Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
Para Nataly Torres, el acto de respirar, hablar o sentir la brisa en la cara no es un signo de vida, sino un dolor extremo. Esta mujer de Medellín vive atrapada en lo que los especialistas denominan un caso atípico de neuralgia del trigémino, una patología que históricamente se ha conocido como la “enfermedad del suicidio” debido a la intensidad insoportable de sus síntomas. Los Informantes conoció su testimonio.Su calvario comenzó en diciembre de 2023. Lo que parecía una jaqueca común se transformó en un dolor electrizante localizado en el lado derecho de su rostro que nunca más la abandonó. Antes de esto, Nataly era una mujer de 34 años, sociable, amante de la cocina y con 13 años de experiencia en servicio al cliente. Hoy, su realidad está en una especie de choques eléctricos que no cesan ni de día ni de noche.La medicina suele calificar el dolor en una escala del 1 al 10, pero para Nataly esas cifras se quedan cortas. "Es un dolor que pues a mí me ponen a calificarlo y yo simplemente respondo 11 por responder. Pues yo no puedo calificar el dolor en un porcentaje real porque el dolor es demasiado fuerte, es un dolor extremo. Un dolor que yo no le deseo a nadie", confiesa en Los Informantes.El impacto de la enfermedad ha sido devastador para su núcleo familiar. Su hijo de 11 años, diagnosticado con hiperactividad, tuvo que mudarse con su abuelo porque ella ya no puede brindarle los cuidados que requiere. "Incluso yo tengo por escrito la recomendación médica donde me dice que no puedo estar con los cuidados personales de mi hijo en el momento, hasta que yo no mejore y esté en condiciones", explica Nataly."El dolor es, yo lo llamo un dolor enloquecedor porque a mí se me olvida que soy madre, que soy esposa, que soy hija y me vuelvo egoísta, pienso en mí. Y hay momentos... por eso lo llaman la enfermedad del suicidio, porque hay momentos donde es tan fuerte el dolor que solamente uno quisiera terminar con él", relata sobre los episodios más fuertes de su crisis.¿Qué dicen los expertos?Para entender su sufrimiento, los médicos comparan el nervio trigémino con un cable eléctrico. El doctor Héctor Jaramillo, neurocirujano, explica que este nervio pierde su capa protectora, quedando como un "cable pelado" que, al entrar en contacto con otros tejidos o estímulos externos, genera descargas agudas e intensas.En el caso de Nataly, el diagnóstico es aún más complejo: neuralgia del trigémino del subtipo con dolor continúo asociado, lo que significa que, además de los "corrientazos", padece un dolor de fondo permanente. “Es como si yo me arrimara al alambre y me cogiera la luz. Se siente un corrientazo desde el oído, las tres ramas, la parte visual, la parte de la fosa nasal y mandibular", subraya.Medicamentos y cirugías fallidasEn su lucha por una vida normal tiene que consumir 16 medicamentos diarios, incluyendo hidromorfona, metadona, pregabalina y amitriptilina, pero este fuerte tratamiento le ha provocado efectos secundarios severos como amnesias temporales, movimientos involuntarios y un aumento de peso de 22 kilos. Sin embargo, incluso con esta carga química, el dolor apenas se estabiliza en un nivel 8 de 10.Nataly se ha sometido a múltiples procedimientos, desde bloqueos de ganglios hasta una craneotomía de alto riesgo. A pesar de los peligros de quedar cuadrapléjica o morir, ella aceptó la cirugía con una frase que resume su desesperación: "Yo tomo el riesgo porque es una posibilidad de no tener dolor".Lamentablemente, la intervención no solo no funcionó, sino que le provocó la pérdida total de la audición en su oído izquierdo y problemas de equilibrio.La sombra de la eutanasiaTras años de intentos fallidos y hospitalizaciones prolongadas —una de ellas de cinco meses y hasta pasó por cuidados intensivos—, la idea de la muerte digna ha cruzado su mente en repetidas ocasiones."En dos, tres ocasiones yo le decía a mi mamá, 'Yo quiero que me ayudes a gestionar la eutanasia, porque no quiero sentir más este dolor... Quiero vivir sin dolor'", admite Nataly.Recientemente, el uso de tecnología de punta como el CyberKnife (radiación focalizada) le ha brindado un alivio de apenas el 10% o 20%. Aunque es una mejora mínima, ha servido para alejar temporalmente las ideas suicidas. No obstante, ella es clara sobre su límite: "En una crisis como las que me han dado, fuertes, haría yo la gestión de la eutanasia sin decirle a nadie. Nadie me va a apoyar, pero no porque no quieran apoyarme, sino porque les duele apoyarme. Entonces, tendría que hacer yo esa gestión sola".Hoy, Nataly Torres sigue esperando un milagro médico o divino que la saque del dolor en el que vive encerrada hace más de dos años, anhelando simplemente volver a ser la mujer que alguna vez pudo abrazar a su hijo sin sentir que su rostro estallaba.
