La reforma tributaria de Bogotá que planteó la Alcaldía ante el Concejo no solo ha sido motivo de debate entre los representantes, también varios sectores (como el bancario) han alzado la mano para advertir riesgos y expresar desacuerdos por el proyecto que pretende recaudar 1,26 billones de ingresos anuales. Por un lado, el Distrito sostiene que este recaudo impulsará “la inversión, el empleo y la competitividad”, concejales plantean que habría vicios en el proceso y sectores advierten que la reforma los “estaría castigando financieramente”. La solicitud para archivar el proyecto de acuerdo 724 de 2026 se cayó el 8 de septiembre, este 9 se decide por votación en la Comisión de Hacienda si la reforma da un paso más hacia la aprobación de la Plenaria y, por último, la sanción por parte del alcalde mayor.
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La reforma, si bien avanzó en el primer debate, ya encuentra obstáculos en el camino. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, estuvo en el recinto el pasado 7 de septiembre para presentar a los concejales los principales componentes y ajustes incluidos en la ponencia conciliada, resultado del proceso de discusión. El Distrito afirma que la iniciativa conserva cinco “grandes propósitos”: garantizar la sostenibilidad fiscal de Bogotá, incentivar la inversión y la generación de empleo, sentar las bases para la modernización tecnológica de la ciudad, ofrecer alivios a los contribuyentes y avanzar hacia un sistema tributario más simple y eficiente.
Los puntos de la reforma tributaria en Bogotá que más generan discusión
La propuesta más polémica del proyecto toca al impuesto de Industria y Comercio (ICA) y dejaría al alza algunas tarifas. Hacienda lo planteó en la sesión como una “simplificación de la estructura tarifaria”, que a la hora de aplicar los ajustes, 275 actividades económicas bajarían de tarifa y 169 subirían. Y es que el proyecto base plantea revisar tratamientos preferenciales históricos en actividades con mayor capacidad contributiva o asociadas a externalidades negativas, en tres sectores específicos: el financiero (sin incluir los fondos de empleados), comercio de alcohol y tabaco (sin incluir bares ni restaurantes) y vehículos, para el cual se propone aplicar la tarifa general del comercio. Cabe recordar que este ingreso se paga sobre los ingresos percibidos por la empresa, no las ganancias.
Luego viene el impuesto predial, al que se le propone una sobretasa con “tarifas diferenciadas según el uso y las características de los predios”. Solo las viviendas y comercios de los estratos 1, 2 y 3 se verían exentos de esta contribución. Para los predios obligados, se estiman pagos promedio que equivalen a 11.000 pesos mensuales para el estrato 4, 19.000 para el estrato 5 y 29.000 para el estrato 6. Para predios comerciales se estima un pago promedio mensual equivalente a 67.000. El pago se vería reflejado en la factura del predial y no cada mes en la factura de los servicios públicos. Esta sobretasa obedece a la idea que se tiene de modernizar el alumbrado público de Bogotá.
El Distrito asegura que el ajuste planteado, que elevaría la tarifa del 14 % al 21 %, responde a los criterios técnicos e inclusive dice que los bancos seguirán teniendo una tributación efectiva inferior al promedio de la economía. El promedio hoy de tributación del sector económico en Bogotá es del 9,9 %. La contribución de los bancos y otras actividades financieras, dice la Secretaría de Hacienda, estaría en 6,6 %.
Concejo negó archivar proyecto: señalaron vicios en el proceso
El concejal Jairo Avellaneda señaló presuntos vicios de procedimiento en el marco de la discusión, que hacían inviable la reforma. Dichas irregularidades estarían relacionadas con el incumplimiento al reglamento del Concejo de Bogotá y la legislación de Bogotá. El vicio procedimental se fundamentaba en el Decreto Ley 1421 de 1993, que en su artículo 13 establece que “la creación, exoneración o modificación de los impuestos distritales es únicamente competencia del Alcalde Mayor de Bogotá”, por lo cual cualquier iniciativa propuesta desde el cabildo distrital violaría dicha ley. Avellaneda solicitó que se archivara el proyecto. “Los concejales no tenemos la facultad para crear o modificar tributos, y aquí estamos en una acumulación indebida presuntamente. Solicité que el Director Jurídico de la corporación nos resolviera este tema, pero lamentablemente no recibí respuesta. Esta discusión es un riesgo para todos”, dijo Avellaneda en su moción.
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A la oposición de la reforma se le sumaron cabildantes de distintas orillas políticas, como lo son la concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, y Ángelo Schiavenato, del movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (LARA). A la hora de votar, los concejales Oscar Bastidas (Pacto Histórico), Samir Bedoya (MIRA) y José Cuesta (Pacto Histórico) apoyaron que se archivara.
Sector financiero advierte que Bogotá perdería competitividad con la reforma
Las asociaciones Colombia Fintech y Asobancaria se pronunciaron frente a la reforma tributaria y señalaron que Bogotá podría ser la capital financiera de Colombia: “Este es un incremento del 50%, y deja a la actividad financiera (bancos y fintech) en el mismo renglón tarifario que el comercio de licor y cigarrillo”, advierten. “Bogotá pone en riesgo su competitividad y el recaudo en el largo plazo con este aumento desmedido del ICA. Adicionalmente, este es un impuesto y un régimen que NO distingue matices”.
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El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, dijo en entrevista con Noticias Caracol que “no hay segmento en la economía que ofrezca más tributos al fisco nacional y distrital que el sector financiero”. Por ello, dice que le resulta doloroso que se pretenda subir más el impuesto a quienes quieren hacer empresa con base tecnológica. Para él, el incremento es “antitécnico y populista” y señala que Colombia ya tiene una de las cargas tributarias más altas de la región. A su juicio, el cobro sobre los ingresos, y no sobre las utilidades, asfixia a los nuevos emprendimientos tecnológicos que operan con pérdidas iniciales.
Sobre la afirmación que hizo Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, de que Bogotá dejaría la capital financiera, Santos explica que actualmente la capital tiene un ecosistema que se presta para el crecimiento de las fintech. En ese contexto, Bogotá con su ICA compite contra el de Medellín. A la hora de que nuevos emprendedores decidan hacer empresa por su cuenta, advierte el representante, pensará en ir a un lugar donde no haya altos impuestos. Por eso, podría iniciarse un traslado de operaciones administrativas de las empresas ya existentes a otros lugares para tener que pagar un impuesto más bajo.
“Subirlo al 50% es frenar en seco la innovación. Esto alejará a todas las nuevas entidades que han visto al país y a Bogotá como el destino de su inversión”, advierten. “Si operar desde Bogotá se vuelve más caro, la próxima gran fintech no va a nacer en la ciudad, sino en otra parte. Esta pérdida no es menor: perdemos empleo e inversión. Sin duda, el recaudo aumentará en el corto plazo, pero en el largo plazo veremos la afectación en recaudo y competitividad. Este es un aumento que, inevitablemente, encarecerá la originación del crédito para hogares y empresas”.
María Paula Rodríguez Rozo
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