En su primer mes de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ha implementado un giro radical en la política de seguridad nacional, enfocado en operaciones militares de gran envergadura como bombardeos, capturas y una fuerte lucha contra el narcotráfico. Esta nueva dirección marca el fin de las mesas de diálogo para el sometimiento de grupos armados del gobierno anterior y ha revocado el estatus de negociadores de paz a varios cabecillas para ordenar sus capturas.
Durante estas primeras semanas, el Gobierno ha llevado a cabo golpes de alto impacto en distintas regiones del país, Una de ellas fue la ‘Operación Amón’, en el Guaviare, la cual fue ejecutada el pasado 27 de agosto en la zona rural de El Retorno contra campamentos del bloque Jorge Suárez, de las disidencias de alias Calarcá.
La operación neutralizó a 10 combatientes, de los cuales tres eran menores de edad, un hecho que las fuerzas militares señalaron como un crimen de guerra debido al reclutamiento forzado por parte del grupo armado.
En este mismo departamento ocurrió la ‘Operación Azarías’, dirigida contra la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Este ataque dejó un saldo de 23 muertos, incluyendo a su cabecilla, alias El Tigre, seis capturas y la recuperación de un menor de edad.
Además, uno de los golpes más llamativos fue contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, donde comandos de la Dijín abatieron a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla principal de esta organización en La Guajira. En la acción militar también cayó su pareja sentimental, Rosa Tarazona, alias La Bebecita, y dos escoltas.
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Otra de las estrategias del gobierno de De la Espriella comenzó desde las primeras horas de su mandato, como la orden de traslado de 117 reclusos de alta peligrosidad a centros de mayor seguridad. Adicionalmente, la Policía Nacional capturó a 111 personas dedicadas al secuestro y la extorsión en ocho departamentos del país.
La ofensiva ordenada por el mandatario en este primer mes también ha mantenido combates en Nariño. Este mismo fin de semana, en El Peñol, las autoridades confirmaron la baja de siete integrantes de las disidencias de las Farc y la incautación de fusiles, granadas y abundante munición.
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¿Quiénes son los objetivos de alto valor en la mira de De la Espriella?
El presidente De la Espriella se ha fijado una ambiciosa meta de 15 operaciones aéreas y la neutralización de al menos cinco objetivos de alto valor en sus primeros 100 días de gobierno. Las autoridades tienen actualmente en la mira a los siguientes cabecillas:
Disidencias de las Farc
- Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, quien es el máximo jefe del autodenominado Estado Mayor Central, con presencia en Guaviare, Vaupés, Vichada, Amazonas y Cauca)
- Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe del refundado Estado Mayor de los Bloques y Frentes, activo en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. También se encuentran en la mira los cabecillas alias John Mechas y ‘Allende’.
Eln
- Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, tercero al mando de la dirección de esa guerrilla con influencia en Arauca, Boyacá, Casanare y Apure, Venezuela.
- Eliécer Chamorro, alias Antonio García, primer comandante de la organización, que opera en los Llanos Orientales, los Andes y zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador.
Clan del Golfo
- Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo jefe de este grupo criminal en las regiones de Urabá, Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre.
Los Pachenca
- Tras la caída de ‘Bendito Menor’, los esfuerzos de inteligencia militar se concentran en los hermanos Fredy Castillo, alias Pinocho, y Evelio Castillo, alias Muñeca, quienes controlan las operaciones criminales en la costa Caribe.
Para los analistas de seguridad, el Gobierno dio un "timonazo" rotundo respecto a la administración anterior al reactivar y multiplicar las tareas operativas y los bombardeos, lo que ha generado más de 30 bajas de grupos ilegales en solo un mes. Los expertos consideran que esto representa la liberación de un "represamiento" acumulado dentro de la fuerza pública.
No obstante, el experto en seguridad y criminología Jorge Mantilla advierte que aún es muy pronto para saber si el incremento en estas cifras operativas realmente disminuirá la violencia territorial reflejada en delitos como la extorsión, el reclutamiento de menores o el desplazamiento forzado. Mantilla argumenta que "el uso de la fuerza y los discursos alrededor del uso de la fuerza son muy importantes pero no son suficientes y no son sostenibles en el largo plazo". Sostiene que el desafío de fondo de la seguridad radica en resolver la falta de legitimidad del Estado en diversas zonas del país y mejorar sus capacidades para proveer justicia, seguridad e infraestructura básica.
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Asimismo, los expertos recalcan la necesidad de fortalecer la inteligencia preventiva para evitar represalias violentas contra civiles y la fuerza pública, quienes ya han sufrido graves hostigamientos con carros bomba y ataques con drones en Norte de Santander, Cesar y Cauca en semanas recientes.
La crítica de la Defensora del Pueblo
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La estrategia y la narrativa de "mano dura" del mandatario han generado profundas divisiones. La defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó un fuerte pronunciamiento cuestionando la forma en que el presidente presenta los resultados operacionales contra la criminalidad. La funcionaria señaló que "nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada; sin embargo, no recuerdo haber visto a un Presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente... El estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel".
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