Catalina Giraldo ya no está en este mundo, pero la lucha jurídica para que se regule la muerte digna en Colombia prevalece. El nombre de esta psicóloga de 31 años pasó a ocupar los titulares de las noticias cuando solicitó el suicidio médicamente asistido a su EPS, pero le fue negado; así que decidió emprender una batalla legal que se extendió por 10 meses y llegó hasta la Corte Constitucional, donde permanece el caso para el respectivo estudio. Giraldo le envió un contundente mensaje a los magistrados del alto tribunal antes de su muerte.Noticias Caracol dio a conocer una entrevista póstuma que Catalina concedió horas antes de acceder a la eutanasia, el 9 de julio. Murió acompañada de su mamá, su hermana y su mascota en un centro médico de Bogotá. Pero su fallecimiento no se dio como ella lo esperaba. La importancia del suicidio asistido para ella radicaba en que era un acto de autonomía y de apropiarse de su proceso. Al final, aceptó resignada la eutanasia, aunque se sentía tranquila. El detonante para optar por este camino vino cuando fue hospitalizada en mayo pasado y se sintió restringida.El suicidio asistido fue despenalizado en Colombia en 2022, a través de la Sentencia C-164 de la Corte Constitucional. Sin embargo, los vacíos legales fueron de los que se valió la EPS de Giraldo para negarle el acceso a este derecho. Catalina era la primera paciente en pedir el acceso a este recurso, pero se encontró con que este no había sido debidamente reglamentado. Así las cosas, inició una batalla legal que duró 10 meses. Tutelas y frustraciones estuvieron acompañadas por el insoportable peso de vivir con el que cargaba Catalina. Su salud mental se deterioraba a medida que la demanda iba llegando a nuevas instancias.El duro mensaje de Catalina Giraldo a la Corte ConstitucionalEn sus últimas declaraciones, Catalina Giraldo envió un mensaje directo y contundente a los magistrados de la Corte Constitucional, enfocándose en la necesidad de justicia para quienes enfrentan situaciones similares a la suya. “Esta lucha no termina conmigo; yo voy a fallecer en las próximas horas; pero no fallece con este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria, hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”, declaró.Giraldo les hizo un llamado a los magistrados a que comprendan que esta es una lucha por la salud mental y la muerte digna. “Muchas personas necesitan una muerte acompañada y segura, y no morir como la mayoría de personas que se suicidan de manera violenta”. Catalina aclaró que para ella sería infame que la alta corte no resuelva el caso de fondo.La pelea continúa: ¿en qué va la tutela de Catalina Giraldo?El capítulo más reciente de esta batalla fue la solicitud formal que hizo la representación de Giraldo a la Corte Constitucional de apartar del caso a la presidenta Paola Meneses, quien fue designada para revisar el expediente de la tutela. DescLAB, firma que acompaña el proceso jurídico, recordó que la magistrada salvó su voto a la hora de decidir sobre la Sentencia C-164 de 2022. “Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, señaló la organización.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Catalina Giraldo Silva pasó sus últimos días esperando una respuesta que nunca llegó. Durante casi diez meses recorrió caminos legales, presentó recursos, enfrentó negativas y sostuvo una batalla que, para ella, era también una decisión que esperaba pudiera abrir la puerta para otros pacientes en situaciones similares. La psicóloga de 30 años llevaba meses con la esperanza de que la Corte reconociera el suicidio medicamente asistido como una alternativa dentro del derecho a morir dignamente.El jueves 9 de julio, en una clínica de Bogotá, Catalina murió mediante eutanasia. Lo hizo acompañada por su familia, después de aceptar un procedimiento distinto al que había solicitado inicialmente. Su deseo era otro: tener la posibilidad de aplicarse ella misma el medicamento bajo supervisión médica, como ocurre en el suicidio médicamente asistido. Sin embargo, esa práctica, aunque fue despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, todavía no cuenta con una regulación que permita su aplicación en Colombia.Horas antes de morir, Catalina concedió una última entrevista a Noticias Caracol. "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente".(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Una decisión que llegó después de años de sufrimiento psicológicoCatalina era psicóloga y durante gran parte de su vida convivió con diagnósticos como trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Después de varios tratamientos y procesos terapéuticos que no lograron darle una mejoría significativa, empezó a considerar la muerte digna como una opción y confiaba en que la justicia podía reconocer su solicitud. Sin embargo, mientras esperaba una decisión definitiva, su estado emocional se volvió más difícil de sostener. Giraldo cumplía con todos los requisitos para acceder a esta forma legal de muerte: padecía de una enfermedad grave que era resistente a todo esfuerzo terapéutico.Según relata, su primera solicitud nunca fue la eutanasia. Ella buscaba acceder al suicidio médicamente asistido porque consideraba que esa figura representaba una forma distinta de ejercer autonomía sobre su propia vida. Y aunque su caso fue el primero en plantear esa solicitud de manera formal, precisamente ese vacío jurídico terminó convirtiéndose en el principal obstáculo de su petición, pues mientras la justicia estudiaba el caso, su estado de salud mental siguió deteriorándose y aunque durante mucho tiempo rechazó la posibilidad de solicitar nuevamente la eutanasia, no logró aguantar el abismo que arrastraba su alma y optó, finalmente, por la eutanasia."Yo debo decir que llegar a esa decisión no fue fácil", confesó Catalina Giraldo durante la entrevista concedida a Noticias Caracol horas antes del procedimiento. "Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha, que no estaba siendo fiel a mis principios". Sin embargo, reconoció que después de diez meses enfrentando negativas judiciales y administrativas entendió que ya no podía seguir esperando. "No siento que me esté rindiendo; siento que estoy entregando un poco ahora la responsabilidad a otros", afirmó.El periodista Juan David Laverde, quien la había visto meses atrás, encontró a una Catalina distinta. La angustia que marcó sus primeras entrevistas parecía haber cedido. ¿La certeza de morir en pocas horas le daba tranquilidad? Sin titubeos, sonrió. "Eso no me pasaba. No me habían visto así hacía mucho tiempo", expresó. Después explicó que esa paz también les había permitido a su madre y a su hermana entender su decisión. "Ven la tranquilidad en mi mirada y ven que estos días puedo disfrutar desde un lugar diferente, que no lo tendría si no pudiera acceder a este derecho a morir dignamente". El suicidio médicamente asistido era "un acto de autonomía"El punto de quiebre, según contó, fue una hospitalización psiquiátrica ocurrida meses antes de su muerte. Allí volvió a enfrentar una situación que ya conocía: el riesgo de suicidio y la necesidad de permanecer bajo vigilancia permanente. Recordó que estar nuevamente en una habitación de hospital la llevó a tomar una decisión. No quería regresar a ese escenario una vez más. Fue entonces cuando decidió solicitar nuevamente la eutanasia, una opción que inicialmente había rechazado porque sentía que significaba abandonar la lucha por el suicidio asistido.Aquella experiencia terminó modificando la decisión que había sostenido durante meses. "El punto de quiebre fue la última hospitalización que tuve porque el riesgo de suicidio era muy alto", recordó. Desde la cama del hospital comprendió que no quería