En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la resolución de la Fiscalía, revelada por la Unidad Investigativa de este noticiero y hasta ahora desconocida, que frena el proceso penal contra 11 personas capturadas por presuntos actos terroristas ocurridos entre 2024 y 2025 en la capital colombiana. "Espero tener una conversación muy pronto con la fiscal para entender cuál es la estrategia de la Fiscalía y garantizar que quienes, según la investigación, habrían cometido estos graves delitos respondan por sus actos y no terminen beneficiados bajo el argumento de una protesta que no lo era. Era una acción criminal para afectar a la ciudad", afirmó Galán, quien señaló que "estamos hablando de personas que según la investigación hicieron un ejercicio de concierto para delinquir, se pusieron de acuerdo de manera sistemática para atacar por ejemplo al transporte público, para atacar a funcionarios de la fuerza pública con explosivos con bombas incendiarias".
Por lo menos 15 actos terroristas sacudieron a Bogotá entre 2024 y 2025. La ciudadanía y la fuerza pública fueron las principales víctimas de una serie de ataques como en el que queman un bus del SITP o en el que atacan con explosivos a una patrulla con los uniformados en su interior. Por estos hechos fueron capturadas en diciembre de 2025 11 personas que, según las autoridades, hacían parte de un grupo llamado los PPP o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo. El caso avanzó hasta el pasado 17 de junio, cuando estaba programada la audiencia de acusación. Sin embargo, horas antes de comenzar la diligencia, la fiscal general Luz Adriana Camargo impartió una orden que tiene en veremos el futuro de uno de los casos más importantes contra el terrorismo en Bogotá.
Se trata de la resolución 171 del 16 de junio de 2026, la cual en la práctica le quitó el caso a una fiscalía especializada variando la asignación y entregándoselo a dos fiscales del grupo de tareas para investigar la protesta social, que fue creado ese mismo día. Estos fiscales dependen de la Unidad de Justicia Restaurativa, cuya especialidad es evaluar salidas alternas, enfoques restaurativos y mecanismos de terminación anticipada. En la resolución la fiscal general explicó el propósito de su decisión: "La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable".
“Esta investigación es una investigación muy sólida que demuestra que estos actores no tienen absolutamente nada que ver con protesta, que se dedican a graves delitos en una investigación como el terrorismo y que deben terminar pagando por lo que hicieron", señaló Galán. El alcalde aseguró que el Distrito evaluará mecanismos legales para intervenir: “si hay lugar a caminos jurídicos pensando en proteger los derechos de los ciudadanos que fueron afectados por esto y de los funcionarios públicos y policías, no dudaremos en avanzar en esas vías jurídicas”.
NOTICIAS CARACOL
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