La Contraloría General de la República reveló una encuesta realizada a 12.230 profesionales de la salud en la que el 47 % de ellos ha tenido que comprar, con sus recursos, implementos como caretas y guantes. La consulta se llevó a cabo en los 32 departamentos de Colombia.
Con base en las denuncias que ha venido recibiendo a causa de la falta de suministros de protección sanitaria al personal de la salud durante la emergencia por el coronavirus COVID-19, la Contraloría formuló una encuesta a los profesionales que arrojó datos preocupantes.
“Las condiciones laborales y de seguridad del personal de la salud en este país no son las mejores”, aseguró Luis Carlos Pineda, contralor delegado de Participación Ciudadana.
La consulta incluyó 34 preguntas que respondieron entre médicos, enfermeros, bacteriólogos y fisioterapeutas.
Entre los elementos que han tenido que comprar figuran respiradores N95, caretas de protección, monogafas y mascarillas quirúrgicas.
“Cerca del 22% de los entrevistados indica que les adeudan en honorarios o no son cumplidos en su pago. Asimismo, cerca del 50% dice que tiene una fórmula de vinculación no laboral. El 45% indica que han sido modificadas la condiciones laborales a partir de la contingencia del COVID-19”, explicó Pineda.
Además, el 63% de los consultados manifiesta que les faltan implementos que les garanticen mayor seguridad a ellos y a los pacientes durante la atención.
“Exigimos la entrega de los elementos de protección en calidad, cantidad y oportunidad a todos los trabajadores del sector de la salud”, dijo Luz Estella Becerra, miembro de la Asociación Sindical Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC).
Para concluir, el informe señala que Antioquia, Caquetá, Cesar, Santander, Valle del Cauca, Boyacá, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Arauca son los departamentos donde se presentan mayores problemáticas.
De acuerdo con la Contraloría, los resultados de esta encuesta permitirán iniciar una auditoría a todas las EPS y ARL para verificar qué está pasando con la inversión de los recursos que se destinan al personal de la salud en Colombia.
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