volver a vivir esa situación. "Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya he olvidado. No podía caminar, estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar", contó. Fue allí cuando solicitó un segundo comité para acceder a la eutanasia, cambiando finalmente su opinión sobre el suicidio médicamente asistido.La última esperanza de Catalina para salir de aquel pantano de zozobra sin fondo se desvaneció el año pasado, tras el fracaso del último tratamiento que hizo con un fármaco muy fuerte al que suelen responder los pacientes con este tipo de trastornos. Tras la certeza de haberlo intentado todo, su corazón estragado encontró paz en la idea de solicitar la muerte digna y así se lo comunicó a su mamá y su hermana. "Al principio fue muy difícil porque pues digamos un poco lo que quedaba era "te estás rindiendo, ya perdiste la esperanza, por qué no intentamos esto otro" (...) Pero yo intenté explicarles que estaba sufriendo e intenté explicarles mi dolor, intenté explicarles que esto no es una vida para mí. Pero ese acto de amor de Catalina hacia su familia se estrelló contra la burocracia institucional y la falta de regulación de esta forma de muerte digna. En mayo de 2022, en una sentencia histórica, la Corte Constitucional despenalizó el suicidio médicamente asistido al concluir que la justicia no puede perseguir penalmente a un médico que, en virtud del principio de solidaridad, le ayude a morir a un paciente que sufre una enfermedad crónica e incurable. Por eso, hoy el suicidio médicamente asistido está en un limbo: ningún médico puede ser procesado por practicarlo, pero a Catalina le negaron el procedimiento porque no está reglamentado. A través de una carta, el 12 de noviembre pasado, Sanitas le dio un portazo a su petición: "No es procedente ejecutar el procedimiento ya que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización segura y legal". Y mientras capoteaba la angustia que le provocaba este permanente estado de incertidumbre, Catalina imploró hasta horas antes de su eutanasia que la Corte revisara su caso y escuchara su clamor de auxilio. El mensaje que Catalina Giraldo dejó a la Corte ConstitucionalCatalina sabía que existía la posibilidad de que, tras su fallecimiento, la Corte Constitucional decidiera no pronunciarse sobre el fondo del caso. Por eso aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a los magistrados. "Les diría que esta lucha no termina conmigo", afirmó. "Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días". Su petición era que el alto tribunal entendiera que la discusión trascendía su historia personal."Espero que los magistrados de la Corte puedan entender que esta lucha es una lucha por la salud mental, por la muerte digna para muchas personas que necesitan una muerte acompañada, una muerte segura, y no morir como la mayoría de personas se suicidan, de manera muy violenta con ellos mismos o con la familia", expresó. "La gente se suicida y la gente se va a seguir suicidando. Negar esta realidad es desconocer lo que está pasando en el país y en el mundo", sostuvo. Desde su perspectiva, el debate no consistía en promover la muerte, sino en acompañar procesos complejos desde el sistema de salud."¿Por qué no acompañarlas? ¿Por qué no hacerlo de una manera segura para ellas? No es romantizar la muerte; es acompañarla, es cuidarla, es respetar el proceso de la persona", manifestó. También aclaró que la mayoría de los suicidios pueden prevenirse, pero insistió en que existen situaciones excepcionales que requieren otro tipo de respuestas. "Hay muchos suicidios que se pueden prevenir, la gran mayoría, pero no es el caso de todos. Esto también es un acto de autonomía e independencia frente a una vida que tal vez ha sido arrancada por las manos del dolor", afirmó.Y aunque sabía que no alcanzaría a conocer el desenlace judicial de su caso, Catalina confiaba en que su historia serviría para abrir una conversación nacional. Cuando le preguntaron cómo quería ser recordada respondió sin hablar de reconocimientos personales. "Espero que me recuerden como una persona que inició este camino, pero que deja apenas la puertica abierta", dijo. "Espero que entiendan también que mi legado es permitirnos entender la muerte desde un lugar diferente. Tal vez no cambie la mente de todas las personas, pero sí sé que esta semillita se está sembrando".Y tal como lo había planeado, Catalina murió en la mañana del jueves 9 de julio. Su madre, Ángela Silva, y su hermana, Paola, permanecieron junto a ella durante todo el procedimiento y ambas le sostuvieron las manos hasta el final. También estuvo presente Lulo, su perro, acostado al borde de la cama. En la habitación sonaba Long and Lost, de Florence and the Machine, mientras el aroma a lavanda acompañaba la despedida. Catalina vestía la misma blusa rosada con la que horas antes había concedido la entrevista. Sobre la prenda se leía una frase en francés: C'est la vie o "Es la vida."Con información del periodista Juan David LaverdeVALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La firma DescLAB, que acompaña a Catalina Giraldo, pide apartar del caso a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Giraldo tiene 30 años y busca el acceso a la muerte digna a través del suicidio médicamente asistido. Esta mujer tiene un diagnóstico complejo y para nada menor: padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Ella ha intentado todo lo imaginable en terapias, pero no ha tenido mejoría: 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Nada. En 2025, Catalina tomó la decisión de solicitar la muerte digna a través de una figura que hasta ahora no ha sido utilizada en Colombia: el suicidio médicamente asistido. Pero la EPS Sanitas le negó la petición. Por lo tanto, el caso trascendió a instancias legales a través de una tutela que hoy es objeto de estudio en la Corte Constitucional.¿Por qué piden apartar a la magistrada Paola Meneses?DescLAB sostiene que la magistrada Meneses es la designada para revisar el expediente de la tutela, pero está impedida para decidir en el caso de Catalina Giraldo. La organización ya envió un oficio para pedir que se le aparte del proceso. “La ley prohíbe fallar a un juez que ya manifestó su opinión sobre el asunto”, declara. Y es que Meneses salvó su voto en la sentencia C-164 de 2022, fallo reconocido por ser aquel que le abrió la puerta al mecanismo del suicidio médicamente asistido como una opción legal de morir dignamente en Colombia, al despenalizarlo.“Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, afirma DescLAB como parte de los argumentos para pedir que la togada no tenga peso en el caso.La firma también dice que la magistrada emitió un juicio que calificó como “profundamente estigmatizante” sobre la capacidad de manifestar la voluntad por parte de quienes tienen alguna condición de salud mental. “Meneses afirmó que las personas con sufrimiento psíquico tienen una voluntad distorsionada y son incapaces de dar un consentimiento libre e informado”. Además, señaló que la magistrada bloqueó la solución de fondo al decir que ni la Corte ni el Ministerio de Salud pueden regular sobre este asunto, sino que solo le corresponde al Congreso de la República.El caso de Catalina Giraldo: “Lo siento en mi pecho y me duele”El caso de Catalina Giraldo fue conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en su momento, antes de que este fuera admitido por la Corte Constitucional el pasado 28 de mayo. Es trascendental porque es la primera paciente que pide tomar esta ruta en el país y cumple todos los requisitos: padece una enfermedad grave, resistente a todo esfuerzo terapéutico.(Conozca todo el caso aquí: El pedido de una mujer de 30 años por una muerte digna a través de un suicidio médicamente asistido)“Yo siento que es un infierno. Por ejemplo, sentir que el corazón se te acelera, que no puedes respirar bien, que te tiemblan las manos, que tienes ganas de lastimarte, que quieres hacerte daño; luchar todo el tiempo con eso es muy desgastante también. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar; de pronto hay momentos pequeños en el día en que se apagan, pero la mayor parte del día eso está contigo a todas partes, a donde vayas, inclusive a dormir se va conmigo, no me deja descansar, no me deja en paz. Es como si quisieras decirle 'ya basta, vete por favor, déjame en paz'”, cuenta Catalina, a modo de describir lo que vive día tras día.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La historia de Melisa Gaona es un registro de años de búsqueda de respuestas frente a una condición que a menudo se suele minimizar. Diagnosticada con endometriosis profunda, Melisa describe esta enfermedad como un “cáncer blanco”, término utilizado por su comportamiento invasivo, similar a una metástasis, que se extiende a órganos como el hígado, los pulmones, los riñones o el corazón. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)En una entrevista con la periodista María Elvira Arango, en el programa En Aguas Profundas, abrió su corazón para explicar que aunque no avanza con la rapidez de otros cánceres, produce un sufrimiento prolongado.Para Melisa, el contacto con los hospitales comenzó a los 18 meses de vida debido a una peritonitis por apéndice explotado. Sin embargo, el punto de quiebre fue su primer periodo menstrual. Describe dolores de nivel 10 sobre 10 las 24 horas del día, acompañados de vómitos, desmayos e incapacidad para caminar. Ante estos síntomas, la respuesta recurrente de su entorno y de los profesionales de la salud era: “Es normal, a todas nos duele”.Este proceso de normalización del dolor la llevó a consultar médicos que calificaron su situación como un "show" o la tildaron de hipocondríaca. Melisa relató episodios de deshumanización clínica, como el de una doctora que, ante su confesión de no querer vivir más por el dolor, le respondió: “Mátese”. Lea también: El "hombre encantador" que estafó a mujer colombiana: así era su táctica de seducción En otra instancia, un médico internista le dijo: “Si se quiere matar, mátese, deje de hacer show”. Incluso reporta maltrato físico y comentarios inapropiados por parte del personal de enfermería durante sus hospitalizaciones.El agotamiento físico y emocional, sumado a la falta de un diagnóstico efectivo, llevó a la joven a solicitar la eutanasia en Colombia. Su intención no era terminar con su vida por falta de aprecio a la misma, sino por la imposibilidad de habitar un cuerpo con dolor constante. “Uno no es que no quiera vivir porque es que la vida es hermosa lo que uno no quiere es sentir dolor porque es que no te permite vivir la vida”, explicó. Tras una intervención quirúrgica en Colombia en la que le indicaron que tenía el útero, el intestino y la vejiga pegados, su estado de salud empeoró. El dolor al caminar se volvió similar a recibir estocadas con un cuchillo en la ingle. La solución definitiva no llegó en su país, sino en Mumbai, India, de la mano de su pareja, Mateo, quien la cargó durante todo el trayecto ante su incapacidad de movimiento.En la India, los médicos calificaron la cirugía previa realizada en Colombia como “rudimentaria” y “hecha a las patadas”, según consta en su historia clínica. Los especialistas encontraron restos de órganos mal intervenidos que generaban infecciones. En Mumbai, Melisa se sometió a una cirugía compleja y a una ablación de nervios para bloquear las señales de dolor.Actualmente, Melisa reporta un nivel de dolor de 3 sobre 5, lo que considera un cambio radical que le permite recuperar su funcionalidad. A pesar de que la endometriosis es una enfermedad crónica y progresiva sin cura definitiva, su objetivo es la pedagogía. Denuncia que la Ley 2338 en Colombia, aunque existe en el papel, no se traduce en centros de atención pública integral para las mujeres con este diagnóstico.Melisa, quien está próxima a casarse con Mateo, concluye que su dolor ahora tiene un significado: evitar que otras niñas y mujeres pasen por lo mismo bajo lapremisa de que el dolor menstrual es normal. “No es normal que una mujer tenga dolor, no es normal que una niña tenga dolor”, sostiene, abogando por diagnósticos tempranos y tratamientos integrales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Por primera vez desde que entró en vigor la normativa que lo permite, un menor de 12 años con una enfermedad incurable recibió la eutanasia en Países Bajos. El caso, confirmado por las autoridades sanitarias neerlandesas, marca un precedente en la aplicación de una ley que contempla esta posibilidad para niños que sufren dolor insoportable y no tienen perspectivas de recuperación.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La información fue revelada por medios neerlandeses, confirmaron que se trata de la primera vez que se pone fin de manera activa a la vida de un niño con una enfermedad incurable bajo la normativa que entró en vigor en 2024.De acuerdo con el medio NOS, el informe relacionado con el procedimiento fue recibido a finales del año pasado por la comisión especial encargada de revisar los casos de eutanasia en niños de entre 1 y 12 años. Tras analizar el expediente y sostener conversaciones con el médico involucrado, el comité emitió su concepto y lo remitió al Ministerio Público.Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si el profesional actuó conforme a la legislación vigente. Según explicó la ministra de Salud de Países Bajos, Sophie Hermans, una recomendación considerada de especial relevancia por las autoridades judiciales será publicada próximamente.Hasta el momento, las autoridades neerlandesas no han divulgado información específica sobre el menor. La ministra Hermans no entregó detalles relacionados con la edad del niño ni sobre la enfermedad que padecía.Lo que sí se conoce es que el procedimiento se realizó dentro del marco legal aprobado hace 2 años, el cual permite, previa consulta con los padres, poner fin a la vida de niños entre 1 y 12 años que experimenten un sufrimiento considerado insoportable y para quienes no exista posibilidad de recuperación.Según explicó NOS, la normativa fue creada para situaciones extremadamente complejas en las que la muerte del paciente se espera en un futuro cercano y no es posible aliviar adecuadamente el sufrimiento mediante otros tratamientos médicos.Antes de la entrada en vigor de esta regulación, la eutanasia en Países Bajos solo era posible para recién nacidos en circunstancias específicas y para menores mayores de 12 años bajo determinadas condiciones legales.Entre los casos ahora contemplados por la legislación se encuentran pacientes con malformaciones congénitas del cerebro, pulmones o corazón, así como enfermedades metabólicas severas.Antes de la creación de esta regulación las alternativas disponibles eran la sedación paliativa o la suspensión de la alimentación, procesos que podían prolongarse durante semanas.Cuando la norma fue presentada, las autoridades estimaron que podría aplicarse en un número reducido de casos cada año.Uno de los aspectos que más debate ha generado es el proceso de revisión posterior al procedimiento. Aunque existe un comité especializado que analiza cada caso, el veredicto definitivo sobre la legalidad de la actuación médica corresponde al Ministerio Público.Las preocupaciones se centran en que los médicos podrían temer eventuales procesos judiciales debido a que la decisión final no depende únicamente del comité evaluador.El caso representa un hito dentro de la legislación neerlandesa sobre el final de la vida. El medio Hart van Nederland recordó que Bélgica fue el primer país en legalizar la eutanasia para todos los menores de edad en 2014. Dos años después se conoció el primer caso aplicado a un menor bajo esa normativa.