La Corte Suprema de Justicia ya admitió la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para designar a la próxima fiscal general de la Nación. En esta oportunidad todas las candidatas al cargo son mujeres. Se trata de Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra.
Ellas empiezan oficialmente el camino para definir quién será elegida como fiscal el próximo 7 de noviembre, con la publicación de sus hojas de vida. A partir de ese momento, y durante un mes, la Corte Suprema revisará que las ternadas cumplan con los requisitos constitucionales y legales para el ejercicio del cargo de Fiscal General de la Nación.
En este tiempo se realizarán audiencias públicas y se recibirán observaciones de la ciudadanía. Una vez se completen estas fases, el Alto Tribunal podrá tomar una decisión.
Pero, ¿sabe quienes son y cuál es la carrera de las candidatas a fiscal general de la Nación? Aquí le contamos sobre la vida de las ternadas.
Ángela María Buitrago Ruiz
Nacida el 10 de marzo de 1968 en Bogotá, Buitrago ha desempeñado un papel importante en el sistema judicial de Colombia. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, centro educativo donde también estudió una especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, una maestría de Derecho Penal y un doctorado en Derecho de la Universidad Externado. También hizo una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca.
En su carrera ejerciendo como abogada, se destaca que en 2008 fue elegida como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. En ese puesto manejó grandes casos, entre los que se destaca la investigación contra los militares que participaron en crímenes contra civiles en medio de la toma del Palacio de Justicia. También participó en la investigación contra el exsenador Ciro Ramírez por presuntas relaciones con paramilitares, contra Guillermo León Valencia Cossio por nexos con alias “Don Mario” y el tema de las chuzadas del extinto DAS.
Así mismo, lideró la condena contra el ex gobernador del Meta Edilberto Castro por asesinato, la acusación al exgobernador del Casanare Miguel Ángel Pérez por enriquecimiento ilícito.
Buitrago dejó de hacer parte de la Corte Suprema y pasó a ser subsecretaria de la comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
En la actualidad es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. Además, es profesora de la facultad de derecho de su alma mater.
Luz Adriana Camargo Garzón
Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Además, cuenta con un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).
La carrera profesional de Camargo es importante porque ha tenido una alta injerencia en el ámbito legal y político. Se resalta que fiscal delegada ante la Corte Suprema y, sobre todo, su labor en la investigación sobre parapolítica, la cual desarrolló cuando fue magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Cabe anotar que en ese entonces trabajó junto al hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, con quien de hecho aún tiene una relación cercana.
Además de su trabajo en Colombia, se resalta su trabajo en la región. Uno de los momentos más notables de su carrera fue su participación como jefa de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En ese cargo realizó investigaciones sobre la corrupción y la parapolítica en el país centroamericano, las cuales lograron ser clave para desmantelar numerosas estructuras de corrupción y a la condena de más de 50 congresistas.
Amelia Pérez Parra
Con una historia complicada, pero también muy destacada, Pérez ha dedicado gran parte de su vida a la rama judicial en Colombia. Su carrera comenzó en 1987 y hasta 2003 se desempeñó en cargos importantes en el país. Su trabajo se vio truncado porque fue víctima de persecución y tuvo que pedir asilo en Canadá.
En los años en los que trabajó en Colombia, Pérez ocupó diversos cargos de gran responsabilidad como juez de instrucción criminal, fiscal seccional y fiscal regional. También fue fiscal delegada para la Unidad Nacional de Derechos Humanos y fiscal de la Unidad Especializada de Antiterrorismo.
Uno de los casos que marcaron su carrera fue la investigación de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, cometidas en la década de los 90 por grupos paramilitares. También investigó la masacre de El Aro en Antioquia y la masacre de Pichilín en Sucre, donde formuló acusaciones contra narcotraficantes y líderes paramilitares.
Estas investigaciones la pusieron en peligro, y en 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor y otros miembros de la Unidad Nacional de Derechos Humanos debido a las amenazas de líderes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
El último gran caso que Pérez investigó como fiscal fue el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003. Esto la llevó a un enfrentamiento con el entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio.
La suma de las amenazas de los grupos paramilitares y el hostigamiento por la investigación de El Nogal, llevaron a Pérez a salir del país. Permaneció asilada durante 9 años y volvió hace 11. En este tiempo ha trabajado en investigaciones académicas y consultorías de derechos humanos con la Alcaldía de Bogotá.
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