
El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó durante el consejo de ministros de este martes que la firma Thomas Greg & Sons no continuaría con el proceso de emisión de pasaportes en Colombia, en medio de versiones que señalan que el Gobierno nacional prepara una urgencia manifiesta para asegurar este servicio. "No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta", fijo Petro, quien insistió en que "el presidente no da órdenes para incumplir la ley", sin dar mayor detalles.
La declaración del mandatario durante el consejo -en el cual no estuvo la canciller Laura Sarabia- se da en momentos en los que, según se conoció, el Gobierno ultima los detalles para declarar una nueva declaración de urgencia manifiesta debido a la decisión de Petro de cambiar el modelo de elaboración de pasaportes, que busca pasar de una firma privada -hoy en manos de Thomas Greg & Son- a una empresa pública o mixta.
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El plan inicial es que, a partir del 1º. de septiembre, el Ejecutivo tenga a cargo el servicio de los pasaportes, de la mano de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda del Gobierno de Portugal. Sin embargo, las demoras para efectuar el cambio y la logística dejarían al Gobierno sin opciones y optar por la declaratoria de urgencia manifiesta.
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Y si bien desde que el excanciller Luis Gilberto Murillo estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores se estaba adelantando ese proceso, los tiempos no dan. Al menos así lo concluyó esa entidad en reuniones con el Ministerio del Interior, Planeación Nacional y la Imprenta.
Lo que ha trascendido por ahora es que a partir del 1º. de septiembre se activaría la urgencia manifiesta que tendría una duración de 11 meses. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría el manejo de datos y la seguridad, aunque la logística seguiría en manos de la firma Thomas Greg. Además, se espera la firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre la Imprenta y la Casa de la Moneda para agilizar y fortalecer las capacidades técnicas y tecnologías para que se asuma totalmente la elaboración de los pasaportes.
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Durante el consejo de ministros Petro fue enfático: "Yo no voy a admitir que por urgencias prorroguen el contrato de Thomas & Greg en la Cancillería" y lanzó pullas a Álvaro Leyva, el primer canciller de su Gobierno. "El canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla (la licitación), terminó en un lío que lo llevó afuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas cartitas tontas, porque yo no hago vida social ni privada con el señor Leyva", dijo.
Esta situación genera alarma ante el riesgo de que se suspenda el servicio de expedición de los pasaportes, lo que afectaría a millones de colombianos. El plan del Gobierno de cambiar el modelo -que, cabe decir, lleva varios años funcionando- ha sido uno de los mayores retos de quienes han pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta administración. A tal punto, que la actual canciller, Laura Sarabia, y el excanciller Luis Gilberto Murillo cruzaron en días pasados algunas acusaciones sobre este problema.
Luego de que las versiones sobre la nueva emergencia para prorrogar el contrato, Murillo afirmó en redes sociales que "sí había otra salida" y aseguró que durante su gestión "la dejamos completamente estructurada". Sarabia le respondió: "Si todo estaba listo, como afirma el candidato (refiriéndose a Murillo, quien ya hizo pública su intención de ser candidato presidencial), lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí, habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales".
El excanciller reaccionó a lo dicho por Sarabia: "Afirmar que hubo motivaciones personales cuando mi gestión permitió superar una gran crisis heredada, evitar una demanda de $117 mil millones y construir una solución con inversión internacional directa, es impreciso, y además injusto. Colombia necesita rigor en las decisiones, continuidad en los proyectos estratégicos, y verdad en el manejo de lo público y en la comunicación con la ciudadanía".
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En todo caso, si el 31 de julio de 2026 la Imprenta Nacional no está lista para asumir el proceso de emisión de pasaportes, el Gobierno nacional podría verse obligado a abrir una nueva licitación pública para garantizar la continuidad del servicio, lo que ocurriría hacia febrero del próximo año.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL