En la declaración de Nicolás Petro a la Fiscalía
se mencionaron más de 30 nombres, lo que podría activar al aparato judicial. Entre las instituciones que prenderían las alarmas estarían la misma Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes y hasta la Corte Suprema de Justicia.
Así lo evidenció el fiscal del caso, tras la revelación de Nicolás Petro sobre la supuesta entrada de dineros no reportados a la campaña de su padre y hoy presidente de la República, Gustavo Petro.
“Lo que permitirá al ente persecutor y a las autoridades competentes abrir otras líneas investigativas a que hubiese lugar. Si estuviesen inmersos personas que tuviesen fuero, pues se compulsarán las copias respectivas", dijo Mario Burgos, fiscal del caso.
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Y es que en el organigrama revelado por la Fiscalía hay ministros, embajadores, funcionarios públicos y particulares.
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En caso de emprender otras líneas de investigación, la Fiscalía investigaría inicialmente a particulares, ministros, embajadores y funcionarios públicos.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, centraría sus investigaciones en las cuentas entregadas por la campaña Petro.
Entre tanto, la Comisión de Investigación y Acusaciones tendría a su cargo un eventual proceso en contra del presidente de la República en ejercicio.
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Y, finalmente, la Corte Suprema también indagaría y procesaría a los congresistas mencionados.
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Los delitos electorales no son de poca monta. La justicia colombiana ya ha tenido casos anteriormente, como lo advierte el director de Transparencia por Colombia.
“Cualquier peso que no esté declarado ante el Consejo Nacional Electoral es una financiación irregular, es una financiación que entraría a tener que ser investigada desde el ámbito penal, administrativo”, explica Andrés Hernández.
Transparencia por Colombia señala que en este caso concreto el aparato judicial solo se podrá activar cuando Nicolás Petro entregue las pruebas que pactó con la Fiscalía.
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“Habrá que esperar, por supuesto, que haya una decisión judicial frente a las eventuales pruebas que Nicolás Petro le pueda entregar a la Fiscalía y esto deberá ser compartido con el Consejo Nacional Electoral para los trámites administrativos”, puntualiza Hernández, quien dice que lo importante es que se conozca la verdad garantizando el debido proceso.
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