuesta relación con la Oficina de Envigado, una estructura de cobro de deudas creada por Pablo Escobar Gaviria, que luego pasó a dirigir actividades criminales en Medellín. En junio de 2014, según documentos que forman parte de la filtración #NarcoFiles, mientras Bula movía las maquinarias en el Congreso en favor de Odebrecht, las autoridades colombianas encontraron en la escena del crimen de Wilmer Alexis Metaute, uno de los jefes la Oficina, una carta en que decía que Macario Guillermo Arango de León le debía a Bula 5.540 millones de pesos -equivalentes a unos US$3 millones de la época. [Sentencia en el proceso de extinción de dominio contra Otto Nicolás Bula Bula, Carmen Luz Hoyo Abad, Agropecuaria El Central SA y Porto Lagonteries Ltda., el 4 de agosto de 2020]. Esta prueba motivó una investigación judicial para determinar si el exsenador tendría relación con estos dos individuos vinculados a la Oficina de Envigado. Esta alianza consultó a la Fiscalía por este expediente judicial y otros que involucran a los lobistas de Odebrecht. En una detallada respuesta de siete páginas, la entidad aseguró que la información requerida “no es susceptible de suministrar a los periodistas” pues existen restricciones legales que no le permiten hacerlo.Bula también fue contactado por esta alianza periodística, pero el exsenador no respondió las preguntas.La finca Paraná de PiedrahitaVilla Esther no fue la única finca que enredó a Odebrecht con un personaje bajo la sombra mafiosa. El confeso narcotraficante Piedrahita declaró ante la justicia una historia que lo conecta con la escandalosa saga de sobornos que la constructora brasileña repartió en Colombia. Dijo que Federico Gaviria, otro lobista clave de la compañía, junto a otros dos socios le compraron su hacienda Paraná en 2014 en Planeta Rica, un municipio del Caribe colombiano. La finca para ceba de ganado la había recibido el mismo Piedrahita en 2012, como pago por el millón de dólares que le había prestado a un narcotraficante, para pagar su defensa en Estados Unidos.En los papeles de la hacienda, el nombre de Gaviria no figura. Sin embargo, Piedrahíta ratificó ante los fiscales que él sí fue clave en el negocio. “Se vendió el 10 de septiembre de 2014 a Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria una finca llamada Paraná, que se encuentra ubicada en Planeta Rica (…) figurando como comprador Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, empresa de propiedad de Profesionales de Bolsa, que fue creada solamente para celebrar este negocio”, dijo Piedrahita.El registro oficial ratifica esa versión: la finca pasó de manos de Comercializadora Troppo S.A., una sociedad de Piedrahita, a la empresa Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, una compañía que había sido creada recientemente por Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón, Gustavo Adolfo Torres Forero y Teresita Arango Arango. [Acta de constitución de la sociedad Gestoría Profesional Agroindustrial, 14 febrero de 2014] Ellos eran además accionistas de una firma de corredores de la Bolsa de Bogotá, Profesionales de Bolsa S.A. Ésta sociedad también fue intermediaria de pagos ilegales en la compleja trama que aún hoy, casi una década después de que estallara, no termina de esclarecerse.Piedrahita dijo que, en total, la operación pactada fue por 6153 millones de pesos colombianos –equivalentes a unos US$2,6 millones de la época– y que se firmó oficialmente por 4000 millones de pesos colombianos -U$1,6 millones-; es decir, por casi un millón de dólares menos. Consultado por esta alianza periodística, el abogado tributarista, Federico Lewin, explicó que “no es inusual en Colombia que las compras de tierras se registren por menor valor para evadir impuestos, una práctica que puede acarrear sanciones tributarias o incluso penales”.Sin embargo, en este caso particular, hay una coincidencia notable: la adquisición de la finca, según el certificado oficial, se concretó el 26 de enero de 2015. Es decir, diez días después de que Profesionales de Bolsa recibiera el pago de una factura por 2.695 millones de pesos -equivalentes a US$ 1 millón de la época- de parte de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que Odebrecht era socio principal. [Sentencia contra Federico Gaviria Velásquez, Gabriel Alejandro Dumar Lora y Gustavo Adolfo Torres Forero, el l 10 de junio de 2022]La justicia determinó que este desembolso junto a otros tres giros que recibió Profesionales de Bolsa por parte de la Concesionaria –y que sumaron 8.376 millones de pesos– fueron pagos ilegales que se ocultaron bajo la fachada de un contrato ficticio. De esta plata, según las sentencias judiciales, Gaviria se quedó con 4.379 millones de pesos como pago por sus gestiones ilegales y 1.962 millones de pesos fueron a Profesionales de Bolsa, razón por la cual su representante Gustavo Adolfo Torres fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito.No se puede afirmar que la finca Paraná fue comprada precisamente con esos dineros girados por la Concesionaria. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, montos y la confesión de Piedrahita levantan una sospecha de que la comisión ilegal, al comprarle un bien a un narcotraficante, pudo haber servido para lavar dinero. Asimismo, en 2017 Otto Bula aseguró que alertó a los investigadores de la Fiscalía sobre las irregularidades que pudieron haber rodeado la finca Paraná: “Me entero (del negocio) por el señor Gustavo Torres o por el señor Federico Gaviria. Se la compraron al señor José Piedrahita, pero no sé ni cuánto costó ni cómo lo pagaron”.Esta alianza periodística intentó comunicarse con Gaviria para preguntarle por distintos hechos mencionados en esta investigación, pero el ingeniero no respondió las consultas.Piedrahita fue condenado por este y otros casos de lavado de dinero. La Fiscalía aseguró a esta alianza que actualmente ni la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ni el Grupo de Persecución de Bienes adelantan investigaciones sobre la finca Paraná. Esto a pesar de que en la apertura de una investigación preliminar de el 31 de enero de 2019 la misma Fiscalía planteaba "si Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria, Profesionales de Bolsa, al registrar la compra de la finca Paraná por un valor inferior al pagado en efectivo a través de una empresa constituida solo para ese efecto, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, incurrieron al parecer en el delito de lavado de activos".De la confesión Piedrahita se pudo reconstruir no sólo el origen ilícito de su fortuna, sino también su red de relaciones, entre ellas con Profesionales de Bolsa, una sociedad que fue clave tanto para la adquisición de la finca Paraná como para toda la trama de pagos ilegales de Odebrecht en Colombia.Nacida a finales de los años ochenta en Bogotá, esta firma se especializaba en ofrecer oportunidades de inversión en mercados de capitales, así como en el negocio ganadero. [Documento “Kardex - Matrícula 00310791 - LB 09 - Registro 00300696 - Caja 4744 - Año 1998 - Tramite.tif”, del expediente de la sociedad Profesionales de Bolsa, en la Cámara de Comercio de Bogotá] Tras el escándalo, Profesionales de Bolsa entró en liquidación voluntaria y la Superintendencia Financiera ordenó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores en diciembre de 2018. [Resolución 1769 del 13 de diciembre de 2018 de la Superintendencia Financiera]Piedrahita hizo énfasis en su relación con este agente de bolsa al recordar que, cuando estalló el escándalo que lo complicó judicialmente desde 2008, a raíz de una publicación periodística, se le cerraron muchas puertas de entidades financieras como el BBVA y el Banco de Bogotá, “pero eso no ocurrió con Profesionales de Bolsa, que siguieron respaldándome comercial y financieramente”, señalan los documentos. Este equipo periodístico envió consultas al abogado de Mayorga Pachón, Torres y Arango, que fueron accionistas de Profesionales de Bolsa, pero hasta el momento de la publicación no fueron respondidas.La Cubana de los herederos de Cifuentes VillaTras lograr la aprobación de la leyes que le aseguraron a Odebrecht la “estabilidad jurídica” en febrero de 2013, Bula y Gaviria ya sabían que sus honorarios estaban próximos a llegar, según relató el propio Gaviria a la Fiscalía. Aseguró que Bula le propuso entonces a su compañero hacer un negocio ganadero juntos: comprar La Cubana, una antigua finca en Cáceres (Antioquia) de 1200 hectáreas.Tres fuentes independientes consultadas por esta alianza periodística, aseguran que la hacienda había pertenecido al narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, más conocido como Pacho Cifuentes, asesinado en 2007, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. Según las fuentes consultadas, Cifuentes consideraba a la hacienda como uno de sus tesoros y dijeron que, tras su muerte, había quedado en cabeza de sus herederos.La Cubana volvió a quedar bajo la lupa cuando, ya después de haber sido condenado por el caso Odebrecht, Gaviria entregó a la justicia un lote de esta finca como parte de la compensación económica exigida en los tribunales. Predios sobre los que el Grupo de Persecución de Bienes no tiene ninguna investigación en curso para esclarecer si tienen vínculos con grupos organizados al margen de la ley, según informó la Fiscalía como respuesta a un cuestionario de esta alianza.El trato que hicieron Gaviria y Bula –según la versión del primero- fue que el exsenador aportaría la finca y el ingeniero, junto a su socio y cuñado Mauricio Londoño, se encargarían de acondicionar el predio para su uso ganadero y también administraría el negocio. Para este fin, crearon la sociedad El Dorado Cáceres SAS, que concretó la compra en junio de 2014 a Agropecuaria LSA SAS.Bula finalmente decidió no participar: "Al principio pensé hacer un negocio con esa finca pero la iba a cambiar por propiedades. En esa finca estaban unos herederos, después hubo una diferencia y una cosa ahí entonces yo dije: ‘yo no hago ese negocio’", explicó Bula a la Fiscalía.Hubo dos intermediarios -según Gaviria- para formalizar la adquisición de la hacienda: un hombre llamado Felipe Gómez y Juan Fernando Ramón Zapata, hermano del extraditado narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias “El Médico”. Juan Fernando estuvo casado por varios años con Sara Carolina Cifuentes Gómez, una de las hijas del capo Pacho Cifuentes. Las fuentes consultadas coincidieron en que este hermano de ‘El Médico’ participó en esa operación inmobiliaria en representación de los herederos del capo Cifuentes. Según los registros de la Rama Judicial, Juan Fernando radicó la demanda de divorcio de Sara Carolina en 2022.“Se acordó como pago de los ‘intermediarios inmobiliarios’ la suma de 5000 millones de pesos”, indicó Gaviria, y luego explicó que los desembolsos por el valor de la hacienda se hicieron entre 2014 y 2016. El lobista aceptó que el dinero de la finca, procedente de sus honorarios de Odebrecht, había sido pagado a través de varias sociedades, entre ellas, Profesionales de Bolsa, Coast Helicopter, Helicontinente, Grupo Mundial de Ingenieros y Consultores Unidos.En la sentencia judicial contra Gaviria, la mayoría de los destinatarios de este dinero no aparecen plenamente identificados, sin embargo, esta alianza pudo corroborar que al menos dos pagos que suman 216 millones de pesos fueron girados directamente a nombre de Ángela María Gómez de Cifuentes, ex esposa del capo asesinado. Estos pagos fueron hechos a través de Grupo Mundial de Ingenieros y de la empresa Aldepósitos. [Sentencia contra Eduardo Zambrano Caicedo y Federico Gaviria Velásquez, emitida por el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá, D.C. el 7 de abril de 2021]La operación de la que hizo parte Aldepósitos para mover los fondos de Odebrecht fue orquestada por otro lobista de renombre en esta trama: Eduardo Zambrano Caicedo. Este ingeniero, asesor de la constructora brasileña, suscribió un contrato ficticio con Aldepósitos para hacer llegar el dinero opaco a Colombia. No fue la única operación que ordenó. Zambrano confesó haber movido 12,509 millones de pesos (equivalente a unos US$5,1 millones al cambio de la época) a través de la empresa Consultores Unidos. Zambrano jugó un papel decisivo como intermediario para canalizar el pago de 650 millones de pesos a