Al fuero militar en Colombia solo le falta la sanción presidencial

El Congreso de Colombia aprobó en octavo y último debate la reforma del fuero penal militar, una polémica norma que ampliará las competencias de los tribunales militares y que ha sido acusada por distintas organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), de buscar la impunidad de los uniformados.

La última votación se desarrolló en la Cámara de Representantes, donde la propuesta llegó tras ser aprobada también por el Senado, con lo cual ahora solo falta que sea sancionada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para convertirse en Ley.   Según explicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que impulsó esta reforma, a partir de ahora será una instancia especializada la que juzgue los casos de militares.

Pinzón dijo que la medida será "una herramienta fundamental para que en efecto se haga justicia de manera especializada".

Asimismo, "se asegura que le demos ese tipo de herramientas y la posibilidad institucional para las Fuerzas Militares y de Policía que su investigación y juzgamiento se haga a la luz del Derecho Internacional Humanitario cuando se trate del conflicto armado", agregó.

Pese a este tipo de declaraciones, que han impregnado el recorrido parlamentario de la reforma, no han cesado las críticas a un proyecto que diversas organizaciones consideran que busca "blindar" a los militares que cometieron crímenes en el marco del conflicto armado.

Así lo expuso en diciembre HRW al presentar en Bogotá un adelanto de su informe anual sobre Colombia, ocasión en la que el director de esta ONG para las Américas, José Miguel Vivanco, arremetió contra la reforma del fuero penal militar.

"Lo que se persigue es blindar a los militares", puntualizó Vivanco, que consideró que la medida puede arrebatar a la Fiscalía la investigación de los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales de militares a civiles, conocidas en Colombia como "falsos positivos", cometidas durante la década pasada.

Según datos de HRW, en la Fiscalía hay registradas hasta 4.300 víctimas de "falsos positivos", es decir, ciudadanos que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban beneficios o ascensos.

Para Vivanco, la aprobación del fuero penal militar conlleva "retrocesos históricos de conquistas judiciales del Estado de Derecho colombiano en los últimos 20 años".

El proyecto también fue criticado en una carta abierta que desde la sede en Ginebra de Naciones Unidas emitieron en septiembre doce expertos en derechos humanos, que instaron al Gobierno de Santos y al Congreso colombiano a reconsiderar el proyecto de ley.

"El proyecto de ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial", advirtieron entonces los expertos.

Ante el alud de críticas internacionales, el alto consejero de la Presidencia de Colombia para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, afirmó días después que la reforma estaba "siendo examinada" por el Gobierno para hacer posible modificaciones.

Colombia, que negocia la paz con las FARC desde hace dos años y medio, impulsó en 2012 otro acto legislativo que reformaba el sistema de justicia militar y que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de trámite.