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El Ministerio de Ambiente informó que sostuvo una reunión con Vantara, organización de India, en el marco del Plan Integral para el Manejo de los Hipopótamos, especie exótica invasora en Colombia. (Lea también: Juez frena tutelas en contra de eutanasia a hipopótamos en Colombia: protocolo sigue en pie)Durante el encuentro se acordó que dicha organización realizará una visita técnica al país, con expertos y veterinarios, de la cual “dependerá la definición del número de individuos aptos para un posible proceso de translocación, así como la evaluación de las condiciones locales, logísticas, financieras, técnicas y de recurso humano requeridas”, señaló la entidad.La ministra Irene Vélez-Torres fue enfática en decir “que esta posible translocación de los individuos no contempla con nuestro Gobierno ninguna transacción económica”.También manifestó que “Vantara deberá adelantar las gestiones ante las entidades gubernamentales competentes de la India, especialmente ante la autoridad CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) de ese país en cumplimiento de las disposiciones legales de esta convención internacional”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿La eutanasia de los hipopótamos se suspenderá?El Gobierno nacional reiteró que el protocolo de translocación deberá implementarse de manera complementaria al protocolo de eutanasia, en cumplimiento del Plan de Manejo y de las decisiones judiciales vigentes.“Tenemos un plan de manejo científicamente justificado y, además, instancias judiciales que ya nos conminan a mantener acciones permanentes para la reducción de la población de esta especie invasora que ha puesto en riesgo nuestros ecosistemas, nuestras especies endémicas, nuestros pescadores y las comunidades locales”, precisó la ministra de Ambiente. (Lea también: Minambiente dice que México no hará translocación de hipopótamos y explicó el porqué)Así sería la logística para el posible traslado de los hipopótamos a la IndiaLa operación implicaría una travesía aérea de 15.000 kilómetros hasta el oeste de la India, lugar donde Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia, lleva años construyendo un zoológico privado y centro de rescate de fauna llamado Vantara.Si bien un traslado así no tiene precedentes, EFE conoció que buena parte de la logística lleva siendo planeada desde 2023, cuando Ambani y el Santuario Ostok de México empezaron a solicitar al Gobierno colombiano un traslado de hipopótamos a sus países."Estamos calculando que (el traslado) de Colombia a la India costaría tres millones de dólares", dice a EFE el director Ostok, Ernesto Zazueta, quien ha formado parte de las negociaciones con Colombia y cuyo santuario ya ha enviado cerca de 200 felinos rescatados a Vantara.El proceso, explica Zazueta, empezaría con cebar a los hipopótamos para atraerlos hasta unos corrales ya construidos por la autoridad ambiental local. Una vez encerrados, un grupo de especialistas usaría comida para enseñar a los animales a obedecer sin necesidad de anestesia, preparándolos para soportar la travesía hasta el otro lado del mundo en unas cajas (o guacales) diseñadas especialmente para ellos.Los hipopótamos, cuyo peso puede superar las tres toneladas, viajarían en camión hasta un aeropuerto cercano a Medellín, donde partirían en tres aviones de carga de una empresa bielorrusa."Son unas 33 horas en total hasta llegar a Jamnagar (ciudad india donde está Vantara). Para un animal bien tranquilo, alimentado y atendido, no pasa nada", asegura Zazueta.La financiación de toda esta operación todavía es una incógnita. La carta enviada por Ambani al Gobierno de Colombia solo ofrece "recibir" a los animales, sin indicar si estaría dispuesto a costear el traslado. Zazueta, sin embargo, aventura que es posible que Vantara asuma buena parte de los gastos, tal y como ha hecho con Ostok en ocasiones anteriores.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha dado un paso histórico con la expedición de la Resolución 813 de 2026, una normativa que actualiza de fondo las reglas para garantizar el derecho a morir dignamente en el país. Esta norma responde a múltiples órdenes de la Corte Constitucional y busca unificar criterios que anteriormente se encontraban dispersos o presentaban vacíos legales, brindando mayor seguridad jurídica a pacientes, médicos y entidades prestadoras de salud.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El cambio más relevante y trascendental de esta nueva regulación es que el acceso a la eutanasia ya no está limitado exclusivamente a pacientes en fase terminal. A partir de ahora, cualquier persona con una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal que genere un sufrimiento intenso e incompatible con su concepto de vida digna puede solicitar el procedimiento, incluso si no tiene un pronóstico de muerte inminente. La norma define la condición de salud extrema como aquella situación médica donde hay una alteración fisiopatológica grave que compromete la funcionalidad y no tiene perspectivas razonables de alivio desde la óptica del paciente.La resolución aclara que el derecho a morir dignamente no se agota en la eutanasia. El sistema de salud debe ofrecer tres rutas claras y no excluyentes: los cuidados paliativos, destinados a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida; la adecuación de los esfuerzos terapéuticos (AET), que permite suspender o no iniciar tratamientos desproporcionados que solo prolongan el sufrimiento; y la eutanasia, entendida como la inducción activa y anticipada de la muerte bajo solicitud expresa.Lea: Minsalud desautoriza restricción del Instituto de Cancerología para prestar servicio a Nueva EPSLa autonomía de los pacientes que solicitan la eutanasiaPara verificar que se cumplan todos los requisitos, se mantienen los comités interdisciplinarios de eutanasia, integrados por un médico especialista, un abogado y un psicólogo o psiquiatra. Estos órganos son los encargados de garantizar que la decisión del paciente sea libre, informada e inequívoca, evaluando la capacidad mental y la inexistencia de alternativas razonables que el paciente esté dispuesto a aceptar.La autonomía del paciente se reafirma como el eje central de todo el proceso. La normativa detalla diversas formas para manifestar la voluntad, destacando el Documento de Voluntad Anticipada (DVA) y las directivas anticipadas, herramientas que permiten a los ciudadanos dejar clara su posición sobre estos procedimientos antes de perder la conciencia. Una novedad sensible es la introducción de los apoyos interpretativos de la voluntad, un mecanismo excepcional para reconstruir la decisión de un paciente que no puede expresarse, basándose en testimonios o documentos previos, evitando que terceros sustituyan arbitrariamente su deseo. En casos de imposibilidad fáctica, se contempla el consentimiento sustituto, siempre que existan elementos verificables de la voluntad del titular.En cuanto a los niños, niñas y adolescentes (NNA), la resolución establece un marco basado en la autonomía progresiva. El entendimiento de la muerte se evalúa según la edad evolutiva: desde los 12 años se reconoce una consolidación del concepto de muerte como irreversible y universal. Los adolescentes entre 14 y 17 años pueden solicitar el procedimiento de manera autónoma, y en caso de discrepancia con sus padres o representantes, prevalecerá la decisión del menor.Finalmente, la norma endurece las reglas sobre la objeción de conciencia. Se reitera que este es un derecho exclusivo de las personas naturales (médicos); por lo tanto, ninguna EPS, clínica u hospital puede negarse a garantizar la prestación del servicio alegando convicciones institucionales. El sistema de salud debe asegurar que siempre haya profesionales no objetores disponibles para que el trámite se realice con celeridad y sin barreras administrativas que prolonguen el dolor de los colombianos.