La Fiscalía informó este viernes sobre la imputación en contra de Luis Daniel Sánchez, quien es señalado por las autoridades de estafar a 158 familias con la comercialización irregular de lotes de terreno destinados a proyectos de vivienda de interés social en el municipio de Barbosa, Santander. Según las investigaciones del organismo judicial, el procesado habría diseñado un esquema fraudulento con el que captó sumas millonarias de familias de escasos recursos que anhelaban adquirir un terreno propio para construir sus hogares en la zona rural del municipio.
De acuerdo con el reporte del ente acusador, la consolidación de la investigación se logró tras la integración de múltiples denuncias radicadas por los afectados. En su comunicado oficial, el ente investigador indicó que "la Fiscalía General de la Nación asoció varias noticias criminales y documentó el caso de 158 familias de escasos recursos que entregaron dinero para adquirir lotes destinados a la construcción de vivienda de interés social en la vereda Cristales de Barbosa (Santander)". Sin embargo, la promesa resultó inviable debido a que "el terreno ofrecido tenía un uso de suelo restringido que no permitía desarrollar el proyecto urbanístico".
Las indagaciones revelaron que las actividades de captación económica se prolongaron durante un extenso período en el municipio. Sobre los orígenes de la propuesta, la investigación judicial da cuenta de que "desde 2009 una asociación sin ánimo de lucro, representada por Luis Daniel Sánchez Suárez, habría promovido la adquisición de predios para la autoconstrucción de las casas". Bajo este esquema asociativo, se vinculó a las personas afectadas para realizar aportes con la ilusión de edificar sus viviendas en la vereda Cristales.
Los sueños de 158 familias de adquirir un lote para construir vivienda propia se habrían visto afectados por la presunta actuación ilegal de Luis Daniel Sánchez Suárez, quien les ofreció un proyecto en Barbosa (Santander) que nunca se desarrolló. Según la investigación, el hombre… pic.twitter.com/5B4CuvEEsk
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 2, 2026
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El impacto financiero de las familias estafadas
En el comunicado oficial emitido por la institución se resaltó que "entre 2010 y 2023, las víctimas entregaron más de 1.220 millones de pesos". Para llevar a cabo el recaudo de los dineros, el investigado utilizó diversos mecanismos contractuales y administrativos. Al respecto, la Fiscalía precisó que "los aportes, que oscilaban entre 500.000 y 28 millones de pesos, se realizaron mediante la suscripción de contratos o la vinculación a comités y cuotas de administración". Mediante estos procedimientos, "fueron comercializados 127 lotes".
La irregularidad central del proyecto radicaba en las condiciones legales y ambientales de la propiedad comercializada. Las pruebas acopiadas indicaron que el predio pertenecía al mismo promotor de la iniciativa. En el comunicado, el ente acusador aclaró que "las evidencias indican que los predios ofrecidos estaban ubicados en una propiedad de Sánchez Suárez, destinada al desarrollo agropecuario tradicional y con restricciones ambientales, por lo que allí no era posible adelantar el plan de vivienda".
A pesar de conocer las prohibiciones legales, el imputado, al parecer, continuó con la comercialización de las parcelas sin los avales correspondientes. La entidad remarcó que "el promotor de la iniciativa y dueño del bien, al parecer, conocía la prohibición y continuó vendiendo lotes, pese a que tampoco contaba con los permisos requeridos por la administración municipal". De esta manera, "el investigado presuntamente recibió más de 1.220 millones de pesos por la comercialización de 127 lotes en un terreno con uso agropecuario y restricciones ambientales".
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La Seccional Santander avanzó con las acciones penales en los estrados judiciales. La entidad judicial confirmó formalmente que "por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander le imputó los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal". Finalmente, el organismo de control informó que "el procesado no aceptó los cargos".
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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