Aunque la alcaldesa asegura que ha propuesto soluciones al gobierno, Minjusticia hace responsable al Distrito.
“Le volví a enviar una carta a la señora ministra de Justicia rogándole que por favor no nos digan que no a todo; porque ni ellos ‘deshacinan’ las cárceles ni las alternativas que nosotros les proponemos para ‘deshacinar’ y atender adecuadamente a las personas privadas de la libertad las aprueban”, señala Claudia López.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que sí hubo respuesta mediante cartas y videoconferencias. Añaden que la Alcaldía de Bogotá manifestó estar en la búsqueda de una bodega para ubicar a estas personas. Y que el gobierno ofreció la alimentación y la custodia de la Policía, pero la situación no se definió.
John Méndez, presidente de Sintrapecun -organización que defiende los derechos de los presos- hizo un llamado para que “la Alcaldía de Bogotá haga los convenidos o se haga cargo de las personas privadas de la libertad o sindicadas”.
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Según la Personería de Bogotá, el hacinamiento de algunas unidades de reacción inmediata, como la de San Cristóbal, llega a 487 %, situación que ha prendido las alarmas ante el registro de 20 casos de COVID-19 en la URI y la estación de Policía de Kennedy.
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En contexto: Las URI de Bogotá no dan abasto y ya hay 32 casos de contagiados con COVID-19