Un juzgado de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares a que suspendan operaciones aéreas ofensivas contra grupos guerrilleros si se tiene "información cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de menores de edad.
Ower Jimmy Borda fue la persona que efectuó la acción de tutela buscando que el Gobierno nacional y las autoridades no puedan efectuar estos bombardeos contra grupos guerrilleros en caso de la presencia de menores de edad. Borda habló para Noticias Caracol En Vivo y explicó las razones de fondo de la tutela.
"El objetivo es que realmente el Estado revise todos los protocolos que se deben seguir e ir más allá para que se proteja la vida de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas y que son víctimas del conflicto armado actualmente en Colombia. Que son usados por estos grupos alzados en armas para protegerse y que en muchas oportunidades están en la mayoría de los campamentos que ellos usan", comenzó explicando Borda, quien en la tutela se presenta como "agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados".
Borda destacó la inteligencia de la Fuerza Pública en los temas operativos, pero enfatiza que el Ejecutivo debe apoyar más para determinar si hay o no menores de edad. "Antes que estarla presionando indebidamente para que ellos puedan desarrollar más todo lo que es la planeación e inteligencia", indicó. El accionante agregó que el objetivo de la tutela es para que las Fuerzas Militares "donde puede haber niños, que se abstenga de accionar operaciones, hasta tanto puedan desarrollar lo pertinente para poder rescatarlos. o hacer lo que deban hacer en su momento de manera alternativa".
Agregó que constituye un grave error por parte del Ejecutivo hacer presiones indebidas para lograr y mostrar resultados en operaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la orden del juzgado, asegurando que aunque acatan y respetan los fallos de la justicia, también deben ser objeto de crítica.
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"Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información 'cierta, objetiva o razonablemente verificable' sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, 'razonablemente verificable'? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos", aseguró el jefe de la cartera.
Lara enfatizó en que "los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo".
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Sobre la pregunta a que si no poder bombardear a grupos criminales por la presencia de menores de edad significaría un aumento en el reclutamiento forzado, Borda asegura que la tutela busca el efecto contrario. "Lo que busca es que se replantee toda las estrategias que tiene el Estado, que se replanteen y que sea más efectivo para que se pueda mitigar y ojalá disminuir todo el reclutamiento que hacen estos grupos sobre los niños. Ahí es donde está fallando el Estado", dijo.
La acción de tutela y la orden del juzgado llega luego de que se confirmara el asesinato de tres menores de edad en un bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en el departamento del Guaviare el pasado 27 de agosto. En ese momento, sobre los tres menores de edad, el Gobierno nacional afirmó: "Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan".
MATEO MEDINA ESCOBAR
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