Presidentes del Congreso cuestionan a la Corte IDH por sus reparos a la Procuraduría

Antes de terminar el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que modificó el Código Disciplinario de la Procuraduría y que, en concepto del tribunal internacional, no le quitó la facultad que viene aplicando el Ministerio Público para destituir a funcionarios de elección popular como sucedió con el 2013 con el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

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“La reforma legal planteada por el Estado continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez en proceso penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos", señaló la CorteIDH.

Este pronunciamiento de la CorteIDH fue rechazado por los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara, Jennifer Arias, en una carta en la que hacen una enérgica defensa de la Procuraduría General de la Nación y denuncian una intromisión de la Corte en los asuntos internos de Colombia.

“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, afirman en el documento.

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Por ello, los presidentes del Congreso no reconocen los reparos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la modificación del Código Disciplinario de la Procuraduría: “con fundamento en lo anterior, el Congreso de la República respetuosamente se aparta del contenido de la resolución del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia”.

Sin embargo, varios sectores políticos de la oposición rechazaron los argumentos de los presidentes del Congreso.

Mientras la polémica entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los presidentes del Congreso y la oposición crece, la Corte Constitucional tiene la última palabra, pues estudia una demanda en contra de la ley recién aprobada.