Roberto Prieto, el gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014. Según la sentencia judicial de Prieto, así se le recompensó al gerente de esa campaña por haber gestionado un contrato para Zambrano, representante de Consultores Unidos, dentro de las obras de la Ruta del Sol 3, a cargo de otra concesionaria llamada Yuma, cuyo socio principal era la empresa italiana Impregilo. [Sentencia en contra de José Roberto Prieto Uribe, emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, el 30 de mayo de 2019] El dinero, dice el fallo del juez, se tramitó con el pretexto de "tapar los huecos financieros" de la campaña de reelección presidencial. Eduardo Zambrano también fue pieza clave en el caso contra el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, a quien señaló de recibir pagos de la multinacional Odebrecht disfrazados como contratos. “Lo que a mí me consta es que Odebrecht, a través de Consultores Unidos, mi empresa, le pagó unos dineros durante el año 2012 y 2013 (...) a Daniel García Arizabaleta”, explicó Zambrano a la Fiscalía. Como soporte de su versión, entregó 13 cheques cobrados por García Arizabaleta y que suman alrededor de 280 millones de pesos.García Arizabaleta hoy está negociando con la justicia para recibir inmunidad penal a cambio de su delación en contra del candidato presidencial que enfrentó a Santos en la segunda vuelta en 2014. García dijo que Odebrecht le había pagado al publicista Duda Mendonça (ya fallecido) para que asesorara la campaña de Oscar Iván Zuluaga.Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, el ingeniero recibió inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Quedó en libertad a finales del año pasado.No parece haber tenido injerencia alguna en la decisión de otorgarle inmunidad, el hecho de que Zambrano hubiera estado prófugo de la justicia en dos ocasiones anteriores. Y no por delitos menores. En 1982, las autoridades bancarias comprobaron una estafa a los ahorristas del Banco del Estado en la cual Zambrano, entonces vicepresidente de la entidad, fue protagonista. Luego huyó del país.En Brasil intentó infructuosamente conseguir trabajo, e hizo contacto con unos empresarios de Medellín a quienes les comenzó a manejar sus inversiones, según su propio relato. En febrero de 1983 compró un apartamento en Río de Janeiro que pagaba cuentas de teléfono millonarias. Pronto consiguió la residencia en ese país.En 1984, las autoridades de Panamá, presionadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, luego del asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, desmontaron la construcción incipiente de un laboratorio para producir cocaína en el Darién e incautaron decenas de tanques de éter. La pesquisa los llevó a Zambrano, quien declaró ante la policía panameña como informante bajo el nombre de José Caicedo (su segundo nombre y su segundo apellido).Allí contó que él había hecho un pago de 200 mil dólares a la campaña presidencial del panameño Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno –o la vista gorda – del gobierno de ese país para montar un laboratorio de producción de cocaína en las selvas del Darién. El ingeniero colombiano contó que él mismo había estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del jefe de la fuerzas de defensa panameñas, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas sería de 4 millones de dólares más otros 200 dólares por kilo de cocaína producido. Esperaban producir 5 mil kilos mensuales. Así podrían montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y éter (precursores químicos para procesar la coca). No obstante, por la presión estadounidense, no les cumplieron el trato.La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dólares de esa época (unos 32 millones de dólares de hoy). Varias facturas tenían como beneficiario a Vicente Wilson Rivera González, quién luego fue identificado como jefe de un cartel en la Amazonía entre Colombia y Brasil.Zambrano fue expulsado de Panamá, pero la policía brasileña, que también había desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendían montar sus laboratorios en la Amazonía de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubrió que éste usaba el departamento de Río que figuraba a nombre de Zambrano.En abril de 1987, el Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Rivera, Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber “implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, a través de la adquisición de sustancias químicas éter y acetona, con vistas a la producción, refinamiento y distribución, a gran escala, del enervante para diversos países”. También le quitaron el apartamento por considerarlo fruto de dinero ilícito. El juez federal Helio de Matos los condenó diez años después, en 1997. A Zambrano le impuso cuatro años de prisión, pero como tampoco se había presentado ante la justicia, y pasó tanto tiempo entre la acusación y la condena, el juez declaró la “punibilidad extinta” de su caso.Un voluminoso expediente de la justicia brasileña, de más de 800 páginas, consultado por esta alianza periodística, revela esos capítulos desconocidos de Panamá y de Brasil, en la larga historia delictiva de Zambrano. Este equipo envió preguntas a Zambrano a través de uno de sus hijos y de su abogado para tener su versión tanto su participación en el caso Odebrecht como la relación que tuvo con el narcotráfico, pero no hubo respuesta.Zambrano regresó a Colombia y se reinventó como socio de Consultores Unidos, la empresa que luego involucró en pagos ilegales para Odebrecht. Sus vínculos con el narcotráfico pasaron al olvido, salvo por el periodista Alberto Donadío que citó en su libro Nobelbrecht y en una columna de opinión, que el nombre de Zambrano había salido en la prensa en los ochentas asociado al Cartel de Medellín. Esta investigación corrobora esa versión con el expediente original del caso en Brasil.Aún así, la Fiscalía no parece haber atado ningún cabo.A partir de distintas confesiones, como la de Piedrahita, pero también de las otras investigaciones aquí mencionadas, la Fiscalía ha acumulado en sus escritorios pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. Aún así, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboración a varios de ellos, aunque no parecen haber confesado la parte más oscura de sus operaciones ilegales. En menos de siete años, casi todos ellos lograron recuperar su libertad y otros ni siquiera han sido procesados.Las sentencias de los jueces en el caso Odebrecht tampoco ahondan en estas conexiones de lobistas e intermediarios con el crimen organizado.*Esta investigación tuvo el apoyo de OCCRP, IDL-Reporteros (Perú) y La Prensa (Panamá)
