El episodio de bloqueo que mantuvo a los magistrados de la Corte Suprema y demás funcionarios del Palacio de Justicia encerrados
en sus oficinas, generó una oleada de reacciones de repudio. Esto fue lo que se vivió, minuto a minuto, en la institución durante cerca de nueve horas.
Decenas de personas bloquearon las entradas ubicadas en la calle 12 y la carrera Séptima, centro de Bogotá, impidiendo la libre movilidad de los togados y los trabajadores.
El ambiente se puso tenso cuando la Corte Suprema confirmó que ninguna candidata a la Fiscalía logró la votación requerida. Algunos manifestantes intentaron tumbar las vallas que protegían el ingreso al Palacio de Justicia. Hubo quienes hicieron un llamado a la calma y evitaron que la situación pasara a mayores.
A las tres de la tarde, y luego de seis horas de bloqueos, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, llegó hasta el edificio y, tras reunirse con los juristas del alto tribunal, aseguró que "si las personas persisten en los bloqueos, la Policía procede. Prima la seguridad de los magistrados".
También apareció el helicóptero Halcón de la Policía, que intentaba despistar a los desadaptados al hacer maniobras de aterrizaje en el techo del Palacio de Justicia.
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El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, se pronunció frente a lo que ocurría y dijo que rechazaba “enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Pone en grave riesgo la vida de los magistrados, empleados y periodistas de la principal sede judicial del país”.
Agregó que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al impero de la ley”.
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Y le exigió “al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”.
Luego, la advertencia del general Salamanca se cumplió y, a las cinco de la tarde, uniformados llegaron para desalojar a los manifestantes que estaban bloqueando el Palacio de Justicia.
Algunas personas se armaron con piedras y se resistieron a dejar el lugar, pero la fuerza pública retomó el control y los magistrados pudieron salir fuertemente custodiados.
En los alrededores de las altas cortes, la Policía buscaba dispersar a los manifestantes que aún permanecían en la zona.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, aseguró que “desde la una de la tarde estamos tratando de convencerlos, disuadirlos, de que por favor permitan el acceso de los magistrados, y desde esa hora hablamos con las directivas de Fecode, con las directivas de las CUT, para que hiciéramos claridad respecto a que ningún dirigente ha ordenado estar aquí y mucho menos bloquear la libre actividad de la corte. Desde ese momento hemos hablado con todos, hemos tenido funcionarios hablando con los manifestantes, pidiéndoles el favor de que se retiren”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y aseveró que fue su decisión despejar las entradas del Palacio de Justicia, según él, para garantizar la libre movilidad.
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