Luego de las recientes operaciones de la fuerza pública, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dio a conocer los puntos centrales del proyecto de ley de sometimiento a la justicia orientado a desmantelar a las organizaciones criminales en Colombia. La iniciativa legislativa, estructurada de manera coordinada entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, se alinea con la premisa fijada durante los primeros 46 días de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, quien afirmó tajantemente que “los criminales solo tendrán dos caminos: el sometimiento o que les caiga todo el peso de la ley”.
Un trámite judicial sin negociación política ni estatus
El alcance del proyecto radica en definir un procedimiento de carácter estrictamente jurídico, descartando cualquier tipo de negociación de paz o la concesión de estatus político a las estructuras armadas. Desde el Congreso de la República se precisó que los delincuentes no contarán con interlocución directa con el Gobierno nacional, debiendo adelantar todo el proceso únicamente por intermedio de abogados. Esta arquitectura legal marca una clara diferencia respecto a esquemas anteriores, destacándose desde el ámbito parlamentario que “aquí no habrá gestores de paz, aquí no habrán mesas lánguidas y complacientes de diálogo que lo único que aportaban era el fortalecimiento de esos grupos criminales”.
Participación de víctimas, esquema de penas y extradición
Las víctimas de las organizaciones criminales asumirían un rol protagónico al participar activamente y decidir sobre la concesión de beneficios penales y las condiciones de privación de la libertad de los procesados. Asimismo, la norma exigiría una ruta de desarme rigurosa con resultados verificables, la cual abarca la entrega de todas las rutas de economías ilegales, el arsenal de armas, así como la liberación de la totalidad de las víctimas y secuestrados en su poder. Las rebajas de penas estarán estrictamente condicionadas a que los procesados entreguen información sustancial sobre actos de corrupción y vínculos con sectores políticos. En caso de no existir un aporte comprobable sobre corrupción o nexos políticos, la persona no podrá someterse a la ley ni recibir los beneficios. Para quienes certifiquen dicho aporte, las rebajas de penas se establecieron en un 30% para los miembros con mando en la organización y en un 50% para los demás integrantes.
En materia judicial, la norma mantendrá vigentes las órdenes de captura y los trámites de extradición. De igual forma, las personas que ya se encuentren capturadas quedan excluidas de la ley, ya que no se desestimará el esfuerzo estatal previo. Esta postura es respaldada en el Congreso bajo la consigna: “sometimiento sí pero sin exceso de beneficios, sometimiento sí pero sin dejarle la riqueza, sometimiento sí pero sin excarcelación”.
Estatuto Antiterrorista y control en las cárceles
Paralelamente, el gobierno prepara el Estatuto Antiterrorista con listas oficiales para caracterizar mandos, áreas de operación y rutas del narcotráfico. Sobre el funcionamiento de este mecanismo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, precisó: “básicamente es un sistema de listas como hay en Estados Unidos o como hay en Europa o en la ONU, allí se incluyen las organizaciones que serán definidas y catalogadas como terroristas y después se derivan normas penales, penitenciarias contra las finanzas de esas organizaciones. Lo que se busca es tener una norma, unas organizaciones listadas como terroristas y unas normas muy duras para combatir a los terroristas como debe ser”.
Los Ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentaron en la Comisión Segunda de la Cámara un plan con inhibidores de señal celular e inteligencia para neutralizar la extorsión desde las cárceles.
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