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, quien fuera su gerente en 2014, por hechos relacionados con la financiación de su campaña con dineros de la constructora brasileña Odebrecht.En contexto: Óscar Iván Zuluaga, en medio de escándalo por dinero de Odebrecht, renuncia al Centro DemocráticoSegún el ente acusador, el exministro Zuluaga “sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht. Así obtuvo por concepto de reposición de votos más de 25.291 millones de pesos”.Así mismo, indicó que Óscar Iván Zuluaga y su hijo “indujeron en error al CNE (Consejo Nacional Electoral)”, tras rendir declaraciones “en las que omitieron información sobre los aportes de la multinacional”, razón por la que el organismo de control “cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera”.Caso Óscar Iván Zuluaga: los magistrados que votaron por cierre de la investigación del CNE en 2017“Para la Fiscalía, se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Adicionalmente, se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’”, precisó el ente acusador en un comunicado.Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusa a Óscar Iván Zuluaga “por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares. A Zuluaga Martínez (su hijo) le atribuye un evento de fraude procesal”.En julio pasado, ni el excandidato presidencial ni su hijo aceptaron los cargos imputados.En esa audiencia, el fiscal Andrés Palencia señaló que Óscar Iván Zuluaga engañó a su hijo: “Usted sabía que al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara, no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”.“Usted, señor Óscar Iván Zuluaga, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga y a Víctor Manuel Poveda, como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y segunda vuelta presidencial”, agregó.Puede ver: ¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan
Este jueves 26 de octubre, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, gerente de su campaña en 2014, serán llamados a juicio por la supuesta financiación ilegal por parte de Odebrecht, la multinacional brasileña inmersa en escándalos.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la NaciónÓscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga deberán responder por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Se prevé que la próxima semana quede radicado el escrito de acusación.En la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el 10 de julio de 2023, la Fiscalía señaló que Zuluaga había engañado a su hijo. “Usted sabía que, al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral, necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”, expresó el fiscal Andrés Palencia.En medio de dicha diligencia, los Zuluaga no aceptaron cargos.Los audios sobre Odebrecht que salpicaron a Óscar Iván ZuluagaEl excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga quedó en el ojo del huracán luego que, a través de unos audios, presuntamente aceptara la financiación de dinero ilícito proveniente del caso Odebrecht para su campaña. El material fue aportado por el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta.En los audios, revelados por revista Semana, Zuluaga habla de destrucción de evidencia y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014.En las conversaciones, que llegaron a manos de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de su campaña, que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le habría contado toda la verdad.Óscar Iván Zuluaga: “Yo fui y le dije: 'Padre, dígame una cosa, ¿yo qué debo hacer?'”.Daniel García Arizabaleta: ¿Le contó toda la historia?Óscar Iván Zuluaga: Sí, le dije: 'padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.En medio de la conversación, Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia, esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial y hoy es también investigado por fraude procesal.Óscar Iván Zuluaga: “Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Si yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo lo asumo porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese y pienso también es que, si el día de mañana tengo que asumir una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos”.¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen, “como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña–Gamarra al proyecto vial”, señaló el ente acusador en un comunicado.Jorge Enrique Pizano: Fiscalía insiste en que muerte de testigo clave del caso Odebrecht fue naturalDe acuerdo con la información revelada por el ente investigador, “un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen, como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña–Gamarra al proyecto vial”.Caso Odebrecht: Germán Vargas Lleras dice que no estaba en el gobierno cuando se firmó el otrosíA consideración de la Fiscalía General de la Nación, “la exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado”.Asimismo, señala que Cecilia Elvira Álvarez “no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”.La Fiscalía General de la Nación imputará a la exministra de Transporte por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.“La audiencia de acusación será programada en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia”, agrega.En agosto pasado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga y anunció 55 nuevas imputaciones, después de 6 años de iniciado el escándalo.Detrás de este entramado está la cúpula de la multinacional, citada ahora a imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos son:Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional entre 2008 y 2015.Eder Paolo Ferracuti, presidente de la concesión Ruta del Sol 2.Eleuberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, quien intentó un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero nunca se avaló por un juez.Luiz Antonio Mameri.Estas personas confesaron los pagos en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. A pesar de eso, solo hasta ahora en Colombia son llamados a imputación.Caso Odebrecht: ¿por qué pasaron seis años para realizar nuevas imputaciones?
