Un juez de la República impuso medida de aseguramiento domiciliaria a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). En contraste, Sebastián Ortega, también vinculado a la investigación, no fue cobijado con ninguna medida restrictiva, aunque continuará vinculado al proceso judicial.
¿Por qué investigan a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero?
De acuerdo con la Fiscalía, ambos son investigados por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre 2019 y 2023, cuyo valor supera los $17.657 millones. Las pesquisas indican que Miguel Quintero habría intervenido en decisiones contractuales del AMVA sin ocupar un cargo público, participando presuntamente en un esquema orientado a favorecer determinados contratistas.
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Los contratos objeto de investigación fueron celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según las evidencias recopiladas, dichos convenios se habrían suscrito sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, mediante un mecanismo que presuntamente permitió direccionar la contratación en favor de un beneficiario específico.
Además, los investigadores identificaron posibles sobrecostos en kits adquiridos durante la pandemia, pagos por servicios de transporte que no se habrían prestado y recargas de telefonía celular que tampoco fueron ejecutadas. Estas y otras anomalías habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.
La investigación también estableció que Miguel Quintero, pese a no ser servidor público, habría influido en la designación de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Villada García como subdirector Administrativo y Financiero. El propósito, según la Fiscalía, habría sido mantener control sobre los procesos contractuales de la entidad.
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Posteriormente, presuntamente les habría indicado favorecer seis contratos en beneficio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, a cambio de exigir el 15 % de los recursos desembolsados. Las autoridades sostienen que Sebastián Ortega habría cumplido el papel de intermediario, encargado de recibir el dinero en efectivo y entregárselo a Quintero.
Aunque el juez decidió no enviar a Miguel Quintero a un centro carcelario, la decisión no implica el cierre del proceso en su contra. Por el contrario, deberá continuar enfrentando la investigación y las etapas judiciales correspondientes mientras permanece bajo detención domiciliaria.
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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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