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, reveló este jueves que desde el gobierno radicaron una petición formal al Gobierno de la India para que autoricen el trasladado de los hipopótamos de Colombia al centro Vantara, que se ofreció a recibir a los animales para evitar su eutanasia en el país, debido a que se trata de una especia exótica invasora.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"Seguimos avanzando con rigor en el manejo del hipopótamo como especie invasora. Este jueves hemos radicado una petición formal al Gobierno de la India para saber si autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara, como lo solicitó este centro animal en una carta conocida esta semana. Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia", se lee en un mensaje en la cuenta de X de Vélez.Lea: Investigaciones y críticas que rodean al refugio que magnate indio propuso para hipopótamos¿Cuál fue la solicitud que Minambiente le hizo al Gobierno de la India?La funcionaria indicó que las prioridades desde su ministerio es "proteger nuestra naturaleza, especies nativas y quienes dependen de estos servicios ecosistémicos, como nuestros pescadores". Asimismo, Vélez insistió que la translocación de estos animales debe contar contar con todas las instancis técnicas y diplomáticas. "Cualquier eventual operación de exportación e importación requiere no solo la manifestación de interés de actores privados, sino la existencia de autorizaciones formales y la acreditación de condiciones técnicas, sanitarias y operativas por parte del Estado importador", se lee en la carta, firmada por Natalia María Ramírez Martínez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Autoridad Administrativa CITES de Colombia.Le puede interesar: Juez frena tutelas en contra de eutanasia a hipopótamos en Colombia: protocolo sigue en pieEn el radicado, el gobierno colombiano le pide al de la India el pronunciamiento formal sobre varios aspectos, como "si la Autoridad Administrativa CITES de la India ha otorgado, o está en posibilidad de otorgar, las autorizaciones requeridas para la introducción o importación de ochenta (80) especímenes vivos de la especie Hipopótamo común (Hippopotamus amphibius), provenientes de Colombia con destino al establecimiento denominado VANTARA en Jamnagar, Gujarat, India, conforme a la normativa vigente en la República de la India".Además, le pidieron al gobierno indio si Vantara cuenta con "los permisos, autorizaciones y licencias ambientales para la recepción, manejo, gestión, operación y funcionamiento vigentes conforme las normas y reglamentación". También pidieron la verificación si esta entidad cuenta con el área, instalaciones, profesionales, metodologías, herramientas, sistemas de manejo animal y tratamientos que garanticen el adecuado manejo, cuidado y bienestar de los especímenes."Actuar bajo la mejor ciencia disponible para reducir el impacto de los hipopótamos en el territorio, atendiendo nuestra normativa vigente. Insistir en todas las instancias técnicas y diplomáticas para su translocación y/o control. Son bienvenidas todas las propuestas que se enmarquen en el Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, adoptado en 2024. Nuestro criterio y objetivo siguen siendo las decisiones judiciales vigentes y la mejor ciencia disponible sobre el tema", concluyó la ministra en su comunicado.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara que para enfrentar el problema que ocasiona la alta población de hipopótamos en el país decidieron hacer uso de la eutanasia, algunas voces en contra de este procedimiento hicieron eco en el territorio nacional. Además, presentaron tutelas para intentar frenar el inicio de esta acción que, en primera medida, tiene contemplada aplicarse a 80 animales.A pesar de estos intentos por frenar la eutanasia a los hipopótamos, un juez dejó en firme la decisión del Gobierno de aplicar esta medida para controlar la población de estos mamíferos en Colombia.¿Qué decían las tutelas?Fue el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá el encargado de analizar las ocho tutelas presentadas en contra de entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA y otras autoridades ambientales del país. Ante las denuncias emitidas por sectores animalistas que defendían el derecho a la vida de estos animales, el juez solicitó al Gobierno y autoridades ambientales explicaciones sobre el protocolo de eutanasia que se pretende aplicar.Después de un análisis a fondo del caso, el juzgado concluyó que la caza de control es una medida justificada frente al crecimiento y el impacto social que esta especie invasora causa en el territorio nacional. Dentro de las tutelas las personas exponían que aplicar la eutanasia a los hipopótamos era una medida "desproporcionada", considerando que la esterilización o reubicación de los mismos eran alternativas que no se habían llevado a cabo por completo. Agregaron también que la caza de control podría representar vulneraciones a la protección animal y a los derechos de la naturaleza.El análisis del juezEn primera medida, el juzgado enfatizó que las tutelas están diseñadas para proteger derechos humanos, no de animales. Pero al considerar como antecedente los momentos en los que la Corte Constitucional falló en casos relacionados, señaló que el caso de los hipopótamos podría ameritar un análisis por ser un problema de interés nacional. Tras el respectivo análisis de las tutelas, las explicaciones del Gobierno y del protocolo que se pretende aplicar, así como el contexto de otras medidas utilizadas en el pasado, el juez determinó que no hay lugar a las tutelas presentadas y, de hecho, exhortó a las autoridades a llevar a cabo el protocolo de caza controlada de manera oportuna.La sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá establece que el protocolo anunciado por el Ministerio de Ambiente es necesario y, de ser aplicado de manera efectiva, ayudará a evitar el crecimiento de esta especie en el país. Cabe resaltar que, según datos de las autoridades, actualmente la población de hipopótamos supera los 200 y, de seguir igual, en 2030 podría superar los 500.Para evitar más debates y polémicas entorno al protocolo, el juez también pidió a las autoridades realizar campañas de información dirigidas a la ciudadanía, con el fin de explicar el origen del problema, las alternativas evaluadas, las razones por las cuales algunas no se implementaron o tuvieron un alcance limitado, y los fundamentos técnicos y científicos que sustentan la eutanasia como medida de control.¿Cómo se llevará a cabo la eutanasia de hipopótamos en Colombia?La ministra encargada detalló que detrás de esta decisión hay bases científicas y también una preocupación real por el crecimiento desmedido de la población de esta especie invasora en el país y los efectos que esto puede tener a futuro en el ecosistema. Detalló que la decisión de los primeros 80 animales sometidos a este proceso se tomará teniendo en cuenta "las diferentes poblaciones en los diferentes departamentos".Sobre cómo se realizará la eutanasia, se informó que se realizará de dos maneras: la eutanasia química con una inyección y la eutanasia física con disparo de rifle.De la misma forma, también informaron que ya el Ministerio de Ambiente tiene todo listo para llevar a cabo la disposición final de los cadáveres de los hipopótamos que serán enterrados para evitar cualquier consecuencia en el ecosistema.MARÍA PAULA GONZÁLEZPERIODISTA DIGITALmpgonzal@caracoltv.com.co