Avanza la audiencia donde se definiría si se precluye o no el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía insiste en que el ingeniero falleció por causas naturales.En otras noticias: Ya hay fecha para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación de las ternas para fiscalLa Fiscalía argumentó que la muerte de Jorge Enrique Pizano, dada el 9 de noviembre de 2018, se dio por causas naturales y no por un suicidio con cianuro."Esas causas quedaron debidamente consignados en un protocolo de necropsia del patólogo Pedro Emilio Morales, el cual reza que el deceso del señor Jorge Enrique Pizano se debió a una arritmia cardiaca secundaria a hipertrofia concéntrica", comentó Carlos Mauricio Escobar, fiscal del caso.El ente investigador también señaló que la necropsia de Jorge Enrique Pizano mostró que el exauditor de la Ruta del Sol II tenía un cáncer linfático y antecedentes de enfermedades cardiacas, pero no se encontraron rastros de cianuro.Sin embargo, en la audiencia también se planteó una contradicción, pues el fiscal Escobar dijo que en la boca de la botella que contenía el cianuro se encontraba el ADN de Jorge Enrique Pizano.Durante la audiencia, el fiscal expresó: "En la boca de la botella marca Omi saborizada que se encontraba en la habitación principal del ático, se detectó ADN del señor Jorge Enrique Pizano".Para la defensa, las pruebas habrían sido alteradas, por lo cual presentaron evidencias y testimonios que darían cuenta de estas presuntas manipulaciones.En temas relacionados: Caso Odebrecht: Germán Vargas Lleras dice que no estaba en el gobierno cuando se firmó el otrosí
En la última alocución como presidente electo de Abelardo de la Espriella, el abogado presentó un balance del proceso de empalme en las regiones y lanzó una advertencia contra los sectores de la oposición que, según él, buscan desestabilizar el país mediante con la "desobediencia civil", cuestionando que el gobierno saliente de Gustavo Petro, junto con su bancada en el Congreso, se niegue a reconocer su triunfo."No podemos normalizar que quienes perdieron estén preparando la desestabilización del país", afirmó, enfatizando en que “soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme. (…) No sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido, y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir”.Tras esto, anunció que desde el mismo día de su posesión oficializará ante la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía una nueva estrategia de seguridad y orden público. El objetivo central será recuperar la soberanía en zonas críticas y proteger a la ciudadanía “de la delincuencia y el narcoterrorismo, fenómenos criminales que se fortalecieron con la complicidad del gobierno que sale y el hoy presidente”.Nueva ministra de CienciaLuego de asegurar que no eligió ministros porque fueran "recomendados", anunció a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, seleccionada a través de la plataforma Banco de Talentos, que recibió casi 300.000 inscripciones. (Lea también: Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno)Sede presidencial en BarranquillaDe la Espriella manifestó que quería aclarar rumores sobre la sede presidencial que tendrá en Barranquilla, subrayando que “no se está construyendo un nuevo Palacio, no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe como algunos han querido hacer creer. La edificación ya existía, tiene muchos años. La edificación existía en la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso, en Barranquilla”. Añadió que “lo que se está realizando en el inmueble son adecuaciones para garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento adecuado que requiere una sede de la Presidencia de la República. Ahí existe una infraestructura estratégica además, hay un búnker subterráneo, que fue construido también hace muchos años para albergar personas en caso de guerra. Fue construido como protección para el presidente de Colombia en caso de que hubiere una confrontación bélica internacional”, pero ahora “funciona una sala especial de crisis y operaciones desde donde se podrán coordinar acciones contra los narcoterroristas y el crimen organizado en toda Colombia”.Por otro lado, aseveró que los arreglos “no se están financiando con recursos públicos, con recursos del erario, con la plata de los colombianos como se ha querido presentar. Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano. Esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla que han querido contribuir a este proyecto que trae grandes beneficios para la ciudad. Y el mobiliario, que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata, voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado”.Posesión austera en CaliRompiendo con la tradición colombiana, la posesión presidencial se llevará a cabo por primera vez en la ciudad de Santiago de Cali. La decisión, dijo el presidente electo, “representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones”. Añadió que “el suroccidente, así como el Catatumbo, van a ser por fin recuperados. Yo no tomé esta decisión solo por simbolismo y como un homenaje a las regiones que han caído en manos de la delincuencia. También lo hice porque creo firmemente que las grandes decisiones del país deben traducirse en oportunidades para las ciudades y para su gente”.“Mi posesión será una ceremonia austera, que va a costar menos de la que se hizo hace cuatro años. La posesión saldrá 50 % más económica”, declaró, indicando que “será una posesión sencilla, pero llena de patriotismo”. (Lea también: Este es el significado de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali)Compromiso con la tercera edadDe la Espriella denunció que el programa Colombia Mayor se encuentra desfinanciado, con un déficit de 3.2 billones de pesos. Según sus declaraciones, el gobierno anterior agotó los recursos de todo el año en el primer semestre. A pesar de esto, envió un mensaje de tranquilidad a los tres millones de beneficiarios, asegurando que los pagos se realizarán tras una reorganización del gasto público. “Les voy a cumplir, los pagos se harán. Solamente les pido una semana mientras ponemos la casa en orden, eliminamos el gasto innecesario y destinamos esos recursos a quienes más lo necesitan”.Además, ratificó su promesa de campaña de aumentar el subsidio a 400.000 pesos mensuales, enfatizando que bajo su mando a los abuelitos "no se les abandona".NOTICIAS CARACOL
