Los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente anunciaron este sábado que el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo 2026-2030, radicarán un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el territorio nacional. Esta iniciativa, respaldada por la bancada del Pacto Histórico, tiene como objetivo principal la protección del agua, la vida y los ecosistemas de Colombia. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la propuesta se fundamenta en evidencia científica que advierte sobre los riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta práctica. Según Palma, la defensa de la transición energética es una prioridad para evitar que el patrimonio ambiental de los colombianos sea puesto en riesgo.
El anuncio se hizo durante la entrega de soluciones solares individuales en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar. En esta región, el Gobierno nacional instaló 2.494 paneles solares con una inversión de 36.000 millones de pesos, los cuales beneficiarán a más de 4.300 habitantes. Estos proyectos generarán 1.870 MWh de energía limpia al año y evitarán la emisión de 340 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente. Con una vida útil estimada de 25 años, estas obras forman parte de la estrategia de Transición Energética Justa, que busca llevar energía confiable y asequible a territorios históricamente excluidos.
La implementación de estas soluciones solares se enmarca en la política de Comunidades Energéticas, una de las apuestas centrales del saliente Gobierno para cerrar brechas de acceso al servicio eléctrico. A diferencia de modelos anteriores, esta estrategia integra la planeación territorial con la participación comunitaria para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura.
A la fecha, los resultados de esta política muestran un avance significativo. 848 comunidades energéticas ya han sido implementadas, mientras que 567.558 personas se han visto beneficiadas. Cifras del Gobierno detallan una inversión acumulada superior a los 382.913 millones de pesos.
El ministro Palma reafirmó el compromiso de la cartera con la transparencia mediante un proceso de empalme institucional abierto a la ciudadanía. Aseguró que, ante la decisión de la administración entrante de no continuar con ciertos espacios de articulación, se mantendrán canales de información para que el pueblo colombiano conozca los desafíos y resultados del sector minero-energético.
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