La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, a 21 años y 7 meses de prisión, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por cuantía.
El alto tribunal le negó la ejecución condicional y la prisión domiciliaria al exgobernador, por lo cual se dispuso la privación inmediata de su libertad.
Asimismo, Juan Carlos Abadía fue condenado al pago de una multa de $817.482.400, más 187,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, para un total de $914.271.500.
La Corte Suprema de Justicia puntualizó además que el exgobernador “fue inhabilitado para el ejercicio de derecho y funciones públicas por 240 meses, y condenado a la inhabilidad intemporal prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta Política”.
La #SalaDePrimeraInstancia de la @CorteSuprema condena al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien fue capturado para pagar una pena de 21 años y 7 meses de prisión, por hechos de corrupción en un convenio para dotar bibliotecas escolares. Ver➡️: https://t.co/kSEKcDzdh7 pic.twitter.com/dD678AUHMy
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 7, 2024
Declarado culpable de corrupción
Cabe aclarar que en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable por delitos de corrupción. El exfuncionario era investigado por los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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La investigación por la cual fue declarado culpable Juan Carlos Abadía tiene que ver con un contrato que, al parecer, se pactó con algunas corporaciones mientras él desempeñaba un cargo importante en el departamento.
El contrato habría presentado irregularidades en la entrega de material bibliográfico para dotar a varias bibliotecas, en 40 centros educativos de 10 municipios del Valle del Cauca.
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Juan Carlos Abadía fue gobernador del Valle del Cauca desde el primero de enero de 2008 hasta el 5 de mayo de 2010, esto después de que la Procuraduría lo destituyera por participación indebida en política.
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