La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial que estaría relacionado con pagos realizados por la Secretaría Distrital de Movilidad. El organismo señaló que entre 2021 y 2024 se habrían hecho pagos de cerca de 6.500 millones de pesos con recursos públicos para realizar consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). La Contraloría señala que parte de la información consultada podía encontrarse en plataformas internas de Movilidad y que se habrían podido reducir los gastos.
La actuación fiscal tiene raíz en el pago de 5.467.476 consultas al RUNT a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La Contraloría dice que la entidad contaba con bases de datos internas como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, que contenían información similar para el desarrollo de sus funciones. En ese sentido, el organismo de control señala que los pagos entre 2021 y 2024 “habrían carecido de justificación suficiente frente a los principios de necesidad, economía y eficiencia del gasto público, lo que derivó en la apertura formal del proceso fiscal”.
“Con la apertura de este proceso buscamos establecer si existió o no una afectación al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad”, dijo Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.
Al proceso fiscal se vinculó a varios exsecretarios y funcionarios de Movilidad, así como a un directivo de la ETB, quienes tendrán la oportunidad de defenderse en el marco del proceso.
¿Qué dijo la Secretaría de Movilidad?
La entidad se pronunció a través de un comunicado en el que aclara que la apertura del proceso de actuación fiscal no quiere decir que haya una decisión de fondo sobre la existencia de un detrimento patrimonial, ni sobre la eventual responsabilidad de las personas. Además, manifestó que brindará la información y colaboración que sea requerida dentro del proceso para contribuir a la transparencia del mismo. También especificó que las notificaciones del proceso fueron dirigidas a personas que ejercieron funciones durante el periodo objeto de revisión.
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“Es importante aclarar que las consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) hacen parte de procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de las funciones de control y de las actuaciones administrativas relacionadas con la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito. La información requerida y el volumen para estos procedimientos corresponde a consultas oficiales de datos específicos y no son equivalentes a la consulta gratuita disponible para la ciudadanía”, precisó.
María Paula Rodríguez Rozo
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