Al fallar una tutela sobre una joven, Corte Constitucional recordó que el suicidio asistido es un derecho de las personas a morir dignamente.
El alto tribunal se pronunció en respuesta a un recurso presentado por la familia de una mujer en Arauca que buscaba que le practicaran la eutanasia, pero cuya su solicitud, según dicen, no fue atendida por el médico tratante ni por la clínica.
En su sentencia, los magistrados decidieron "ordenar a la nueva EPS que en futuras ocasiones se abstenga de incurrir en conductas que supongan la imposición de barreras administrativas sobre los pacientes y que prolonguen su sufrimiento."
Y pidieron “compulsar copia del expediente de la referencia a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales inicien de manera inmediata las actuaciones correspondientes”.
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La corte también obliga a las entidades prestadoras de salud a realizar este procedimiento en la casa del enfermo si así es su voluntad.
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