Al menos tres de los diez muertos en un bombardeo contra una disidencia de las extintas Farc en el departamento del Guaviare, realizado el jueves 27 de agosto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, son menores de edad, confirmaron este domingo las autoridades forenses. Esa información fue constatada este lunes por el Ministerio de Defensa. "Tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)", se lee en el comunicado, que da cuenta, además, de una persona capturada y "un menor de edad recuperado y con sus derechos restablecidos" en el operativo."Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad", expresó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un comunicado. El ataque fue ejecutado el jueves pasado en una zona rural y los muertos, según el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pertenecían al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las Farc que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.Sobre los tres menores de edad, el Gobierno nacional afirmó: "Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan".De la Espriella, que asumió la Presidencia hace tres semanas, ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general. El pasado viernes, su Gobierno emitió unas resoluciones que ponen fin a las conversaciones con tres grupos armados ilegales, entre esos el EMBF, "por ausencia de voluntad de paz".El departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente del país entre la Orinoquía y la Amazonía, ha sido históricamente una zona de presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. En enero de 2026, enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las Farc en el mismo departamento dejaron 26 muertos.En el operativo del 27 de agosto, según el Ministerio de Defensa, fueron incautados 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.Desde la Fiscalía habían confirmado el jueves que Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, cayó en ese operativo. Por 'Urías Perdomo', mano derecha de alias Calarcá, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 400 millones de pesos. Sin embargo, entre los cuerpos aún no aparece el de Agudelo Salazar. De la Espriella, ese día más temprano, anunció que al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) habían muerto en el bombardeo militar en el departamento del Guaviare, cifra que aumentó a 10. El mandatario calificó como "golpe contundente" la operación "contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá", alias de Alexander Díaz Mendoza, jefe del EMBF.Alerta por el aumento de niños y niñas reclutadosLa ONG Human Right Watch (HRW) pidió el lunes pasado a De la Espriella que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país, que calculó son unos 1.500 desde 2021. Entre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Defensoría del Pueblo, que recogió un informe publicado ese día por HRW.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas. Sin embargo, más del 30% de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo nueve o diez años.La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró durante la presentación del informe que es necesario que el Gobierno "atienda los riesgos de reclutamiento de grupos armados" y que centre la respuesta a esta problemática en la atención a las víctimas.NOTICIAS CARACOL
El fútbol colombiano este domingo terminó con un escándalo sucedido en el estadio Palmaseca de Cali, en donde el compromiso entre Cali y Bucaramanga terminó con enfrentamientos entre jugadores de los dos clubes y con un intento de invasión de la cancha por parte de algunos hinchas locales, que se mostraron salidos de casillas por lo visto en el terreno de juego.Y en ese orden de ideas, en la rueda de prensa se presentaron algunas explicaciones de parte de los protagonistas, tal y como sucedió con el entrenador Rafael Dudamel."Es una pena que no podamos hablar de fútbol acá, que haya ocurrido esto, hay roles dentro de un terreno de juego, con grandes jugadores, pero es vergonzozo lo que ha visto todo el país. A falta de dos minutos, nuestra gente estaba molesta por el resultado, tuvo que intervenir la seguridad, ya quedaban dos minutos, es una vergüenza lo que ha hecho mi colega, ha pateado una pelota, después se fue a la mitad de la cancha, ahí de paso agrede a Keiner Sandoval", explicó en primera instancia el entrenador de los vallecaucanos en la rueda de prensa posterior al compromiso.Ya a los pocos instantes y sin pausa, Dudamel siguió y apunto que "es una pena lo sucedido, ojalá el informe arbitral sea severo, esto es anti-todo. La parte externa estaba caliente, pero también hay una provocación, lo vieron así ustedes, la transmisión es muy clara, así se dio por terminado el partido, acá hay una insatisfacción de la situación, muy complicado así. Eso mismo hace un poco lo vi desde afuera". El timonel de los azucareros terminó su discurso con optimismo y dijo que "nos quedan 13 partidos por delante, este plantel se encuentra lleno de ganadores y vamos a seguir luchando".Así las cosas, la controversia no faltó en la fecha dominical y ahora se espera qué pasará con el informe arbitral.
En el departamento del Tolima, la emergencia por incendios forestales se agudiza. Bomberos, organismos de socorro y la comunidad siguen al frente de la atención para acabar con las llamas. Uno de los que se enfrenta a las feroces llamas es Neymar Galeano, un niño de 13 años a quien le duele cómo las montañas son consumidas por el fuego. Este menor de San Luis se ha convertido en símbolo de solidaridad ante una crisis que cumple 29 días en el departamento. La emergencia ha consumido más de 50.000 hectáreas, afectando a 2.660 productores agrícolas y ganaderos. Las pérdidas superan los 134.000 millones de pesos, con cultivos arrasados y más de 30.000 bovinos sin alimento por la quema de pastizales. Focos activos como el de la finca La Altamira, a un kilómetro de Payandé, evidencian la gravedad de la situación.Ante unos 11 incendios activos en municipios como Suárez, San Luis, Armero y Guamo, la intervención comunitaria ha sido vital. Los campesinos enfrentan las llamas con herramientas rústicas, mientras la gobernación despliega asistencia alimentaria (silo y heno) para el ganado de los productores. En esta tarea se cuenta con el apoyo de la Universidad del Tolima, el Comité de Ganaderos y donaciones de empresarios para mitigar el impacto ambiental y social.Así descubrieron a dos personas que fueron capturadas en Tolima por el delito de incendio en veredaEn medio de esta emergencia resalta la historia de Neymar. A pesar de su corta edad, el joven se unió activamente a las labores de mitigación. Con un fumigador a la espalda y en bicicleta, recorre diariamente el cerro para apagar los focos de calor que amenazan con expandirse. "Ya prácticamente dos semanas. Desde el lunes antepasado comencé yo ayudándole a mi papá a ayudar a apagar", explicó Neymar en Noticias Caracol. "Me duele ver todo esto quemado"Su motivación nace de un profundo sentido de protección hacia la naturaleza y los animales. En sus jornadas recientes, rescató un pájaro afectado: "Me duele ver todo esto por así quemado, por los animales. Inclusive, me llevé ahorita un animal, un ave que saqué y que se está asfixiada por el humo", señala conmovido.La tarea no es fácil para Neymar, quien realiza este esfuerzo con recursos limitados. Al principio no contaba con herramientas adecuadas: "Al principio no fue con esto (el fumigador) sino fue