¿Qué pasará con la justicia arbitral en Colombia?

El Gobierno colombiano actual se ha denominado a sí mismo como el gobierno del cambio. Por esa razón, muchas cosas se están transformando o se quieren transformar por esta época. Está pasando eso también con la justicia arbitral, que es aquella impartida por actores privados que son avalados por las partes en una disputa comercial. Para muchos expertos, este mecanismo temporal goza de mucha más credibilidad que la propia justicia ordinaria.

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Ese sistema, al parecer, parece haber pasado al tablero del cambio por cuenta de declaraciones, decisiones y acciones públicas de algunos de los gobernantes del país.

La primera alerta se dio en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura que se celebró en Cartagena en 2022. Allí el presidente Petro y su entonces ministro de Transporte manifestaron que lo les gustaban los pactos arbitrales, así la justicia ordinaria se demorara 10 veces más en decidir las controversias y que respetarían los contratos existentes, pero que velarían para que en el futuro no se incluyeran las mismas en los contratos estatales.

Pero no solo el Gobierno nacional se ha pronunciado, también lo hicieron los mandatarios locales. Una notoria declaración en contra de la justicia arbitral la dio Claudia López en un trino que surgió a raíz de una reciente decisión del Consejo de Estado.

“La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la ley”, trinó.

Esa afirmación ha caído supremamente mal en el sector de la justicia arbitral, que suele reunir a los más selectos abogados del país. De hecho, Código Caracol conoció que no son pocas las voces que consideran que las declaraciones de Claudia López tendrían el objetivo de acabar con la justicia arbitral.

Hay unos hechos que tienen a los miembros de ese sector con las alertas encendidas y son los rumores de la intención del Gobierno nacional de poner, a como dé lugar, en la Cámara de Comercio de Bogotá al excontralor distrital Ovidio Claros. Se ha dicho que lo quieren designar como director del Centro de Arbitraje y Conciliación.

Esta situación ocasionó que se levantaran voces de protesta que se oponen a que se politice la función judicial y que se les entregue a manos inexpertas, pues consideran que Claros es un caballo de Troya, que, antes de favorecer a la justicia arbitral, tendrá el mandato de acabarla desde adentro.

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