El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo y aseguró que la autonomía universitaria no está por encima del orden público. "La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución.
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Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.
La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. "No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó.
Las voces tras el anuncio de De la Espriella
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Diego Alejandro Torres, representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, respaldó la iniciativa señalando que «la autonomía universitaria no está por encima del orden público ni de la Constitución». Aclaró que los actos delictivos provienen de factores externos a la comunidad académica: “La violencia de la universidad no se origina en la universidad viene desde afuera”.
Respecto al papel de las autoridades, remarcó que el ingreso policial debe ser una medida extrema y que “la búsqueda del protocolo es para evitar precisamente eso. El protocolo tiene que buscar la defensa de los ciudadanos y los estudiantes son ciudadanos”.
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Finalmente, instó a la comunidad estudiantil a involucrarse activamente manifestando que “hay que participar en la creación del protocolo, pero también hay que apoyar a las autoridades universitarias”.
Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), hizo un llamado a preservar la esencia del espacio universitario sosteniendo que “la universidad por naturaleza es un escenario para la inteligencia la racionalidad el desarrollo de la ciencia”. Si bien rechazó categóricamente cualquier expresión violenta, advirtió sobre los antecedentes de la intervención policial al afirmar que “cuando la fuerza pública interviene en los campos universitarios... han sido intervenciones desproporcionadas y terminan afectando pues la misma institución”.
Por ello, exigió una construcción concertada de las reglas de juego: “Esos protocolos tienen que ser diseñados conjuntamente”, añadiendo que “esperamos se dialogue con las universidades y podamos construir estrategias y métodos que efectivamente minimicen el impacto que puedan generar mucha más violencia”.
Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, apoyó firmemente la propuesta del Gobierno de De la Espriella diferenciando los componentes de la autonomía académica e institucional: «nosotros respetamos la autonomía universitaria frente a lo administrativo y lo académico, pero algunos han aprovechado eso como un telón básicamente para permitir que se permee las universidades».
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El mandatario denunció la infiltración de grupos armados al margen de la ley y enfatizó que “las universidades hay que recuperarlas y los que más necesitan que sean recuperadas son los mismos estudiantes”.
Sobre la aplicación de los operativos de seguridad, sugirió dar prioridad a la inteligencia previa indicando que “lo primero que tiene que pasar es que a través de inteligencia y con la colaboración de los rectores y comunidad académica se saque a quienes no son de la universidad”.
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¿Cómo debe ser el protocolo?
En el análisis de la coyuntura, Gabriel Cifuentes precisó que la autonomía universitaria es una garantía consagrada en el artículo 69 de la Constitución y desarrollada por la Ley 30 de 1992, la cual otorga competencias de gestión académica, administrativa y financiera.
No obstante, aclaró que esta no constituye un derecho absoluto y tiene límites marcados por la protección de los derechos fundamentales y las exigencias del orden público. Cifuentes enfatizó que no existe una prohibición legal que impida la entrada de la fuerza pública ante situaciones delictivas o de terrorismo, pero subrayó que es urgente fijar protocolos transparentes con guías de operación claras para evitar tanto la inacción institucional como eventuales abusos de autoridad en los campus.
Por su parte, el analista Pedro Viveros argumentó que en los últimos años las universidades públicas atravesaron por un periodo de desorden e inestabilidad administrativa, donde la autonomía fue distorsionada y utilizada como refugio o botín político por diversos sectores.
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Añadió que es oportuno el propósito de establecer orden planteado por De la Espriella, pero sostuvo que el protocolo resulta indispensable para delimitar la actuación de la Policía y prevenir cualquier exceso de fuerza.
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