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La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción impuesta a José Luis Muñoz Castrillón, exdocente provisional vinculado al Colegio San Cristóbal Sur, quien fue separado de su cargo y sancionado con una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas, luego de comprobarse que presentó documentos académicos falsificados durante su proceso de ingreso a la Secretaría de Educación del Distrito.
La investigación disciplinaria, iniciada tras alertas sobre inconsistencias en los documentos aportados por el docente, concluyó que Muñoz Castrillón presentó tres títulos universitarios falsos: uno de pregrado como Licenciado en Filosofía, otro de posgrado como Magíster en Gestión, y un tercero que lo acreditaba supuestamente como Doctor en Educación. De acuerdo con los informes recopilados por el ente de control, las universidades que supuestamente habían expedido estos títulos negaron tener registros del docente dentro de sus bases de datos de egresados y graduados.
Durante el proceso, Muñoz Castrillón admitió de forma voluntaria haber entregado estos documentos con el propósito de cumplir los requisitos exigidos para el cargo. Esta confesión, junto con la ausencia de registros oficiales en las universidades mencionadas, permitió consolidar las pruebas necesarias para confirmar su responsabilidad disciplinaria. La Procuraduría sostuvo que, con su conducta, el exfuncionario afectó la legalidad del proceso de selección de personal educativo en la capital del país.
En su decisión, el órgano de control explicó que el uso de información inexacta para acceder a cargos públicos configura una falta gravísima, pues va en contra de los principios que rigen el ejercicio de la función pública, en especial los de moralidad, transparencia, lealtad y responsabilidad. El Ministerio Público señaló también que la conducta del implicado no generó un perjuicio en términos de confianza institucional y pudo haber tenido un impacto negativo en los procesos pedagógicos dentro de la institución educativa donde fue asignado, al ocupar un cargo para el que no tenía las competencias académicas requeridas.
Al considerar que las pruebas recopiladas eran suficientes para ratificar la responsabilidad disciplinaria del exdocente, se hizo efectiva la destitución del cargo y la inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de cinco años. Adicionalmente, el órgano disciplinario ordenó remitir copia del expediente a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que estas entidades evalúen si existe mérito para adelantar investigaciones fiscales o penales.
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La posible comisión de delitos como falsedad en documento público, falsedad material y fraude a la administración pública podrían ser objeto de nuevas indagaciones por parte de las autoridades competentes. La Procuraduría General de la Nación viene adelantando procesos en materia de control y vigilancia sobre el ingreso de personal a entidades estatales, en especial en los sectores de salud y educación, donde la formación y acreditación de competencias representa un factor crítico para garantizar la calidad del servicio público.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co