El cantante Milton Mesa, de la agrupación conocida como Los Bacanes del Sur, fue secuestrado por hombres armados en la vía que comunica a la ciudad de Popayán con El Tambo, en el departamento del Cauca.Varios hombres habrían ingresado a un estadero en el sector de La Chorrera y obligaron al músico a subir a una camioneta que luego se fue por la vía en dirección hacia El Tambo, según dijeron fuentes de El Espectador. El medio también indicó que el Gaula recibió la alerta sobre las 6:00 de la tarde y “de inmediato los destacamentos de Gaula Militar como de Gaula Policía fueron desplegados para adelantar investigaciones”.¿Cuál es la agrupación Los Bacanes del Sur?De acuerdo con los canales oficiales de la banda, Los Bacanes del Sur surgió a mediados de 2001, cuando “grupo de amigos de Popayán, Cauca y Florencia, Caquetá, deciden formar una agrupación musical con el fin de expresar sus sentimientos y vivencias”.La agrupación se dedica a componer y producir música norteña y popular. “La primera propuesta discográfica titulada El Raspachín fue lanzada al mercado en el año 2002, obteniendo la aceptación total del público en general ya que su singular manera de interpretar la música norteña y popular dio un toque diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar”, aseguran.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Atención conductores en la capital del Tolima: la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmó el funcionamiento de la medida de pico y placa en Ibagué para el segundo semestre del 2026. Conozca los dígitos restringidos por día, el horario de restricción y el valor de la sanción económica para evitar comparendos.La Secretaría de Tránsito y Transporte de la Gobernación del Tolima y las autoridades de movilidad locales recordaron a la ciudadanía cómo aplica la restricción vehicular de pico y placa en Ibagué durante la segunda mitad del año. La medida contempla la restricción de circulación para particulares con el fin de optimizar el flujo vehicular en la ciudad y mejorar la calidad del aire.Los conductores deben tener presente que transitar en los días y horarios no permitidos no solo implica la inmovilización del vehículo según el caso, sino también una importante sanción pecuniaria fijada por las autoridades de tránsito.Fechas, horarios y días clave del pico y placa en IbaguéDe acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el calendario de aplicación del pico y placa en Ibagué para el segundo semestre del 2026 rige de la siguiente manera:Vigencia de la medida: Desde el 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.Horario de restricción: La medida aplica de manera continua desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.La rotación de dígitos según el último número de la placa del vehículo está distribuida así durante la semana laboral:Lunes: Restricción para placas terminadas en 6 y 7.Martes: Restricción para placas terminadas en 8 y 9.Miércoles: Restricción para placas terminadas en 0 y 1.Jueves: Restricción para placas terminadas en 2 y 3.Viernes: Restricción para placas terminadas en 4 y 5.Multas y sanciones por incumplir la medida de restricciónLas autoridades de movilidad indicaron que los controles de tránsito se mantendrán de forma permanente en los principales corredores viales de la ciudad.Incumpir la norma del pico y placa en Ibagué acarrea una sanción económica correspondiente a quince (15) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de los costos adicionales en caso de que el vehículo requiera ser trasladado a los patios oficiales por la autoridad competente.Requisitos y recomendaciones para los conductoresPara transitar sin contratiempos por las vías de Ibagué y evitar sanciones administrativas, la Secretaría de Tránsito y Transporte recomienda a todos los propietarios y tenedores de vehículos particulares atender los siguientes requerimientos:Verificación de la placa: Consultar el último dígito de la placa de su vehículo antes de programar sus desplazamientos.Documentación al día: Portar siempre la Licencia de Conducción, la Licencia de Tránsito del vehículo, la revisión Técnico-Mecánica vigente y el SOAT actualizado.Respetar los horarios: Evitar la circulación dentro de la franja horaria establecida entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. los días en que le corresponda la restricción.Paso a paso para planear su movilidad y evitar sancionesIdentifique el día de restricción: Verifique la tabla de rotación oficial emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte para determinar qué día de la semana su vehículo tiene prohibición de circular.Organice sus trayectos alternativos: En caso de requerir transporte durante las horas de restricción (6:00 a.m. a 9:00 p.m.), opte por el uso del transporte público colectivo, taxis o medios alternativos de movilidad.Consulte información oficial: Ante cualquier eventualidad, cambios operativos o excepciones puntuales a la norma, verifique siempre los canales institucionales de la Gobernación del Tolima y las autoridades de tránsito locales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Mientras avanza el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro con el de Abelardo de la Espriella, que encabezan el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya empiezan a conocerse los nombres de quienes harán parte del gabinete del abogado, que también avanza en un empalme territorial con gobernadores, alcaldes y ciudadanos.Hasta