cargando agua en tarros, llevándole agua hasta los cerros", recuerda. Posteriormente, obtuvo un equipo prestado, aunque esto le supuso una preocupación adicional: "Este fumigador me lo prestaron. Lo pienso mucho cuando lo saco porque pues uno nunca sabe si se llega a dañar. Tiene que pagarlo uno".Para desplazarse, depende de la generosidad familiar: "Yo me transporto en la cicla que es de mi papá, porque yo no tengo porque a mí se me dañó. Entonces, esa es la que me presta mi papá para andar", detalla.Su madre, Marcela, apoya su vocación a pesar de los riesgos: "A pesar de que en estos momentos estamos pasando por esta situación, él ha tenido la valentía de colaborar, de poner su granito de arena, no en cosas materiales ni cosas económicas, pero ha puesto su actitud", expresó."Mi abuela me dijo que ayudara"La convicción de Neymar proviene de las enseñanzas de su abuela, cuyo recuerdo mantiene vivo en cada jornada: "Me siento muy feliz porque pues antes de fallecer mi abuela me decía que ayudara; que si algún día pasaba algo, ayudara, que uno nunca sabe más adelante si le pueda pasar algo a uno y lo vengan a ayudar". Gracias a esta voluntad, el joven se mantiene firme ayudando a proteger su territorio.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: MilografiasESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN Y REPORTERÍA DE ESTEBAN BEJARANO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL
Hace un algunos minutos, se presentó una polémica situación en el estadio Palmaseca, durante los últimos minutos en el duelo entre Cali y Atlético Bucaramanga, por la octava jornada de la Liga BetPlay. Más allá del empate 1-1 que se presentó en el estadio Palmaseca, en los instantes finales todo fue confusión, improperios, empujones, protagonistas exaltados y salidos de casillas; mientras que en las tribunas se observaron los hechos con asombro, además de que algunos hinchas de la tribuna sur también se enfrentaron con algunos efectivos policiales.Los ánimos se fueron caldeando en los minutos finales, con enfrentamientos entre futbolistas de bando y bando ante algunas fricciones y acciones de faltas, y choques de juego. Y el tema se hizo aún más complicado cuando le fue decretada una pena máxima a favor de los 'azucareros', que a la postre fue capitalizada por Leyser Chaverra, cuando los visitantes protestaron de manera airada.Según los reportes de la transmisión oficial de la Liga del fútbol colombiano, el entrenador Pablo Peirano, de los santandereanos, se metió a la cancha para protestar y alertar por el tema del intento de invasión del terreno de juego por parte de algunos seguidores locales. Esto, según asistentes al estadio, se habría presentado antes del penalti, que se decretó a favor de los dueños de casa."En un momento fueron muchos los actores que estaban en la cancha. Jugadores de Cali y Bucaramanga enfrentados, se les veía entre improperios y algunos manotazos. Incluso, el árbitro alcanzó a mostrar tarjetas, un par de ellas rojas. Entonces fue claro que esto no terminó bien y nuevamente, otros hinchas se tuvieron que ir corriendo de las otras gradas, con nervios y tensión", expresó un seguidor consultado por Gol Caracol.Hay que recordar que en la fecha pasada, en el estadio El Campín seguidores de las barras radicales de Santa Fe y América invadieron la cancha, armaron una batalla campal y el duelo se tuvo que detener por cerca de una hora.
Una investigación desarrollada durante cerca de un año permitió judicializar a tres personas dentro de la operación denominada OISEC 26DESAB009 “LOS DEL CABLE”. El operativo estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Primera Local de Subachoque y El Rosal, con el trabajo investigativo de la SIJIN del Departamento de Policía Sabana (Desab), el aporte de inteligencia de SIPOL, la participación de la Policía Nacional y sus unidades territoriales, y el acompañamiento institucional de la Alcaldía Municipal de Subachoque. El proceso permitió materializar tres órdenes judiciales de captura, incautar un vehículo vinculado a la investigación y consolidar elementos materiales probatorios frente al delito de hurto calificado y agravado. Durante varios meses, propietarios de fincas y viviendas rurales de Subachoque reportaron hechos con características similares: ingreso a predios, intervención de instalaciones eléctricas, corte y extracción de cableado y posterior sustracción del cobre.La reiteración de los casos planteó una pregunta fundamental: ¿se trataba de hechos independientes o detrás de ellos podía existir una misma dinámica delictiva? Uno de los elementos diferenciadores del caso fue la utilización conjunta de herramientas tradicionales de Policía Judicial y técnicas de análisis criminal y tecnológico."Esta fue una investigación perfecta. Bajo las correspondientes órdenes y controles judiciales se adelantaron entrevistas y declaraciones; análisis de registros videográficos y elaboración de fotogramas; búsquedas selectivas en bases de datos; obtención de registros de comunicaciones –CDR–; análisis de llamadas entrantes y salientes; datos de abonados, IMSI e IMEI; análisis de celdas de telefonía móvil; correlaciones temporales y geográficas; consultas especializadas; individualización de personas y vehículos, y análisis criminal de recurrencia", indicó el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo.La información entregada por los operadores de telecomunicaciones fue sometida a los respectivos protocolos de embalaje, rotulado y cadena de custodia, con el propósito de preservar su integridad como elemento material probatorio. Entre los registros estudiados se encontraba información técnica correspondiente al 29 de noviembre de 2025, fecha central de uno de los hechos investigados.Posteriormente se realizó un análisis LINK, mediante una herramienta especializada que permite representar y estudiar las relaciones entre personas, lugares, eventos y comunicaciones. La metodología permitió contrastar cada pieza de información: una comunicación con una fecha; esa fecha con un lugar; el lugar con una celda de telefonía; una persona con un vehículo; y ese vehículo con registros audiovisuales, testimoniales y denuncias.La forma en la que operaba la banda criminalEl avance investigativo permitió identificar una modalidad caracterizada por la selección de inmuebles rurales, ingreso a predios, corte de acometidas eléctricas, extracción del cableado para obtener el cobre y utilización de vehículos como apoyo para el desplazamiento y transporte del material. Los elementos recaudados permitieron establecer, incluso, una presunta división funcional de tareas: mientras algunos participantes ingresaban a los predios para cortar y extraer el cable, otros cumplían labores relacionadas con logística, movilidad y vigilancia.Uno de los testimonios obtenidos durante el proceso describió funciones de transporte y vigilancia, corte del cable y extracción del material a través de potreros, además de la utilización de una camioneta para movilizar personas y cable de cobre. La investigación advirtió también una condición de vulnerabilidad: varios de los inmuebles afectados eran propiedades rurales cuyos dueños permanecían temporalmente fuera del municipio, circunstancia que podía hacer que los hurtos fueran descubiertos horas o incluso días después de ocurridos.En diciembre de 2025, ante la reiteración de los hurtos, la Administración Municipal anunció una recompensa de hasta $5 millones por información efectiva que contribuyera a identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, integrantes de la red de cooperantes entregaron datos bajo reserva que posteriormente fueron verificados y contrastados por las autoridades competentes.NOTICIAS CARACOL DIGITAL