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Veinte días le tomó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, pronunciarse públicamente sobre la eutanasia y el caso de Martha Sepúlveda.
Tras la controversia por la súbita cancelación del procedimiento para su muerte digna y la orden de un juez de Medellín de realizarla cuanto antes, el funcionario señaló que respeta los fallos judiciales.
Pero, eso sí, advirtió que le pidieron a la Corte Constitucional unas aclaraciones a la sentencia que amplió la eutanasia para pacientes no terminales.
“La Corte Constitucional no le pide al ministerio que haga reglamentación de la eutanasia para casos no terminales. Dado que este es un derecho fundamental, el derecho a la vida, lo que procede, según la Constitución, es una ley estatutaria por parte del Congreso de la República”, recalcó Fernando Ruiz, ministro de Salud.
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El problema es que desde 1997 el Congreso ha hundido 13 proyectos de ley que pretendían reglamentar la eutanasia, es decir, nunca ha habido voluntad política para regular estos asuntos, pero, además, no es del todo cierto lo que dice el ministro, pues el fallo de la Corte Constitucional de julio pasado sí le pide al ministerio que avance en la materia.
Corresponde tanto al Congreso de la República como al Ministerio de Salud y Protección Social, en el ámbito de sus competencias, determinar los elementos que hagan operativas las garantías asociadas al derecho a morir dignamente.
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¿Se repetirá el limbo jurídico ahora que la eutanasia para pacientes no terminales fue aprobada por el alto tribunal? El ministro Ruiz sostiene que hay muchas dudas con este fallo y que los médicos necesitan certezas para aplicar estos procedimientos.
“En el caso de una enfermedad no terminal existe unos criterios de mayor subjetividad, existe una mayor subjetividad frente a lo cual el criterio médico tiene que tener unas decisiones y unas previsiones que tiene que hacer ya sea la Corte Constitucional o en particular el propio Congreso de la República a través de toda la discusión frente a la sociedad de qué se debe considerar no terminal”, dijo.
En contraste, Lucas Correa, abogado de Martha Sepúlveda, advirtió vehemente:
“Ante un Ministerio de Salud que no está interesado en proteger el derecho a morir dignamente de los ciudadanos y que inventa barreras para entorpecerlo se hizo justicia”.
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Noticias Caracol acudió hasta la Clínica Incodol, en Medellín, para conocer su respuesta a la tutela en el caso de Martha Sepúlveda, pero al periodista Andrés Noreña solo le dejaron este mensaje en portería: “La orden es no dejar entrar a la prensa”.
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