el momento, el gobierno entrante ha confirmado 16 funcionarios y hace falta por definir al encargado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Rodrigo Lara, ministro del InteriorFue el primer nombre confirmado para conformar el gabinete de De la Espriella. El excongresista designado es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur que fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1984.Abogado graduado de la Universidad Externado, con una especialización en el Instituto de Estudios Políticos de París y un Magister de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), ya contaba con experiencia en el Ministerio del Interior como asesor externo para temas de ordenamiento territorial. Además, fue asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. (Lea también: Rodrigo Lara, mininterior designado por De la Espriella, explicó cómo será relación con la oposición)Miguel Gómez Martínez, ministro de HaciendaHijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y sobrino del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.Es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política. Fue gerente internacional de ASOCOLFLORES entre 1990 y 1992 y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior. También fue vicecontralor general de la República de 1994 a 1996 y presidente de Bancóldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia). Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejerció como embajador de Colombia en Francia y luego en la dirección de la Cámara de Comercio Colombo Americana. (Lea también: Reforma tributaria, déficit fiscal y Ecopetrol: los retos del ministro designado de Hacienda)Fabio Arjona Hincapié, ministro de AmbienteBiólogo Marino, investigador y director de Conservation International Colombia. Fue viceministro de Política y Regulación Ambiental entre 1997 y 1998 y se desempeñó como consultor del Banco Mundial en proyectos de infraestructura y manejo ambiental para varios países de América Latina. Además, ocupó cargos en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Empresa Multipropósito Urrá y el entonces Ministerio del Medio Ambiente. (Lea también: Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habla sobre el fracking: ¿se hará en áreas protegidas?)General (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de DefensaHijo del general Jorge Enrique Mora Rangel, quien participó de los diálogos con las Farc en La Habana, tiene una experiencia de más de 35 años en las Fuerzas Militares. Fue fundador y comandante de la fuerza de despliegue contra amenazas transnacionales entre 2017 y 2018, comandante de la Brigada Especial contra el narcotráfico -entre 2012 y 2015- y asesor de planificación de la estrategia de la Junta de Defensa en Washington en 2016. Tiene conocimiento en la lucha contra el narcotráfico, economías ilegales y grupos criminales. (Lea también: General (r) Jorge Eduardo Mora podría volver al servicio activo al asumir el Ministerio de Defensa)Elsa Noguera, ministra de TransporteSe graduó en Economía de la Universidad Javeriana y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Norte. Además, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público tras haber sido elegida como primera alcaldesa de Barranquilla. También fue gobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda. (Lea también: Elsa Noguera, ministra de Transporte designada por De la Espriella, habla de cómo será su gestión)Mauricio Gómez Amín, ministro de ComercioAbogado, con una especialización en Derecho Público de la Universidad del Norte. Fue concejal de Barranquilla y representante a la Cámara por el Atlántico y después electo senador. Viviane Morales, ministra de EducaciónAbogada de la Universidad del Rosario, con una maestría en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de París II y experta en derecho constitucional. Fue la primera mujer en ser elegida fiscal general de la Nación, cargo que ocupó entre 2011 y 2012. (Lea también: Lo que hará Viviane Morales desde el Mineducación como ministra designada por De la Espriella)Jaime Andrés Beltrán, ministro de ViviendaConocido como el Bukele colombiano, es comunicador social y fungió como pastor. Fue concejal y alcalde de Bucaramanga. En este último cargo se declaró nula su elección por doble militancia.Juliana Gutiérrez, ministra de DeporteHermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la futura funcionaria es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Se ha vinculado al trabajo social por su historia de vida, relacionada con la muerte de su primogénito Jerónimo.Iván Cancino, ministro de JusticiaAbogado de la Universidad Externado, es un penalista con más de 20 años de experiencia. Ha ejercido en diferentes universidades y como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. (Lea también: Megacárceles y futuro de JEP: habla Iván Cancino, ministro de Justicia designado por De la Espriella)Omar Bula Escobar, cancillerExperto en gestión empresarial internacional y geopolítica con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. (Lea también: Canciller designado por De la Espriella dice que no mantendrá relaciones con Nicaragua y Cuba)Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo RuralIndalecio Dangond Baquero es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con cerca de 40 años de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en entidades públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, ha sido asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de Finagro y de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, además de desempeñarse como consultor de Fedepalma, coordinador financiero del programa MIDAS de USAID.María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y EnergíaMaría Nohemí Arboleda Arango es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector y gerente de XM, una compañía encargada de operar el sistema interconectado y administrador del mercado de energía mayorista del país."Ella es una verdadera nunca. Nunca había estado en política. Tiene 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía", detalló el mandatario electo. Alexandra Falla, ministra de las