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Luego de que el presidente Gustavo Petro dijera a través de sus redes sociales que él era “el único responsable” de lo ocurrido con los policías en Caquetá, el pasado 2 de marzo, son más las preguntas que surgen alrededor de la retención de los 78 uniformados. ¿Quién debe responder por lo que pasó? Además, el otro interrogante que sigue sin resolverse es si se trató de un secuestro o un cerco humanitario.
El general en retiro Héctor Darío Castro Cabrera, quien fue subdirector de la institución y actualmente es el presidente del Colegio de Generales en retiro de la Policía Nacional, analizó lo ocurrido.
Para el oficial retirado, “todo parece indicar que lo que hubo fue un secuestro, que se debe tipificar y analizar desde ese punto de vista para que se puedan tomar las medidas adecuadas”.
Asimismo, señaló que quienes llegaron a negociar con los manifestantes que provocaron disturbios en San Vicente del Caguán “seguramente no estaban en las mejores condiciones, iban a negociar con personas que horas antes habían asesinado a un policía, que habían incendiado, le habían metido candela a tres caninos que tenía la Policía para el servicio, que habían torturado psicológica y físicamente a 73 policías y que habían anunciado que iban a matar a 7 policías si no se aceptaban sus requerimientos”.
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“Así no hubieran tenido una pistola en la cabeza o un cuchillo en el cuello, sí había una presión manifiesta o tácita”, consideró.
Sobre lo que el director de la Policía, general Henry Sanabria, dijo respecto al supuesto canje del ministro del Interior, Alfonso Prada, por los uniformados retenidos, Castro consideró “que el general Sanabria habló con mucha sinceridad. En la forma como él lo hizo, creo que resultó muy convincente”.
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“Hay personas que consideran que no hubo presión, pero indudablemente que dadas las circunstancias que analicé, de la forma como habían actuado estas personas, considero que eso significa que es una presión”.
¿Quién debe responder por lo que pasó con los policías en Caquetá?
Tras lo expresado por Gustavo Petro, el general en retiro precisó que “el presidente de la República es el jefe supremo de la fuerza pública, lo establece la Constitución, pero las personas que actúan en un hecho de esos, a kilómetros de distancia, en circunstancias muy especiales, pues tienen la obligación de actuar de acuerdo a su formación, a su preparación para conjurar la amenaza que pueda existir, causando el menor daño y desde luego acudiendo para prestar los apoyos que sean necesarios”.
También resaltó lo hecho por el mandatario colombiano, pues a su parecer “es un muy buen mensaje para la fuerza pública porque se puede entender como un respaldo del primer mandatario, pero eso no va a eximir de responsabilidad a las personas que actuaron y cada uno de ellos deberá demostrar que actuó de acuerdo a los protocolos y las normas que rigen estos procedimientos”.
Lo que pasó con los policías en Caquetá, ¿un secuestro o un cerco humanitario?
El cruce de declaraciones del general Sanabria y el ministro del Interior, Alfonso Prada, la orden de captura emitida contra el comandante de Caquetá, coronel Javier Antonio Castro, y el pronunciamiento del presidente Petro puso la discusión nuevamente sobre la mesa.
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Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de Bogotá, dijo que “de ninguna manera nos podemos dejar atrapar por el presidente de la República en una disyuntiva falsa en donde no se hace nada o hay que cometer masacres y violaciones de derechos humanos”.
Para José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, la reacción del gobierno con la retención de los policías en Caquetá “fue adecuada a los principios del derecho internacional humanitario y a sus reglas porque no se podía entrar disparando a la población indiscriminadamente, ya que se habría ocasionado una enorme tragedia”.
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Sin embargo, el docente investigador de la Universidad Externado, Andrés Macías, señala que “no hay que olvidar la cadena de mando donde, ante una posible omisión de actuación -que es lo que aquí se discute-, habría que evaluar no solo la omisión del uniformado, sino la responsabilidad política de los civiles que toman decisiones en materia de seguridad y defensa”.
Gabriel Cifuentes, analista político y docente, recalca que “en nuestro código penal no existe ni el delito de retención ni la figura de cerco humanitario. Lo que ocurrió en Los Pozos, si tuviera que analizarse desde un punto de vista estrictamente legal, podría llegar a ser un secuestro”.
¿Qué pasa con la orden de captura contra el comandante de Caquetá?
Javier Ardila, juez penal militar que tomó la decisión, afirmó que se trata de “una orden de captura facultativa, que es emitida para sanear el proceso, no para perjudicar la vida del señor coronel, ni personal ni militar, ni familiar”.
Explicó que “de ninguna manera es para imponerle una medida de aseguramiento o que el señor coronel va a quedar en detención preventiva, de ninguna manera. Él ya había sido citado y a través de su secretario privado hizo la manifestación en el juzgado que no iba a poder asistir, luego se cruzaron varias problemáticas al señor coronel como en la vida personal”.
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