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El 19 de junio de 1991, el mismo día en que la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición, Pablo Escobar Gaviria se entregó a la justicia y se recluyó en la cárcel que él mismo había mandado a construir: La Catedral. Sus matones de confianza hicieron lo mismo y toda Colombia contuvo el aliento. Por fin estaban tras las rejas, aunque las rejas fueran suyas, el más sanguinario capo y sus secuaces, quienes a punta de bombazos, magnicidios y secuestros por poco doblegan al Estado.
Solo trece constituyentes se opusieron a las mayorías de la asamblea, que obtuvieron 45 votos para prohibir la extradición en la Constitución de 1991. Entre ellos, María Teresa Garcés y Juan Carlos Esguerra. Treinta años después hablamos con ellos para recapitular esos tiempos azarosos en los que muchos constituyentes sesionaron con miedo.
“La mayoría de la asamblea votó a favor de la prohibición de la extradición, presionada por el miedo determinado por las circunstancias que vivíamos y por las presiones que se ejercieron (…) también tengo la convicción de que había algunos pocos constituyentes que estaban fletados, por así decirlo, por los carteles de la droga”, recuerda Juan Carlos Esguerra, exministro y participante de la Constitución de 1991.
Aunque hubo voces con argumentos auténticos contra la extradición, como las de Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, quienes consideraban que permitir esa figura iba en contravía de la soberanía para juzgar a nuestros criminales, lo cierto es que tras su prohibición los carteles de la droga se frotaron las manos mientras seguían la pantomima del sometimiento a la justicia.
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Esguerra recuerda la carta que le enviaron los extraditables en esos días: “la carta decía más o menos lo siguiente: ‘sabemos cuál es su posición con relación al tema de la extradición, ¿sabe usted qué les pasó a las siguientes personas?’… y entonces venía una lista de todas aquellas personas que habían sido muertas por cuenta de esos temas y al final decía: ‘queremos que usted sepa que ha entrado a formar parte de nuestra lista de honor’”.
Ya entonces había corrido demasiada sangre. En 1984, luego de que el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla le quitara la careta de ‘Robin Hood’ criollo al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y los extraditables, emprendieron una guerra que llenó de pavor a Colombia.
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“Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos”, señalaban.
El primer magnicidio fue el del propio Lara. Luego, vendrían las muertes a mansalva de decenas de jueces y magistrados, del procurador Carlos Mauro Hoyos, de periodistas como Guillermo Cano, Jorge Enrique Pulido o Diana Turbay; el crimen de Luis Carlos Galán o los bombazos a El Espectador, a la sede del DAS en Bogotá y a un avión de Avianca en pleno vuelo, para no hablar de los secuestros de Andrés Pastrana, Francisco Santos o Maruja Pachón.
Noticieros enteros no alcanzarían para rememorar semejante cronología de barbarie y mientras el país se ahogaba en llanto, los extraditables justificaban cada muerto sin sonrojarse bajo la consigna de que preferían una tumba en Colombia, que un calabozo en Estados Unidos.
Así recuerda esos días la constituyente María Teresa Garcés: “desde antes de la constituyente el narcoterrorismo tenía absolutamente sitiado al país, prácticamente lo había convertido en un estado inviable (...) la verdad de lo que ocurrió es que era un tema verdaderamente muy difícil de exponer porque usted tenía la seguridad de que podía salir del recinto de la asamblea y lo podían acribillar”.
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María Teresa Garcés dice que la asamblea jamás pudo sesionar serenamente sobre la conveniencia o no de la extradición. Habían sido tantas las víctimas del narcoterrorismo, que el olor a muerte les respiraba en la nuca a muchos constituyentes.
Garcés recuerda un episodio ilustrativo de los debates en la asamblea sobre la extradición: “María Mercedes Carranza me dijo ‘espérate, voy a ir’ y llegó con el diccionario de la real academia y pidió la palabra y leyó la definición de libertad (…) y luego dijo ‘tenemos la seguridad de que aquí no hay libertad’. O sea, el debate no se puede dar porque no hay libertad”.
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Seis años después, en 1997, ya sin Escobar en la trasescena, pero con otros carteles de la droga traficando a sus anchas, el Congreso reactivó la extradición y desde entonces han sido extraditados por diversos delitos 2.809 colombianos, según cifras del Ministerio de Justicia. De ellos, 2.376 a los Estados Unidos.
El gobierno Duque ha enviado a 357 personas a que sean juzgadas en cortes federales. Hoy, sin embargo, a la mafia le va mejor negociando sus penas en Estados Unidos.
“Me parece que, y esto lo digo con mucho respeto, la justicia norteamericana se ha vuelto un poquito mani-ancha en esa materia, ha dejado de tener la severidad que tuvo en un comienzo, aplica penas inclusive más benignas de las que se aplicarían a esa misma persona por esos mismos crímenes en Colombia, con el ítem adicional de que luego, cuando terminan de pagar sus penas allá, los Estados Unidos deberían entregárselos de nuevo a las autoridades colombianas para el juzgamiento que debe hacerse aquí y con frecuencia les dan unos estatus de refugiados que yo no acierto a comprender”, opina el exministro Juan Carlos Esguerra.
Hace tres décadas los narcos prácticamente arrodillaron al Estado para evitar una cárcel gringa, pero hoy negocian su entrega directamente con la DEA. En contraste, la violencia del narcotráfico sigue tan campante como hace 30 años.
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Tenía razón alba marina escobar, la hermana de pablo, cuando dijo: “no crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos”.
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