TICAlexandra Falla Zerrate es comunicadora social egresada de la Universidad Externado de Colombia, posee una maestría en ciencias políticas y se especializó en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. Cuenta con trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales. Fue miembro de la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión y luego estuvo como directora en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. "Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades", señaló el presidente electo con el anuncio.Paola Holguín, ministra de CulturaHolguín es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontifica Bolivariana y egresada de la Maestría en Estudios Políticos con énfasis en economía y desarrollo de la misma universidad, así como de la maestría en Seguridad y Defensa de la Escuela de Guerra. Tiene 12 años de trayectoria en el Senado y la Cámara de Representantes, curul de la cual se retiró a mediados de junio de 2026, cuando posteriormente anunció su renuncia definitiva al partido Centro Democrático."Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional", escribió Abelardo de la Espriella al anunciar su puesto.Ana María Vesga, ministra de SaludAna María Vesga es abogada titulada de la Universidad de los Andes - donde también realizó estudios de Alta Dirección y Liderazgo Estratégico- y actual presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - Acemi, el gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo del país. En su hoja de vida también se destaca su paso por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde fue directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica y más adelante ocupó la vicepresidencia de Salud de esa organización, ejecutando funciones en el sector farmacéutico y el ámbito empresarial."Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones", escribió De la Espriella en su cuenta de X.Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia, Tecnología e InnovaciónEs ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en creatividad e innovación y doctora en competitividad, innovación y sostenibilidad. Cuenta con 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos, el impulso de empresas de base tecnológica, la docencia universitaria y la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.Según De la Espriella, no la conocía y la escogió entre los profesionales que se inscribieron en el Banco de Talentos de la Patria Milagro.NOTICIAS CARACOL
La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oficializaron el calendario de restricción vehicular para la ciudad y la región durante la segunda mitad del año. La medida entrará en vigencia a partir del lunes 3 de agosto de 2026 con el objetivo de regular la circulación vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad del aire en la capital antioqueña.Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la restricción genera sanciones económicas de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, además de la posible inmovilización del vehículo. Por ello, es clave que los conductores conozcan al detalle la asignación de dígitos por día de la semana, las exenciones vigentes y el mapa de corredores viales autorizados para transitar.Rotación por días y dígitos para carros particulares y motosPara los carros particulares, la restricción opera con el último número de la placa. En el caso de las motos de 2 y 4 tiempos, la medida aplica teniendo en cuenta el primer número de la placa. El horario continuo para ambos tipos de vehículos es de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Esta secuencia de números aplica de manera unificada para facilitar la memorización de la restricción entre la ciudadanía y evitar infracciones involuntarias.Calendario y reglas de Pico y placa para taxis en el segundo semestre de 2026Para los taxis, el Pico y placa opera bajo un esquema rotativo mensual de acuerdo con el último número de la placa. El horario estipulado para este servicio es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. De acuerdo con el cronograma oficial de la Alcaldía de Medellín, las fechas asignadas por digito durante el periodo comprendido entre agosto de 2026 y enero de 2027 son las siguientes:Placa finalizada en 0: 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; 7 y 21 de enero.Placa finalizada en 1: 21 de agosto; 4, 14 y 28 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; 8 y 22 de enero.Placa finalizada en 2: 3 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; 18 de enero.Placa finalizada en 3: 4 y 18 de agosto; 1, 16 y 30 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; 5 y 19 de enero.Placa finalizada en 4: 12 y 26 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; 6 y 20 de enero.Placa finalizada en 5: 6 y 20 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1, 16 y 30 de diciembre; 14 y 28 de enero.Placa finalizada en 6: 14 y 28 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2, 17 y 31 de diciembre; 15 y 29 de enero.Placa finalizada en 7: 10 y 31 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 11 de diciembre; 4 y 25 de enero.Placa finalizada en 8: 11 y 25 de agosto; 9 y 23 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4, 14 y 28 de diciembre; 12 y 26 de enero.Placa finalizada en 9: 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1, 16 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; 13 y 27 de enero.Vías exentas del Pico y placa en MedellínLa Secretaría de Movilidad ratificó las arterias viales donde se autoriza la circulación de vehículos sin sanción por Pico y placa. La medida de restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín ni en los siguientes tramos principales:Sistema vial del río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela.Avenida 33: Desde el río hasta su conexión con la Avenida Las Palmas.Avenida Las Palmas: En toda su extensión.Calle 10: Desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el Aeropuerto Olaya Herrera.Laterales de la quebrada La Iguaná: Entre las carreras 63 y 80.Calzada norte del puente Horacio Toro: En sentido oriente-occidente, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
